Organizaciones sociales como la ANC y òmnium han criticado la "violencia del Estado", mientras que el Ministerio del Interior ha defendido la actuación "profesional".
Se trata de crear un canal alternativo para el diálogo político entre todos los partidos de ámbito catalán, y posiblemente con la participación de algunos de ámbito nacional, para abordar la situación política en Cataluña, su análisis y la búsqueda de soluciones.
¿Por qué?
Las conversaciones a nivel institucional entre los Gobiernos de España y de la Generalitat a través de la Comisión bilateral que recoge el Estatuto de Cataluña no se encuentran en el mejor momento y se está buscando una alternativa más flexible, que además incluya a otros actores.
¿Quién la ha propuesto?
Al parecer, habrían sido los partidos catalanes independentistas quienes habrían propuesto tanto la mesa de partidos como la presencia de una "figura notarial" en ella.
Así, el diputado de ERC, Joan Tardá, deja claro en un tuit cuáles han sido los requisitos de su formación para retirar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado PGE: instar a la Fiscalía [para que actúe en relación a los políticos independentistas presos]; el establecimiento de una comisión bilateral de partidos; la figura del mediador; y poner sobre la mesa el referéndum de autodeterminación.
¿Quiénes participan en la mesa?
Están convocados todos los partidos presentes en el Parlamento catalán: Ciudadanos (Cs), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Socialista Catalán (PSC), En Comú-Podem, Partido Popular (PP) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
De momento, Cs ya ha anunciado que no participará, al igual que el PP y la CUP.
Queda pendiente por saber si finalmente se abrirá a otros actores de ámbito nacional. Los que tienen más posibilidades de participar son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y Podemos, liderado por Pablo Iglesias.
¿En qué consiste la figura del mediador?
Según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "No es un mediador, no hay un conflicto internacional. Hay una mesa donde se van a sentar los partidos en Cataluña que utilizará a una persona para ayudar a organizar y a negociar. No tiene más trascendencia. Nada más".
Información y privacidad de Twitter AdsLo cierto es que no está muy claro cuál será exactamente su papel, aunque los comentarios hechos por miembros del partido en el Gobierno dan a entender que sería alguien que facilitará el diálogo y el encuentro.¿Quién será?De momento aún no se han barajado nombres concretos, pero desde los partidos independentistas catalanes se aboga porque sea una figura internacional. Por su parte, desde el Gobierno defienden que sea una persona española, preferentemente "del ámbito catalán", en palabras de la vicepresidenta.
¿Qué críticas está cosechando el Gobierno de España?
El Gobierno español ha sorprendido al aceptar la figura de esta especie de coordinador entre los partidos catalanes, aunque está siendo duramente criticado por ello.
El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) están convocando protestas en las calles contra lo que consideran una cesión del presidente del Gobierno a Cataluña.
Información y privacidad de Twitter AdsPablo Casado, líder del PP, incluso ha anunciado que no descarta presentar unamoción de censuracontra Sánchez si no rectifica, pues para el político popular, el presidente ha cometido"alta traición a España". "Han aceptado uno de los chantajes de los independentistas", ha argüido justo antes de anunciar que convocaba una concentración este domingo en Madrid "para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando" a España.
Además, Casado afirma que la apertura de la mesa de partidos junto con la figura del relator es la "felonía más grave desde el 23F", fecha en la que se produjo un golpe de Estado en el país íbero.
Información y privacidad de Twitter AdsCiudadanos prefiere presionar para que Sánchez convoque elecciones y se ha apresurado a convocar una manifestación este domingo en Madrid, adelantándose por horas a Casado. "Hay que crear un frente cívico contra Sánchez", sostiene Albert Rivera."Hay que frenar a Sánchez", ha insistido el político, que argumenta que no está "dispuesto a vender" el país y opina que todo lo que hace el presidente es por "seguir un cuarto de hora más en La Moncloa".
¿También en el partido del Gobierno?
También en la formación del presidente se han escuchado críticas. El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del partido socialista, declaró en Onda Cero: "No lo entiendo. Le pido al Gobierno de España que se mantenga en su sitio en la defensa de la Constitución. Si se trata de tener a alguien de testigo porque no se fían unos de otros, que hablen en el Parlamento, que estamos todos de testigos".
Información y privacidad de Twitter AdsOtro varón socialista, Javier Lambán, presidente de Aragón, ha opinado a través de Twitter que "aprobar un presupuesto no justifica cesionesque pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia".
¿Por qué unas críticas tan contundentes?
El conflicto catalán es la cuestión más espinosa que el presidente español tiene entre manos. Por un lado, los partidos catalanes independentistas tienen las llaves para aprobar unas cuentas públicas que pueden ser claves para que pueda agotar la legislatura, pues se encuentra en una posición de debilidad al contar con tan solo 84 diputados de los 350 que componen el Hemiciclo.
