El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela resolvió el jueves extraditar al militar argentino Fernando Jorge Carril Baggio, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres. Los jueces del alto tribunal rechazaron el manotazo de ahogado del represor, que vivía en Venezuela desde 1986 y tramitó su naturalización en 2011, luego de que se ordenara su captura, por considerar que “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia”. La decisión de la sala de Casación Penal del TSJ condiciona la extradición al compromiso del Estado argentino de no condenarlo a una pena mayor a 30 años de prisión, el máximo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carril Ba ggio deberá ser juzgado por delitos de lesa humanidad con epicentro en el centro clandestino La Polaca, donde eran interrogados bajo tortura los militantes secuestrados al ingresar o salir del país por el cruce fronterizo con Uruguayana. Excepto el policía Julio Simón, condenado en 2007, los represores que actuaron en Paso de los Libres siguen impunes.

El capitán Carril reemplazó en septiembre de 1976 como jefe del destacamento a Raúl Portillo. Según la orden de detención que libró en octubre de 2010 la jueza federal Gladis Borda, está acusado por asociación ilícita, secuestros agravados, vejaciones, tormentos y coacciones agravadas. Según el informe Waern, un detallado relato de la represión ilegal en Paso de los Libres elaborado por el ex guardia Carlos Waern, Carril podría ser imputado por el asesinato de un secuestrado en La Polaca. “En una oportunidad, un detenido logró escapar corriendo hacia el eucaliptal. Alertado por los gritos, el guardia corrió tras él y efectuándole varios disparos, éste lo mató”, relató Waern. “Del mismo hecho hay otra versión, que dice que el prisionero tomó un arma y disparó primero al capitán y luego éste lo mató. Siendo esta última la versión que se aproxima más a la verdad, ya que Carril durante meses anduvo rengo, con una pierna vendada, justificando que había sufrido un golpe muy fuerte”, dijo, y agregó que “el cuerpo estaría enterrado en algún lugar cercano”.

Carril fue detenido por Interpol Venezuela el 14 de abril. Su defensora Solimar Astudillo alegó que como ciudadano naturalizado no podía ser extraditado por “delitos políticos”. Es “público y notorio” que militares que actuaron en la “guerra civil revolucionaria” son “perseguidos y condenados”, escribió. La defensa de la extradición estuvo a cargo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien explicó que no se lo acusa por delitos políticos. El TSJ, a partir del voto de su presidenta Ninoska Queipo Briceño, concluyó que Carril “actuó premeditadamente con el fin de evadir la Justicia y obstaculizar un eventual proceso de extradición”, subrayó que no se trata de delitos políticos sino de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y que “la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional”.

En Corrientes hay once represores condenados. Los militares y civiles de inteligencia de Paso de los Libres, sin embargo, no fueron juzgados. La excepción es un policía: Julio Simón, el famoso Turco Julián, por delitos de 1979 que juzgó hace un lustro el juez federal porteño Ariel Lijo. Según los registros de la Unidad Especial de la Procuración General de la Nación, las elevaciones a juicio por delitos de lesa humanidad en Paso de los Libres incluyen al ex jefe del Segundo Cuerpo, general Ramón Díaz Bessone, al ex jefe del Destacamento 123, Raúl Angel Portillo, al entonces teniente primero Héctor Mario Filippo y a los civiles Rubén Darío Ledesma y Carlos Faraldo, todos del Destacamento. Desde fines de 2010 también esperan su turno en el Tribunal Oral de Corrientes el general Llamil Restón, el capitán Juan Carlos Sacco y el teniente Duilio Ramón Martínez. En febrero último, en tanto, el fiscal federal Benito Pont pidió que se eleve a juicio a los militares Héctor María Torres Queirel, Guillermo Ramón Añaños, Alfredo Arrillaga (condenado en Mar del Plata), Julio Santiago Canteros, Juan Carlos Medrano Caro y Julio Miguel Plazaola, y a los ex gendarmes Domingo José Isler y Angel Ricardo López Ferro.

