El presidente mexicano pidió acelerar la investigación sobre actos de “barbarie” en Iguala.
El 26 de septiembre de 2014 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron atacados durante una manifestación política en Iguala. Murieron seis personas, más de 25 resultaron heridas y desde ese entonces 43 estudiantes se encuentran desaparecidos. Por los ataques hay más de 30 detenidos, de los cuales 22 son policías municipales presuntamente vinculados con Guerreros Unidos, un grupo que surgió en el 2011 como una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Estado de Guerrero: Uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 entidades federativas de México. Su capital es la ciudad de Chilpancingo de los Bravo.
Somos de muchas tierras. Llegamos del Caribe, de Japón, de Italia, de Colombia y Chile. No todos pensamos igual, no hablamos todos el mismo español, algunos ni siquiera son hispanohablantes. Pero la muerte une, el dolor del pueblo mexicano que nos ha abierto los brazos une. Al mediodía, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alguien gritaba a los que pasaban de largo: Ustedes también son estudiantes y fuera de aquí les aguarda el desempleo. El resto, esperábamos la orden para iniciar la marcha.
Caminamos rumbo a Metro Copilco. Íbamos al corazón mismo de la Ciudad de México. Íbamos algunos, sobre todo los extranjeros, con mucho miedo. La gente en la calle nos daba ánimo, desahogaba su indignación cotidiana. Pero sí, yo tenía miedo.
El 26 de septiembre en Iguala, en el Estado de Guerrero, un grupo de estudiantes pedagógicos fue baleado por la policía. “El primer atraco fue a las ocho y media de la noche cuando regresábamos de ir a botear [recaudar recursos entre la población] para sostener las prácticas docentes y demás cosas que en la escuela nos hacen falta, ya que el gobierno de Guerrero no nos ayuda lo suficiente", cuenta uno de los sobrevivientes.Murieron seis, más de 20 sufrieron heridas, y todavía 43 de ellos se encuentran desaparecidos. Uno fue encontrado al día siguiente con el rostro desollado; otros pueden verse en fotos, tendidos a lo largo del pavimento, inermes.
Sí, da miedo sentir tan cerca una realidad que se veía lejana allá en Cuba. Y algo en la humanidad de uno se retuerce y se indigna. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, de donde provienen estos muchachos, es gratuita, pero demasiado pobre. Allí se estudia para enseñar al nuevo México. Pero el gobierno de Guerrero no comprende esto, o lo comprende demasiado bien y se agarra el bolsillo. No estudian en Ayotzinapa para millonarios, sino para enseñar en sitios marginados o recónditos. Donde nadie quiere ir, allá van ellos.
Y aprenden, desde que llegan, que el profesor es evangelio vivo; y trabajan y ayudan a la comunidad desde ese mismo comienzo. Cuando uno puede amar y amarse por medio de lo que hace, cuando la meta moral coincide con las personales, el cuerpo responde mejor y las energías crecen. Dicen que los normalistas de Guerreros leen con gusto, y leen mucho, y no necesitan profesores con traje, ni escuelas privadas para hacerlo. Pero necesitan comer y por eso pedían recursos, pacíficamente, ese día de septiembre en que fueron baleados y secuestrados, como en otras muchas ocasiones. A fines de 2011 también murieron dos de ellos, y los responsables intelectuales y materiales todavía ocupan sus cargos públicos.Hay una ley que ofrece inmunidad a ciertos funcionarios, una ley que los hace inmunes a la Ley.
Teníamos calor. El metro del DF estaba como una guagua cubana en horario pico, quizás peor. Los estudiantes de la UNAM nos encontramos allí con otros muchos, con gente del pueblo. La mayoría iba hacia la marcha. Alguien le separó un asiento a una compañera embarazada del aula que insistió en participar. Estábamos apretados y a lo largo del pasillo podían verse las fotografías de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Las autoridades, ahora presionadas y preocupadas, los buscan aún. Y han encontrado una decena de fosas con cadáveres calcinados, imposibles de reconocer, que el sentido común asocia con las desapariciones, pero el horror impide darlo por sentado.