Por el otro, cualquier cesión es fuertemente amplificada por los partidos de la oposición de la derecha del arco parlamentario, pues han tomado la bandera de la integridad del Estado como un arma arrojadiza, sobre todo después de la irrupción del partido ultraderechista Vox, a quien esta cuestión le está siendo rentable electoralmente, como se pudo constatar en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, donde consiguió 12 representantes.
De esta manera Sánchez se encuentra ante una paradoja. La inmovilidad no soluciona el conflicto, sino que lo agrava, como demostró la actitud del anterior presidente, Mariano Rajoy. Y si se mueve, tanto para propiciar un acercamiento, como para endurecer la relación con las fuerzas catalanas, corre graves riesgos políticos.
¿Y por qué está en el foco la figura del mediador?
La figura del mediador está en el centro de la polémica por varios motivos. Por un lado, para los partidos independentistas, una figura de este tipo de procedencia internacional haría más visible en el extranjero su conflicto y les otorgaría cierta entidad como interlocutor al mismo nivel que el Gobierno español.
Para los partidos contrarios a esta iniciativa, sobre todo los del ámbito conservador, es precisamente esa legitimidad internacional la que ven innecesaria y piden que el diálogo se circunscriba al ámbito de las instituciones. Opinan que su sola presencia ya pone en entredicho el principio de unidad de la nación española, pues mediaría entre dos partes que, a su juicio, no tienen el mismo nivel de interlocución.
Embajador en EE.UU. defiende la democracia española frente "al odio y las mentiras" de los "separatistas catalanes"
Publicado: 7 feb 2019 05:00 GMT
Santiago Cabanas argumenta que Cataluña disfruta del mayor nivel de autogobierno "en su economía, fuerza policial, empleo y educación"
El presidente español, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra, en Barcelona, 20 de diciembre de 2018.
Albert Gea / Reuters
El embajador de España ante EE.UU., Santiago Cabanas, ha escrito un artículo para el medio estadounidense The Hill en el que defiende que "España es una democracia, un país progresista, abierto al mundo, respetuoso con los derechos humanos" en contraposición a los "separatistas catalanes", que "están dispuestos a expandir activamente el odio y las mentiras" a la audiencia norteamericana.
Cabanas ha escrito este texto como respuesta al artículo escrito por Andrew Davis, exjefe de la delegación catalana en los EE.UU., en el mismo medio hace unas semanas. Según Cabanas, "Davis intentó, sin éxito, utilizar el dinero de los contribuyentes españoles para convencer al público estadounidense de que Cataluña es una región oprimidaen el corazón de Europa".
Así, el embajador argumenta que Cataluña disfruta del mayor nivel de autogobierno "en su economía, fuerza policial, empleo y educación", y que es posible gracias al marco común de la Constitución española de 1978 que le otorgó "un gran poder político". Además, reafirma la calidad de la democracia española con la referencia al último Índice de Democracia publicado por The Economist, en el que España se sitúa entre los 20 primeros países.
as considera que el artículo de Davis está plagado de "falsedades, verdades a medias y hechos distorsionados", como parte de una campaña que busca "desacreditar el carácter democrático de España". Como ejemplo, aduce el caso de los políticos presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que según él, "están ahí, no por sus opiniones, eso no es motivo de encarcelamiento en España, sino más bien porque violaron la ley, –continúa el diplomático– intentaron organizar un referéndum ilegal contra las leyes españolas y catalanas, y contra órdenes judiciales".
También sostiene que el Gobierno español no interferirá en el proceso judicial porque "no puede" y porque "está comprometido a enfrentar los desafíos con optimismo, diálogo y respeto por el pluralismo y el Estado de Derecho".
El artículo ha sido compartido en Twitter por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que lo acompañaba del siguiente comentario: "España es una democracia plena que respeta los Derechos Humanos. Cataluña nunca ha tenido tanta autonomía como ahora".
El proceso judicial a los separatistas catalanes y las marchas de la derecha opositora del domingo pasado contra el gobierno de Pedro Sánchez preanuncian un panorama electoral lleno de tensiones. Para algunos analistas el "proces" es una oportunidad política para que España resuelva el histórico conflicto de su unidad territorial.
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"El juicio contra los líderes independentistas de Cataluña es visto en España como uno de los más importantes de su historia", aseguró Agustín Fontenla, periodista argentino de Página 12 en Madrid y colaborador de El Diario de España.
El debate por la separación catalana, que alcanzó su punto crítico en octubre de 2017 con la votación del referéndum, la represión del gobierno central y la declaración unilateral de independencia, inició hoy un nuevo capítulo con "proces" a quienes encabezaron aquel levantamiento.
"La discusión va a ordenar un poco la cuestión territorial porque antes estaban acostumbrados al secesionismo por vías terrorista como lo practicaba la guerrilla vasca de ETA. Ahora se produce este secesionismo institucional, para la que el Estado aún no tiene una respuesta. Este proceso va a dejar una sentencia, un antecedente de cómo se enfrenta este problema".