El capitán habla de guerra. “Claro que hubo una guerra.” El capitán condujo “eficazmente” la Fuerza de Tareas 2, “empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”, lo elogió el vicealmirante Luis María Mendía a fines de 1976, mientras los hijos del capitán estaban secuestrados en Campo de Mayo. Esa tarde, en la base de Puerto Belgrano, caracterizó al enemigo: “Grupos siniestros, renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos”. Antes de tomarles juramento a 3500 conscriptos dijo que “la Providencia” los había elegido para la “nueva gesta libertadora”, que debían defender un estilo de vida “a cualquier costo y por todos los medios” y dejó constancia de su “amor a la libertad dentro del marco de la familia”. Sus hijos llevaban medio año con capucha y grilletes. “¿Qué estaban haciendo?,” apuntó a las víctimas cuando supo del segundo secuestro. “No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto”, se justificó. Treinta y seis años después, detrás del muro que construyó antes de ser arrestado en su casa de Gonnet y a meses de ser juzgado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, el capitán reniega de la actual “dictadura” aunque admite estar “feliz y contento”. En su living hay cuadros de Jesús crucificado y de la virgen María, pero nada recuerda a sus hijos desaparecidos. “Ya pasó, terminemos –propone–. ¿Podemos dejar a los muertos tranquilos?”

El primer secuestro de los hermanos Castro fue el 22 de mayo de 1976, en su casa de Ciudad Jardín. Alfredo, de 21 años, estudiaba derecho en la UBA y había militado en la Juventud Universitaria Peronista. Luis, de 18, estudiaba en la Escuela Técnica 12 de San Martín, militaba en la JP de Caseros y había sido detenido en 1975. Su padre se había alejado de la familia ocho años antes, cuando el menor de sus cuatro hijos tenía cuatro meses. Desde 1972 dejó de nombrarlos hasta en los censos del personal superior de las Fuerzas Armadas.

Soldados con pelucas puestas se llevaron primero a Luis. Alfredo alertó al tío materno, el coronel Ezequiel Montero, quien sugirió que se trataba de “un tema de polleras”. La patota volvió y se llevó a un amigo de Luis que vivía en la casa. El tío prometió estar a las ocho. “Te cuelgo que vuelven”, dijo Alfredo antes de que lo cargaran en un Fairlane colorado. Esa noche también fueron secuestrados Fernando Barro y los hermanos Andrés y Daniel Barciocco con sus padres. Los Barciocco eran compañeros de Luis en el grupo scout de la parroquia San Francisco de Asís de Villa Bosch, que entre 1976 y 1977 sumó 18 desaparecidos.

La madre de los Castro, testigo del secuestro, centró las primeras esperanzas en su hermano, coronel retirado pero en servicio en Inteligencia de Ejército. Quelito la acompañó a hacer la denuncia y desapareció de escena.

Con el capitán al frente de la Fuerza de Apoyo Anfibio y desde el 1º de julio de la F.T.2 en Puerto Belgrano, que acumulaba secuestrados en el buque 9 de Julio y en la sexta batería histórica de Punta Alta, fue su hermano quien indagó sobre Alfredo y Luis. El primer dato que obtuvo el capitán retirado Miguel Horacio Castro, en ese entonces empleado de seguridad del diario Clarín, lo aportó el amigo de Luis, liberado a los 22 días: habló de un galpón, una pista de aterrizaje, helicópteros, un campo y una fábrica de ladrillos. El marino concluyó que estaban en Campo de Mayo (allí estuvieron los Barciocco según el ex sargento Víctor Ibáñez) y por el número de secuestrado pudo saber que sus sobrinos habían sido registrados con el anterior y el posterior.

La única gestión conocida de Castro por sus hijos tuvo como destinatario al cura Mario Bertone, referente del grupo scout, con quien se formaron y construyeron la parroquia, donde hoy se los recuerda desde un mural. Castro buscó a Bertone en su casa de Villa Bosch. “Casi tiran la puerta abajo”, recuerda la viuda del ex sacerdote, que dejó los hábitos para casarse. “Mis hijos desaparecieron por tu culpa y lo vas a pagar caro”, gritó el capitán. “Estaba con dos o tres hombres, pensé que nos llevaban”, confiesa la mujer. “Tenía un odio terrible con Mario, que lo conocía de la pastoral de familia de Palomar –explica–. Después nos rajamos, sabemos que nos estuvieron buscando.”

