Organizaciones sociales como la ANC y òmnium han criticado la "violencia del Estado", mientras que el Ministerio del Interior ha defendido la actuación "profesional".
Alcaldes de diferentes localidades de Cataluña muestran su alegría tras aprobarse en el pleno la declaración de independencia.ALBERT GARCIAAtlas-Quality
El presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, comunicó el jueves desde prisión que “llega el momento de la asamblea de cargos electos”. “El mundo entenderá la voz legítima de los electos si el Estado mata a nuestro Gobierno y a nuestro Parlamento”, añadió. Sànchez se refirió de esta manera a la Asamblea de Electos de Cataluña (AECAT), un organismo que la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) tiene a punto para sustituir a los poderes ejecutivo y legislativo de Cataluña en caso de inhabilitación.
La AECAT es un órgano de nuevo cuño y su autoridad no esta reconocida por ninguna ley. Está compuesto por unos 4.000 cargos electos —la gran mayoría son concejales— que, motivados por su activismo independentista, se han inscrito en una base de datos. La AMI asegura que todo está a punto para que la AECAT se constituya y releve a las instituciones políticas catalanas si estas son inhabilitadas. Sus estatutos y su funcionamiento están ya diseñados y listos para ser ejecutados, pero se mantienen en secreto. Tampoco ha trascendido cuáles serían los lugares de reunión, aunque no se descarta que la operativa dependa sobre todo de una comunicación informática a distancia.
Cada miembro de la AECAT cuenta con una tarjeta personal, con un código QR incorporado que guarda un número de identificación. La AMI está formada por 787 Ayuntamientos —de un total de 948 que hay en Cataluña—. Su presidenta, la dirigente del PDeCAT Neus Lloveras, aseguró el 23 de octubre al semanario El Temps que no creía que llegara a ser necesario constituir la asamblea de electos. La responsabilidad de convocar este foro alternativo sería de la dirección de la Asociación de Municipios por la Independencia. Carles Puigdemont fue presidente de la AMI antes de ser nombrado presidente de la Generalitat en 2016. Fuentes de la ANC indican que la AECAT ha de estar lista “por si es necesario”. “Pero el plan es mantener el Gobierno y el Parlamento operativos”.
La hoja de ruta de la ANC hasta 2018 establece que “llegado el caso de que el Govern o el Parlament no puedan ejercer libremente sus funciones, la AECAT asumirá la máxima representación legítima, soberana e institucional de Cataluña para completar el proceso de independencia, la confección, aprobación y sanción de las normas jurídicas de la nueva legalidad y la convocatoria inmediata de elecciones constituyentes”. La función de la ANC sería facilitar la operativa de la AECAT.
"Puigdemont está a la espera de los siguientes movimientos del Gobierno"
Publicado: 28 oct 2017 16:36 GMT
La aplicación del artículo 155 en Cataluña, una comunidad con 7,5 millones de habitantes y 200.000 funcionarios, va a resultar muy complicada, según un experto.
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El politólogo José María Pérez Medina opina que los dos eventos más importantes de este viernes, la declaración unilateral de independencia de Cataluña y el anuncio de Mariano Rajoy sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española —que significa la intervención de la autonomía catalana—, "es una doble medida que viene derivada de la lógica de los acontecimientos de los últimos meses".
"La Generalitat ha sido coherente con su plan político, y el Gobierno obviamente también ha sido coherente con sus obligaciones constitucionales y su plan político", dijo el experto a RT.
Estamos ante una proclamación de la república catalana discreta o recatada
Según Pérez Medina, la aplicación del artículo 155 será compleja, ya que Cataluña es "una comunidad importante con 7,5 millones de habitantes y el número muy elevado de funcionarios, más de 200.000". Por lo tanto, cuenta con "una estructura compleja, que requiere muchísima atención y no es fácil de gestionar". De momento, el Gobierno de España optó por "descabezar" a la región destituyendo al presidente catalán y su Gobierno.
Asimismo, el politólogo señaló que un territorio que proclama su independencia primero tiene que "hacer efectivo su dominio, incluso armado, sobre la totalidad del territorio, cosa que en el caso de Cataluña, por lo menos a la fecha de hoy, no se ha producido y tampoco parece que vaya a producirse en las próximas horas".