A su vez, se refirió a la marcha del domingo que fue "convocada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox —de corte ultra derecha xenófoba y nacionalista-, para rechazar las negociaciones del presidente Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña, con la que intentaban generar un diálogo que encauzara las aspiraciones soberanistas dentro de un marco legal en España", describió el especialista. Producto de esas negociaciones, se llegó a un acuerdo para designar "un relator que contribuyera al dialogo" y "que iba a estar en una mesa de partidos catalanes —alternativas al Parlament- donde todas las fuerzas políticas discutieran sobre un proyecto para Cataluña". Las fuerzas opositora aprovecharon para acusar a Sánchez de "alta traición". Según Fontenla la movilización del domingo fue claramente "un lanzamiento electoral de las fuerzas de derecha".
En cuanto al gobierno de Sánchez, agregó que "sin dudas está más debilitado".
"A fines de año se reunió con el presidente de Cataluña, Quim Torra, en Barcelona; llegó a un acuerdo con Unidos Podemos para ejecutar un presupuesto 2019 con un mayor gasto social, etcétera. Pero la realidad ahora es diferente, se ha roto las negociaciones con Cataluña, la derecha lo está presionando por todos los flancos y es difícil que ese presupuesto salga adelante. Sánchez ya dijo que si no se lo aprueban va a llamar a elecciones", describió el Fontenla.
En Bolivia, las fuerzas políticas ya están en carrera electoral
El periodista de internacionales Emiliano Guido analizó, por su parte, el año electoral, en el que Bolivia, Uruguay y Argentina van a elegir, en el próximo mes de octubre, sus presidentes.
"Una coincidencia es que en los tres países aparecen escenarios muy cerrados, es decir, aún los números son muy parejos y no hay a la vista un ganador claro".
El especialista se detuvo en el caso de Bolivia, por ser un país que presenta algunas "particularidades" como ser que "en los últimos 13 años demostró crecimiento con estabilidad política". Guido mencionó algunos indicadores de ese escenario: Evo Morales logró mantener a su vicepresidente Álvaro García Linera como una figura "leal", la inflación de Bolivia "fue el pasado enero de tan solo el 0,23% y por cuarto año consecutivo es el país que más creció según datos de CEPAL". Guido mencionó que, según la opinión de algunos especialistas, Morales presenta algunas ventajas respecto a su principal rival, Carlos Mesa, este candidato podría aglutinar a la oposición en caso de una segunda vuelta electoral.
En el programa se informó a su vez acerca de las declaraciones sobre Venezuela del canciller uruguayo, Nin Novoa, quien consideró "irresponsable" reconocer al autoproclamado presidente Juan Guaidó y acusó a Luis Almagro, Secretario de la OEA, por haberse "excedido" en sus posiciones respecto al gobierno de Nicolás Maduro. También se informó sobre la denuncia de intervención que realizó el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en la Organización de las Naciones Unidad ante los representantes del Movimiento de Países no Alineados, y las tensiones en el gobierno italiano que pide elecciones en el país caribeño pero se niega a reconocer un presidente como legítimo.
El Congreso español suspende a los 4 diputados independentistas catalanes presos
Publicado: 24 may 2019 11:50 GMT | Última actualización: 24 may 2019 12:34 GMT
Según el reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los políticos electos que estén siendo procesados y que se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos, después de recibir un informe de los letrados del Congreso.
El acuerdo ha llegado 24 horas después de que la presidenta del órgano, la socialista Meritxell Batet, solicitase a los letrados de la Cámara un informe, que le ha sido entregado la mañana de este mismo viernes y en que se abogaba por una suspensión inmediata.
Según el reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los políticos electos que estén siendo procesados y que se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos de derechos, sueldo y funciones, después de recibir un informe de los letrados de las Cortes.
Dos días antes de las elecciones y en la antesala de la investidura
Esta medida llega dos días antes de que se celebren en España las elecciones europeas, autonómicas y municipales. También se produce en los días previos a que comiencen las negociaciones de los partidos políticos y la ronda de consultas del rey Felipe VI con los portavoces de los grupos parlamentarios previa a la investidura del presidente del Gobierno.
La ausencia de estos cuatro diputados podría hacer variar la aritmética parlamentariay facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez, que fue el ganador de los comicios celebrados el 28 de abril, pero que necesita el apoyo de otras fuerzas políticas para volver a dirigir el Ejecutivo.
MADRID (Sputnik) — El presidente catalán, Quim Torra, afirmó en el aniversario de la convocatoria ilegal del referéndum soberanista del pasado 1 de octubre de 2017, que su compromiso es avanzar a una República catalana.
"El Gobierno se compromete a avanzar sin excusas para que la república catalana sea una realidad", afirmó el mandatario en el acto institucional celebrado por el segundo aniversario del referéndum bajo el título 'Compromís del Primer d'Octubre' (Compromiso del Primero de Octubre).
En el acto, en el que además de Torra estaba el vicepresidente Pere Aragonès y otros miembros del Ejecutivo, afirmaron que vendrán "momentos difíciles y de desafíos" pero el camino a la república "es inevitable".
