El Gobierno de México anunció este lunes un importante incremento al salario mínimo, tras una negociación entre trabajadores y el sector empresarial.

Durante una reunión encabezada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo en el centro del país pasará de 102,68 a 123,22 pesos al día (aproximadamente 6,51 dólares). Esto significa un aumento de alrededor de 20 % para 2020, en comparación al aumento registrado en 2019.

López Obrador anuncia un aumento al salario mínimo en México

El aumento del salario mínimo en los estados de la zona de la frontera norte, que se duplicó hace un año, pasará de los 176,72 pesos diarios a los 185,56 pesos (9,79 dólares). Este anuncio, representa el segundo incremento significativo al sueldo tras la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy anunciamos el aumento en un 20 % para 2020, el mayor en términos reales de los últimos 44 años", reza una publicación en la cuenta de la Presidencia del Gobierno de México en Twitter.

Para Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social, el anuncio salda una "deuda histórica" con las personas de menores recursos, al sacar de la pobreza laboral a 1,23 millones de mexicanos. 

El lunes en la mañana, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y un opositor al actual Gobierno mexicano, reconoció que la negociación para aumentar los ingresos mínimos de los trabajadores era de carácter "histórico".

Impacto

En un análisis publicado en septiembre, la Conasami documentó que el aumento al salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) representó "efectos positivos y significativos" para los trabajadores, y negó que hubiera afectado en el desempleo o en una alza en la inflación. 

"Se encontró un beneficio directo para la población trabajadora formal, elevando en 6,7 % el poder adquisitivo de su salario", señaló la Comisión. En el caso de los jóvenes, la Conasami documentó que el poder adquisitivo de su salario se incrementó en 9,2%.

El gobierno de López Obrador ha dejado de manifiesto que no solamente es un cambio de administración, sino que es un cambio de régimen. Eso incluye ir avanzando contra las peores prácticas neoliberales, separar el poder político del económico y que el Estado mexicano retome la rectoría sobre cuestiones medulares como la economía, la educación, la seguridad y la salud. En cuanto al tema de la salud, AMLO suele utilizar el lema de Wiston Churchill para garantizar este derecho que tiene cada ciudadano "desde la cuna hasta la tumba". Y solo hay una forma para lograr que esto no siga siendo letra muerta: garantizar su universalidad y gratuidad.

Por supuesto que esto no es una tarea sencilla. Va a contrapelo de lo que sucede en los regímenes neoliberales. Hasta los mismos ingleses ven cómo su mayor orgullo nacional, el National Health Service (NHS), vive embates continuos de los conservadores, con Boris Johnson a la cabeza, tratando de desmantelarlo. La salud de los ciudadanos no es vista por la mayoría de los gobiernos como un derecho humano sino como un lucrativo negocio. Ni que hablar por las farmacéuticas y las aseguradoras médicas, que son conocidas mundialmente por su voracidad y ser capaces de poner de rodillas a gobiernos enteros para que se cumplan sus intereses económicos.

El primer paso era mostrar que esto podía ser diferente. Ante una crisis inducida de abasto antirretrovirales, varios médicos honestos propusieron un cambio de paradigma en el tratamiento VIH. Los doctores Gustavo Reyes Terán y Juan Sierra Madero, las máximas eminencias en el estudio del VIH, y Andrea González, titular de la Clínica Condesa, el lugar donde más enfermos de SIDA son atendidos en el país, de la mano con varios activistas, propusieron un nuevo tratamiento que terminaría con años de obsolescencia que tenía el vigente. Esto lo hicieron reiteradamente médicos e investigadores, pero nunca fueron escuchados por los intereses creados que prevalecían tanto en el gobierno como en la industria farmacéutica.

¿Cómo fue que la falta de medicinas para niños con cáncer se convirtió en una batalla política en México?