Pérez Madina cree, por lo tanto, que "estamos ante una proclamación de la república catalana discreta o recatada, a la espera de las reacciones internacionales y los siguientes movimientos que se pueden producir".
Puigdemont asegura que no volverá a España hasta tener "garantías"
Publicado: 31 oct 2017 11:51 GMT | Última actualización: 31 oct 2017 12:29 GMT
El ex-presidente de la Generalitat ha aclarado que no está en Bruselas para pedir asilo político.
Albert Gea / Reuters
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La comparecencia de Carles Puigdemont desde Bruselas se esperaba desde que este lunes trascendiera por sorpresa la noticia de su presencia en la capital belga.
El ex-president de la Generalitat ha aclarado finalmente que no piensa pedir asilo en Bélgica. "Estamos aquí como ciudadanos europeos que tienen derecho a la libre circulación por Europa", ha puntualizao Puigdemont, en referencia al desplazamiento que ha llevado a cabo junto a 5 de sus ex-consellers.
También se ha pronunciado sobre la convocatoria de elecciones anunciada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a las que se ha referido como "un reto democrático que estamos dispuestos a aceptar".
Sobre las querellas presentadas este lunes por la Fiscalía General del Estado, que acusa a Puigdemont, a los miembros de su gobierno y a varios miembros de la Mesa del Parlament de delitos tan graves como sedición y rebelión, Puigdemont ha señalado que "no piensan escapar" de la acción de la Justicia española, pero también ha criticado su politización y ha advertido que no piensan volver a España hasta que haya "garantías" suficientes.
La coalición independentista volvería a ganar en Cataluña
Aumentó el apoyo a la secesión
Las próximas batallas de los catalanes separatistas se librarán en las urnas, pero también en los tribunales. La Justicia española citó a declarar esta semana a Carles Puigdemont y a 13 miembros de su destituido gabinete.
Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y ex número dos del gobierno catalán. Imagen: EFE
Un mes después del referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, estratégica región de España cuyo Parlamento declaró la independencia el viernes, las próximas batallas se librarán en los tribunales y en las urnas.
La coalición independentista catalana Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones regionales autonómicas y quedaría un Parlamento muy similar el disuelto la semana pasada por el gobierno central español, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).
La encuesta, realizada en medio de una creciente tensión en España, también reveló que el apoyo a la independencia de Cataluña aumentó 7 puntos con respecto a un estudio similar realizado en junio: hoy, un 48,7 por ciento de los catalanes quiere la independencia frente a un 43,6 por ciento que la rechaza.
El sondeo se conoce a menos de dos meses de los comicios convocados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de aplicar, el viernes pasado, el artículo 155 de la constitución nacional para poner un freno a los planes independentistas del gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.
Junts pel Sí, coalición formada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), de Puigdemont, y por el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sería la primera fuerza con entre 60 y 63 diputados de los 135 de la Cámara catalana, frente a los 62 que tenía hasta ahora. Aunque no obtendría mayoría absoluta ni tampoco ganaría en porcentaje de voto, podría gobernar de nuevo gracias al apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación antisistema y separatista que lograría entre ocho y nueve escaños, uno menos que los que tenía hasta ahora.
Junts pel Sí y la CUP sumarían un 45,9 por ciento del sufragio, mientras que los partidos contrarios a la independencia tendrían el 50,9 por ciento.
En segundo lugar quedaría de nuevo el partido liberal Ciudadanos, con entre 25 y 26 diputados, seguido por el Partido Socialista, que subiría a entre 17 y 19, frente a los 16 que tenía.
Catalunya Sí Que Es Pot, coalición de izquierda que integra al partido Podemos, tendría entre 12 y 14, mientras que el Partido Popular (PP) de Rajoy lograría en Cataluña entre 10 y 11 diputados, similar a los 11 que tenía en la pasada legislatura.
La encuesta, realizada sobre una muestra de 1500 personas entre el 16 y el 29 de octubre, hace referencia a las mismas coaliciones que se presentaron en los comicios catalanes de 2015, aunque se desconoce si se repetirán las mismas alianzas.
