En un comunicado, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) denunció que pese a la completa ausencia de pruebas o de un conjunto de evidencias mínimamente consistentes, el juez federal Sergio Moro condenó este miércoles al ex dignatario a nueve años y seis meses de prisión
BRASILIA.–Lula es un patrimonio del pueblo brasileño, un ícono de nuestra historia nacional y será defendido con garra y decisión por todos los que sueñan con un país justo para todos, aseguró ayer el Partido Comunista de Brasil (PCdoB).
En un comunicado, la organización partidista denunció que pese a la completa ausencia de pruebas o de un conjunto de evidencias mínimamente consistentes, el juez federal Sergio Moro condenó este miércoles al ex dignatario a nueve años y seis meses de prisión.
El PCdoB manifiesta su firme indignación con la decisión proferida y llama a todos los demócratas, independientemente de sus posiciones políticas o ideológicas, a movilizarse para que el Estado democrático de derecho sea garantizado y el ex presidente inocentado en las próximas instancias recursales.
Una convocatoria a manifestarse en las calles contra la condena sin pruebas de que resultó víctima Lula fue lanzada también a través de las redes sociales por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado Federal, Lindbergh Farias, quien catalogó la decisión del juez de Curitiba como un escándalo.
Esto no es democracia; es un estado de excepción, subrayó el legislador petista antes de señalar que «nuestra reacción tiene que ser muy fuerte. Tenemos que organizar actos en todo Brasil, no podemos permanecer en silencio delante de este hecho», insistió.
La condena fue repudiada también por el coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), GuilhermeBoulos, quien remarcó que Moro sentenció a Lula sin contar con ninguna prueba que sustente los delitos que le fueron imputados.
Desde el principio (Sergio Moro) actuó como un promotor de toga y convirtió el proceso en un juzgamiento político, manifestó Boulos.
Por otra parte, ladefensa del expresidente informó que apelarán y probarán la inocenia de Lula «en todas las cortes imparciales, incluyendo las Naciones Unidas».
El juez federal de Curitiba condenó este miércoles a nueve años y medio de cárcel al ex presidente brasileño por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Según la acusación del Ministerio Público Federal (MPF), el ex mandatario recibió 3,7 millones de reales (más de un millón de dólares) en «propinas» mediante la reforma de un apartamento, cuya propiedad le es atribuida sin que existan elementos probatorios que lo confirmen, y con el pago del almacenamiento de sus bienes.
De acuerdo con los abogados de Lula, la inocencia del ex presidente fue comprobada por las declaraciones de los 73 testigos oídos en el caso del triplex, y el hecho que el propio MPF solicitara incluir nuevos declarantes (lo cual fue denegado por el juez de Curitiba) «reconoce que no disponen de pruebas de la acusación formulada».
De acuerdo a Telesur, el exmandatario brasileño ha denunciado que es víctima de persecución judicial para impedir su candidatura en las próximas elecciones presidenciales del 2018.
Este lunes, el instituto Datafolha reveló una nueva encuesta sobre la intención del voto para las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo año en Brasil. Según los resultados, Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), lidera las encuestas con un 30 % sobre sus rivales.
En todos los escenarios expuestos por Datafolha y de ser Lula el candidato del PT este ganaría las elecciones, por lo menos en la primera vuelta ya que ningún aspirante cuenta con la mayoría absoluta.
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado este miércoles por el juez federal Sergio Moro a nueve años y medio de cárcel por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Según la acusación del Ministerio Público Federal (MPF), el exmandatario recibió 3,7 millones de reales (más de un millón de dólares) en ‘propinas’ mediante la reforma de un apartamento, cuya propiedad le es atribuida sin que existan pruebas que lo confirmen, y con el pago del almacenamiento de sus bienes.
La sentencia de Moro, indicó el diario digital Brasil 247, fue dictada poco menos de 10 meses después de que los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato presentaran la acusación formal.
Coincidentemente, además, la condena fue proferida el mismo día en que la Comisión de Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados comenzó a analizar la admisibilidad de una denuncia por corrupción pasiva hecha por la Procuraduría General de la República contra el presidente Michel Temer.
Al presentar los alegatos finales el pasado de 20 junio, la defensa de Lula sustentó con documentos inéditos que aunque el referido apartamento está a nombre de la empresa OAS Empreendimentos S/A, en 2010 todos los derechos económicos y financieros sobre el mismo fueron pasados a un fondo gerenciado por la Caixa Económica Federal.
