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General: Chuzadas ilegales en Colombia
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De: Ruben1919  (Mensaje original) Enviado: 13/01/2020 17:00

El exjefe del Ejército de Colombia ordenó escuchas ilegales a políticos y jueces, según una investigación

La revista 'Semana' revela que la salida del general Nicacio Martínez de la Fuerzas Armadas ocurrió al conocerse el espionaje

 El ex jefe del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel, el pasado 20 de mayo de 2019 durante una comparecencia. Ampliar foto
El ex jefe del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel, el pasado 20 de mayo de 2019 durante una comparecencia.  REUTERS

El 27 de diciembre de 2019, en una sorpresiva conferencia de prensa, el presidente Iván Duque anunció la salida del jefe del Ejército, general Nicacio Martínez. El mandatario afirmó que se retiraba por razones familiares y le expresó su “admiración y reconocimiento por su labor”. Sin embargo, de acuerdo con denuncias que ha publicado la revista Semana, el retiro del cuestionado general habría sido en realidad por un nuevo escándalo de espionaje ilegal, ordenado y realizado desde instalaciones militares. Las escuchas ilegales, según la investigación del semanario, alcanzaron a magistrados, congresistas de oposición y periodistas. Pero también a oficiales que durante el año pasado entregaron información a varios medios de comunicación sobre prácticas y hechos de corrupción al interior del Ejército.

De acuerdo con el reportaje, las escuchas se habrían hecho desde “dos guarniciones militares, como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”. Según uno de los suboficiales que estuvo a cargo de esas intervenciones y que habló de forma anónima, recibían órdenes “que venían directamente desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos” pero “por la misión y los blancos estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad y en los cuales no deberíamos inmiscuirnos”.

Entre los interceptados se encontrarían la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, el senador Roy Barreras, del partido del expresidente Juan Manuel Santos y el exgobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero. Durante el 2019, varios magistrados denunciaron que creían que sus conversaciones estaban siendo espiadas. Barreras, por su parte, fue quien hizo público un bombardeo contra disidencias de las FARC en noviembre, donde murieron siete menores de entre 12 y 17 años. Romero ha sido un crítico férreo en contra del retorno de las aspersiones con glifosato. En el caso de la magistrada, una de las fuentes del reportaje asegura que la información que obtenían debían entregarla a un “reconocido político” del Centro Democrático, el partido del Gobierno.

La práctica de espionaje ilegal se conoce en Colombia como ‘chuzadas’ y es un tenebroso capítulo de la historia reciente del país en el que fueron acosados políticos de oposición, periodistas y magistrados de las altas cortes por parte de la extinta policía secreta durante el gobierno de Álvaro Uribe. Por eso, las denuncias sobre su regreso y desde las instancias militares causan escozor en el país. “Acudiremos ante la CIDH porque ha regresado la práctica ilegal paraestatal de persecución política, física y jurídica contra defensores de la paz, opositores, periodistas independientes, magistrados, bajo una 'ideología del enemigo' en la que lo es todo aquel que piense diferente”, dijo Barreras, una de las víctimas del espionaje ilegal denunciado este sábado.

Según la revista, los militares utilizaban dos herramientas para su espionaje. De un lado, una plataforma llamada Hombre Invisible, que habría sido comprada a una empresa española, con la cual podían acceder a conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, y a fotos o conversaciones borradas en celulares y computadoras sin dejar rastro. De otro, usaban equipos táctiles móviles que se ubican en bodegas de coches.

El reportaje asegura, además, que fue el recién nombrado ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien “encendió las alarmas y ordenó una investigación interna pocos días antes de Navidad”. Y también, que organismos de inteligencia de Estados Unidos habían detectado que militares colombianos estaban haciendo uso ilegal de equipos técnicos donados por ese país. Holmes no se ha pronunciado sobre las denuncias, pero ya llueven críticas y exigencias de responsabilidad política. "El país tiene que saber si el presidente Duque tenía conocimiento de esta información cuando despidió como un héroe y con elogios al entonces comandante del Ejército,el  general Nicacio Martínez", dijo el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino.