De aquí surgió lo que el gobierno llama la triple optimización de la salud pública, que consiste en los mejores tratamientos para el mayor número de gente, a través de una demanda consolidada que por el volumen permite también los mejores precios. Del tratamiento del VIH ya se pasó al de la Hepatitis C (donde se busca su erradicación para el 2030) y al de Hemofilia, con resultados muy exitosos En la mira están nuevos tratamientos para la diabetes, la hipertensión y la salud mental. Con la voluntad política y la honestidad se avanzó en la solución de problemas de décadas.

Pero los intereses creados no se iban a dar por vencidos. Farmacéuticas, médicos y funcionarios corruptos, que siguen incrustados en las estructuras, están dispuestos a defender lo que consideran que es suyo: las ganancias inmorales y nada moderadas a costa de la salud de los mexicanos. Aprovecharon que hay una escasez de ciertos medicamentos oncológicos a nivel mundial para provocar un desabasto inducido y tratar de que obligar al gobierno mexicano a regresar a los viejos esquemas y prácticas de corrupción en el sector salud. El chantaje y la desinformación hicieron su aparición, encontrando un caldo de cultivo en las demandas legítimas de padres de familia preocupados por los oncológicos de sus hijos.

Afortunadamente, el gobierno de López Obrador ha mostrado decisión y mandó traer medicamentos de otras partes del mundo (como Francia) y abrir las puertas a las compañías internacionales que cumplan con los parámetros que demanda la Organización Mundial de Salud (OMS). No solo esto. El gobierno redobló su vocación social y propuso un ambicioso programa que pretende garantizar el derecho a la salud de manera gratuita y universal, en diciembre de este mismo año, a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

El primer objetivo del INSABI es ofrecer salud universal a toda la gente que no cuenta con seguridad social. Estamos hablando de universo 70 millones de personas que son ampliamente vulnerables en materia de salud, además de carecer de pensiones. En el pasado estas personas contaban con el servicio del Seguro Popular que subrogaba los servicios a privados quienes solían concebir a la salud simplemente como un negocio y, por lo tanto, estaban alejados de la mejor atención y de los mejores tratamientos.

Además, carecía de universalidad porque a más de 20 millones de personas nunca se les brindó este derecho, y a los que tenían acceso se les limitó la atención a un restringido catálogo de enfermedades, así como solo a 20 % de los medicamentos aprobados por las autoridades del sector salud. Encima, tenían que pagar en promedio el 45 % del costo del tratamiento, lo que afectaba directamente el ingreso familiar. Todo esto profundizó la inequidad social en los sectores más vulnerables de la población que justamente debieran ser los más protegidos.

Para poder cumplir con el objetivo de universalidad, el INSABI se ha propuesto robustecer la Atención Primaria en Salud (APS), que no es otra cosa que el fortalecimiento de las clínicas familiares. Llegar a cientos de comunidades y personas, que fueron marginadas en el pasado, permitirá la detección oportuna de enfermedades crónicas que podrían salvar millones de vidas y disminuir costos de tratamientos. Se les dará trabajo de tiempo completo a más de 80.000 trabajadores que hoy son eventuales o están contratados en 'outsourcing', además de ofertar 70.000 vacantes para médicos, especialistas y enfermeras.

Se terminará la construcción de decenas de hospitales que fueron abandonados a la mitad del proceso. Para hacer esto, tan solo este año, el gobierno le destinará al INSABI para atender a la población carente de seguridad social alrededor de 8.500 millones de dólares contra 3.500 millones, que era lo que se le destinaba a su antecesor, el Seguro Popular. En total, el gasto de salud será de alrededor de 32.000 millones dólares este año, un aumento de más del 10 % respecto al año anterior.

El reto que queda por delante es monumental. En países como Japón, Alemania y Suecia destinaron más del 9 % de su PIB al gasto público en salud, mientras que el promedio de la OCDE, a la cual pertenece México, es de 6,6 %. México, en cambio, tuvo un promedio en la última década de solamente 2,7 %. El presidente López Obrador debería llegar al final de su sexenio a por lo menos el 4 %, si es que pretende garantizar el derecho de acceso universal y gratuito a la salud. No será nada fácil, pero al menos existe ya el faro guía que habrá de orientar y dirigir los esfuerzos de este sexenio. Antes, ni la intención había.