De acuerdo con la defensa de Lula, la inocencia del expresidente fue comprobada por las declaraciones de los 73 testigos oídos en el caso del triplex, y el hecho que el propio MPF solicitara incluir nuevos declarantes (lo cual fue denegado por el juez de Curitiba) ‘reconoce que no disponen de pruebas de la acusación formulada’.
La decisión de Moro contiene errores fácticos y también provoca nulidad insalvable en el proceso, al denegar la realización de pruebas periciales obligatorias para demostrar quién es el real propietario del inmueble, dado en garantía en operaciones financieras por la empresa de ingeniería e infraestructura OAS, agregaron los defensores.
En julio del pasado año, el ex-dignatario brasileño presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una petición en la cual argumentaba que la justicia brasileña está violando sus derechos mediante la práctica de actos ilegales, en particular del juez Moro ‘que no pueden ser satisfactoriamente corregidos en la legislación brasileña’.
(Con información de Prensa Latina)
Partido de los Trabajadores: Condena contra Lula responde a “persecución política”
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil dijo hoy que la condena contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero, responde en realidad a una “persecución política”.
Se trata de “un ataque a la democracia y la Constitución”, afirmó el PT en un comunicado, al anunciar que mantendrá su defensa “intransigente” a favor del ex mandatario brasileño por creer en su absoluta inocencia.
“Aunque se trata de una decisión de primera instancia, es una medida equivocada, absolutamente arbitraria e ilegal, impulsada por un juez parcial, que presta cuentas a los medios de comunicación y el público, que creó contra el ex presidente Lula”, señaló el PT.
La condena, afirmó la entidad, se basa exclusivamente “en delaciones premiadas negociadas durante meses con criminales confesos, y simplemente validan las convicciones contenidas en la acusación de los fiscales federales, sin presentación de pruebas para justificar la condena en los términos expresados por las leyes brasileñas”.
El partido aclaró que “Lula no está por encima de la ley”, pero tampoco “por debajo de ella”. “Lo que ocurre es un proceso de persecución que constituye una aberración constitucional; un caso típico de ‘lawfare’ (guerra jurídica), en el que se utilizan recursos jurídicos indebidos con el fin de una persecución política”, afirmó.
Los petistas expresaron su convicción de que la condena contra Lula es “otro capítulo en la estafa encabezada por el consorcio golpista que se hizo cargo del país para suprimir los derechos sociales y laborales” y, “sobre todo, la venta de importantes empresas estatales como Petrobras, Infraero, la Caja Económica y el Banco de Brasil”.
El fallo contra el ex presidente, destacó, se produjo un día después de que fue aprobada en el Senado la polémica reforma laboral que “eliminó los derechos de los trabajadores”.
“Sabemos que habrá justicia en las otras instancias del juicio y que toda la verdad saldrá a la luz. La historia será el principal testigo de su absolución y su grandeza”, agregó.
La condena de Lula no debería ser un día de fiesta para Brasil
La justicia va a ser analizada para saber si se trata de realizar una verdadera catarsis contra la corrupción o si se trata sólo de intereses poco confesableOtros
Lula da Silva el pasado 5 de julio.UESLEI MARCELINOREUTERS
Este miércoles, Brasil es noticia mundial por la condena de Lula por corrupción a más de nueve años de cárcel, ya que el exsindicalista ha sido el presidente más popular y carismático de la democracia. Lula había conseguido que el gigante americano dejase su complejo de perro callejero y se proyectase en el futuro como una pieza importante del ajedrez mundial. Fue, además, el presidente más amado, casi adorado, por el mundo de los más pobres.
La noticia de su condena, sin embargo, que llega en un momento crucial de la política brasileña, con un presidente como Michel Temer, en vísperas de que pueda ser depuesto por corrupción y con una sociedad dividida y crispada, atemorizada con 14 millones de desempleados, no puede ser un momento de alegría.
Sin entrar en el juicio de la sentencia emitida contra Lula por el mítico juez Sérgio Moro, algo que deberá aún ser analizado y decidido en otras instancias judiciales, lo cierto es que, prescindiendo de las ideas políticas de cada uno, el día de hoy no debería ser un día de júbilo. No puede ser un momento de alegría porque la noticia encierra un sinfín de simbolismos, la caída del ídolo de la izquierda brasileña y con él la esperanza de una refundación del Partido de los Trabajasdores (PT) que llegó a ser el más importante de la izquierda latinoamericana.