Durante una visita a la comunidad de Bojayá, donde se ha denunciado connivencia entre paramilitares y miembros del Ejército, Duque dijo que "hay cero tolerancia con cualquier conducta de cualquier miembro de la Fuerza Pública que atente contra la Constitución", aunque precisó que no se refería puntualmente a las denuncias de escuchas ilegales. "El general Martínez me esgrimió a mí razones personales que entendí", repitió Duque.



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De: handy392 Enviado: 14/01/2020 03:06
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Respuesta  Mensaje 3 de 4 en el tema 
De: Ruben1919 Enviado: 16/01/2020 15:48

Las otras chuzadas que se investigan en las Fuerzas Militares

Entre 2017 y 2018, SEMANA denunció un capítulo de irregularidades en el Comando de las FFMM que incluía el desvío de dinero de los gastos reservados de inteligencia y espionaje ilegal. Los casos, sin embargo, no han avanzado en la Fiscalía.

Las otras chuzadas que se investigan en las Fuerzas Militares  Las otras chuzadas que se investigan en las Fuerzas Militares

Entre 2013 y 2017 se desviaron dineros que debían ser usados para labores de inteligencia del Comando de las Fuerzas Militares, y que terminaron en poder de altos oficiales. En medio de este episodio, ciertos militares también espiaron ilegalmente a varios personajes públicos. Algunos medios han señalado recientemente que ese desvío de gastos reservados es una de las aristas nuevas que investigan los entes de control tras las últimas revelaciones de SEMANA, en su portada del pasado fin de semana, sobre las nuevas chuzadas en el Ejército. Sin embargo, no es así. El caso de los gastos reservados fue denunciado por esta revista hace dos años, entre 2017 y 2018.

Luego de las revelaciones que SEMANA hizo en su momento, la Procuraduría llamó a juicio en agosto de 2018 a un general y dos coroneles del Comando Conjunto de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares (CCONI). El Ministerio de Defensa, por su parte, cerró el Comando General de Inteligencia de las Fuerzas Militares. Las denuncias también llegaron a la Fiscalía, donde el expediente no ha presentado avances significativos.

Esta es la investigación que SEMANA publicó el 14 de abril de 2018, en la que se denuncia este episodio de corrupción:

Escándalo en las FFMM, dineros camuflados

(Publicado el 14 de abril de 2018)

Todos conocían el sitio con el nombre clave de La Finca. Se trataba de un pequeño apartamento en las inmediaciones de la Universidad Militar en el norte de Bogotá. Los vecinos veían entrar al lugar con frecuencia a varias personas relativamente jóvenes con sus morrales al hombro. Varios de ellos podían pasar por estudiantes y jamás despertaron sospecha alguna.

Los habitantes de ese edificio desconocían quiénes eran realmente esos muchachos y qué hacían en ese lugar. Se trataba de agentes de una compañía de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (Rimec) adscrita al Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM).

Puede leer: Espías, dineros y traición

La compañía, conocida con el nombre clave de Huila, era una unidad especializada en labores de ciberdefensa y ciberataques. La Finca no era la única fachada que usaban para sus reuniones y labores propias de su trabajo. Para alternarla también acudían a una casa en el municipio de Chía, de propiedad de un coronel que se las alquilaba. No eran los únicos. Otras tres compañías operaban, principalmente, desde la capital, conocidas con los nombres claves de Neiva, Espinal y Villavicencio, cada una con blancos y objetivos diferentes.

Estas unidades, principalmente Huila, serían a protagonistas y la punta del iceberg de una serie de graves problemas de corrupción presentados entre 2013 y finales de 2017 en el CGFM, el pico de la pirámide de la defensa nacional donde se trazan las directrices de las tres Fuerzas Militares (FF. MM.): Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El asunto comprometería desde suboficiales hasta varios generales, incluido un excomandante general de las FF. MM.

El tema apareció por primera vez ante la opinión pública en diciembre del año pasado, cuando SEMANA publicó una investigación titulada ‘Dinero, espías y traición, que revelaba algunos detalles de cómo millones de pesos terminaron en los bolsillos de oficiales, incluso generales, y otros tantos resultaron destinados irregularmente para adquirir equipos de monitoreo, por medio de los cuales obtenían información con diferentes objetivos. Tras esa publicación, los implicados desmontaron La Finca y las otras fachadas y gran parte de lo que allí ocurría sencillamente desapareció. “Después de ese artículo tocó esconder equipos, tratar de legalizar y organizar cuentas, y borrar y guardar en lugares seguros algunas cosas de las que hacíamos”, contó a esta revista uno de los integrantes de Huila.