Ahí estábamos, en el Ángel de la Independencia, esperando nuestro turno para llegar al Zócalo y encontrarnos con algunos familiares de los normalistas desaparecidos. Éramos para ese entonces miles en el DF, éramos en la calle Reforma una serpiente emplumada de hojas impresas que exigen “¡Los queremos vivos!”
La calle Reforma tiene edificios más grandes que cualquiera de La Habana. Un cubano no puede mirarlos sin perder el aliento ante sus miles de vidrios lustrosos; pero se respira rápido cuando en ellos se asoman ancianos, hombres, niños, mujeres, pobres, ricos, obreros, estudiantes, turistas, periodistas, mucha mucha gente. Cuando se marcha de forma voluntaria no importa que los pulmones cubanos, acostumbrados a la vida a pocos metros sobre el nivel del mar, atrapen escaso oxígeno cuando la altura es la de muchos Turquinos unos sobre otros. Los pies ya no se cansan. El aliento sobra. Los queremos, los queremos vivos.
Sobre el autor
Justo Planas Cabreja
Periodista que aborda temas culturales, especificamente cine y literatura. Recibió el II Premio de Ensayo “José Juan Arrom” por el trabajo “El reverso mítico de Elpidio Valdés”.
En presencia de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el Gobierno de México se comprometió a abrir expedientes para aclarar el caso.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para formar una Comisión de la Verdad y abrir todos los documentos del gobierno para resolver el caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La Comisión retomará las investigaciones y las recomendaciones emitidas por distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la investigación independiente realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de forenses argentinos, que presentó dos informes sobre este caso.
"No queremos que quede impune como otros casos, queremos solución, queremos encontrar a nuestros muchachos", dijo María Martínez Ceferino, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, en nombre de los familiares de las víctimas.
"Hemos tenido que buscar apoyo en otro países porque aquí nos han cerrado las puertas", añadió Martínez.
Por su parte, el presidente López Obrador señaló que con este decreto se inicia un proceso para resolver el caso.
"Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra", dijo el político tras la firma del documento.
El mandatario mexicano señaló que su administración no tiene ningún obstáculo para conocer la verdad sobre lo ocurrido con los jóvenes desaparecidos, y añadió que "hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece".
"Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la Comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad", agregó López Obrador.
El Gobierno también anunció medidas de protección para personas que aporten documentos y testimonios para resolver el caso.
Para entender el caso Ayotzinapa
De acuerdo con los dos informes del GIEI, elaborados en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 43 normalistas fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías de la comunidad de Iguala, Guerrero, y posteriormente entregados a grupos del crimen organizado.
Tras la desaparición de los jóvenes, el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, aseguró que los jóvenes desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Una versión que sería cuestionada tras la evidencia presentada por el GIEI y pondría en duda la "verdad histórica" presentada por las autoridades mexicanas.
El caso fue un parteaguas en el sexenio de Peña Nieto, debido a la ola de protestas multitudinarias que generó, así como la visibilización que obtuvo a nivel internacional.
A más de cuatro años de las desapariciones, ocurridas la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, los familiares siguen exigiendo Justicia para esclarecer el caso.
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El espionaje del Ejército mexicano sobre la escuela normal de maestros rurales de Ayotzinapa es una pista decisiva para esclarecer el destino de los 43 estudiantes desparecidos en septiembre de 2014, dijo a Sputnik el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero 'Tlachinollan' (sur), Abel Barrera.
"Esa línea de investigación puede delimitar el involucramiento y establecer la responsabilidad de los militares, que siempre han exigido las familias de los muchachos desaparecidos", afirmó en entrevista con Sputnik.
Hace una semana fue filtrado a la prensa un vídeo en el que se observa a militares uniformados pagando a la madre de un estudiante desaparecido por sus presuntos servicios de espionaje para el Ejército.