En noviembre alguien llamó a la casa de los hermanos y dijo que no podía identificarse. La madre exigió que le hablaran de frente, el diálogo terminó a los gritos y siguió días después:

–Necesito saber cómo va a encauzarlos –la indagó el secuestrador–. Queremos dárselos al padre y (los hermanos) no quieren. Queremos dárselos a su hermano (el coronel) y no quieren. No quieren salir de aquí si no es con usted.

–Son muy buenos hijos. Buena o mala son mi obra –se enorgulleció la mujer–. He sido padre y madre así que pienso seguir siéndolo. Si pretenden más... imposible.

Mientras la madre luchaba por sus hijos, el padre arengaba a 3500 colimbas en el cierre del “año naval”. El 26 de noviembre, en el estadio de Puerto Belgrano, el vicealmirante Mendía elogió “el celo” de la Infantería por “haber soportado el mayor peso de las actividades antisubversivas”. Castro, que ese día festejó el primer año de los mellizos que tuvo con su segunda esposa, advirtió a los conscriptos que “la Nación, sus instituciones, sus hombres y mujeres, están nuevamente en peligro”. “Renegados sin Dios, sin Patria y sin sentimientos pretenden destruirlos y reemplazar aquellos principios sagrados que dieran razón de ser a nuestra comunidad por bastardos argumentos, ajenos al sentimiento nacional”, dijo, rodeado por la plana mayor de la Armada y por el general Adel Vilas.

“Deben estar listos a reafirmar con su sacrificio la voluntad nacional de mantener a cualquier costo aquellos principios que desde siempre informaron a la República”, leyó. “La Providencia los ha elegido” para “apuntalar los conceptos primigenios de la argentinidad: nuestra profunda fe en Dios, vocación de soberanía e independencia, acatamiento al orden jurídico del Estado, amor a la libertad dentro del marco de la familia y de los límites que nos fija el bien común de la sociedad, y nuestra irrevocable decisión de impedir a cualquier costo y por todos los medios que nadie nos imponga otro estilo de vida”.

Cuando “pronunciéis el sí juro quedáis (sic) formalmente enrolados en esta nueva gesta libertadora a la que todos los argentinos de bien ya se han incorporado espiritualmente”, lo citó el diario La Nueva Provincia. El capitán no sólo se había incorporado espiritualmente. El mismo día, en su legajo, Mendía apuntó que Castro “conduce eficazmente el planeamiento, la organización y ejecución de las acciones a desarrollar por su Fuerza de Tareas, empeñada diariamente en la guerra antisubversiva”. Lo conocía de destinos anteriores, pero lo calificaba “exclusivamente” como “comandante en acción de combate”, aclaró.

Liberación

A 700 kilómetros, la madre de sus hijos golpeaba puertas. El 21 de diciembre, la voz sin nombre le informó que los liberaría. Los largaron el 23. “Tenían la barba larga, sucios, un olor acre. Estaban con la misma ropa. Luis flaco, Alfredo gordo, había pasado meses en una celda donde apenas entraba acostado y sólo comía pan. Se había tenido que romper los pantalones, le habían engordado las piernas”, recuerda su novia Marita, que prefiere ser citada sólo como la llamaba la familia. Del cautiverio dijeron poco: que estuvieron vendados, encapuchados y atados, custodiados por perros y gendarmes; que los torturaron con picana, que estuvieron en un galpón con muchos secuestrados, algunos desde el año anterior, y que en octubre Alfredo fue aislado en una celda.

Luis contó que conversaba, encapuchado, con alguien que su madre asoció con la voz sin nombre: el coronel Fernando Verplaetsen, su vecino en Ciudad Jardín y jefe de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. La mujer de Verplaetsen, maestra de la Escuela 28, le rogaba que no lastimaran a Luis ya que lo recordaba con cariño porque lo había visto cuidar a su hermano menor, Danielito. La mujer había visto cómo Luis llevaba y traía de la guardería al niño abandonado por su padre a los cuatro meses, y que a los dos años moriría ahogado en la pileta de la casa.

