Ministros al servicio del Presidente

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, debe sentir vergüenza por su actuación en el caso de la consulta propuesta por López Obrador para que el pueblo determine si se debe juzgar o no a cinco de sus antecesores. Igualmente avergonzados deben estar los ministros que con él votaron en favor de esa aberrante iniciativa: Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos-Farjat, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán.

La forma servil en que atendieron la consigna de AMLO nos deja a los mexicanos en estado de indefensión frente al poderoso. La Corte aparece ahora como un instrumento del Presidente de la República, igual que en los peores tiempos de la dominación priista. No cabe pensar que quienes se manifestaron en favor de la propuesta presidencial hayan votado en conciencia.

La iniciativa de AMLO era tan contraria a la ley y a la razón que procedía rechazarla de plano, como hizo en su proyecto el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales. Lejos de eso Zaldívar esgrimió una serie de especiosos argumentos que en vez de poner luz en la cuestión la oscurecieron más, y que no fueron suficientes para disimular la claudicación del presidente de la Corte ante López Obrador.

En su intervención, inusualmente previa al debate, Zaldívar manifestó que la Constitución encomienda a los ministros "una función político-constitucional, en el sentido de que nos corresponde abrir las puertas de la vida institucional a quienes históricamente han estado excluidos de ella".

Decir tal cosa es falsedad, a más de demagogia. Primero habría que probar que muchos o algunos mexicanos han estado excluidos de la vida institucional, y determinar luego, en su caso, si toca al Poder Judicial incorporarlos a ella, como sostiene Zaldívar, y no al Legislativo, al que corresponde formular las leyes en que se basa todo lo relativo a las instituciones nacionales.

La función de la Suprema Corte ha de tener un contenido estrictamente jurídico, más allá de toda política coyuntural. En este caso el Presidente del tribunal supremo y quienes lo siguieron en su desatinada decisión abdicaron de su calidad de juristas y de su independencia personal, pusieron la ley y la justicia en manos del Ejecutivo, y atentaron así en forma sumamente grave contra el equilibrio de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que son característica primordial de un Estado de Derecho.

Yo confiaba en que la Suprema Corte rechazaría, incluso por unanimidad de votos, la ilegal propuesta de AMLO. Ahora veo que en relación con seis de los once ministros mi confianza estuvo mal depositada.

Pensé equivocadamente que los tres que propuso López Obrador: Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez y Margarita Ríos-Farjat, serían servidores de la Nación y no sirvientes de quien los propuso. También en forma errada supuse que Zaldívar y los otros dos que votaron en favor de la iniciativa presidencial velarían por la Constitución y por la misma Corte y acotarían una de las caprichosas ocurrencias de AMLO. Mi esperanza resultó fallida.

Todo indica que los ciudadanos no podemos contar ya con la Suprema Corte como garante de la legalidad. Convertida en órgano político es ahora uno más de los instrumentos de que dispone López Obrador para imponer su voluntad sin un poder al frente que contraste el suyo.

Aplaudamos a los cinco ministros que votaron en contra de la ilegal consulta: Luis María Aguilar, Norma Peña, Javier Laynez, Fernando Franco y Jorge Prado. Merecen reconocimiento por su entereza y por su integridad. Esperemos ahora a ver qué comedia -o qué drama- pone en escena el director teatral. FIN.

Sobre la Corte y la pregunta tropical

Las tres objeciones que he escuchado desde el jueves sobre las decisiones de la Suprema Corte me parecen válidas. Lo que me resulta un poco confuso todavía es el resultado neto de lo que ha sucedido.

Seis ministros se sometieron a la voluntad del ejecutivo sin ruborizar. Acepar la constitucionalidad de la propuesta de López Obrador es aberrante por todas las razones esgrimidas por el ministro Aguilar, por Laynez y Piña en la discusión, y después en Twitter, columnas, radio y televisión, dentro y fuera de México.

No hay manera de sostener en un país serio que la aplicación de la ley se someta a votación de la sociedad, ni que las consultas populares -existentes en un gran número de países: No hay ninguna originalidad mexicana al respecto- pueda aplicarse a obligaciones que el Estado tiene ex ante. Es una vergüenza lo que se votó el jueves.

En segundo lugar, resulta evidente que López Obrador ya cuenta con un bloque de cuatro votos contra viento y marea, que impedirán la aprobación de recursos o mociones de inconstitucionalidad mucho más trascendentes que el de la consulta.

Existen 17 temas pendientes, dejados en suspenso por el presidente de la Corte a propósito, y para los cuales la votación de ayer sugiere que no habrá los ocho votos necesarios para echar para atrás leyes más aberrantes que la consulta. Sí parece que perdimos a la Corte, como contrapeso frente a la deriva autoritaria del Gobierno. No hay casualidades: Los cuatro ministros nombrados o apoyados por AMLO votaron con él.