Pero a pesar de la innovadora impronta social que distinguía a la Constitución mexicana, no se establecieron los mecanismos suficientes para hacer realidad estos propósitos. Eran más un faro guía de lo que la generación revolucionaria anhelaba construir para el futuro. Es hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas que se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia (1938), y mucho tiempo después el Instituto Mexicano del Seguro Social (I943) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (1955).

Estas medidas, aunque positivas en un principio, crearon una diferenciación en la seguridad social de los individuos dependiendo de si se gozaba con un trabajo formal o no. En las primeras décadas del periodo posrevolucionario había más de 90 % de trabajadores informales. En la actualidad todavía son más de un 60 % de trabajadores que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, como acceso a la salud, prestaciones laborales y pensiones. Durante más de un siglo, la gran mayoría de los mexicanos no han gozado de una plena ciudadanía. El acceso a la seguridad social ha sido una de las muchas cuestiones que dividieron al país en ciudadanos de primera clase y segunda.

Consciente de esta deuda histórica, cuando López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México, instauró un Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, un Programa de Gratuidad de medicamentos y servicios médicos para personas sin seguridad social, becas para estudiantes en vulnerabilidad social y el Programa para Madres Solteras. Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Reclamaron que estos programas eran clientelares al más puro estilo priista del pasado. Falso. Omitieron de manera conveniente una diferencia sustancial: que estos programas se consagraron a través de un proceso legislativo en un derecho exigible y universal. Algo con lo que no contaban apoyos anteriores y que hace una enorme diferencia en materia de política social.

Desde 2005 que empezó su primera campaña presidencial, López Obrador tenía muy claro qué tipo de gobierno quería encabezar. Uno donde la base fuera la política social implementada en la Ciudad de México. Uno donde se hiciera patria para el oprimido y el humillado. Uno que empezara a saldar las deudas históricas con los grupos más vulnerables. Uno donde por el bien de todos fueran primero los pobres. Y contra eso se opuso la derecha desde un principio, con tal vehemencia que prefirieron hacer un fraude electoral en 2006 y vulnerar la inacabada transición democrática con tal de no otorgarle derechos sociales a los sectores más desprotegidos.

El argumento de la derecha es simple. Los programas serían una fuente del clientelismo político. Nunca repararon que su argumento le niega una ciudadanía plena a la mayoría de los mexicanos. O ignoraron que los grandes afectados son los que por décadas han financiado la modernización económica de México: los trabajadores del campo que subsidiaron la industrialización y los trabajadores informales que por décadas permitieron que los bajos salarios y las exiguas prestaciones del asalariado formal no terminaran en un estallido social similar al del proceso revolucionario.

Tampoco reparan en la otra cara de la moneda de sus argumentos. Muchos sectores de derecha, conservadores o simplemente sin imaginación económica, claman por una reforma fiscal que incluya a la informalidad laboral, mayoritariamente al comercio. ¿De verdad le exigen que paguen más impuestos (pagan permanente el Impuesto al Valor Agregado) a quienes carecen de servicios médicos, pensiones o las más mínimas prestaciones laborales? Es una irresponsabilidad y un descaro pedir esto sin que el Estado cumpla primero con sus obligaciones.

Hablan de clientelismo político. ¿Qué tal si discutimos acerca de los más de 20.000 millones de dólares que se les condonaron en impuestos a un puñado de empresas en los últimos dos sexenios? Bajo el argumento esbozado por la derecha, durante el neoliberalismo se produjo un clientelismo político que vinculaba a los grandes grupos corporativos con los gobiernos corruptos del PRI y del PAN.

Afortunadamente, poco a poco se están sentando las bases de un nuevo régimen. El pasado 10 de marzo, la Cámara de Diputados votó por mayoría una reforma constitucional al Artículo 4º que vuelve universales y exigibles los derechos sociales de los que carece la mayoría de la clase trabajadora en México. Esto es lo que hace la reforma tan histórica: después de un siglo, los derechos se vuelven universales, gratuitos y exigibles para la mayoría de la población que había sido discriminada por décadas. Dejan de ser simples derechos laborales para abordarse como derecho sociales elementales, como derechos humanos.