"Si pudieron sacar a la luz pública esas imágenes, de un coronel entregando un sobre supuestamente con dinero a la madre de un desaparecido, es muestra de que los militares tienen más información oculta", dijo Barrera, cuya institución participa en la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
En la nueva etapa abierta por el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer la verdad, "las familias piensan que la investigación se debe concentrar en el papel del Ejército", dijo el director del centro que lleva el nombre del antiguo reino prehispánico de Guerrero, hoy asolado por la violencia del narcotráfico.
La mayor insistencia de los padres y madres de los jóvenes es "la creación de un nuevo mecanismo de investigación y búsqueda reforzado".
La nueva comisión presidencial es "un cambio total en la postura del Gobierno" desde lo ocurrido en Iguala (220 kilómetros al sur de la capital) la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando cinco autobuses ocupados por un centenar de alumnos que se dirigían a una manifestación en la Ciudad de México fueron atacados a balazos por policías de cuatro municipios.
La evidencia del vídeo se suma al seguimiento que un militar de inteligencia hizo en la ruta de uno autobús la noche de los ataques contra los jóvenes de origen campesino e indígena.
"El Ejército monitoreaba a los muchachos con un elemento castrense en motocicleta", que tomó fotografías de un autobús durante las detenciones, recordó Barrera.
Los militares también persiguieron a otros alumnos que se refugiaron en una clínica, donde eran atendidos los heridos por balas.
El propio coronel del Ejército que aparece en el vídeo "debe comparecer y entregar toda la información y explicar qué pasó y qué sabía", dice el defensor.
El joven que habría sido un infiltrado solo tenía dos semanas de haber ingresado a la escuela, porque era de nuevo ingreso como la mayoría de los desaparecidos.
Sus familiares no quieren estar en el centro de la polémica, "se sienten afligidos y sufren el mismo dolor de la desaparición forzada", dijo el director del centro.
"No creemos que sea el gran espía que retratan; pero es prueba de que existía una antigua operación de vigilancia secreta sobre la escuela de maestros, y el Ejército está obligado a aclararlo", enfatizó.
Esa escuela normal tiene una antigua reputación de educar a jóvenes críticos y "rebeldes", desde que uno de sus egresados fue protagonista de la guerrilla de la montaña de Guerrero: el maestro Lucio Cabañas, quién murió combatiendo contra el Ejército en 1974, emblema de la escuela, que tiene un mural con su figura.
"Los estudiantes de Ayotzinapa siempre han sido exigentes de sus derechos, pero las autoridades les atribuyen una visión conspirativa, que marca a todo disidente en Guerrero: los señala como un peligro subversivo, conspiradores contra el Estado, para destruir las instituciones", reseñó el veterano activista.
Barrera, galardonado por Amnistía Internacional por su trayectoria, señaló otras lagunas clave en la investigación federal.
Una de ellas es la participación de los policías municipales del municipio de Huitzuco, vecino de Iguala, que interceptaron a uno de los cinco autobuses y se llevaron a los jóvenes.
En ese municipio vive un legendario exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, quien fue obligado a renunciar en 1995 tras una masacre en el poblado Aguas Blancas, donde fueron asesinados 17 campesinos y heridos 23 en un ataque policial.
Según la investigación federal, Huitzuco es plaza de un jefe del narcotráfico apodado "El Patrón", vinculado con el caso según confesiones de presuntos sicarios.
Los policías de Huitzuco fueron fotografiados por el mencionado militar de la motocicleta, pero no fueron investigados ni detenidos.
Otra pista crucial apunta a los registros de los teléfonos celulares de los desaparecidos, que siguieron activos después de los ataques y desde los cuales se hicieron llamadas aún sin investigar.
Finalmente, están las confesiones de jefes narcotraficantes detenidos en Chicago, vinculados al tráfico de goma de opio de Guerrero a EEUU, que dirigían los pasos del grupo Guerreros Unidos, confabulados con los policías.