En tercer lugar, es un hecho que la pregunta reformulada desvirtuó por completo la iniciativa del Ejecutivo. No hay delitos o sanciones, no hay investigación, no hay ex presidentes. Sólo hay “decisiones políticas” (quien sabe qué signifique eso; por ejemplo, ¿incluye el fraude electoral de Bartlett en 1988?), “actores políticos” que las toman (ni modo que las tomaran actores de reparto), y “esclarecimiento” (“whatever that means”). Hasta para el país bananero en el que nos hemos convertido bajo la 4T, se volaron la barda los ministros.

Lo que me queda menos claro con todo esto es lo que sigue. Obviamente, como ya dijimos aquí varias veces, no habrá ninguna investigación, juicio o sentencia para ningún ex Presidente, ni siquiera para Calderón, blanco predilecto de las rabias de López Obrador.

No sé de qué manera los ministros podrán fallar -a menos que le toque al Tribunal Electoral- que la consulta tenga lugar en la misma fecha que las elecciones de medio periodo del año entrante, cuando la fecha está definida en la Constitución y es otra. Ya se las arreglarán, supongo; quien puede lo más -sujetar la aplicación de la ley al ánimo popular- puede lo menos -cambiar la fecha del atropello.

También me resulta obvio que López Obrador le atribuirá a la inverosímil redacción de los ministros la interpretación que él quiera (para eso es dicha redacción), pero su valor jurídico será nulo, sobre todo para la justicia española, inglesa o estadounidense, bajo la cual tendrían que ser extraditados tres ex presidentes. La pregunta no pasa la prueba de la risa.

Pero si este circo va a funcionarle a López Obrador frente a la persistencia de la pandemia, el enfriamiento de la economía norteamericana -y por ende de la mexicana- en septiembre, y la perpetuación de la violencia, es otro asunto.

No lo descarto -para eso se diseñó y se puso en práctica dicho circo- pero no estoy del todo convencido. Lo que sí se es que seguimos por la ruta ya trazada: Destruir, con o sin intención, lo poco que servía en el País. Poco sí, pero como diría Sergio Mendes, “más que nada”.

Responden miles a reto de AMLO

Claudia Salazar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A tres días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador retó a que si había una manifestación de 100 mil personas en contra de su Gobierno y no tenía el apoyo en las encuestas dejaría el cargo, miles de ciudadanos marcharon para expresar su inconformidad con la actual Administración.
Mujeres, jóvenes, adultos mayores y familias enteras, la mayoría con cubrebocas y procurando la sana distancia, caminaron del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino ondeando banderas de México y exigiendo la renuncia de López Obrador.
Contingentes provenientes de Chihuahua, Puebla, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, entre otras entidades, marcharon gritando consignas en contra del Mandatario.
A su arribo al Centro Histórico, los manifestantes retiraron las vallas metálicas instaladas por cuerpos de seguridad y, con ello, el campamento del Frente Nacional AntiAMLO (Frena), uno de los convocantes, se amplió a toda la plancha.
“Yo no estoy muy de acuerdo con Frena, no coincido mucho con ellos, pero la verdad es lo único que hay para manifestarnos y aquí estamos, protestando contra este señor”, dijo María Teresa Quezada.
En la explanada del Monumento a la Revolución, los organizadores armaron una mesa para entregar a los manifestantes papeles numerados y marcaron el dedo pulgar con tinta azul.
Autoridades federales reportaron unos 18 mil asistentes; las capitalinas, unos 8 mil; sin embargo, los organizadores sostuvieron que reunieron a 150 mil.
“El pez por su propia boca muere. López, fuimos más de 100 mil y ahora vas a cumplir lo que prometiste y te decimos: ¡fuera López, fuera López”, dijo un orador desde el sonido del campamento.
Desde Puebla, Félix Ramón llegó con su familia al Zócalo, portaba el número 60 mil 613. Durante la pandemia perdió su negocio y no ha podido abrir de nuevo.
“Pagué todos mis impuestos, 150 mil pesos, y cerré; a cambio no he recibido ninguna ayuda”, lamentó acompañado de su madre, hermana y sobrino.
“Este País no va bien, lo vemos todos”, expresó. “Estamos aquí por el País, mentiría si dijera que en lo personal me ha afectado en algo su Gobierno, pero es verdad que este Presidente no da una”.
Paulino Ángel García portaba el número 20 mil 768 y a las 13:00 horas estaba llenando una hoja de adhesión a Frena, con nombre, correo y celular.
“Este Presidente no hace nada bien, a lo mejor no renuncia, pero sí va a sentir la presión de cuántos no lo queremos”, dijo.