Además, insistieron en que mantendrán "el compromiso con el derecho de autodeterminación".
"El Gobierno se compromete con la radicalidad democrática, con el derecho a la autodeterminación, el diálogo, la cohesión social y el respeto escrupuloso a los derechos humanos, los derechos civiles y las libertades colectivas", afirmó el mandatario.
En el aniversario de este referéndum también estuvieron muy presentes los líderes independentistas que se encuentra en prisión.
"Persistiremos hasta conseguir la libertad de los presos políticos y el retorno de las personas exiliadas", argumentó.
Entre las personas que se encuentra en prisión preventiva desde hace casi dos años destacan figuras como Oriol Junqueras, que en 2017 era vicepresidente del Gobierno catalán; o Carme Forcadell, que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento de Cataluña.
El resto de los enjuiciados son ocho antiguos miembros del Gobierno catalán y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de plataformas civiles —ANC y Ómnium, respectivamente— encargadas de liderar la movilización del independentismo en las calles.
En el discurso, los mandatarios independentistas recordaron aquel 1 de octubre de 2017, cuando la consulta soberanista, anulada por el Tribunal Constitucional, se convirtió en un jaque a la justicia española, que terminó con cargas policiales.
"Aquel día la sociedad catalana se apoderó y plantó cara a la barbarie. Dos millones trescientos mil ciudadanos fueron a votar y defendieron las urnas. La sociedad catalana las defendió asumiendo todas las consecuencias, siendo golpeados y agredidos por las fuerzas enviadas por el Gobierno español", rezaba el texto leído en el acto.
La cuestión de Cataluña será el epicentro de la campaña electoral para las elecciones del próximo 10 de noviembre, dado que además del aniversario de la consulta, la sentencia de los líderes independentistas que se encuentran en prisión provisional se conocerá a mediados de octubre.
El Tribunal Supremo condena a 9 líderes del 'procés' en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición
Publicado: 14 oct 2019 07:32 GMT | Última actualización: 14 oct 2019 12:43 GMT
La mayor sentencia ha recaído sobre el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación.
El Tribunal Supremo de España ha condenado este lunes a nueve líderes independentistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por su participación en el 'procés'. Otros tres acusados, que no entraran en prisión al ser condenados solo por el delito de desobediencia, están obligados a abonar una multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros.La mayor sentencia ha recaído sobre el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta una condena de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de sedición en concurso medial y malversación de fondos públicos. Asimismo, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos delitos.Por otro lado, la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años de cárcel, mientras que los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull afrontan 10 años y 6 meses de prisión. Sobre el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de òmnium Cultural, y Jordi Cuixart, recae una pena de 9 años de cárcel.
La pena impuesta a Santi Villa, Mertixell Borràs y Carlés Mundó consiste en 10 meses de multa y 18 meses de inhabilitación por el delito de desobediencia.
El tribunal, en su auto, concluye que los condenados idearon una "estrategia concertada" con "reparto de papeles" para alcanzar la independencia. Además, considera probada la existencia de violencia durante el proceso, aunque no la suficiente como para acreditar un delito de rebelión, lo que hubiese aumentado las penas considerablemente. En este sentido, el fallo subraya que los hechos de violencia puntual que se produjeron tuvieron "absoluta insuficiencia" para imponer "la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán".
Importantes ausencias
Siete personas acusadas en este proceso no han sido juzgadas, por encontrarse fuera de España huidos de la Justicia. Entre ellas está Carles Puigdemont, que ocupaba el cargo de presidente de la Generalitat en el momento en que se produjeron los hechos juzgados.
También huyeron otros cuatro exconsejeros del Ejecutivo catalán de aquel periodo (Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig) y las dos diputadas independentistas Anna Gabriel y Marta Rovira, de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y Esquérra Republicana de Catalunya (ERC) respectivamente.
Manifestaciones de protesta
Las esperadas manifestaciones de protesta han comenzado a tener lugar esta mañana y se cree que continuarán a lo largo del día.
La sección de Cataluña del sindicato CC.OO. ha realizado una "convocatoria de rechazo a la sentencia" a las 13.30 horas en Barcelona. También en la capital de Cataluña, los estudiantes universitarios han salido de sus respectivas facultados con la intención de reunirse a las 12 en el centro de la ciudad. Además, manifestantes han cortado varias vías del centro de la urbe generando problemas de tráfico, mientras que algunos grupos se han concentrado ante las Consejerías que estaban bajo el mando de los condenados.
Reacciones
El presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante los medios, ha dicho que "nadie está por encima de la ley" y que "en una democracia nadie es juzgado por sus ideas", "sino por delitos". Además, Sánchez se ha felicitado de que el proceso judicial se haya desarrollado con "plenas garantías y absoluta transparencia". "Como corresponde a un Estado democrático y de Derecho, como el español, el acatamiento significa su íntegro cumplimiento", ha especificado el presidente, lo que podría ser un guiño para desmentir los rumores sobre su intención de indultar a los condenados.