Abocarse a esas pesquisas y dejar atrás la desacreditada "verdad histórica" será la misión del nuevo fiscal especial del caso, que aún no ha sido nombrado, mientras las familias siguen esperando la atención comprometida por un programa especial de atención psicosocial.
México cita a declarar a exfuncionarios implicados en el ‘caso Ayotzinapa’
Sin nuevos avances a cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, el Gobierno apela a los simbolismos para ganar confianza y ofrece recompensas a quien aporte nueva información
Manifestación de compañeros y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el martes pasado en Ciudad de México.ALFREDO ESTRELLAAFP
México ha conmemorado este jueves el quinto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sin nuevos hallazgos en la investigación y ante el riesgo de naufragio del caso en los tribunales. El presidente, Andrés Manuel López Obrador; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, han portado camisetas conmemorativas a petición de los familiares de las víctimas y han ofrecido un informe sobre el estado de las pesquisas en el que se reafirma que se trató de una desaparición forzada a manos de agentes del Estado. Las autoridades han dicho que seguirán dos líneas prioritarias de investigación: la búsqueda de los alumnos como si siguieran con vida y la hipótesis de "destino final", en la que los normalistas habrían sido asesinados. También se ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares) a quien de información para encontrar a Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales sospechosos, y otra de 1,5 millones de pesos a quien aporte nuevos elementos. Se ha adelantado también que se citará a Jesús Murillo Karam, exfiscal general, así como a otros exfuncionarios implicados para tratar de esclarecer el paradero de los desaparecidos.
José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, el municipio del Estado sureño de Guerrero donde desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, así como el exgobernador Ángel Aguirre y el exfiscal estatal Iñaki Blanco ya habían declarado antes, pero esta vez serán llamados como testigos. La intención de la Administración de López Obrador y de la Fiscalía General de la República, constituida como un órgano autónomo unos días después de la entrada del Gobierno en diciembre pasado, es identificar omisiones y errores que han estancado el caso y llevar a los responsables ante los tribunales, de haber elementos. La promesa de llevar ante la justicia a Murillo Karam y a Tomás Zerón, a cargo de las investigaciones durante buena parte de la presidencia de Enrique Peña Nieto, ha sido uno de los pilares para mantener la confianza de los padres de los alumnos que asistían a la escuela normal Isidro Burgos. Encinas ha informado de que ya existen cuatro diligencias contra exfuncionarios, aunque no se ha especificado a quiénes.
En las últimas semanas se ha dado a conocer que 77 de los 142 detenidos han sido liberados por irregularidades y violaciones a los derechos humanos, y que el resto de los imputados, salvo un puñado que están arrestados en relación a otros delitos, estaban a un paso de recuperar su libertad por esas pifias en el proceso legal. "Las personas que han salido no significa que no enfrentarán a la justicia, estamos reuniendo nuevas pruebas sobre otros delitos", ha insistido Gómez Trejo, ungido como fiscal especial para el caso en junio. "Ninguna persona está por encima de la ley, todos los que ocuparon cargos públicos pueden ser llamados", ha respondido Gómez Trejo, sobre la posibilidad de llamar a Peña Nieto.
Tenescalco Mejía, el nuevo blanco de las autoridades, está señalado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio y secuestro. Era parte de la policía municipal de Iguala y se presume que tenía vínculos con Guerreros Unidos, el grupo criminal detrás de la desaparición de los estudiantes, ha apuntado Encinas. Las autoridades han revisado más de 80 millones de llamadas de los teléfonos de los alumnos y han corroborado que no hubo contacto entre ellos y los integrantes del cartel, aunque han asegurado que ya han podido reconstruir los hechos alrededor del rapto de los estudiantes.
