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General: De qué me hablas, viejo?": la respuesta de Duque sobre la masacre de Caquetá
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De: Ruben1919  (Mensaje original) Enviado: 08/11/2019 12:14

De qué me hablas, viejo?": la respuesta de Duque sobre la masacre de Caquetá que indigna a Colombia (VIDEO)

Publicado:
El mandatario colombiano respondió así las preguntas sobre el bombardeo en el que murieron al menos ocho menores de edad, un hecho que provocó la dimisión de Guillermo Botero como ministro de Defensa.
"¿De qué me hablas, viejo?": la respuesta de Duque sobre la masacre de Caquetá que indigna a Colombia (VIDEO)

La respuesta del presidente de Colombia, Iván Duque, a un periodista que le pidió su opinión sobre el bombardeo de las Fuerzas Militares de Colombia en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país, en el que al menos ocho menores de edad fallecieron, causó polémica en redes sociales.  

El miércoles, el reportero venezolano Jesús Blanquicet, del periódico El Heraldo de Barranquilla, se acercó al mandatario durante un evento en Caimán del Río para escuchar su opinión sobre el bombardeo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia contra integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO). 

"¿Qué opinión le merece el bombardeo [en Caquetá]?, ¿qué pasó con eso?", preguntó el periodista al mandatario. Mientras caminaba y saludaba a los asistentes al evento, Duque le respondió a Blanquicet: "¿De qué me hablas, viejo?".  

Por su parte, Duque informó a través de su cuenta de Twitter que aceptaba su renuncia y destacó los supuestos logros durante la gestión de Botero, entre los que enumeró el "freno" al crecimiento de los cultivos de coca y la reducción del delito de homicidio en 2 %.



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De: Ruben1919 Enviado: 08/11/2019 15:40

Justicia ordinaria asumirá el caso de Dimar Torres

El director de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez, afirmó que se rompió el "nexo causal" por lo que la investigación del caso no le corresponde a su régimen.


La investigación por el asesinato de Dimar Torres, un desmovilizado de las Farc al que un cabo del Ejército le disparó cuatro veces cuando transitaba por la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, es ahora competencia de la justicia ordinaria. Así lo afirmó el director de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez.

“El juez del caso hizo un análisis del rompimiento del nexo causal y ese fue el resultado”, indicó el funcionario.

Esto significa que las acciones que terminaron con el asesinato de Dimar Torres no corresponden a una relación causal justificable comparada con el daño que ocasionaron y, por el contrario, vienen dadas por fuerzas distintas que no están comtempladas dentro de los procedimientos en el ejercicio militar. Razón por la cual la investigación de los uniformados involucrados en el crimen deberá seguir en manos de un juez de la justicia ordinaria. 


El 9 de septiembre, cuando estaba prevista la audiencia de imputación de cargos para el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, el cabo Daniel Eduardo Gómez y los soldados profesionales Cristián David Pulido, William Andrés Castrillón y Yeison Alexander Duarte, la defensa de Pérez Amézquita solicitó que el caso fuera llevado a la justicia penal militar. El Consejo Superior de la Judicatura debía decidir cuál sería el destino de los militares. 

La magistrada Magda Victoria Acosta Wualteros radicó el pasado 3 de octubre un proyecto de fallo frente a este conflicto de competencias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y, aunque no hay un pronunciamiento oficial del Consejo Superior, con el señalamiento del director de la Justicia Militar se da por entendido que la decisión de la Sala sería a favor de que los militares sean juzgados por la justicia ordinaria.

El 17 de octubre SEMANA reveló que la ejecución extrajudicial del desmovilizado de las Farc no fue un hecho fortuito sino que obedeció a un plan que según la Fiscalía lideró un coronel que hoy está libre. Los militares tenían un chat de Whatsapp que se llamaba “Dimar Torres” y allí reportaban los seguimientos.