Pero a la derecha sigue sin parecerle esto. El PAN fue el único en votar en contra que la mayoría de la población tenga derechos sociales. A ellos les parece buena idea mantener ciudadanías de primera y segunda clase y que los mexicanos sigan naufragando en la incertidumbre o que los individuos asuman las responsabilidades que deberían ser del Estado. Quisieran seguir negándonos a los mexicanos los derechos más básicos de los Estados de Bienestar de los que gozan muchas democracias liberales desde hace décadas.

Aunque todavía falta la aprobación del Senado para que la iniciativa tenga rango constitucional, es solo cuestión de tiempo para que esto pase. Igual que durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, los programas sociales ahora se convertirán en derechos sociales universales y demandables, garantizados por un transitorio que especifica que el monto del presupuesto anual para cumplir con estas obligaciones no podrá ser nunca menor a lo asignado durante el ejercicio anterior.

Este año se destinarán a estos derechos sociales más de 22.000 millones de dólares, divididos en 6.500 millones para la Pensión Universal de Adultos Mayores; 3.500 para diferentes becas de estudio y capacitación laboral; 700 millones para personas con discapacidad permanente y alrededor de 12.000 millones de dólares para atención médica y medicamentos gratuitos para gente que en la actualidad carece del derecho a la salud. Para garantizar lo último, se ha constituido al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), cuyos retos y misión ya hemos tratado con anterioridad.

A manera de epílogo diré que la importancia histórica de esta reforma ha sido desdeñada por la comentocracia mexicana que suele pertenecer a estirpes de prosapia política o intelectual. Personalmente, como un hijo de alguien que empezó a trabajar desde los 12 años como campesino y continuó durante más de medio siglo en casi puros trabajos informales, y que prácticamente nunca contó con acceso a salud ni préstamos laborales y menos con los derechos de una pensión para su vejez después de una vida trabajo, sé de la importancia en términos económicos de lo que representa esta reforma. Y más allá de lo económico está el rescate de la dignidad de la gente y reconocimiento a su valor no solo como trabajadores, sino a la propia condición humana. Pequeño detalle despreciado por la economía y jurisprudencia durante la larga noche neoliberal.

Es cierto, falta mucho por recorrer y podría haber ciertos traspiés en el camino, pero es un paso histórico y firme para que se puedan materializar los principios de justicia social plasmados en nuestra Constitución en 1917. No está mal para este gobierno empezar con lo que se había postergado por cien años.

Antes de la pandemia del coronavirus, había una producción de 100 millones de barriles diarios. En las semanas subsecuentes la producción cayó 35%, pero a juzgar por la demanda decreciente seguía siendo un exceso para la situación actual, lo que facilitó que siguiera el hundimiento del precio del petróleo. La OPEP+ discutió un corte de 15 millones de barriles para mayo pero, ante las reticencias, se hizo la propuesta que el corte en la producción petrolera mundial fuera de 10 millones de barriles.

Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos eran los tres actores en el centro de esta negociación. Pero el sábado 11 de abril surgió un protagonista inesperado: México. En el acuerdo preliminar, donde se recortaban los 10 millones de barriles en la producción mundial, a México se le había asignado un recorte de 400.000, lo que implicaba casi el 25% de la producción nacional, cuando la mayoría de los países tenían un recorte de entre el 10 y el 15%. No era un buen acuerdo para México.

Rocío Nahle, Secretaria de Energía del gobierno mexicano, defendió como un león la postura mexicana en la que se accedía a una reducción, pero solamente de 100.000 barriles. Tras más de cinco horas en las que no cedió a las presiones de otros gobiernos, abandonó la reunión y mantuvo la resolución en vilo hasta el siguiente día. Las críticas no se hicieron esperar contra la posición mexicana, pero sobre todo contra la Secretaria de Energía. A nivel internacional se le acusó de no entender lo que se negociaba, aunque esto no era algo extraño considerando que quienes lo hacían son los mismos grupos que en el pasado habían destacado las "capacidades" financieras de Emilio Lozoya, otrora director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y hoy arrestado por sus vínculos con Odebrecht.