Por su parte, el presidente de Cataluña, Quim Torra, ha afirmado que el fallo del Tribunal Supremo "es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana" y que "Cataluña vive un día gris" porque "se ha condenado a 12 personas honorables, demócratas y pacíficas", a "cien años en conjunto". Torra ha exigido las liberación de los "presos políticos" y la amnistía par los políticos autoexiliados y "todas las personas represaliadas".
"La sociedad catalana sabrá responder a esta ignominia de la manera que siempre se ha expresado: con determinación, serenidad, firmeza y civismo. Con el sentido democrático y pacífico que nos caracteriza", ha aseverado el presidente catalán durante su discurso.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido uno de los primeros políticos en comentar la sentencia del Tribunal Supremo. "100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a su lado y al de sus familias. Toca reaccionar, como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña", ha comentado en su cuenta de Twitter.
"Volveremos más fuertes, más convencidos y firmes que nunca. Gracias a todos y persistir porque nosotros persistiremos siempre, siempre!", ha afirmado por su parte Junqueras desde la prisión en la que se encuentra.
También la entonces presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, ha comentado la sentencia desde prisión. "La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo allí donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo debe vencer. ¡Vamos a salir!", ha denunciado.
Historia del 'procés'
El proceso independentista Catalán y el posterior juicio a sus líderes han intensificado considerablemente el debate público en España sobre la integridad territorial de la nación y han azuzado la confrontación política entre los diversos partidos. De hecho, la postura de cada formación respecto a la crisis catalana ha constituido en cada caso un elemento primordial en sus respectivas propuestas electorales de cara a los diversos comicios que se han celebrado desde que estalló la crisis.
A pesar de que el Tribunal Constitucional de España suspendió el referéndum de 2017 varias semanas antes de su celebración, las autoridades catalanas, con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la cabeza, decidieron celebrar una multitudinaria consulta en la que participaron, según los propios organizadores, algo más de dos millones de personas. De ellos, más del 90% habría votado que sí, siempre según el escrutinio del propio Ejecutivo catalán que lo impulsó, ya que el plebiscito no contó con supervisión externa ni con validación internacional de ningún tipo.
En cualquier caso, los dirigentes del Gobierno catalán y del Parlamento autonómico dieron validez a los resultados, interpretándolos como un mandato de la ciudadanía, y procedieron a proclamar la independencia de la república catalana en el Parlamento de la región. Entre sus argumentos siempre figuró también el hecho de que en su programa electoral, votado mayoritariamente en Cataluña, ya figuraba un proyecto soberanista cuyo fin era la proclamación de un Estado independiente, por lo que su tarea como Ejecutivo incluía esta hoja de ruta.
La respuesta del Gobierno Central, con Mariano Rajoy (Partido Popular) al frente fue expeditiva, y no exenta de polémica: aplicó el artículo 155 de la Constitución Española (poniendo en marcha un mecanismo por el que el Estado suspendía la autonomía de Cataluña y se hacía cargo provisionalmente de la gestión de la región); destituyó al Gobierno de Puigdemont en bloque, y convocó elecciones que se celebrarían dos meses después.
En paralelo, la Justicia encausó a los responsables del proceso independentista, y llevó a cabo una severa instrucción judicial a cargo del Juez Pablo Llarena, centrada, principalmente, en dilucidar si los acusados habían instrumentalizado la violencia (y el dinero público) para la obtención de sus objetivos soberanistas. Una vez terminada la fase de instrucción, el Tribunal Supremo se hizo cargo de la causa, en este juicio que ya es parte importante de la historia política de España.
Finalmente se confirmaron las filtraciones: sedición y no rebelión. El Tribunal Supremo descartó, a pesar de años sosteniendo esta tesis la Fiscalía, la rebelión, aunque la sedición deja condenas no poco gravosas. El abanico variará entre los 12 y 13 años para aquellos a los que se les impuso también malversación —13 años para Oriol Junqueras; y 12 para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y los 9 y 11 años para aquellos a los que no se les aplicó este agravamiento —11 años y 6 meses para Carme Forcadell; 10 años y 6 meses para Josep Rull y Joaquim Forn; y 9 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart—. Casi 'absueltos' han resultado Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, condenados a 1 año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia.
Además, el Tribunal Supremo no accede a la petición de la Fiscalía para obligar a que los condenados no pudieran acceder al tercer grado —dormir en prisión— hasta alcanzar la mitad de la condena, lo que situaría a los condenados en posición de acceder a la 'semilibertad'. En dos meses la mayoría podrían dormir en sus casas.
Una condena contraria a los valores democráticos
La condena es contraria a los valores democráticos. Es antidemocrática porque condena por sedición a quienes desobedecieron pacíficamente, lo que sitúa a España, de nuevo, como un régimen autoritario moderno. No conviene olvidar que la desobediencia pacífica es una herramienta democrática y un país en el que no se pueden usar las herramientas democráticas difícilmente podría ser catalogado como una democracia.