Siempre se dijo que el PT no existía sin Lula, ni Lula sin el PT. Hoy, con Lula condenado por un crimen de corrupción, de algún modo sufre la democracia y se quiebran muchas esperanzas.Habrá quien diga que la condena a Lula, la primera contra un presidente del país por motivos criminales, significa, al mismo tiempo, la esperanza de que, por fin, en este país, la justicia es igual para todos.
Podría hasta ser verdad, pero se tiene que cumplir una condición: que todos los otros políticos, muchos de ellos acusados y reos de crímenes aún mayores, acaben, como Lula, condenados por esa misma justicia, algo que no parece ser lo que siente la sociedad, ya que, la misma diligencia que el juez Moro ha usado con Lula, el Supremo Tribunal Federal debería haberla usado ya con docenas de políticos de primer plano de la vida nacional de partidos que han gobernado con la izquierda del PT, y que parecen ser tratados con otros metros y medidas.
Si la condena infligida por Moro a Lula, a la que podrían seguir otras más, quiere ser vista como un triunfo de la justicia en un país donde a la cárcel iban sólo los pobres, los negros y las prostitutas, será necesario que la sociedad pueda ver, sin esperar más, que sean condenados los otros líderes políticos, cuyas denuncias no menos graves que las de Lula, se arrastran durante años, pareciendo intocables.
Si de lo que se trata es de limpiar la corrompida vida política de un país para dar paso a una nueva era de esperanza donde la impunidad con los poderosos sea algo del pasado y donde no existan privilegiados ante la justicia, entonces que a la condena de Lula, se sigan las de los demás políticos corruptos. Y eso, sin esperar más, para que la grave decisión tomada con Lula, no parezca más bien una forma de impedirle ser de nuevo candidato a las presidenciales.
Hoy, más que ayer, la justicia va a ser analizada por una sociedad más madura y más incrédula que en el pasado para saber si se trata de realizar una verdadera catarsis contra la plaga de la corrupción político empresarial, o si se trata sólo de fuegos de artificio e intereses poco confesables.
La supuesta cesión de un apartamento de lujo al ex mandatario brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva, dio pie a una investigación que terminó con la condena a 9 años y medio por corrupción. Sin embargo, las pruebas que sustentan el caso dan mucho que pensar.
El juez federal brasileño Sergio Moro asiste a un discurso en las Conferencias de Estoril, Portugal. 30 de mayo de 2017.
Rafael Marchante / Reuters
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Un contrato sin rúbrica se cuenta entre los "pilares" que sustentan la sentencia a nueve años y medio de presión contra el ex presidente brasilero, Luiz Inácio Lula Da Silva.
Un análisis publicado en el portal de la revista Forum detalla que la sentencia condenatoria del juez Sergio Moro, que aún debe ser ratificada en segunda instancia, tiene como punto el apartamento supuestamente concedido a Lula por el grupo empresarial OAS, pero en ningún documento consta que sea propiedad del ex mandatario o sus allegados.
Si "el apartamento fue de hecho concedido al ex presidente por el Grupo OAS, sin el pago del precio correspondiente, ni siquiera de las reformas, habrá prueba de la concesión por el Grupo OAS a él de un beneficio patrimonial considerable (...) Al contrario, si se determina que esto no ocurrió, es decir, que el apartamento jamás fue concedido al ex Presidente, la acusación deberá ser juzgada improcedente", reza el texto.
El inmueble de lujo, un triplex ubicado frente al mar en Guarujá, supuestamente fue cedido por OAS a Lula para obtener prebendas del entonces mandatario. No obstante, en el registro, la propiedad aparece a nombre del grupo empresarial.
Vista desde un apartamento de playa de Solaris, en la playa de Asturias en Guaruja, Brasil. 27 de enero de 2016. / Paulo Whitaker / Reuters
Pero para Moro, "eso no es sufiente para la solución del caso", porque alega que para la consumación de crímenes de legitimación de capitales se requieren "estratagemas de ocultación y disimulación". El elemento que usa el juez para insistir en la culpabilidad de Lula, pese a que su nombre no aparece en ningún documento, son informes de prensa.
Por eso no son gratuitas las palabras de la ex presidenta Dilma Rousseff, quien este miércoles calificó el fallo contra Lula como "una flagrante injusticia y un absurdo" que sigue "el guión pautado por la gran prensa".