En territorio mexicano, la oposición y muchos opinólogos graduados de la Universidad de Twitter como expertos petroleros, así como negociadores internacionales, denostaron la posición de México y de Rocío Nahle. Dijeron que no se entendía la magnitud del evento, que era una postura aldeana y no se entendía de geopolítica; que México era el hazmerreír internacional. Señalaron a Rocío Nahle como inepta e irracional, y hubo quien sugirió que esto se debía a cuestiones hormonales, remarcando que era una mujer en un mundo de hombres. La testosterona como prueba argumentativa de la capacidad técnica y de negociación.

Pero el domingo mostró lo infundadas de estas aseveraciones y diatribas. Una nueva ronda de negociaciones entre Donald Trump, Vladímir Putin y Mohammed bin Salman dio como resultado que el corte de barriles no fuera de 10 millones, sino de 9,7. ¿Por qué la diferencia de 300.000? Era la cantidad que México se negó a reducir al mantenerse en su postura inicial de solo recortar 100.000 barriles. Fue un triunfo político para el gobierno de López Obrador, como lo describió Amy Stillman, de Bloomberg. La delegación de Arabia Saudita le aplaudió al final de las negociaciones y periodistas de varias partes reconocieron la labor de Rocío Nahle para defender los intereses de México. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra.

La decisión del gobierno de López Obrador pasa por ser algo más estratégica que económica. Busca la soberanía energética. No depender de la compra de crudo ligero o de la importación de gasolina, que en la actualidad es del 70% del consumo nacional. En un periodo donde la mayoría de las cadenas de suministro globales se ha interrumpido de manera indefinida, lo único que tenemos por seguro es que, cuando salgamos de esta hibernación, el Estado tendrá más peso que antes y será muy importante la autosuficiencia en sectores claves como el energético, el industrial o el alimentario.

Todo el mundo habla que en estos tiempos de petróleo depreciado, México debe olvidarse de la refinería y comprar gasolina barata. Tiene sentido en un corto plazo, pero no a  mediano, y menos cuando la geopolítica se redefinirá con base en las interrupciones y desfases que el comercio global experimenta debido a la pandemia. Esto cambiará las prioridades nacionales, como ya lo empezamos a ver con los clamores que hay en Europa por una reindustrialización del viejo continente. Así como la postura anterior, la decisión de México ante la OPEP+ no se debe simplemente a un criterio de racionalidad económica, sino a uno de soberanía nacional.

Europa ha empezado a preocuparse por si es autosuficiente en términos de material sanitario e insumos médicos por obvias razones. Se confiscan materiales antes de que salgan de los países o en una escala que hayan tenido que hacer para su comercialización. Cada país sabe que será imposible mantener la dependencia de productos que se fabrican al otro lado del mundo. Eso puede generar desabasto en momentos de crisis como el actual. La globalización de los mercados y la producción de bienes van a ser remodeladas por cuestiones que el capitalismo había pretendido dejar atrás, como la soberanía nacional o las funciones rectoras del Estado.

Durante su campaña, López Obrador prometió que iba a hacer lo necesario para recuperar la soberanía alimentaria y energética y los comentarios negativos no se hicieron esperar. Lo acusaron de tener una visión demasiado parroquial del mundo globalizado. De no entender la actualidad por no ser un viajero cosmopolita. La pandemia del coronavirus ha demostrado que lo que no funciona es el capitalismo, que todo el sistema está prendido de alfileres principalmente en los lugares donde adquirió uno de sus peores rostros: el neoliberal.

