Por Guido Vassallo para Página/12

La situación que atraviesa Bolivia luego del golpe de Estado del 10 noviembre de 2019 no para de sumar nuevos y dramáticos capítulos. Con récords de contagio de coronavirus casi a diario, la situación sanitaria empeora mientras los hospitales de las principales ciudades del país se encuentran en estado de emergencia y los primeros brotes aparecen en las cárceles. A este escenario hay que sumarle la confirmación del positivo de covid-19 de la presidenta de facto, Jeanine Áñez . Junto a ella, son seis los ministros y varios los viceministros y directores contagiados, otra muestra de la voracidad de la pandemia. En el país, ya ascienden a 49.250 los casos y suman 1.866 los muertos por coronavirus.

El malestar social y las carencias se potencian en plena cuarentena, y así lo demostraron los cientos de bolivianos que este martes coparon las calles. La convocatoria organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros (FSTMB) tuvo su epicentro en La Paz. En paralelo, la persecución al Movimiento al Socialismo (MAS) no se detiene: días atrás, la Fiscalía imputó por "terrorismo" al expresidente Evo Morales. El partido, que lleva como candidato al exministro de Economía Luis Arce, pica en punta en todas las encuestas de cara a las presidenciales del próximo 6 de septiembre. Pero en el inestable presente boliviano, ni siquiera esa fecha está asegurada.

"El colapso sanitario tiene un nombre que lo representa en su más absoluta integralidad, y es la tragedia como opción política. La opción política es lograr la postergación del proceso electoral, y la tragedia es que para obtener este objetivo existe una vía libre para abocarse únicamente a un relato informativo de cifras sin orientación ni acciones que puedan detener la expansión de la pandemia", destaca el politólogo Jorge Richter en diálogo con Página/12. "El país vive una cuarentena nominal y no efectiva, llevando a la calle a miles de bolivianos bajo formas de control aparente y planes de rastrillaje sin realización de pruebas de contagio para guiarse, únicamente, por la sintomatología de quien en apariencia puede ser un infectado. Todo un trazo meditado para colapsar los centros hospitalarios, y en ese cuadro dantesco, encontrar el respaldo argumentativo de postergar las elecciones", agrega.

Mientras tanto, se suceden los funcionarios de alto rango que ponen en duda la fecha de elecciones promulgada por Jeanine Áñez luego de varias postergaciones. Incluso la ministra de Salud de Bolivia, Eidy Roca, propuso recientemente que sea un Comité Científico quien decida cuándo deben celebrarse los comicios. Lo cierto es que no se sabe cómo ni cuándo se conformará ese equipo de trabajo. "Su comité de expertos, para empezar, son ellos mismos junto a sus ya tres ministros de salud que quedaron afuera por incapacidad, por corrupción y finalmente por contagio", afirma tajante Juan Carlos Pinto, sociólogo especializado en derechos humanos.

El gobierno de facto también agita fantasmas con una estadística propia según la cual proyectan 130 mil contagios hacia septiembre. "Eso es hacer futurología. Las proyecciones matemáticas son eso, proyecciones relacionadas con muchísimos otros factores que tienen que ver con el huésped, la inmunidad, lo climatológico. Conocemos muy poco sobre el coronavirus, todo está en estudio", sostiene en diálogo con este diario la médica sanitarista María Rothe. En lugar de realizar proyecciones sin demasiado sustento, Rothe cree que la actitud del gobierno de facto debería ser otra.

"Tendría que haber equipado los nuevos hospitales, mejorado y fortalecido las terapias intensivas de los hospitales de las capitales de departamento, y tendría que haber comprado material de bioseguridad para el personal de salud, respiradores y pruebas laboratoriales", asegura la exdirectora nacional de Promoción de la Salud en 2006. Para colmo, cuando decidieron comprar respiradores , lo hicieron con un sobreprecio de unos tres millones de dólares por insumos que no servían siquiera para terapia intensiva. La maniobra fraudulenta le costó el cargo al exministro de Salud, Marcelo Navajas, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

La persecución a Evo Morales

La preocupante cuestión sanitaria de Bolivia transita en paralelo con las alternativas políticas (y judiciales). Como parte de una campaña sostenida contra la dirigencia del MAS, la Fiscalía de Bolivia imputó por supuestos delitos de terrorismo al expresidente Evo Morales, por quien llegaron a pedir prisión preventiva. Morales es investigado en el denominado Caso Audio, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente exige el bloqueo de ciudades en medio del estallido social que sacudió al país entre octubre y noviembre del año pasado y derivó en el derrocamiento de Morales.

Para Pinto, esta persecución es el reflejo de una "gobernabilidad híbrida basada en el golpismo represivo que en la aparente formalidad legal busca su respaldo en las acusaciones a las que se ha sometido a Evo Morales, como a sus ministros exiliados y acosados en la embajada mexicana en La Paz, a los líderes sociales encarcelados, a las decenas de personas que salen a protestar por el incumplimiento de compromisos del gobierno, por no contar con insumos para la pandemia o simplemente por hambre".

"El efecto de las causas que se buscan con la imputación a Morales y una enorme cantidad de dirigentes es político antes que judicial. Más que el resultado final del juicio, que incluso podría terminar en la nada, lo que verdaderamente importa y se busca conseguir con estas acciones es el impacto que produce conforme va avanzando el proceso en sus diferentes etapas. En este caso, impactar sobre el votante de forma subjetiva para direccionar su voto", dice por su parte Richter, habitual colaborador del diario La Razón.

La derecha, ¿unida?