Los partidos que deseen presentarse a los comicios deben notificarlo. En las pasadas elecciones, en septiembre de 2015, la derecha y la izquierda independentistas (PDeCat y ERC) se presentaron juntos. No obstante, los disensos entre los dos aliados no han hecho más que aumentar en los últimos meses. Pero si asisten con candidaturas separadas podrían entrar en una lógica de división en plena derrota del conato de República Catalana.
Del 13 al 18 de noviembre los partidos catalanes deben oficialmente transmitir la lista de sus candidatos, incluidos sus cabezas de lista. La CUP debe decidir si presenta candidatos a esta elección organizada por un Estado al que busca desobedecer, aunque ya ha dejado la puerta abierta para hacerlo.
Pero antes, los independentistas deberán enfrentar una embestida judicial.
Mañana y el viernes Carles Puigdemont y trece miembros de su gabinete, todos ya destituidos, están citados en la Audiencia Nacional para declarar como investigados por impulsar el proceso de secesión. La jueza del caso aceptó a trámite la querella de la fiscalía de imputarlos por rebelión, sedición y malversación de fondos y les impuso una fianza de 6,2 millones de euros a abonar en un máximo de tres días. Si Puigdemont no acude a la citación, la fiscalía puede solicitar su detención. Si sigue en Bélgica, España deberá enviar una solicitud de arresto.
También entre mañana y el viernes, a partir de las 9.30 horas locales, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco dirigentes están citados a declarar como investigados por el Tribunal Supremo. La corte no ha precisado el orden de comparecencia. La fiscalía pidió que sean imputados por rebelión, pasible de 30 años de prisión, sedición (hasta 15 años) y malversación de fondos.
La Audiencia Nacional debe examinar el viernes los recursos interpuestos por los dirigentes de las dos principales organizaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, contra la prisión preventiva que les fue dictada el 16 de octubre, acusados del cargo de sedición ligado a manifestaciones secesionistas.
La duración de la intervención de la autonomía de Cataluña, amparada en el artículo 155 de la Constitución española, es en principio de seis meses, hasta abril. Según una fuente gubernamental española, se mantendrá más allá del 21 de diciembre, hasta la formación de un nuevo gobierno.
El día 27 de octubre a las 15:38 horas, el parlamento de Cataluña declaró su independencia en forma de República democrática y social. A la misma hora en el senado estatal, en Madrid, se discutía la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para intervenir la autonomía de Cataluña y ponerla bajo el control del gobierno central. Al atardecer, el senado votó favorablemente con los votos en contra de nacionalistas catalanes, vascos, y del partido Podemos y sus aliados. En la noche de ese día 27 dos realidades provocaban una montaña rusa de emociones: mientras una multitud ciudadana celebraba su República en calles y plazas de Cataluña, políticos y medios de comunicación unionistas aplaudían la suspensión de la autonomía catalana y especulaban sobre cuáles serían las primeras medidas represivas.
Antes, en la mañana del viernes 27, hubo intentos intensivos de mediación para hacer del diálogo y la negociación las herramientas democráticas que deberían prevalecer. En esos momentos, el presidente Carles Puigdemont, ofreció unas elecciones anticipadas en Cataluña si el senado no votaba el 155. En ese caso no proclamaría la República. La respuesta del Gobierno centralista del derechista Mariano Rajoy fue un rotundo no, ya que solamente contemplaba la suspensión de la autonomía y la disolución del parlamento y gobiernos catalanes, así como el control de las cuentas y de los Mossos d´ Esquadra (la policía autonómica). Además, el presidente español Mariano Rajoy, anunció la celebración de elecciones autonómicas el 21 de diciembre, usurpando una facultad que es exclusiva del presidente catalán.
La aprobación de la República obtuvo 71 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco., siendo la mayoría absoluta 68 de los135 escaños. El voto fue secreto y no participaron en la votación 38 diputadas y diputados de la oposición.
Este escenario ha tenido a partir del lunes 30 un desarrollo acelerado. Pero sobre todos los demás, tres hechos son principales: la destitución por el gobierno central de más de cien altos funcionarios del disuelto Gobierno de Cataluña; la iniciativa del fiscal general, de José Manuel Maza, de poner una querella por rebelión y sedición contra la Mesa del cesado parlamento y los miembros del Gobierno; el viaje de Puigdemont a Bruselas, acompañado de otros siete miembros de su gobierno, desde donde ha dado una rueda de prensa ante 200 periodistas de todo el mundo anunciando que no regresará a Cataluña hasta que haya garantías de una justicia independiente.