Después del triunfo político del domingo en la OPEP, esta semana ha entrado en vigor la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que fue resultado de un trabajo parlamentario de la coalición que impulsó a López Obrador y con el apoyo de más de 300 asociaciones civiles y miles de ciudadanos. Este ha sido un paso histórico en la lucha por la soberanía alimentaria. Tan histórico como la batalla ganada en la OPEP por la soberanía energética. No hay que leer estos eventos como entidades separadas, sino que se encuentran completamente entrelazados y son constitutivos del programa político del obradorismo.

Con acciones como las anteriores se construye la soberanía nacional en México y el Estado muestra su preocupación en defender los intereses de sus ciudadanos. En el futuro cercano veremos cómo estos dos elementos jugarán un papel cada vez más definitorio en las políticas internacionales y económicas de todos los países. Como se ha dicho, el coronavirus es el síntoma, pero la verdadera enfermedad es el capitalismo neoliberal que acabó con la seguridad social, los sistemas de salud pública y la soberanía de los países en sectores estratégicos. Habrá que empezar a recuperar estos elementos si queremos encontrar la cura al malestar social de nuestros tiempos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, protagonizó un nuevo choque discursivo con las cúpulas empresariales del país, luego de que el banco central aprobase entregar dinero de las reservas a bancos privados con el objetivo de promover créditos para las empresas afectadas por la epidemia del covid-19.

Un episodio en que el mandatario mexicano dejó claro que su prioridad es apoyar a los pobres, y su postura es impedir a toda costa que se repitan episodios como el rescate bancario, que tras más de 20 años de pagos ha dejado una deuda 76 % mayor a la que existía originalmente y representa una fuerte presión para las finanzas públicas. 

Pero, al mismo tiempo, algunos líderes empresariales han criticado la manera en que el presidente López Obrador "no ayuda, ni se deja ayudar" ante la debacle económica derivada del coronavirus.

Recursos del Estado para la banca y empresas

El pasado 21 de abril, el Banco de México anunció una serie de medidas para inyectar dinero y garantizar "el funcionamiento del sistema financiero", con un monto de 750.000 millones de pesos (30.752 millones de dólares).

Una tercera parte de este dinero se entregará a bancos privados, para que estos a su vez otorguen créditos a las pequeñas y medianas empresas. El monto destinado a este rubro será de hasta 250.000 millones de pesos (10.250 millones de dólares), que saldrán de las reservas del organismo.

El plan del banco central busca "proveer liquidez para mejorar el funcionamiento de los mercados internos; fortalecer los canales de otorgamiento de crédito en la economía; y promover el comportamiento ordenado de los mercados de deuda y de cambios", según detalló el Banco de México en un comunicado. 

El total de los recursos que inyectará el banco central se implementará a partir del 30 de septiembre, con el objetivo de mantener estable al peso mexicano en un ambiente de turbulencia financiera provocado por la epidemia global de covid-19. Esta decisión, sumada a las medidas anunciadas por el Ejecutivo, representarán un 3,3 % del Producto Interno Bruto mexicano.

El Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina a las organizaciones empresariales más grandes del sector privado en el país, celebró la medida del Banco de México y pidió al Gobierno federal otorgar beneficios fiscales para que las empresas puedan sortear la crisis.

Las medidas adoptadas por el banco central, sin embargo, fueron criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enfatizó su apoyo a la autonomía de este organismo pero, al mismo tiempo, pidió que dichos recursos se utilicen para las pequeñas empresas que así lo requieren, en lugar de rescatar con dinero público a grandes compañías, como ocurrió en el pasado.

"Ahora que el Banco de México ha decidido destinar unos fondos para apoyar a la pequeña, a la mediana empresa, hay que tener también mucho cuidado, que en efecto sea la pequeña y la mediana empresa, no vaya a ser para rescatar empresas que desde antes del coronavirus ya tenían problemas financieros", dijo el mandatario el pasado 27 de abril en su conferencia de prensa matutina.

"Nada más imagínense que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó: bancos quebrados, banqueros ricos. No, no se puede socializar las pérdidas y privatizar las ganancias", agregó el presidente.

Sigue ..