Se realizaron en los últimos 48 días ocho operativos de búsqueda en 210 puntos de cinco municipios de Guerrero y se han encontrado 184 cuerpos, 44 ya han sido identificados, pero ninguno corresponde a los de los estudiantes. Las autoridades han dicho que se reunirán cada dos meses con los familiares para dar seguimiento y preguntado sobre cuándo se tendrían resultados para esclarecer el caso, Encinas ha evitado dar un plazo fijo. "Cuando los tengamos", ha manifestado. "Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad", ha agregado.
Más allá de las recompensas, López Obrador ha hecho un llamado a los involucrados a dar información que ayude a esclarecer el caso. "Es un proceso fundamental de justicia, derechos humanos, de las instituciones del Gobierno", ha dicho el mandatario. Está previsto que los familiares marchen desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en la almendra central de la capital mexicana, y antes realicen una misa. En un proceso en el que está en juego la demostración de haber superado la opacidad del sistema judicial, así como la impunidad de la violencia del Estado contra la ciudadanía, las autoridades se aferran a compromisos y gestos simbólicos para mantener la confianza de los familiares y la esperanza de esclarecer lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos.
Caso Ayotzinapa: el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal huyó de México y es buscado por Interpol en más de 190 países
Publicado:
432
El fiscal mexicano dio este martes por terminada "la verdad histórica" del gobierno de Peña Nieto sobre los 43 estudiantes desaparecidos en 2014
Manifestantes protestan al cumplirse 65 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ciudad de Mexico, 26 de febrero de 2020.Foto: Edgard Garrido / Reuters
El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, reveló hoy que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, huyó del país para evitar su captura por estar acusado de haber ocultado y alterado pruebas en torno a la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.
"(Zerón) ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente", dijo Gertz Manero, quien advirtió que la búsqueda abarca más de 190 países y todavía falta judicializar a muchos otros funcionarios de distintos niveles.
Gertz Manero ofreció este martes un mensaje a los medios para explicar el estado de la investigación después de que la víspera fuera detenido José Ángel Casarrubias Salgado, alias 'El Mochomo', presunto líder del cártel Guerreros Unidos que está señalado como uno de los principales responsables de la desaparición masiva.
Sin embargo, los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que las autoridades mentían porque no había pruebas de la incineración de cuerpos.
Múltiples reportajes periodísticos revelaron, además, que en la persecución a los estudiantes, la masacre de ellos y otros civiles y en la desaparición habían participado fuerzas de Seguridad municipales, estatales, federales e incluso el Ejército.
El caso
El 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.
Los jóvenes, que estudiaban en escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, tomaron camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la ciudad de México, pero en la terminal de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución.
En medio de la violencia y la confusión, los agresores acribillaron también un camión en el que iban miembros de un equipo de futbol conocido como 'Los Avispones'. En la cacería, que continuó a lo largo de la madrugada, participaron policías municipales, estatales y el Ejército.
El saldo fue de seis muertos. Uno de ellos se llamaba Julio César Mondragón y era un estudiante de 22 años. Aunque al principio se creyó que sus torturadores le habían desollado el rostro, peritajes concluyeron que había sido arrancado por animales.
También hubo 25 heridos y 43 desaparecidos, entre los cuales, hasta ahora, sólo se logró encontrar a Alexander Mora Venancio, de 19 años. Más bien, apenas sus restos. Una muela y un fragmento de hueso hallados supuestamente en un río permitieron identificarlo a fines de 2014.
Lo que no se sabe todavía es en dónde están los otros 42 estudiantes. Qué hicieron con ellos. Quiénes son los responsables. Por qué se ordenó el operativo. Qué buscaban, qué querían quienes los persiguieron, balearon, torturaron, secuestraron y, en algunos casos, asesinaron.
Peña Nieto intentó dar por cerrado el caso que, debido a la repercusión internacional que tuvo, debilitó a su gobierno. Pero gracias a la intervención de organismos internacionales y a la lucha de los familiares de los asesinados y desaparecidos, la causa no fue cerrada y ahora, ya bajó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sigue abierta y con otras líneas de investigación.