Cuando supo de la liberación, el capitán Castro se reunió con los dos mayores de sus ya siete hijos y les aconsejó irse del país. “Tenés que convencerlo”, le pidió a la novia de Alfredo. “Pensar que he visto morir compañeros y vengo de Puerto Belgrano”, murmuraba indignado por el destino de esos pibes que a fin de cuentas eran sus hijos. Salir de la Argentina no figuraba entre las alternativas que barajaban Alfredo y Luis. Ambos se sabían controlados, incluso en la Nochebuena posterior a la liberación, una pareja en un Falcon se instaló frente a su casa toda la noche, a la espera de algún contacto que nunca llegó.

En el verano de 1977, mientras el capitán asumía como subdirector de la Escuela de Guerra Naval, a metros de la ESMA, Luis empezó a repartir cosméticos con el Citroën de su madre y consiguió autorización para hacer sexto año libre. Alfredo pudo volver a caminar despacio, consiguió trabajo, retomó Derecho, compró colchón y heladera para casarse, aunque insistía en que no podía alejarse de su madre. Pero el 30 de junio de 1977 le dio la razón a Marita: no podían vivir aterrados, iban a casarse y a radicarse en el interior. Esa misma noche se lo llevaron para siempre junto a su hermano.

Segundo secuestro

El hombre alto, de tez blanca y ojos claros que llevaba la batuta no hizo preguntas. Apenas ordenó revisar la biblioteca y el Citroën.

–¿Qué es esto? –indagó al ver balas en una repisa.

–De mi ex marido, capitán de navío.

El militar no se inmutó ante un dato que conocía y ordenó a los hermanos que se vistieran. “Vamos a hacer un memo a la comisaría de Caseros”, mintió. Alfredo y Luis se despidieron de su madre con un beso. Caminaron 50 metros y los cargaron en una camioneta.

Descartada la ayuda del hermano coronel, la madre, que ese año marcharía en Plaza de Mayo, fue en busca de la voz sin nombre que interrogaba a Luis.

–¿Cómo no me vino a ver antes? –preguntó Verplaetsen, que vivía a 150 metros.

–En la escuela no me enseñaron qué hacer cuando nos secuestran un hijo –-le explicó.

El jefe de Inteligencia de Campo de Mayo le dijo que desconocía los operativos de la noche anterior, sugirió que “gente de Palomar” (léase base de la Fuerza Aérea) había “entrado sin autorización” a su jurisdicción y le recomendó volver días después. Cuando Esther fue al Colegio Militar, le dijeron que “seguro fueron los terroristas”.

–Mire, señor, las manos de los que vinieron a buscar a mis hijos son las mismas manos del que vivió conmigo doce años. Esas manos no las tienen los terroristas, las tienen los que están en un escritorio con tintorería y peluquería al lado –describió a Castro.

Al día siguiente Verplaetsen le pidió que no volviera. Le dijo que sus hijos estaban “metidos en problemas” y que debería esperarlos “muchos años”.

Cuando supo del segundo secuestro, el capitán puso la lupa sobre sus hijos: “¿Qué estaban haciendo?”, preguntó. “Si no los tiene la Marina, no puedo hacer nada –le explicó a Marita–. No podemos pedir por el hijo de nadie que esté en poder de otra fuerza. Hicimos un pacto y tenemos que cumplirlo.”

–¿Para qué pueden tener tanto tiempo a la gente detenida? ¿Les lavarán el cerebro? –le preguntó la novia de Alfredo.

–No, eso sale muy caro –le explicó el capitán.

Los acusados ocuparon casi la totalidad de la planta baja de la Sala Amia, incluso detrás de los blindex, donde habitualmente va el público. En tanto, los familiares de las víctimas ocuparon la bandeja superior, separados del grupo de los parientes de los represores, encabezados por Cecilia Pando.

Los periodistas quedaron imposibilitados de ingresar a la sala de audiencias a excepción de medio centenar de reporteros gráficos que tuvieron 15 minutos para hacer las fotos de los acusados, antes de que el Tribunal Oral Federal 5 comenzara a leer el requerimiento de elevación a juicio.

Los imputados por haber cometido 789 secuestros, torturas y homicidios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) son 68. Llegan por primera vez a juicio ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados por los "vuelos de la muerte" en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al Río de la Plata para convertirlos en desaparecidos: Julio Poch, Emir Sisul Hess, Enrique de Saint George, Miguel García Velazco, Domingo D'Agostino, Ricardo Ormello, Miguel Clement y Mario Arrú.