Pero si bien muchos secretos se perdieron durante los siguientes meses, SEMANA pudo unir algunas de las piezas de ese rompecabezas. Al efecto, entrevistó a más de 10 militares pertenecientes al CGFM y a esas compañías de la Rimec. Desde el año pasado, entes de control como la Contraloría –y particularmente la Procuraduría– enviaron investigadores a recolectar pruebas y testimonios,. A finales de febrero pasado, la Inspección del CGFM y los hombres del Batallón de Contrainteligencia del Ejército terminaron un informe en el que muestran graves hallazgos y está en poder de las entidades de control.

 Adicionalmente, SEMANA tuvo acceso a más de 14 horas de videos, en las que varios militares cuentan con lujo de detalles cómo desviaron millones de pesos de operaciones y cómo adquirieron equipos de monitoreo y escaneo de redes para la defensa nacional, que en algunos casos terminaron utilizados con otros fines. Gran parte de lo que contiene ese material tiene que ver con la seguridad nacional por lo que esta revista se abstiene de revelar esos detalles.

 La caja de ahorro general

 “Huila era una compañía de alto nivel, avalada y que le respondía a mi general Nieto. Allá fue enviada gente como el sargento Henao, un hombre de total confianza y la mano derecha de mi general Rodríguez y venía del comando de ciberdefensa del CGFM. Era considerada el máximo nivel de la inteligencia estratégica”, contó un oficial superior, cuyo rango y nombre SEMANA se abstiene de revelar por razones de seguridad nacional.

Los generales que menciona serían Martín Nieto, quien hasta diciembre pasado ocupó el cargo de J-2 (Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del CGFM). El otro sería Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien se retiró en noviembre de 2016 después de cuatro años como comandante de las FF. MM. y fue nombrado embajador de Colombia en Corea del Sur. 

“Esas cuatro compañías (Huila, Villavicencio, Neiva y Espinal) recibían recursos para sus operaciones por parte del Comando Conjunto de Inteligencia (Cconi) y de la Rimec. Cada mes a cada comandante de compañía le giraban un cheque con sumas mensuales con promedio de 120 millones de pesos. De esa plata tomaban una parte para sus labores, pero tenían que devolver en la mayoría de los casos entre el 50 y 80 por ciento para lo que se llamaba el ahorro”, explicó el oficial.

 Eso que el militar llama “el ahorro” se convirtió en una especie de caja menor en la que esos miles de millones de pesos terminaban utilizados para fines personales de generales y algunos oficiales. “Por ejemplo, nosotros teníamos que sacar 10 millones de pesos al mes que nos pedían supuestamente como apoyo para la escolta de mi general Rodríguez”, contó el uniformado. “También tocaba sacar de ahí 3.000 dólares de apoyo para los viajes de mi general Nieto cuando estuvo como enlace durante los diálogos de La Habana, aunque se supone que eso lo cubría lo que se llamaba Fondo Paz”, afirmó.

 “Los cálculos eran más o menos así. Huila debía devolver 120 millones;Villavicencio, 150; Espinal, 40; y Neiva, entre 40 y 50 millones de pesos cada mes”, narró un suboficial que hizo parte de una de esas compañías (ver videos en Semana.com).

Entre 2015 y 2016 este hombre realizó varios informes dirigidos a los altos mandos del CGFM, al Ministerio de Defensa, entre otros, en los que contaba estas y muchas otras irregularidades. Hizo lo mismo ante la Fiscalía. Pero nada pasó. “Me gané mil problemas por denunciar la corrupción. Un general y un coronel me cogieron y me dijeron ‘quédese quieto con eso y hagamos de tripas corazón’. Un mayor me puteó y fueron varias las amenazas”, afirmó. Por sus denuncias finalmente terminó despedido del Ejército.