Precisamente, la decisión del fiscal general de acusar de rebelión y sedición al presidente y ministros de Cataluña, así como a la Mesa del parlamento, ha levantado un debate entre juristas y políticos del PP y del PSOE (otro de los valedores del 155). Para los primeros todo vale con tal de ejercer venganza, mientras que entre los segundos pocos se atreven a dar su apoyo al fiscal ante la barbaridad de sus acusaciones contra quienes han liderado movimientos pacíficos y democráticos en las calles y ante las urnas el 1 de octubre. Y es que la Constitución española sólo prevé tales delitos en caso del uso de violencia, algo que nunca ha ocurrido pese las continuadas provocaciones de Madrid y de sus cuerpos policiales estatales. Para sortear esta condición, al fiscal general no se le ha ocurrido otra cosa que afirmar que las manifestaciones multitudinarias, por su número indeterminado de participantes, “eran un riesgo potencial de violencia”. Semejante calificación de los hechos da la medida de cómo la división de poderes en España ha muerto. Lo que funciona es una maquinaria política que trata de infligir a Cataluña una derrota para varias generaciones. Hay que recordar que este fiscal Maza, fue reprobado por el Congreso de los Diputados el día 16 de mayo de este año. Pero ni dimitió ni fue dimitido, presentando una perfil de ultraderecha.
Por lo que puede saberse, la Unión Europea sigue apoyando la posición del gobierno central, utilizando a Mariano Rajoy como el gran policía europeo que debe impedir una independencia de Cataluña que podría ser imitada por muchas nacionalidades y regiones de diferente países de Europa. Pero, hay un dato más: la UE y algunos gobiernos han exigido a Rajoy la no utilización de la violencia y la apertura de nuevas vías que puedan dar lugar a un diálogo entre las partes. De ahí que, Rajoy, quiera evitar una ocupación alargada de Cataluña y piense que ganando las elecciones del 21 de diciembre se puede restaurar el orden vigente. Tal vez contaba con que las fuerzas independentistas renunciarían a presentar sus candidaturas, pero es un hecho que irán a las elecciones que toman como un plebiscito, una segunda vuelta del 1 de octubre.
En los próximos días los partidos deberán presentar sus candidaturas a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre que por primera vez en la historia de España, desde la muerte de Franco, son organizadas por el Gobierno central siendo su ámbito autonómico. La batalla será enconada. Los unionistas, Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña (alcaldes y militantes catalanes se han dado de baja en el partido) y Ciudadanos (un partido de derechas partidario de suprimir las 18 autonomías que conforman el estado español) buscarán vencer en número de votantes y parlamentarios al bloque independentista que, a toda velocidad, trata de definir el formato de sus candidaturas, bien por partido, bien en un marco unitario. Los independentistas confían en volver a ganar y desde ya se preguntan si el gobierno español aceptará los resultados. Es la pregunta del millón y ya, por si acaso, corre el rumor de que en ese caso el 155 tendría continuidad.
Entre tanto en las calles de ciudades y municipios como Barcelona la vida prosigue con normalidad. Justamente, del lado independentista hay un claro compromiso de expresarse pacíficamente sin caer en provocaciones del Gobierno central que ve como a su derecha grupos nostálgicos del franquismo se organizan para ejercer asaltos a locales y golpear a transeúntes que se dejen ver con símbolos catalanes. Este fervor españolista recorrer el estado español y se muestra amenazante, sabedor que cuenta con un gobierno que les da impunidad.
Lo cierto es que la aplicación del 155 revienta la democracia. En Cataluña se conservarán algunos derechos civiles vigilados, pero se ha disparado el tiro de gracia a la democracia definida en base a dos grandes valores como la libertad y la igualdad, ambas íntimamente vinculadas a la participación y al derecho a decidir en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Si el neoliberalismo ha recortado el recorrido de la política, poniéndola al servicio del dinero, ahora, en España, la política se ha reducido a sí misma, abriéndose un escenario de restauración del autoritarismo que dinamita la división de poderes. Montesquieu ha muerto, viva Maquiavelo.