La Fiscalía General de la República mexicana (FGR) avanza en su investigación sobre los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Tras las diversas pruebas que han desmentido la llamada Verdad Histórica defendida por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), la cual apuntaba hacia el asesinato e incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula, la FGR pretende probar que los normalistas fueron calcinados en distintos lugares.
Este 7 de julio Omar García Trejo, titular de la Unidad especial para el caso de la Fiscalía General de México, informó que fueron encontrados los restos de unos de los normalistas desaparecidos, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
A partir de nuevas investigaciones sobre este caso, la FGR argumentará que los jóvenes fueron víctimas de una desaparición forzada. Posteriormente, habrían sido separados en varios grupos para ser ejecutados extrajudicialmente, por lo que sus cuerpos habrían sido incinerados en distintos lugares, revela Exselcior.
Sin embargo, en ninguno de los casos se afirma que los normalistas fueran ejecutados ni sus cuerpos fueran incinerados en el basurero de Cocula, tal como aseguró la PGR el 27 de enero de 2015.
La FGR también mostrará el hallazgo de nuevos restos óseos, localizados en distintos sitios que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa examinó en los últimos 15 meses. Esos restos no forman parte de los 114 fragmentos localizados en el basurero de Cocula y el Río San Juan, los cuales presumiblemente fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, para su análisis genético.
Por otra parte, el informe sobre el Caso Ayotzinapa de la FGR agregará informaciones reservadas que la CNDH entregó a la PGR y que aún no se conocen públicamente. Los documentos presumiblemente contienen pruebas con las cuales el órgano autónomo pudo llegar a una conclusión diferente a la Verdad Histórica defendida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Además, la FGR pretende desarrollar investigaciones sobre la posible desaparición de los normalistas, acaecida el 26 de septiembre de 2014, en el Puente del Chipote. En ese escenario, la CNDH estableció la posible participación de la Policía Federal, de la Policía Federal Ministerial y de la PGR, lo cual sostiene la afirmación de la Fiscalía sobre la presunta desaparición forzada de los estudiantes.
En ese lugar igualmente se destaca el involucramiento de las policías de los municipios guerrerenses de Huitzuco, Tepecoacuilco, Taxco, Iguala y Cocula. En este punto es donde la FGR concentra la mayoría de las 46 órdenes de aprehensión solicitadas en la última semana de junio, asevera la nota de Excelsior.
A partir de todo lo anterior, la Fiscalía General de la República pretende repasar las evidencias que pasó por alto la PGR, así como indagar las posibles omisiones cometidas por las autoridades municipales y estatales de Guerrero, así como las ejecutadas por funcionarios federales y militares durante las investigaciones del caso Ayotzinapa.
En un mensaje a la nación publicado el 5 de julio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacó los avances de la investigación encabezada por la FGR. Sin mencionar los puntos destacados por Excelsior, el mandatario destacó que "va a ser muy interesante conocer la verdad sobre este caso".
El mismo día, agentes de la FGR detuvieron en la ciudad de Mérida, Yucatán, a un elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien al momento de la desaparición de los normalistas trabajaba como representante de esta dependencia en el estado de Guerrero.
Cabe recordar que el titular de la AIC, Tomás Zerón, es acusado por las autoridades mexicanas por los delitos de tortura, desaparición forzada, alterar la escena de crimen, así como por la pérdida y ocultamiento de pruebas durante la investigación de la desaparición de los 43 normalistas. Actualmente, el exfuncionario se encuentra prófugo.
Los avances del caso Ayotzinapa rompen el "pacto de silencio" que pretendía ocultar la verdad de la desaparición de los 43 estudiantes
Publicado:
Reunión extraordinaria de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, Ciudad de México, México, 7 de julio de 2020.Twitter / @A_Encinas_R
El hallazgo de un hueso perteneciente a uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la aprehensión de presuntos implicados en el crimen y la solicitud de extradición de funcionarios públicos que alteraron pruebas, son una muestra de que se ha roto el "pacto de silencio" que prevaleció durante varios años en torno a un caso emblemático que cimbró a México.