En tanto, los exmarinos Alfredo Astiz, Eduardo "Tigre" Acosta, y demás integrantes del grupo de tareas 3.3.2., dieciséis de los cuales ya fueron condenados en octubre de 2010, deberán responder ahora por nuevos crímenes aún no juzgados, como el secuestro y desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. También debieron escuchar las acusaciones, el exsecretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, imputado de haber presenciado el interrogatorio bajo torturas a Orlando Ruiz, a quien se sindicaba de haber participado de un atentado en su contra y que permanece desaparecido, es uno de los dos civiles enjuiciados, junto al abogado Gonzalo Torres de Tolosa.

La "patota de la ESMA" deberá responder también por haber arrojado al mar hace casi 35 años al grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, junto a las religiosas francesas que las ayudaban, Alice Domon y Léonie Duquet, cuyos cuerpos fueron devueltos a las costas y tras permanecer durante décadas como NN fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, y más tarde enterrados en la porteña Iglesia de la Santa Cruz, donde habían sido secuestradas.

La ESMA, ubicada en el borde noreste de la Capital Federal y hoy convertida en Espacio para la Memoria, fue el mayor centro de detención clandestina administrado por la marina durante la última dictadura en la que se estima que pasaron unas 5 mil víctimas y nacieron bebés en cautiverio.

El primer juicio de la ESMA, contra el prefecto Héctor Febres, quedó inconcluso por su muerte con cianuro dentro de su celda el 10 de diciembre del 2007 y el segundo, en 2009, por sólo 85 casos, terminó con la primera condena judicial a algunos de los represores más conocidos del período del terrorismo de Estado.

Para un futuro juicio quedará los denominados delitos económicos de las ESMA, el operativo de despojo de bienes a los prisioneros con casos emblemáticos como el desapoderamiento de tierras en Chacras de Coria a la familia Cerruti. Se estima que este juicio durará 24 meses, durante los cuales declararán 830 testigos antes los jueces Daniel Obligado, Leopoldo Bruglia y Adriana Palliotti, con la fiscalía de Eduardo Friele.

El general, acusado por el ex-preso político Ramón Olivera de haber presenciado los interrogatorios a los que fue sometido en 1977, tras ser detenido ilegalmente en La Rioja, y de haber participado en el secuestro de su padre durante la última dictadura militar, tomó la iniciativa de presentarse a la Justicia "con la finalidad de ponerse a su total disposición, negando absolutamente los presuntos hechos que se le atribuyen a través de algunos medios de comunicación", añadió el mismo texto. oficial

Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, reclamó una "investigación urgente" sobre la actuación del flamante jefe del Ejército, al hacerse eco de las denuncias del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien dio por probado que Milani actuó en el área de Inteligencia en La Rioja y Tucumán, cosa que no figura en su legajo. "Si tuvo un cargo destacado en el área de Inteligencia en esa época "se puede presumir que al menos no estaba ajeno a la represión ilegal", advirtió Cortiñas.

De Lanata y Clarín me río, 

pero de las botas no confío.  

Que la verdad salga a la luz ! ! ! !  

SALUDOS REVOLUCIONARIOS  

(Gran Papiyo)      

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló ayer que esa organización no cuenta con información que incrimine al jefe del Ejército, César Milani, en violaciones a los derechos humanos, pero pidió “a quienes hicieron la denuncia que se acerquen a la Justicia para que investigue” y que, en caso de que se encuentren “pruebas suficientes” en su contra, debería ser removido “inmediatamente”. Pero, mientras tanto, “no encontramos ningún antecedente, no podemos prejuzgar”.

También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) está analizando el caso porque –que se sepa– nunca hubo una causa judicial en La Rioja a raíz de lo denunciado por el ex detenido Ramón Alfredo Olivera, quien señaló que en 1977 –cuando Milani era subteniente y tenía 22 años– fue llevado por el militar desde un centro clandestino a un juzgado federal y lo presionó para que hablara. Según las versiones que circulan en la provincia, ese testimonio habría sido recogido en 1984 en el trabajo que realizó la Comisión Provincial de Derechos Humanos. En 2010 se publicó una nueva versión –reducida– en la que el nombre de Milani no figura.