La Audiencia Nacional de España ha citado a declarar al destituido presidente catalán Carles Puigdemont y a los miembros de su Ejecutivo cesado los días 2 y 3 de noviembre.
Sede de la Audiencia Nacional, Madrid
Susana Vera / Reuters
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Tras admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, y 13 miembros del Gobierno autonómico destituido, la Audiencia Nacional española los ha citado cita a declarar este 2 y 3 de noviembre.
Todos los querellados han sido denunciados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Además de la citación, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela impuso este martes a todos un plazo de tres días para que depositen una fianza de 6.207,450 euros.
Para comparecer ante la justicia española, a la Audiencia Nacional ya ha llegado el cesado vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Joaquim Forn, Mertixell Borràs, Raül Romeva y Santi Vila.
A pesar de la citación, Puigdemont permanece en Bélgica y su abogado anticipó que el expresidente de la Generalidad no acudirá a la convocatoria de la Audiencia Nacional.
"Si tenemos la garantía inmediata de un tratamiento justo, si nos garantizan un juicio justo, independiente y con separación de poderes, volveríamos de forma inmediata", aseguró el cesado presidente catalán.
Además de Puigdemont, se han ausentado en la citación los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo convocó para las mismas fechas y por los mismos delitos a cinco miembros de la Mesa del Parlamento regional y a su presidenta Carme Forcadell por su participación en la declaración de independencia de Cataluña, tramitada el pasado 27 de octubre en el seno de esta institución. Sin embargo, sus declaraciones han sido suspendidas y se han aplazado hasta el 9 de noviembre a petición de sus abogados.
La jueza ha rechazado la declaración por videoconferencia propuesta por los abogados del expresidente de la Generalidad catalana.
El ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont durante su conferencia de prensa en el Club de Prensa Brussels Europe, en Bruselas, Bélgica, el 31 de octubre de 2017.
Yves Herman / Reuters
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La Fiscalía ha solicitado a la jueza Lamela, encargada de la querella contra los miembros del Gobierno catalán por supuestos cargos de sedición y rebelión en relación a la declaración de independencia de Cataluña, que se ordene la busca y captura y detención internacional del expresidente Carles Puigdemont y los destituidos consejeros Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
La solicitud de la Fiscalía se basa en que los acusados han desoído la citación judicial para declarar como imputados y no se han presentado este jueves en la Audiencia Nacional en Madrid.
En el texto de la solicitud, puede leerse lo siguiente: "El querellado Carles Puigdemont Casamajó ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antonio Comín y Meritxell Serret Aleu, efectuar declaración por videoconfefencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero. En atención a lo expuesto, se solicita del juzgado que ordene su busca y captura y detención de ámbito nacional e internacional".
Los abogados de Puigdemont habían remitido por escrito la petición de que el expresidente declarara por videoconferencia, pero esta ha sido sido rechazada porque la jueza no ve ninguna razón que justifique su ausencia en el tribunal.
Estos días, el periodista Rubén Amón planteaba, con mucho acierto, las dificultades que conllevaría al Estado español llevar a la práctica la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de declararse la independencia de Cataluña. Para ello, se basaba en la escasa estructura estatal catalana y la oposición generalizada que se encontraría. Por ejemplo, ya se está hablando de bajas médicas en determinados cuerpos o la resistencia explícita de otros.
Es en este momento cuando surgen una inmensidad de preguntas: ¿Sería posible administrar Cataluña sin que colapsara si una inmensa mayoría de funcionarios causase baja médica? ¿Si los ciudadanos se lanzan a las calles para protestar por quiénes les van a controlar? ¿Qué sucederá si los Mossos d'Esquadra se oponen de forma generalizada a los cuerpos policiales estatales cuando pretendan aplicar las medidas que se deriven del artículo 155? ¿Se enfrentarían con ellos los policías y los guardias civiles?
Obviamente, la incertidumbre es tan elevada como la amplísima variedad de preguntas que no tienen respuesta a día de hoy o la frivolidad y el desconocimiento de los que jaleaban la aplicación de ese 'martillo' llamado 155.
Agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, 2 de octubre de 2017 / Eloy Alonso/File Photo / Reuters
Si el artículo 155 es inaplicable o puede encontrar resistencia ciudadana, ¿cuál es el siguiente paso? Como explicaba en una publicación anterior, salvo conejo en la chistera o giro de última hora serían los artículos 116 y 8 de la Constitución: estado de sitio e intervención de las Fuerzas Armadas.
Ni que decir tiene, este escenario sería absolutamente apocalíptico por las imprevisibles consecuencias que se pudieran derivar, desde revueltas y protestas ciudadanas hasta un conflicto armado o una intervención internacional. Si sucediera, ¿tienen nuestras Fuerzas Armadas capacidad para intervenir militarmente Cataluña de forma efectiva?
Situación actual
En la actualidad, en Cataluña habría algo más de 30.000 agentes: unos 12.000 policías nacionales y guardias civiles desplegados desde el Estado español —a los que habría que sumar aquellos que se encuentran destinados allí— y unos 16.783 Mossos, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya en 2016. Por tanto, podríamos calificar la situación como equilibrada en términos policiales. Sin tener en cuenta el apoyo ciudadano, ese equilibrio terminaría por hacer impracticable la imposición de la fuerza a corto plazo.
Ante la duda, solo habría que recordar lo imposible que resultó cumplir la misión encomendada el 1-O o las lamentables condiciones en las que se encuentran desplegados los agentes, con el consiguiente desgaste psicológico y físico que están sufriendo a medida que pasan los días.
España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa. Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España
Así pues, sería en ese momento cuando la intervención militar pretendería desequilibrar la balanza hacia el Estado español. Eso es, al menos, lo que sostienen los altos mandos militares, tal y como se podía leer recientemente en 'El País': "Si se produjera una escalada de violencia que desbordara a las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ejército tendría que hacer valer su superioridad". ¿Es posible? ¿Realmente las Fuerzas Armadas de España podrían hacer valer su superioridad?
Intervención militar
Intentemos profundizar en una cuestión fundamental para acometer la intervención militar en Cataluña: el número de efectivos. Redondeando, nuestras Fuerzas Armadas disponen de algo más de 70.000 militares de tropa y unos 50.000 oficiales y suboficiales. A tenor de las cifras anteriores, se puede constatar una alarmante macrocefalia o excedente de cuadros de mando.
Esto se agravaría todavía más al comprobar que, de los 70.000 militares de tropa, solo 41.000 son soldados. Es decir, solo un tercio del total de efectivos son soldados (en la Guardia Civil, más del 80 % de los componentes tienen el rango equivalente a soldado).
Por tanto, como la cúpula militar se ha preocupado durante las últimas décadas en asegurar el puesto de trabajo de sus vástagos —es más o menos similar que cuando teníamos casi 400.000 reclutas—, ahora el Ejército español tendría serias dificultades para desplegar soldados. Para más información, se puede consultar 'El libro negro del Ejército español'.
Mossos d'Esquadra en el exterior del Parlamento de Cataluña / Yves Herman / Reuters
Desgraciada o afortunadamente, según se mire, la situación sería todavía peor para el Estado español de lo que inicialmente las cifras podrían aparentar, ya que las mismas se verían mermadas por diferentes motivos.
En primer lugar, habría que tener en cuenta que entre 6.000 y 9.000 efectivos son desplegados fuera de nuestro territorio anualmente (3.000 en cada rotación). En segundo lugar, habría que considerar que los efectivos del Ejército del Aire y de la Armada, así como los cuerpos comunes, serían ineficaces en este escenario o no tendrían plena capacidad para intervenir en caso de ser necesario, más allá del control del espacio aéreo y la costa catalana. Estamos hablando de un total de 45.000 efectivos, que tendrían que ser restados al total de 120.000 militares. En tercer y último lugar, habría que tener en cuenta que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (unos 5.000) no deberían utilizarse, pues son indispensables o pueden serlo en cualquier momento.
Por tanto, España podría desplegar de forma óptima un máximo de 20.000 efectivos y, de forma extrema, unos 30.000 efectivos, siempre y cuando se conserven los compromisos internacionales, se mantengan unos mínimos de Defensa Nacional y no se disuelva la UME (en cuyo caso, podría aumentarse dicha cantidad). Dicho despliegue no sería inmediato —no existe capacidad para ello, salvo en una cantidad mínima— y, por otra parte, el coste económico sería elevadísimo. Además, de estos efectivos, solo un tercio serían soldados y, en muchos casos, no se trataría de militares de combate.