Según Forum, el dato curioso es que un reporte de O Globo, en el que ya señalaban a Lula y a su esposa de ser los propietarios del inmueble, se escribió en marzo de 2010 con una actualización en noviembre de 2011, mucho antes de que iniciaran las investigaciones.
La sentencia precisa que entre los documentos tomados en cuenta por el juez está un contrato sobre la residencia "y que, aunque no formado, se refiere expresamente a la unidad 174, la correspondiente al triplex". La ausencia de la firma de Lula es, hasta ahora, la causante de su responsabilidad penal.
Este trío de magistrados no ha pasado desapercibido en la opinión pública debido a sus nexos y actuaciones, calificadas por algunos juristas como "ilegales".
Nacho Doce / Reuters
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El "destino político" de Luiz Inácio Lula da Silva depende de un trío de jueces. El gran detalle es que uno de ellos es íntimo amigo de Sergio Moro, que condenó al exmandatario a nueve años y seis meses por corrupción y blanqueo de dinero.
Los tres 'desembargadores', como se llama en Brasil a los jueces de segunda instancia, son João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laus, que pertenecen al Tribunal Federal de la 4.ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, Brasil, informa 'Piauí'.
Moro lidera la investigación judicial conocida como 'Operación Lava Jato' y, según un documento de 2009 filtrado por Wikileaks, recibió entrenamiento en EE.UU. recoge 'Esquerda Diario'.
Gebran Neto, nacido en Curitiba, tiene reconocida trayectoria y mantiene una estrecha amistad con Moro, con quien estudio su maestría en la Universidad Federal de Paraná, en 2000. Ha sido el juez relator de las sentencias de Lava Jato.
Los abogados defensores de Lula plantearán el tema ético sobre "cómo puede un amigo revisar la sentencia del otro", según 'Piauí'. Por su parte Moro restó relevancia al nexo y lo calificó de "jurídicamente irrelevante", según medios locales.
Durante su actuación en Lava Jato, Gebran Neto fue el encargado de revisar la sentencias de Moro para emitir su voto, que, posteriormente, sería analizado por Santos Laus y Paulsen, reseña el diario argentino 'La Nación'.
Es recordado el caso del exdiputado del Partido de los Trabajadores (PT), André Vargas, cuya condena emitida por Moro fue confirmada por este trío de magistrados. En esta oportunidad, la actuación de Paulsen fue cuestionada por expertos que la calificaron de "inconsistente".
Para Paulsen, "solo la intención de corromper sustenta una condena", para los abogados Y "es un acto inmoral e insuficiente", recoge 'Piauí'.
Laus, el otro integrante de este trío, pertenece a una reconocida familia de juristas y estuvo relacionado con la Operación Carne Débil, en la que se vieron envueltos los principales frigoríficos de Brasil acusados de adulterar sus productos.
Según el relato de un testigo, Laus se ha referido públicamente a Moro como si fuera "infalible".
Las decisiones del TRF-4 suelen demorar unos diez meses, por lo que esto podría conllevar dificultades para cristalizar la candidatura anunciada por el propio Lula, aunque parece que va a tener una oportunidad para postularse en las elecciones de 2018.
En su nueva Caravana por Brasil, Lula llegó a la provincia de Minas Gerais, la región más central del país, la de más grandes contrastes entre el sur rico y un norte que es similar al nordeste, que fue destino de la primera Caravana de Lula. Una provincia que fue gobernada por más de 12 años por el PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, la provincia que tuvo a Aecio Neves como gobernador, hasta que el PT ganó por primera vez su gobierno.
Segunda provincia de Brasil, un poco detrás de São Paulo, Minas Gerais fue la provincia clave en la victoria de Dilma Rousseff en las elecciones del 2014. Aecio triunfó en la capital, Belo Horizonte, pero perdió en el interior de la provincia, donde las políticas sociales de los gobiernos del PT tuvieron un enorme impacto en la mejora de las condiciones de vida de la masa da la población.
En la primera Caravana, los medios trataron de desconocerla. Una que otra vez publicaba alguna noticia malintencionada, sin que nunca aparezca la dimensión de las concentraciones. Lograron pasar toda la Caravana sin publicar una sola foto de lo que era lo más cotidiano: Lula cercado por un mar de pueblo.