El CELS comisionó a un grupo de abogados para que estudiara el caso, mientras que Milani sostiene que nunca estuvo en un centro clandestino y nunca hizo una detención en aquella época, ya que revistaba en Ingenieros. El militar es hijo de un fallecido constructor, también del Ejército, que fuera intendente de Cosquín y de raigambre peronista. Respecto de la desaparición en Tucumán del soldado Alberto Ledo, la Justicia de esa provincia archivó la causa después de un dictamen del fiscal refrendado por la decisión del juez Daniel Bejas. La mamá de Ledo, que nunca denunció a Milani sino al capitán Alberto Sanguinetti por la desaparición de su hijo, pidió ayer que se vuelva a investigar si es verdad que el joven fue ayudante de Milani en junio de 1976. Hasta ahora, la Justicia de Tucumán dictaminó que el entonces subteniente fue brevemente a la provincia como parte del arma de Ingenieros a construir un camino y una escuela.

El martes, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel pidió la revisión de la designación de Milani como jefe del Ejército. Pérez Esquivel dio por cierto incluso que el militar fue parte del movimiento carapintada, algo ya desvirtuado por las investigaciones judiciales y hasta por las imágenes de televisión de la época. El titular del Serpaj también dio por probado que Milani actuó en Inteligencia en La Rioja y Tucumán, lo que no figura en su legajo. El ahora general aparece ingresando a Inteligencia el 1º de diciembre de 1983, a diez días del retorno democrático.

“No puedo creer las cosas que se dicen –arranca indignado el jefe del Ejército, general César Milani–. El hijo de Bussi dice que su padre me valoraba. No lo vi jamás a Bussi en Tucumán, lo vi dos veces en una formación, de lejos en Córdoba. Maltrataba a los coroneles, así que fíjese si le iba a dar bolilla a un subteniente de 21 años. Del desaparecido soldado Alberto Ledo le tengo que decir que tampoco lo vi ni lo conocí. No estaba en mi sección, sino en la de Comandos y Servicios. Dicen que era mi asistente, imposible. No tenía asistente. Y le insisto, era de otra sección del Batallón. Tampoco es cierto que yo haya participado de la detención del padre de Ramón Olivera: ese día, me fijé en el legajo, estaba sancionado por haberme quedado dormido. Y menos todavía trasladé al propio Olivera. ¿Le parece que le iban a asignar esa misión a un joven de 21 años que, además, según dice Olivera, tenía que presionarlo y hacerle decir que era del ERP? Todo es mentira. El trasfondo de todo es que hacen una campaña en mi contra porque yo dije que quiero un Ejército al servicio de un proyecto nacional y popular. Se lo ratifico: “Sí, quiero ser parte de un Ejército que sea parte de un proyecto nacional, que ayude a construir obras de infraestructura, que de-sarrolle el país”. Ante este diario, Milani también refutó el dato de que una parte importante del presupuesto del Ejército está destinado a Inteligencia: “Mire, aquí tiene el gráfico, es apenas el 1,7 por ciento del total del presupuesto de la fuerza”.

El general Milani recibe a Página/12 en el anochecer del sábado, en la sede del Ejército. Se lo ve enojado. “No sé por qué me tengo que estar defendiendo de esto después de 36 años. Estuve en La Rioja varias veces, en forma pública, saliendo en los diarios y nunca se me imputó nada. La madre del soldado Ledo jamás me nombró, pero básicamente porque no tuve ninguna relación con su hijo. Yo era de la Compañía A de Ingenieros y Ledo estaba en la Compañía de Comando y Servicios que era la que se dedicaba a la parte administrativa, a cocinar, a hacer guardias de seguridad. Cuando se dispone que nos traslademos a Tucumán por un mes, nosotros vamos a Monteros esencialmente con maquinaria para volcar ripio en los caminos para la zafra y luego alisarlo, además de pintar alguna escuela. Pero nunca tuve a Ledo bajo mi mando y menos todavía como mi asistente o auxiliar.”

–¿Pero sabe qué ocurrió en Tucumán con el soldado Ledo?

–En el Batallón de Ingenieros de La Rioja nosotros teníamos unas 50 deserciones por año. Cuando un soldado no se presentaba en cinco noches y cinco días, se hacían las actuaciones por deserción. En Tucumán se informó en aquel momento que Ledo había desertado. Es obvio que no era así.