"La sentencia ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Una condena perversa
La resolución es también perversa porque condena por sedición cuando el juicio estaba claramente dirigido —con lo terrible de este calificativo— desde un principio hacia la rebelión —pensemos en la inusual y gravosa prisión preventiva de los acusados, más de dos años—, aunque las penas siguen siendo muy altas al agravarlas con la malversación, subsumida en la rebelión. ¿Por qué este giro? Porque se trata de una condena 'salomónica' que ofrece enormes beneficios.
Beneficios de la condena 'salomónica'
En primer lugar, ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—. Nótese que la ecuanimidad entre un reaccionario —la mayoría de la España profunda— y un democrática —los ciudadanos que comparten el criterio de la Justicia alemana— es ya una resolución manifiestamente injusta por razones obvias:
El punto medio entre ambos siempre se encontrará fuera de los estándares democráticos;
Sitúa en el mismo nivel a los reaccionarios ultraderechistas y a los demócratas.
"Una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Sin embargo, resulta suficiente para que los que se sitúan entre ambos, esto es la mayoría de españoles —los más de 15 millones de votantes de PSOE, PP y Cs—, queden más o menos conformes. Incluso entre millones de estos últimos, producto de la campaña orquestada, anidará un sentimiento que variará, según la sensibilidad política, entre la tibieza o la generosidad.
En segundo lugar, una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión. De hecho, el PSOE ha lanzado un vídeo con varias personalidades —la vicepresidenta Carmen Calvo y varios ministros como Pedro Duque, Nadia Calviño o Josep Borrell— en varios idiomas —ruso, inglés, alemán o francés—. Los gobernantes y las élites españolas son perfectamente conocedoras de la imagen real de España en gran parte del mundo y tenían previsto este vídeo para intentar minimizar el impacto de la sentencia en el resto del mundo, allá donde sus medios de comunicación no tienen capacidad de influir.
Una condena contradictoria
La condena no solo es disparatada, antijurídica y desproporcionada, sino que también es contradictoria. Contradicción que los grandes medios de comunicación españoles obvian reiteradamente. Cuando en julio de 2018 la Justicia alemana se negó a entregar a Carles Puigdemont por rebelión, los medios de comunicación españoles organizaron una gran campaña mediática para encubrir lo evidente y lo ridículo de la situación: no había rebelión ni sedición. Ni siquiera desobediencia. Malversación, y mucho.
Aquello se cerró a la española: se retiró la orden internacional de detención para evitar tener que juzgar al resto de presos por el barreno de la Justicia alemana y asunto cerrado. Lo cual es una resolución manifiestamente injusta para los detenidos y una clara vulneración de sus derechos, que tampoco llamó en exceso la atención por cuanto el proceso en ningún momento se ha rebelado como un proceso jurídico justo, sino como un proceso judicial de Estado.
Un proceso judicial de Estado que desnuda a la Justicia española
Este proceso judicial de Estado evidencia la ausencia de independencia e imparcialidad de la Justicia española, elementos, no olvidemos, indispensables en cualquier sistema judicial de un país democrático. España no lo es.
El proceso comenzó, si recuerdan, en la Audiencia Nacional, esa excentricidad que representa la continuación del Tribunal de Orden Público del franquismo y que ni España pudo correctamente justificar cuando en los años ochenta debió homologar la Justicia española y equipararla a los estándares europeos. Sin embargo, en Europa saben hace décadas que España no es una democracia plena, aunque la cuestión no es ni ha sido nunca esa, no en este mundo neoliberal en el que lo que importan son los negocios, sino la apariencia. Y como finalmente España consiguió dotar de una cierta apariencia democrática al Frankenstein jurídico-franquista, Europa se tragó el sapo.
Cómo y por qué pasó el juicio al 'proces' de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo es otra de esas cuestiones que difícilmente podrán ser explicadas sin comprender que España es un régimen autoritario moderno. La cuestión de falta de competencia, no es ni mucho menos menor, sino que constituye otra grave vulneración de derecho. Y el listado ya hemos comprobado que es interminable.
A este registro habría que añadir al juez Manuel Marchena —presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y magistrado principal del proceso—, el cual debería haber sido expedientado, sustituido del proceso y expulsado de la carrera judicial por no permitir el principio de contradicción de los testimonios de policías y guardias civiles con los vídeos realizados durante el referéndum organizado el 1-O.
Esta situación ha sido tan obvia que la Federación de Derechos Humanos (FIDH) y la Red Eueromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights) han emitido un informe en el que denuncian la ausencia del necesario principio de contradicción. El informe, además, destaca que la actitud de la ciudadanía fue pacífica, en todo caso se podría constatar tensión, pero en ningún caso violencia generalizada. Por si no fuera suficiente, se denuncia que la "organización de tipo militar" impuesta por el juez Marchena atentó contra el derecho de defensa.