En ese grupo de Whastapp Gómez Robledo fue dejando constancia de las rutinas de su futura víctima: dónde quedaba su casa, qué recorridos hacía en su moto Suzuki negra, modelo 2013, a qué hora salía a jornalear, en qué momento almorzaba o se iba a dormir. Hasta puso fotos del Facebook de Dimar y sus familiares. Y todo eso sin una orden judicial.


Este medio, que ha seguido el caso de Dimar Torres desde que se conoció del hallazgo de su cuerpo el 22 de abril, también informó a principios de esta semana que el subteniente John Javier Blanco Barrios, a cargo de la sección ‘Alabarda 1‘ del comando militar, sabía todo sobre la planeación del asesinato del excombatiente de las Farc.

Horas antes de cometer el crimen, el cabo Gómez le advirtió a Blanco Barrios que había llegado la hora de asesinar a Dimar, teniendo en cuenta las órdenes del coronel que se dieron en las conversaciones del chat. Blanco asegura, bajo la gravedad del juramento, que le dijo a Gómez que no lo hiciera. Tras la conversación, el oficial se fue con otros soldados a un patrullaje por los alrededores del oleoducto Caño Limón-Coveñas.




De hecho, Gómez Robledo, como autor material del crimen, firmó un preacuerdo con la Fiscalía para acceder a una rebaja del 50 por ciento de la pena. Abogados cercanos al caso creen que puede llegar a recibir 20 años de condena, tiempo que podrá descontar con buena conducta y trabajo. El testimonio de Gómez Robledo también podría ser clave a la hora de esclarecer los hechos. Pero aún se desconoce qué tanta voluntad tiene él para contar lo que sabe y, sobre todo, para señalar con nombres propios a quienes conocían del delito o participaron de él en la cadena de mando.


¿Y los autores intelectuales? La Fiscalía tiene en sus manos chats, testimonios y documentos que indicarían que detrás de la ejecución extrajudicial hubo un plan macabro. Lo habría liderado, presuntamente, el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, hoy en libertad, tal como reveló SEMANA en su edición anterior.

Botero sostuvo que Dimar le había intentado arrebatar el fusil a Daniel Eduardo Gómez Robledo, cabo segundo del Ejército. La Fiscalía desvirtuó esa primera versión del ministro Botero

“A ese ‘man’ no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”, escribió el oficial en un grupo de WhatsApp, que Gómez Robledo creó con el nombre de ‘Dimar Torres’ para reportar los seguimientos. No tenían una orden judicial para ello.

¿En qué parte de esta historia entra el teniente Blanco? La base Sinaí del Ejército estaba ubicada en la vereda Carrizal, municipio de Convención, Norte de Santander. De allí a Campo Alegre, donde vivía Dimar con su familia, hay diez minutos en moto, montaña abajo.

De ese pequeño comando hacían parte 30 soldados, divididos en dos secciones: Alabarda 1 y Alabarda 2. El teniente Blanco lideraba la primera. Y la segunda, el cabo Gómez, quien confesó haber matado a Dimar el 22 de abril a las 5:30 de la tarde, tras seguirlo durante un mes y abordarlo al frente de la base.

Horas antes, el cabo Gómez le advirtió a Blanco que había llegado la hora de asesinar a Dimar, teniendo en cuenta las órdenes del coronel que se dieron en las conversaciones del chat. Blanco asegura, bajo la gravedad del juramento, que le dijo a Gómez que no lo hiciera. Tras la conversación, el oficial se fue con otros soldados a un patrullaje a los alrededores del oleoducto Caño Limón-Coveñas.


Fue entonces cuando el cabo Gómez, sin la vigilancia del teniente Blanco, cometió el crimen. A través de interrogatorios a más militares que estaban allí ese día, fueron apareciendo más nombres de soldados involucrados en el asesinato. Se trata de William Andrés Alarcón Castrillón, conocido como Bam Bam, Yorman Alexánder Buriticá Duarte y Cristian David Casilimas Pulido.