Cifras, a la vista está, que se antojan completamente insuficientes; tanto, que sería necesario un mayor despliegue de policías y guardias civiles, cuyo número es superior, aunque dichos efectivos realizan un trabajo diario para la ciudadanía que se vería interrumpido.
Conclusión: misión imposible
Siempre y cuando hubiera obediencia, dicha intervención podría dar resultado. Sin embargo, ante cualquier tipo de desobediencia, rebeldía o resistencia pacífica o violenta, para las Fuerzas Armadas no sería posible mantener el orden o, al menos, sería muy complejo.
Ello se debe a lo ya mencionado: el contexto actual, el amplio y complejo espacio territorial a controlar, el volumen de ciudadanos (más de siete millones) y su distribución geográfica, factores que harían que la enorme carencia numérica de efectivos para acometer dicho control militar hiciera, a buen seguro, fracasar la intervención.
Por tanto, España no tiene efectivos militares suficientes para controlar Cataluña en un escenario de conflicto, lo que se debe en gran medida, para bien o para mal, a las decisiones tomadas en las últimas décadas por parte de la cúpula militar y los ministros de Defensa.
Sea como fuere, una intervención militar en Cataluña sería un abismo que espero que no se produzca jamás.
Uno de los querellados, Santi Vila, queda en libertad bajo fianza de 50.000 euros.
Gonzalo Fuentes / Reuters
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La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha enviado a la cárcel a Junqueras y a otros siete exmiembros del cesado Gobierno catalán. Uno de los querellados que comparecía hoy en el mismo juicio, Santi Vila, ha quedado en libertad, y evitará el ingreso en prisión si aporta una fianza de 50.000 euros.
Los exconsejeros que irán a prisión junto a Junqueras son Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó.
La juez considera que existen indicios suficientes de la comisión de un delito de rebelión por parte de los querellados, y estima que hay un evidente riesgo de fuga, dado que se enfrentan a una pena de prisión de hasta 30 años. La magistrada también cree, de acuerdo con lo que expuso el fiscal durante la celebración de la vista para medidas cautelares, que existen otros riesgos, como el de la reiteración delictiva o el de destrucción de pruebas.
Gracias ...muchas gracias por acompañarme querida amiga !
Puigdemont, desde Bélgica, denunció que fueron encarcelados por "sus ideas"
"Libertad a nuestros gobernantes"
Tras la detención del ex vicejefe del Gobierno Oriol Junqueras y siete ex consejeros, quienes fueron enviados a prisión incondicional, sin fianza, tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid por los presuntos delitos vinculados con la declaración de la independencia, que abrió una crisis política sin precedentes en España, miles de manifestantes salieron a la calle a reclamar la liberación de los funcionarios catalanes.
Imagen: PAU BARRENA / AFP
Según los medios españoles, la jueza de la Audiencia Nacional que dictó esa medida prepara también una orden europea de detención para el ex "president" Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran con él en Bélgica desde el fin de semana, como solicitó hoy el fiscal general.
Si se confirma ese paso, el único de los 14 ex miembros del "Govern" que podría quedar en libertad es Santi Vila, al que la jueza eximió de la prisión bajo una fianza de 50.000 euros, teniendo en cuenta que Vila renunció como consejero de Empresa horas antes de que el "Parlament" en Barcelona aprobara el viernes pasado declarar una república soberana.
Todos los miembros del "Govern" destituido estaban citados a declarar hoy como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista y la votación del "Parlament" en Barcelona, aunque solo nueve acudieron a la cita y Puigdemont se quedó en Bélgica con los otros cuatro ex consejeros.
A falta de conocer el destino del ex "president", el envío a prisión de la mayor parte de su gabinete reactivó al independentismo y volvió a sacudir hoy el panorama político y social en el país tras semanas de tensión por el desafío soberanista en Cataluña.
"Hoy encarcelan al Govern legítimo de Cataluña. Hoy encarcelan la democracia. Pero no saben que es imposible encarcelar la libertad!", escribió en Twitter la cuenta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista socio en el ex Gobierno de Puigdemont.
