Las confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores hemos adoptado la decisión de iniciar un proceso de movilizaciones, que culminará con la celebración de una Huelga General el próximo 29 de septiembre, para expresar el contundente rechazo de los trabajadores y trabajadoras de este país a las políticas de recortes sociales y supresión de derechos de los trabajadores decretadas por el Gobierno, bajo amparo y excusa de directrices europeas.

El Gobierno español y los europeos han defraudado a los ciudadanos a los que representan. Los brutales ajustes económicos que se están adoptando como terapias de choque para salir de la crisis económica, son injustos socialmente, regresivos laboralmente, y equivocados económicamente porque comprometen las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo.

El Gobierno español, además, se ha enmendado a sí mismo provocando un giro radical en su política económica y social que ahora se orienta de forma clara, en primer lugar, a un severo recorte del gasto público que recae fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores y de los pensionistas; en segundo lugar, a una reducción de la inversión pública que frenará el crecimiento económico y la creación de empleo, y que tendrá como principales víctimas a los trabajadores en paro; y en tercer lugar, impone una reforma laboral que elimina derechos de los ciudadanos en sus puestos de trabajo.

Tras una actuación irresponsable de las organizaciones empresariales, centradas exclusivamente en obtener réditos en el abaratamiento de las condiciones de trabajo y el debilitamiento de los trabajadores, el Gobierno ha decidido optar por una desregulación laboral que puede continuar con otros recortes sociales y laborales.

La reforma laboral:

- No servirá para crear empleo.
- No reducirá la dualidad del mercado laboral y aumentará la temporalidad.
- Facilita y abarata el despido, porque se amplían las causas para hacerlo más fácil y se reducen los derechos indemnizatorios de los trabajadores y las trabajadoras.
- Refuerza el poder empresarial para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo (horarios, movilidad geográfica, funcional…)
- Debilita la negociación colectiva, facilitando a las empresas la adopción de medidas de descuelgue salarial e inaplicación de compromisos adquiridos previamente en los convenios colectivos.
- Privatiza la gestión del desempleo y amplía el campo de actuación de las Empresas de Trabajo Temporal a los sectores de riesgo y al empleo público.

En definitiva, el Gobierno ha puesto el poder del Estado al servicio de quienes exigen “flexibilidad” en el mercado de trabajo, y aún así consideran esta reforma insuficiente porque en realidad no quieren más flexibilidad, la quieren toda. Cuando se exigen menos cotizaciones sociales, menos coste del despido, menos tutela judicial, menos negociación colectiva, menos regulación de la contratación, lo que se está reclamando en realidad es la absoluta desregulación del mercado de trabajo, o la aplicación en este ámbito de las políticas neoliberales que han fracasado estrepitosamente en los mercados financieros, que son la causa de esta crisis, y que nos abocarían a una tercermundización laboral.

Rechazamos las políticas practicadas por los gobiernos de la Unión Europea al dictado de los mercados financieros, los causantes de la crisis, y que ahora plantean las políticas de ajuste a costa de reducir las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía europea.

Una economía que no crea empleo no sirve a los ciudadanos, y unos gobiernos que actúan contra sus intereses, tampoco. Las organizaciones sindicales no estamos dispuestas a aceptar políticas que se nos presentan como las únicas posibles, basadas en un determinismo falso, y que no son más que opciones del inmovilismo y la resignación.

Hay otras opciones y otras políticas. Es necesario apostar por una Europa más social en la que las negociaciones sociales dejen de estar sometidas a las fuerzas del mercado. Y en España, UGT y CCOO convocamos una Huelga General el 29 de septiembre para exigir:

- Una política que reduzca el déficit público mediante el incremento de los ingresos y no mediante la reducción del gasto, y planificar el cumplimiento de los objetivos de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea en plazos compatibles con la reactivación económica y la creación de empleo
- La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo
- Defender la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo, frente a los intentos de atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los acuerdos alcanzados de forma unilateral.
-  Defender el sistema público de pensiones como eje central de nuestro sistema de protección social, y su adecuación a la evolución social exclusivamente con acuerdo político y social.
-  Exigir una nueva política fiscal, que refuerce la estructura de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal, a la vez que se combate con mayor determinación y medios el fraude fiscal que lastra nuestra economía alcanzado tasas que prácticamente duplican la media de la Unión Europea.

NO al despido más fácil y barato.
NO a la temporalidad abusiva.
NO a dar más poder a los empresarios.
NO a la congelación de las pensiones.
NO a los recortes salariales y sociales.
Por una salida justa y equilibrada de la crisis.