En esto coinciden tanto Omar García, uno de los jóvenes de Ayotzinapa sobrevivientes de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, y el abogado Francisco Cox, quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desmontó la llamada "verdad histórica" ofrecida por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en torno al paradero de los jóvenes desaparecidos.
En entrevista con RT, García y Cox desmenuzan la trascendencia de que la Fiscalía General de la República confirmara el hallazgo de un resto óseo perteneciente a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos.
Imágenes de Christian Alfonso Rodriguez Telumbre, durante una protesta por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en Ciudad de México, México, 26 de septiembre de 2018.Henry Romero / Reuters
Un hecho que, junto a la detención del narcotraficante José Ángel Casarrubias Salgado 'El Mochomo', señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los jóvenes, así como la solicitud de extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y quien se encuentra prófugo tras ser acusado de alterar la evidencia del caso Ayotzinapa, representan avances importantes para esclarecer un crimen de Estado que generó una oleada de indignación y protestas en México.
Romper el pacto de silencio
Francisco Cox fue parte del GIEI, un equipo de expertos independientes que expuso las contradicciones y la falta de evidencias sobre las que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto construyó la llamada "verdad histórica" sobre el caso.
Para él, los hallazgos anunciados por la actual FGR evidencian un cambio importante en la manera en que el Estado mexicano está atendiendo el caso.
"La importancia de investigar a quienes pueden haber ocultado, tergiversado o encubierto, es que eso puede romper los pactos de silencio".
"Es valioso porque se está investigando con evidencia y no declaraciones obtenidas bajo tortura. Es una luz de esperanza en que se puede dar respuesta a los familiares y víctimas, que sea una investigación sólida", señala Cox.
El experto considera que las detenciones recientes fueron claves para que las autoridades contaran con las nuevas pistas que condujeron a hallazgos, como el hueso perteneciente a Christian Rodríguez. La pieza ósea fue encontrada en la Barranca La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula, lugar donde el gobierno de Peña Nieto aseguró que criminales habían calcinado a los 43 normalistas desaparecidos, una versión que carece de evidencia científica.
Un mapa del Equipo Argentino de Antropología Forense muestra el lugar donde las autoridades mexicanas hallaron los nuevos restos óseos de uno de los 43 de Ayotzinapa.eaaf.org
"La importancia de investigar a quienes pueden haber ocultado, tergiversado o encubierto, es que eso puede romper los pactos de silencio", apunta el abogado chileno.
"Aquí ya hay una especie de primera ruptura de un pacto de silencio que permite llegar a este lugar. Se ve una voluntad distinta de investigar de manera amplia, sin prisa de cerrar el caso. La forma en que se rompen los pactos de silencio es con justicia", agrega.
El experto explica que el proceso de detenciones suele permitir que muchas personas, que habían guardado silencio por intereses o temor a represalias, se animen a aportar nuevos elementos para las indagatorias.
Asimismo, el abogado estima que la manera en que el Gobierno mexicano ha incluido a los familiares de las víctimas, durante el proceso de investigación, es otro de los aspectos que han permitido avanzar en la resolución del caso.
"Lo que refleja esto es que hay voluntad por parte de la Fiscalía y las autoridades. Y también el apoyo y la participación de los representantes de las víctimas en el proceso, lo que están dando evidencia es que aquí se están indagando todas las líneas de investigación".
Una "puertita" que apenas se abre
Para Omar García, uno de los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que se encontraba en uno de los autobuses detenidos durante la noche en que desaparecieron los 43, el hallazgo del hueso de Christian es un acontecimiento de sentimientos encontrados.
"Para nosotros ha sido muy impactante en los dos sentidos. Por un lado, que se avanza y se destruye la versión oficial, y por otro, que al final podría significar que mis compañeros estén muertos todos", relata.