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De: Ruben1919 Enviado: 16/01/2020 15:53

No fue un caso aislado. De hecho, por lo menos 12 uniformados terminaron destituidos o trasladados a zonas inhóspitas después de denunciar ante sus superiores o el Ministerio de Defensa sobre las irregularidades.

Todos los testimonios conocidos por SEMANA, y otros que están en poder de la Procuraduría, narran el modus operandi de cómo se nutría esa caja de ahorro. El método era sencillo y muy eficaz: inventaban fuentes.

Uno de los casos más recordados es el del capitán Harold Parra, quien, según declararon al menos 10 fuentes, fue ayudante y hombre de confianza del general Nieto. “Él era agente de control. Pero llegaba con unas historias asombrosas de cómo supuestamente reclutaba fuentes. Una vez dijo que cuando viajaba en un bus, conoció a la hija de un militar venezolano y la reclutó. Al poco tiempo, empezó a presentar unos documentos con supuesta información que le entregaban del otro lado de la frontera. Había que girarle entre 10 y 15 millones para pagar esa supuesta fuente. Con el tiempo se comprobó que la fuente no existía y que presentaba solo documentos que un ‘hacker’ amigo suyo conseguía en internet”, contó uno de los compañeros de Parra.

Ese mismo oficial se vio involucrado en otro escándalo porque en pleno CGFM montó una especie de pirámide, por medio de la cual tuvo serios problemas con muchos de sus compañeros y algunos civiles. El hombre amenazó a varios de ellos cuando le reclamaron por su dinero. “Haga lo que quiera, denúncieme, pero tenga claro que yo me la llevo. Y dígale a los generales, no me importa, ellos saben lo que hago”, se oye decirle a una teniente (escuche audio en Semana.com). A pesar de tener varias denuncias en la Fiscalía, sus padrinos en la institución lo mantuvieron a salvo durante casi dos años hasta que finalmente a mediados de 2017 fue retirado del Ejército debido al escándalo desatado.

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“Lo mismo pasó con el mayor Silva. Él era protegido de mi general Nieto y Rodríguez. Hacía cosas que ni el 007, y acá le creían. Supuestamente, tenía reclutadas 50 fuentes a las que había que pagarles. Al realizar una verificación solo dos eran reales, las demás solo existían en el papel para legalizar la plata”, declaró uno de los integrantes de la compañía Huila.

 Esta era una práctica generalizada en casi todas las  compañías. Las recientes investigaciones encontraron informes firmados por fuentes que se hacían pasar por supuestos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Al realizar los cotejos, encontraron que los nombres y las firmas efectivamente correspondían a ciudadanos de ese país a quienes en la frontera les hacían firmar y poner su huella en documentos en blanco. Les pagaban 20.000 pesos por eso.

Presentaban esas hojas posteriormente al CGFM como supuestos informes de inteligencia basados en ‘fuentes’, a las que se les debía pagar hasta 200 millones de pesos por los datos conseguidos, los cuales, una vez más, provenían de una búsqueda en internet. Una vez desembolsado el dinero, los uniformados repartían el botín, incluidos varios altos oficiales.

 “Eso era un verdadero robo de plata. Para poder legalizar todo había que conseguir muchos colaboradores, que esencialmente eran firmones. Muchos eran amigos de la misma gente de las compañías y a ellos se les daba el 5 por ciento de la plata por la que firmaban. Gracias a esto esas unidades terminaron siendo llamadas adentro como ‘compañía payaso’, porque era una payasada lo que se hacía”, afirma uno de los oficiales al mando de esas compañías.

Los cálculos preliminares señalan que con estas prácticas mensualmente lograban recaudar hasta 500 millones de pesos, lo que arroja más de 5.000 millones por año. Esas actividades irregulares se presentaron durante al menos los últimos 4 años, lo que terminaría en la asombrosa cifra de 20.000 millones de pesos desviados en ese lapso aproximadamente. ¿A dónde iba el dinero?