Así que terminó, al día siguiente, vino una nueva ofensiva en contra de Lula. Su ex-ministro de economía, decidió hacer una delación premiada. Pero, al contrario de lo que se había anunciado, él no denunciaba nada ni del sistema financiero ni de la Red Globo. Todo era en contra de Lula. Inmediatamente los columnistas de los de medios de información decretaron, una vez más, “la muerte política de Lula”. Sería otra bala de plata en contra de Lula.
La ofensiva no duró mucho, hasta que salió una nueva encuesta, hecha por Folha de São Paulo que revelaba que Lula volvía a crecer, mientras que los candidatos de la derecha veían su apoyo disminuir aún más.
En esta Caravana, los medios han publicado una que otra foto, tratando de evitar las imágenes de Lula en medio del pueblo. Pero de nada sirvió. Aun durante esta Caravana el Ibope hizo encuesta para O Globo, revelando que Lula lidera con un 35% de apoyo, casi el triple de quien le sigue en segundo lugar.
Reproduciendo la Caravana hacia el nordeste de Brasil, la participación popular fue inmensa, Lula se vio consagrado como la gran esperanza popular para frenar los retrocesos impuestos por el gobierno de Michel Temer, que goza de solamente 3% de apoyo. En esa encuesta, computando solamente los votos útiles, Lula ganaría en primera vuelta.
A lo largo de sus discursos Lula consolidó su posición de convocar un referendo revocatorio, para anular todo el paquete de medidas antipopulares, antidemocráticas y antinacionales implementas por el gobierno actual, como condición misma de poder restablecer el modelo de desarrollo con distribución de renta.
Lula detalló como Temer ha gastado, para comprar parlamentarios y poder sobrevivir a las acusaciones de corrupción, un monto tres veces más grande de lo que ha costado el transvase del rio San Francisco, que lleva agua a 12 millones de personas.
Hubo una reunión con gran cantidad de rectores de universidades públicas de la región, que han manifestado su apoyo al referendo revocatorio que Lula propone, como forma de rescate de la educación pública, duramente golpeado por los ajustes presupuestarios del gobierno.
Después de cruzar 20 municipios de Minas Gerais, en 8 días, pronunciando 20 discursos, Lula llegó a la capital, Belo Horizonte, donde se hizo la más grande concentración de la Caravana. Ya se anuncia una nueva encuesta, en la que Lula superaría los 40%, confirmando la posibilidad de victoria de Lula en primera vuelta.
Las Caravanas se revelan así la mejor forma de recomposición desde abajo de la participación popular en el bloque de masas que lucha por la reconquista de la democracia y la elección de Lula.
- Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidieron su puesta en libertad ante el Tribunal Supremo Federal alegando que el juez que le condenó, Sérgio Moro, no es imparcial, hecho que quedaría demostrado tras su reciente fichaje por el Gobierno de Jair Bolsonaro como ministro de Justicia.
En un comunicado, la defensa del exmandatario informó que pidió al Supremo un "habeas corpus" (recurso que pide evaluar la legalidad de una pena) para conseguir "la nulidad del proceso y la libertad" de Lula, además del impedimento del "juez-político" Moro.
Moro, responsable de las investigaciones de la Operación Lava Jato, condenó a Lula en primera instancia por delitos de corrupción y blanqueo de dinero, y desde el principio fue muy criticado por el Partido de los Trabajadores (PT), que considera al expresidente un preso político condenado sin pruebas.
Para los abogados de Lula, "el juez actuó de forma política (…) durante la campaña electoral, mantuvo contacto con la cúpula del candidato Bolsonaro, y durante ese periodo también se estuvo frente al proceso contra Lula, que hasta el mes de agosto lideraba las encuestas de intención de voto".
Hasta ahora, todos los recursos que los abogados de Lula presentaron ante el Supremo para lograr su puesta en libertad fueron negados.
El líder de la izquierda brasileña está preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (sur) desde abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero.
Da Silva agradeció a los movimientos sociales y a los militantes que han apoyado a su defensa. | Foto: Reuters
Publicado 9 noviembre 2018
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"Cuando llegamos (a Curitiba) y ve a un compañero que hace siete meses está preso injustamente y escuchas de él un estímulo para seguir luchando, aún con nubes tan sombrías, de continuar resistiendo y no bajar nuestras banderas, trae una responsabilidad aún mayor", destacó.
Además afirmó que el pueblo brasileño tiene la responsabilidad de seguir luchando por la democracia y la libertad de Lula, tras la llegada a la Presidencia del ultradechista Jair Bolsonaro.
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