Aunque a Christian lo conoció "solo de vista", lo recuerda por su afición a la danza.
"Yo pienso que no estamos tan cerca. Hace falta muchísimo. Esto es apenas la puertita que se está abriendo a la razón y la justicia".
"Él vivía en otro pueblo, vivía en otro lugar. Estábamos conviviendo apenas mes y medio dentro de la escuela. Lo recuerdo porque iba al club de danza, claro, en los ensayos y con sus uniformes sí lo recuerdo, pero no una relación de amistad cercana", cuenta.
El hueso encontrado por las autoridades corresponde al pie derecho de Christian. Por eso, Omar no es del todo pesimista. "Una persona puede vivir sin una pierna", dice, con la esperanza de que su compañero siga vivo. También, cómo no, quiere que se esclarezca todo lo que ocurrió en la llamada Noche de Iguala.
El sobreviviente relata que, desde diciembre de 2014, ya existían sospechas de que algunos restos de los estudiantes podrían haber sido extraídos de la barranca, para luego ser sembrados como evidencia en el río San Juan, como ocurrió con los huesos de Alexander Mora, presuntamente puestos allí por Tomás Zerón, un día antes de que las autoridades reportaran el hallazgo.
"Se sabía de ese lugar, de la barranca La Carnicería, desde hace mucho tiempo, desde diciembre de 2014. Un señor de la policía comunitaria, llamado Miguel Ángel Blanco, se internó en las búsquedas y había señalado ese lugar. Dijo él: 'los restos de Alexander de la Mora seguramente los tomaron de este lugar y los llevaron al río San Juan'. La PGR desestimó muchos indicios y qué bueno que ahora estén investigando", sostiene.
Por ello celebra que, además de las órdenes de aprehensión contra 46 funcionarios de Guerrero y la detención de El Mochomo, las autoridades también estén buscando la extradición de Zerón, quien se encuentra prófugo en Canadá, según algunos indicios.
Sin embargo, en su opinión, esto no significa que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa esté cerca de resolverse.
"Yo pienso que no estamos tan cerca. Hace falta muchísimo. Esto es apenas la puertita que se está abriendo a la razón y la justicia. Los familiares pienso, por lo que han dicho, se van a mantener unidos hasta que se castigue a los responsables, hasta que haya verdad y justicia, no es solamente encontrarlos y ya", afirma.
Aunque pondera como satisfactoria la voluntad política que ha mostrado el Gobierno de López Obrador, considera que la presencia de funcionarios del antiguo régimen en el actual sistema de justicia es un obstáculo para conocer la verdad.
"Se tiene que llamar a declarar a todos los implicados, incluyendo al actual jefe de Seguridad actual en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien era el jefe de la Policía Federal en Guerrero en aquel año", dice el normalista.
Sin embargo, coincide con Cox en que, a pesar del trasfondo político que pueda existir detrás de las acciones del Gobierno federal, los hallazgos y las detenciones recientes son una prueba de que se ha roto el pacto de impunidad que mantuvo la cohesión de los implicados en la desaparición de los estudiantes.
"Por supuesto, había un pacto de silencio y de impunidad, y esto lo está rompiendo. Es conveniencia política también", señala García. "No se trata de confianza sino de ver objetivamente cómo trabaja la Fiscalía. No se ha limpiado del todo", agrega.
Mientras tanto, los familiares de los jóvenes desaparecidos han expresado, a través de sus representantes legales, que aceptarían la verdad por dolorosa que fuera, siempre y cuando estuviera sustentada en pruebas científicas. Por lo tanto, los hallazgos recientes confirman "que aún existen innumerables aspectos por esclarecer".
Su esperanza es que se sepa definitivamente qué ocurrió con sus hijos desaparecidos, y poder acceder a la justicia que se les ha negado desde hace casi 6 años.
Tema anterior
Primer 