Las Vegas y las piñas mágicas

Aunque las cuatro compañías debían cumplir su cuota mensual, la realidad es que muy pocos de sus integrantes sabían con exactitud en qué usaban sus superiores esos miles de millones de pesos. Gran parte de ese dinero terminó en los bolsillos y cuentas de varios de ellos. “Si mi general tenía una invitación al exterior, la cual incluía todo pago (pasajes, comida, hotel y viáticos), igualmente solicitaba 30, 40 o 50 millones como ‘viáticos’. Obviamente, esa plata no volvía y se legalizaba con cualquier factura”, contó a SEMANA una capitán que estuvo en el comando de las FF. MM. hasta noviembre. “Eso se hacía para cuando pasara la Contraloría y las auditorías y todo pareciera en regla”.

De esos rubros también salía dinero para pagar abogados que defendieran a militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos. Otros adquirieron propiedades dentro y fuera del país a nombre de familiares  o terceros. Sin embargo, parte de ese dinero del ‘ahorro’ tuvo otros fines.

En la última semana de julio de 2017, los entonces altos mandos del CGFM autorizaron a tres integrantes de la compañía Huila para viajar a Las Vegas, Estados Unidos. Para esa fecha en ese lugar se realizaba un evento llamado el Defcon, conocido como la mayor reunión de hackers y expertos en informática del mundo.

“Mi general Rodríguez, mi general Nieto nos autorizaron el viaje. Para pagarlo la plata salió de tres pines de aproximadamente 20 millones de pesos cada uno”, declaró uno de los integrantes que viajó. El pin al que se refiere es la sigla de pago a informantes. Es decir, el dinero salió de un rubro para ese fin y no para el viaje.

“El sargento Henao iba con nosotros y él tenía que mantener enterado de todo a mi general Rodríguez. Mi general quería estar dateado de todas las personas, dentro y fuera de las Fuerzas, y de todo en general”, afirma otro de los que estuvo en la Ciudad del Pecado.

Durante los siete días en Las Vegas asistieron a varias conferencias, pero el fin principal del viaje era adquirir equipos para aumentar las capacidades técnicas que tenían como compañía cibernética. De ese modo, adquirieron un programa que ellos denominaron de duplicidad de identidad. Se trata de una especie de troyano que les permite controlar y tener acceso remoto a cualquier computador de una persona considerada objetivo. También compraron una especie de USB que al insertarla en un computador evade los controles de seguridad del mismo y lo infecta para obtener su control total. La información de todo lo que teclee el usuario llega al computador de ellos o a servidores en la nube generalmente situados en países de Europa del Este.

 Pero sobre todo, adquirieron varios aparatos conocidos como Wifi Pineaple a los que ellos llaman la piña. “Antes de ese viaje mi general Rodríguez estaba emberracado y preocupado por unos tuits que había puesto José Miguel Vivanco de Human Rights Watch (HRW) hablando de los generales, falsos positivos y la CPI. Cuando pasó eso, él tuvo al sargento Henao, que era de su confianza, mirando qué podía hacer con el tema de Vivanco, cómo contrarrestar y atacar”, contó uno de los integrantes de Huila. En efecto, el 9  de julio de 2017 el director de HRW para las Américas publicó varios trinos en los que afirmaba que Rodríguez y otros generales estaban “bajo el radar de la Corte Penal Internacional”.

 La piña básicamente es un aparato de varias capacidades y alcance. Quien la opera puede engañar a los usuarios de una red wifi y hacerles creer que se conectan a las redes de sus casas u oficinas, cuando en verdad lo hacen con otro dispositivo que tiene el mismo nombre de las redes suplantadas y que supervisa, intercepta e incluso modifica el tráfico entrante y saliente. Incluyendo sistemas de mensajería como WhatsApp entre otros (ver recuadro). “Todo lo que se mueva por el espectro y por internet es escaneable. Si usted está en una oficina, en un hotel o en su casa, con la piña yo puedo conseguir toda la información que quiera mientras esté conectado a la red de wifi”, explicó a SEMANA un ingeniero de sistemas que trabaja en las Fuerzas Militares y utiliza estos aparatos.

 “Cada una de esas piñas, una grande y dos pequeñas, costaron entre 50 y 100 dólares, pero se facturaron por 20 millones de pesos”, afirmó otro de los integrantes de Huila. Cuando regresaron de Las Vegas, contrataron a dos ingenieros de Medellín para que viajaran los sábados a Bogotá a enseñarles a los de la compañía cómo usar efectivamente las piñas. Por cada viaje les pagaban 2 millones de pesos que salían del ‘ahorro’, contó.

