La querella responde a una oferta de puestos de trabajo para inspección de riesgos laborales realizada por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad para miembros de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía. Para ellos, se indicaba además que se valorarían las titulaciones en prevención de riesgos laborales.
Pese a todo ello, la asociación denuncia que los puestos se otorgaron a miembros de las Fuerzas Armadas, no a miembros de la Guardia Civil ni de la Policía, y que además no reunían los requisitos de formación solicitados.
En este punto, la asociación pidió al Ministerio del Interior la nulidad de los nombramientos. En la respuesta, firmada por el propio Rubalcaba, el Ministerio alega que estos nombramientos obedecen a una convocatoria anterior de la Subsecretaría de Defensa, por lo que rechaza su nulidad.
Ante esta contestación, la asociación asegura que los nombrados no participaron ni solicitaron formar parte de la convocatoria de Defensa a la que alude el Ministerio del Interior en su respuesta al recurso, por lo que considera que sus argumentos "no pueden tomarse en consideración".
Además, concluye que los responsables conocían la convocatoria y sus bases y la "falta de requisitos" de los elegidos "pese a no pertenecer a los Cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil y carecer de una formación y experiencia necesaria", en detrimento de otros agentes que sí aportaron la documentación precisa y demostraron sus capacidades para los puestos.
No dudaron en "faltar a la verdad y mentir"
"Los responsables fueron conocedores en todo momento de que los nombramientos se alejaban de lo legalmente establecido, sabían y querían llevar a cabo una acción a todas luces ilegal, no dudando ni un ápice a la hora de faltar a la verdad y mentir", denuncia la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
Ante esta situación de "indefensión", la asociación acudió a la Audiencia Nacional, que acordó estimar su recurso. Pese a ello, los nombrados siguen ocupando los puestos, por lo que la asociación acusa directamente a Rubalcaba de "desobediencia".
Por todo ello, reclama que el Tribunal Supremo pida al Congreso el suplicatorio necesario para poder imputar al ministro, diputado en las Cortes por Cádiz y aforado, y que se interrogue tanto a Rubalcaba como a Camacho, así como a los elegidos para cubrir los puestos ofertados. Fuente Prensa. Europa Press.