La entidad independentista Òmnium convocó una "gran manifestación" en Barcelona el domingo 12 de noviembre, la primera desde la declaración independentista del viernes pasado. La presidenta del "Parlament", Carme Forcadell, criticó en Twitter: "Envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido. Injusto. Indecente. Estamos con vosotros y con vuestras familias".
Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia pero apoya un referéndum soberanista en Cataluña, denunció la existencia de "presos políticos". "Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores", escribió en la red social.
El Gobierno central de Mariano Rajoy, por el contrario, se limitó a recordar que no comenta decisiones judiciales. Puigdemont y los 13 miembros de su ex Gobierno debían declarar hoy en Madrid por delitos castigados con hasta 30 años de cárcel. El ex líder soberanista, sin embargo, se trasladó el fin de semana a Bélgica con algunos consejeros después de que el Ejecutivo de Rajoy interviniera el viernes la autonomía de Cataluña y destituyera el "Govern".
Puigdemont acudió al abogado belga Paul Bekaert, conocido por defender antes a miembros del grupo armado ETA, y adelantó ayer en un comunicado firmado por el "Gobierno legítimo de Cataluña" que seguiría en Bélgica para denunciar "un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".
Los consejeros que se quedaron en Bélgica y faltaron a la cita en la Audiencia Nacional son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia). Sí acudieron a declarar en Madrid los otros nueve ex miembros del gabinete catalán. Además de Vila y Junqueras, los ex consejeros Jordi Turull (Presidencia), Joaqim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Exterior), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Asuntos Sociales) y Meritxell Borràs (Gobernación).
También la presidenta del "Parlament" Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara debían declarar hoy por los mismos presuntos delitos vinculados a la declaración independentista del viernes pasado, aunque estaban citados en el Tribunal Supremo de Madrid por tratarse de políticos aún aforados.
Todos acudieron puntualmente a la cita, pero la corte aceptó el pedido de la defensa y postergó una semana la declaración hasta el jueves 9 para que los abogados puedan estudiar mejor la querella.
Puigdemont por TV3: "Como presidente legítimo, exijo la liberación de los consejeros"
Publicado: 2 nov 2017 19:56 GMT | Última actualización: 2 nov 2017 20:50 GMT
El expresidente catalán Carles Puigdemont declara en la cadena TV3 que el problema de Cataluña "ya no es un asunto interno de España".
Carles Puigdemont durante una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, el 31 de octubre de 2017.
via ZUMA Press / www.globallookpress.com
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El expresidente catalán, Carles Puigdemont, que permanece en Bélgica hizo varias declaraciones para la cadena pública catalana TV3 este jueves, poco después de que la Fiscalía española pidiera su detención. Puigdemont afirma ser "el presidente legítimo" de Cataluña y exije la liberación de los ocho antiguos miembros de su Gobierno cesado, y que este jueves entraron en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional española.
"Como presidente legítimo, exijo la liberación de los consejeros y el fin de la represión", declaró Puigdemont en la cadena TV3.
Según el expresidente, el Gobierno español se ha situado "fuera del Estado de Derecho".
Puigdemont calificó el arresto de los exmiembros de la Generalidad de "atentado a la democracia" y afirmó que el asunto catalán "ya no es un asunto interno de España".
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, motivó el arresto de los siete exconsejeros y del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por la existencia de indicios suficientes de delito de rebelión por parte de los querellados, y por el evidente riesgo de fuga, ya que se enfrentan a una posible pena de prisión de hasta 30 años.
El expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro consejeros destituidos, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, que se encuentran con él en Bélgica, no acudieron a declarar a pesar de estar citados como querellados por supuestos cargos de sedición y rebelión en relación a la declaración de independencia de Cataluña. La jueza de la Audiencia Nacional no aceptó su declaración por videoconferencia, porque no vio ninguna razón que justifique su ausencia en el tribunal.
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Miles de personas se han concentrado ante la sede del Parlament de Catalunya y de los ayuntamientos de las capitales de comarca, en la reanudación de las movilizaciones, ahora para reclamar la liberación de los miembros del gobierno catalán encarcelados este jueves. Liberación que también ha exigido el president del la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha pronosticado una "represión larga y feroz" y ha llamado a combatirla sin violencia.
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