 En las primeras declaraciones durante la investigación, casi todos los integrantes de Huila y las otras compañías afirmaron que nunca utilizaron las piñas para realizar ‘trabajos’ dentro del país o contra personajes de la vida nacional. Sin embargo, extraoficialmente algunos de ellos han aceptado que esa herramienta informática sí pudo ser utilizada para monitorear a altos oficiales de diferentes Fuerzas, miembros del propio gobierno y algunos políticos. “No era algo institucional ni estaba dentro de nuestra misión. Fue algo personal que pudo ocurrir para entregar datos a campañas, mandos y personas particulares”, afirmó a SEMANA uno de los integrantes de esas compañías.

“Quieren perjudicar mi buen nombre y el del Comando General. Yo no tenía contacto con nadie de esas compañías de la Rimec en el tiempo que estuve y creo que ningún comandante general tiene contacto directo con fuentes o con los suboficiales que manejan las fuentes. En cuanto a legalizaciones de platas, yo nunca, jamás di una orden ilegal al respecto. Si algo pasó es porque están utilizando mi nombre y hay personas que quieren dañar mi nombre. Además, yo no era ordenador del gasto. Nunca tuve conocimiento de que pasaran platas a las escoltas ni nada de eso”, afirmó desde Corea del Sur el general Rodríguez notoriamente alterado

“Sobre el sargento Henao él era experto en informática y trabajaba ahí con nosotros sobre las hipótesis que hacen parte de la reserva nacional, informaciones que le daba al ministro de la Defensa. Yo hablaba con el sargento cuando necesitaba profundizar sobre ciertos temas porque él era quien manejaba esos temas profundos. Él hablaba conmigo y con el general Nieto cosas netamente del servicio y cosas de inteligencia que no podía hablar con los demás suboficiales”, agregó Rodríguez a SEMANA.

“Es una investigación basada en una hipótesis peligrosa, según la cual hay una gran organización de inteligencia dedicada a hacerles inteligencia a fiscales, generales y políticos. Y eso es falso”, dijo a SEMANA el general Martín Nieto.

“Hay misiones y órdenes de trabajo y todo tiene trazabilidad que es verificado por las visitas de la Inspección General y la Contraloría. Pudo haber pasado algo a nivel operacional, pero nosotros estábamos en el nivel táctico y estratégico”, afirmó Nieto.“Como enviado del gobierno estuve más de 200 días en La Habana. Es posible que hayan usado mi nombre para eso, pero no es la primera vez que me pasa, incluso con otras cosas”, dijo Nieto al respecto.

El caso es delicado y extremadamente grave. Lo cierto del tema es que tras la primera denuncia hace cuatro meses de SEMANA y las posteriores investigaciones, este andamiaje quedó al descubierto. Una parte de ese arsenal de pruebas, testimonios y evidencias está en poder de la Procuraduría que, consciente de la dimensión del problema, ha sido muy diligente y tiene identificadas al menos a 18 personas relacionadas con estos hechos.  Tras varios meses de investigación, el Ministerio Público ha recolectado importantes evidencias que le permitirán anunciar las primeras decisiones sobre este caso en los próximos días. Sin duda alguna, el tema dará mucho de qué hablar. 

Las antenas

Estos son algunos de los equipos usados por las compañías militares.

Piñas llamaban los militares a estos artefactos que vienen de distintos tamaños. Su precio en Estados Unidos oscila entre los 50 y 200 dólares. Las empresas que las fabrican las promocionan como equipos para escanear, interceptar y monitorear de forma pasiva todos los dispositivos que se encuentran cerca. Los militares de la compañía Huila que viajaron a Las Vegas al mayor evento de hackers del mundo compraron varios de esos equipos. También adquirieron un programa que llamaron de duplicidad de identidad. Básicamente, se trata de una especie de troyano que les permite controlar y tener acceso de forma remota a cualquier computador de una persona considerada como objetivo. Además, compraron unas especies de USB que al insertarlas en un computador descargan un programa indetectable que lo que hace es que todo lo que teclee el usuario en su PC llega al de ellos. Esto es usado principalmente para robar contraseñas.



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