Estos dos últimos levantaron la moto de Dimar y la arrastraron hasta un matorral para ocultarla. Unos 15 metros más adentro de la base comenzaron a cavar una fosa en la que pretendían desaparecer el cuerpo. Alarcón tuvo otro rol. Se encargó de deslizar el cadáver de Dimar por la carretera enlodada hasta dejarlo escondido entre la maraña.

“A ese ‘man’ no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”.

Todos estos hechos salieron a la luz por varias vías. Después de entregar versiones contradictorias –las que reprodujo el ministro Botero–, el cabo Gómez comenzó a confesar, con cuentagotas, ciertos detalles desconocidos. Por ejemplo, a comienzos de mayo aseguró que había empezado a seguir a Dimar por órdenes de sus superiores.


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De: Ruben1919 Enviado: 08/11/2019 15:43

Luego de que se filtró esa declaración, el comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, dijo en una rueda de prensa: “No conozco que haya existido alguna orden, será la Fiscalía quien en la investigación determinará qué se ha hecho, qué se ha producido”.

Y aquí entra el subteniente Blanco. El joven oficial y varios soldados más entregaron a la Fiscalía pantallazos de chats y contaron lo que sabían del plan para asesinar a Dimar. De ese modo, el coronel Pérez y los soldados Alarcón, Buriticá y Casilimas quedaron en el radar como posibles coautores del asesinato.

A Blanco, quien estaba colaborando con eficacia, según la Fiscalía, sorpresivamente lo retiraron del Ejército mediante Resolución 3128 del 20 de mayo de 2019. Eso lo dejó como un civil más en un proceso que representa alto riesgo. Al no estar por ahora involucrado ni relacionado con los hechos criminales, decidió demandar al Estado. Su carrera en el Ejército como oficial apenas comenzaba y no tenía observación alguna en su hoja de vida.


Con las pruebas que tiene la Fiscalía muchos se preguntan por qué el coronel Pérez y los tres soldados están libres. Y, en realidad, las dilaciones han atravesado el caso. En la audiencia de imputación de los militares, la abogada del coronel solicitó trasladar el proceso a la justicia penal militar, aun cuando en esa instancia hay una valoración preliminar que indica que los estrados ordinarios son competentes. Los jueces castrenses existen solo para hechos relacionados con el servicio y “matar ciudadanos civiles no es una conducta propia de los servidores del Estado”, argumentó el fiscal del caso.

A Blanco, quien estaba colaborando con eficacia, según la Fiscalía, sorpresivamente lo retiraron del Ejército mediante Resolución 3128 del 20 de mayo de 2019. Eso lo dejó como un civil más en un proceso que representa alto riesgo.

Esa estrategia de la defensa del coronel evitó que la Fiscalía les imputara cargos formalmente a los militares. La audiencia se encuentra suspendida desde el 9 de septiembre. Esta semana, el Consejo Superior de la Judicatura revisó el asunto de la competencia y devolvió la carpeta. Ahora, un Juzgado Penal del Circuito definirá la petición de la abogada del coronel. Y solo después fijará fecha para continuar con la imputación de cargos.


¿Qué pasará con los acusados? ¿Sin una orden de captura acudirán a la audiencia? ¿Dónde están en este momento? Diego Martínez, abogado de la familia de Dimar Torres, teme que esto sea el inicio de una cadena de trabas que arriesguen un desenlace con justicia efectiva. El mes pasado, Martínez intentó viajar a Washington para asistir a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que hablaría de la reincorporación de los excombatientes de las Farc. Pero al llegar al aeropuerto no le permitieron subir al avión. “Me dijeron que por indicación de la Embajada de Estados Unidos”, dice. Para el abogado esto busca silenciar sus denuncias.

Al coronel Pérez Amézquita, con arraigo en Sogamoso, Boyacá, lo llamaron a calificar servicios el 20 de mayo. Hay gran expectativa por su comparecencia en los estrados. Aún quedan en el aire dudas sobre si hay más uniformados en la línea de mando involucrados en uno de los crímenes más escabrosos de los años del posconflicto.



 
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