Para muchos españoles, contaminados por los medios de comunicación, no lo será, pero la sentencia revela con claridad la realidad actual: España es un régimen autoritario moderno cuyo mayor esfuerzo radica en aparentar ser una democracia. Si fuera Escocia o Canadá, habría pactado un referéndum; y si fuera Alemania no concebiría ningún delito más allá de la malversación.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
Manifestantes bloqueando la entrada al aeropuerto protestando por la sentencia sobre el 'procés'. Barcelona, 14 de octubre de 2019. / Albert Gea / Reuters
Tras conocerse este lunes la sentencia sobre el proceso independentista catalán, las protestas se suceden en la región. El incidente más importante de la jornada ha tenido lugar en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, donde se han producido enfrentamientos entre manifestantes y Mossos d'Esquadra (la Policía de Cataluña).
Así, a lo largo de la mañan, ha habido un desplazamiento masivo de personas hacia el aeropuerto barcelonés tras el llamamiento realizado por Tsunami Democràtic, un movimiento nacido para protestar por las condenas a los líderes independentistas, que pedía concentrarse en la terminal 1 del aeropuerto para parar la actividad de la instalación.
Los manifestantes comenzaron a desplazarse a pie, en tren y por carretera, mientras el aeropuerto se encuentra vigilado por más de un centenar de agentes antidisturbios de los Mossos y la Policía Nacional, que vigilan todos los accesos posibles a la infraestructura.
Los Mossos reteniendo a uno de los manifestantes, aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Josep Lago / AFP
La Policía ha ordenado suspender los accesos por transporte público y mantiene dispositivos de control en varias carreteras que han quedado colapsadas. Además, Renfe –la operadora ferroviaria– ha anunciado que ha suprimido los servicios de Cercanías R2 Norte, posteriormente restablecida, y la línea 8 del metro de Barcelona.
Manifestantes bloquean el acceso en el aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Albert Gea / Reuters
Por otro lado, a lo largo de la mañana diversos grupos han cortado carreteras en distintos puntos de Cataluña. En Barcelona, el Ayuntamiento calcula que sobre las 13 horas (local) unas 25.000 personas estaban en las calles protestando por la sentencia del Tribunal Supremo.
Policía en el aeropuerto de Barcelona, España, 14 de octubre de 2019. / Emilio Morenatti / AP
Las marchas han bloqueado diversas vías en la capital catalana, colapsando el tráfico de la zona centro. Asimismo, miles de estudiantes han salido desde sus respectivas facultades para dirigirse al centro de la ciudad al mediodía.
Los manifestantes protestan contra el fallo del Tribunal Supremo, hecho público este mismo lunes, por el que 9 de los 12 líderes independentistas encausados han sido condenados a penas de prisión de entre 13 y 9 años. Los otros tres condenados han sido multados e inhabilitados políticamente durante 18 meses. Todos han sido juzgados por la celebración del referéndum de autodeterminaciónunilateral de octubre de 2017 y la posterior proclamación unilateral de la independencia de Cataluña.
Presidente de Cataluña, sobre la sentencia del 'procés': "Es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana"
Publicado: 14 oct 2019 09:59 GMT | Última actualización: 14 oct 2019 11:58 GMT
El Tribunal Supremo ha hecho pública su sentencia, en la que condena a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión por un delito de sedición.
El presidente catalán Quim Torra valorando la sentencia sobre el proceso soberanista. Palacio de la Generalitat, Barcelona, 14 de octubre 2019.
Rafael Marchante / Reuters
El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, ha comparecido ante los medios este lunes después de conocer la sentencia sobre el proceso de independencia de Cataluña. Desde el Palacio de la Generalitat, acompañado de los miembros de su Gobierno, Torra ha afirmado que el fallo del Tribunal Supremo "es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana".
El presidente ha comenzado su discurso afirmando que "Cataluña vive un día gris" porque "se ha condenado a 12 personas honorables, demócratas y pacíficas". Tras repasar los nombres de cada uno de los sentenciados, ha considerado que han sido condenados a "cien años en conjunto" unas personas "estrictamente democráticas y absolutamente pacíficas".
Torra ha dicho que los líderes en prisión "han cumplido lo que los ciudadanos desean, la petición de independencia como ejercicio democrático", y que un Estado debe basar "la convivencia entre sus ciudadanos en la voluntad popular". Asimismo, ha sostenido que "toda la sociedad catalana sabe lo que pasó el 1 de octubre –fecha de celebración del referéndum de Cataluña– y recuerda emocionada cómo se va a rechazar de forma colectiva lo que fue un ataque injustificado y nada humanitario de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad española".
Además, en su discurso, el mandatario catalán ha afirmado que "se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados y, por extensión, los de todos aquellos catalanes a los que representaban", por lo que entiende "que las acusaciones que se han hecho y la sentencia que se ha dictado son extensivas a millones de catalanes"
Finalmente, Torra ha reclamado: "Exigimos el fin de la represión y la liberación de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas, incluida la amnistía para todas las personas represaliadas".
BARCELONA (Sputnik) — El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, inició el 25 de julio el congreso fundacional de su nuevo partido Junts per Catalunya (JxCat), que busca ser un eje central para el independentismo catalán.