En el libro El escuadrón perdido, que escribió el fallecido capitán José Luis D’Andrea Mohr, un hombre más que comprometido con la democracia, se menciona la desaparición del soldado Ledo en Tucumán. “En la noche del 17 de junio de 1977 salió tres veces con el capitán Esteban Sanguinetti a hacer una recorrida. La última noche no volvió.” Milani señala: “Yo me presenté ante el juez este viernes, pero nunca fui ni nombrado por ese caso en 36 años. Es ridículo decir que Ledo fue mi asistente o auxiliar. Lo de Ricardo Bussi ya no tiene nombre. A su padre no lo conocí, nunca estuve bajo su mando directo, lo vi de lejos dos veces en mi vida cuando estuvo en Córdoba. Era un déspota que maltrataba a los coroneles, imagínese que menos iba a tener relación con un subteniente de primer año. Basta ver mi legajo para que quede claro que no tuve nada que ver con él”.

–¿Qué hacía el Batallón en Tucumán?

–Le insisto: caminos para zafra, arreglar o pintar escuelas. Nunca participamos de ninguna operación militar. Imagínese que nosotros andábamos con mameluco. El vehículo con el que nos movíamos era una camioneta con caja abierta atrás, para cargar los materiales. Hay quien dice que yo estaba en Inteligencia. No supe qué es la Inteligencia hasta 1983, en democracia. Pero hay que mirar mi trayectoria. Hice el curso de Inteligencia de 1983 a 1987 y no estuve más en Inteligencia hasta 2007. De inmediato volví a Ingenieros: en Neuquén, en Santa Cruz. Volviendo a mis 21 años en La Rioja y Tucumán le reitero que nunca estuve en un centro clandestino, nunca participé de ninguna detención ni traslado.

–En La Rioja, Ramón Olivera sostiene que usted detuvo a su padre y que a él mismo lo llevó hasta el juzgado federal y que lo presionó para que firmara una declaración de que era del ERP.

–¿A usted le parece que eso tiene alguna lógica? Llevan a una persona a un juzgado federal con la idea de presionarlo para que diga que era del ERP, ¿le iban a asignar semejante tarea a un pibe de 21 años como yo, que además no tenía ni idea de todo eso? Además, estuve cotejando las fechas en mi legajo. El padre de Olivera fue detenido un día en que yo estaba sancionado por haberme quedado dormido, recién vuelto de Catamarca. O sea que ese día yo estaba de oficial de servicio, que era como ser el jefe de la guardia. Significa que aquel día yo no puse un pie fuera del Batallón.

–Pero Olivera no declaró esto ahora, lo hizo en 1984.

–No lo entiendo. Se equivoca. Tal vez porque yo después me quedé cuatro años más en La Rioja y se me conocía, pero no tuve nada, pero nada que ver. No participé ni de esa detención ni del traslado ni de ninguna otra detención o traslado. ¿En 36 años nunca se presentó como querellante para imputarme? Estuve varias veces en La Rioja, incluso hace pocos años. Salía en los diarios mi presencia. Sin embargo, nunca me inició ninguna denuncia o querella.

–¿Por qué ha dicho que ésta es una campaña en su contra?

–Dijeron, por ejemplo, que en los últimos años se destinó una parte decisiva, hasta mayoritaria, del presupuesto del Ejército al área de Inteligencia. Es delirante. El total del presupuesto de Inteligencia es de 332 millones de pesos, de los cuales 210 millones están dedicados a sueldos. Piense en el siguiente dato: el total de sueldos del Ejército es de 7000 millones de pesos. Pero tomando todo el presupuesto en su conjunto, lo que va destinado a Inteligencia es apenas el 1,7 por ciento. Sí, digo que hay una campaña porque acá los sectores conservadores creen que las Fuerzas Armadas son sus aliadas. Y aparezco yo diciendo que queremos ser parte de un proyecto nacional y popular. Se lo ratifico. ¡Queremos ser parte de un proyecto nacional y popular! Estuvo el otro día la Presidenta dos horas en la cena de camaradería y allí anunció que vamos a volver a construir, a hacer obras de infraestructura, a ayudar a poner en marcha el Belgrano Cargas. Para mí eso es un orgullo.