"Nuestra aspiración es reforzar la alianza de quienes estamos en el mismo bando. Por eso nos llamamos Junts per Catalunya [Juntos por Cataluña], siempre tendremos las puertas abiertas a quien comparta la necesidad de sumar para ser más fuertes", afirmó Puigdemont en el acto de presentación, al que compareció de forma virtual desde Bruselas.
El predecesor de Quim Torra vive en Bélgica desde otoño de 2017, cuando huyó de España para evitar ser juzgado por la convocatoria del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de ese año.
Por la organización de la consulta y la posterior declaración unilateral de independencia fueron condenados por el Tribunal Supremo de España una docena de dirigentes independentistas, nueve de los cuales formaban parte del Ejecutivo de Puigdemont.
Tres años más tarde, el exlíder catalán pone en marcha una nueva herramienta política que no quiere ser "sectaria ni excluyente" con la esperanza de atraer afiliados del casi desintegrado Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), sucesor de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
"No nos sobra nadie, nos necesitamos todos", trasladó a todos los que se sitúan en "el mismo bando", es decir, los partidarios de la independencia de Cataluña.
El proceso fundacional del nuevo partido independentista se alargará hasta el próximo 3 de octubre, cuando quedará definida su estructura, ideología y objetivos.
De momento, cuenta ya con unos 2.500 afiliados aunque no está clara su estrategia más allá de los objetivos de culminar el proceso independentista.
La marca JxCat fue creada para las elecciones del 21 de diciembre de 2017 en Cataluña, cuando Puigdemont ya estaba en Bélgica y encabezó la lista a distancia.
Actualmente, Junts per Catalunya gobierna bajo el liderazgo de Quim Torra y en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), formación que dirige desde la cárcel el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
En declaraciones a la prensa en una visita a la ciudad de Girona aprovechando su reciente régimen de semilibertad, Junqueras deseó "suerte" a Puigdemont y definió la nueva fuerza como la "centro-derecha del independentismo".
El exvicepresidente defendió su propuesta "republicana" frente a la centro-derecha que ha tenido que "reorganizarse" en varias ocasiones, de cara a las elecciones que tendrán lugar este año en Cataluña.
Los comicios que anunció en enero el presidente Torra no cuentan todavía con una fecha, aunque los medios catalanes especulan que podrían celebrarse el próximo octubre.
El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajan a Barcelona para participar en la clausura de la Barcelona New Economy Week (BNEW), un evento para impulsar la recuperación económica de las empresas. Grupos independentistas rechazan la visita del Rey.
Los Mossos d’Esquadra junto a efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana de Barcelona han desplegado un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores de la Estació de França, donde se realiza la entrega de los premios a la Mejor Innovación del BNEW. A su llegada a Barcelona, el rey fue recibido con pitadas.
"Estamos aquí para protestar contra la monarquía. Cataluña no tiene rey, él también se puso en contra de la democracia, y también por todos los asuntos de la conocida corrupción, el rey emérito y su hijo [el rey de España Felipe VI]", expresó Natalia López, una de las manifestantes.
En las protestas contra la Corona española, los manifestantes han quemado fotos con la imagen de Felipe VI.
"Urdagarín [cuñado del rey de España, Felipe VI], con el permiso de su suegro, ha hecho cosas malas. El rey se escapó sin pagar impuestos, robando dinero que no devolverá. El hijo lo sabe todo y además incita al odio contra los catalanes desde su posición", aseguró Jaume Bach, otro de los manifestantes.
Después de la entrega de los premios del BNEW, el rey y el presidente del Gobierno, visitarán la Incubadora de Empresas de Impresión 3D en la Zona Franca.
La asociación Ómnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana, sindicatos y los partidos políticos JxCat y ERC convocaron a realizar una cadena humana desde la estación al Monumento de Colón porque quieren "dejar claro que Felipe VI no es bienvenido". Los organizadores resaltan que el objetivo de las protestas es "denunciar la impunidad de los Borbones y la complicidad y connivencia del Gobierno español".
La policía ha declarado estado de máxima alerta en Cataluña debido a la visita del rey.
Un Ayuntamiento de Cataluña declara persona 'non grata' al rey Felipe VI
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También se ha aprobado que esta localidad, de algo más de 90.000 habitantes, sea declarada "ciudad republicana y antimonárquica".
El rey de España, Felipe VIJ. J. Guillen / AFP
El Ayuntamiento del municipio de Sant Cugat del Vallés, en la provincia de Barcelona, ha declarado 'persona non grata' al rey Felipe VI. La decisión ha sido tomada este lunes en el Pleno al aprobar una moción presentada a petición del Consejo Local por la República.
En la misma propuesta también se ha aprobado que esta localidad, de algo más de 90.000 habitantes, sea declarada "ciudad republicana y antimonárquica", según un comunicado hecho público por el Consistorio.
La moción ha contado con el respaldo de los partidos Junts per Sant Cugat y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha abstenido, mientras que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Ciudadanos han votado en contra.
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