En una primera decisión, la segunda sala del STF le concedió a Lula, por dos votos a uno, el acceso a todos los documentos utilizados en el acuerdo de la empresa constructora Odebrecht de interés para la defensa del exgobernante y en el que se incluyen documentos de Estados Unidos y Suiza.

Tal fallo permite el ingreso a los sistemas Drousys y MyWebDay, métodos de contabilidad utilizados por Odebrecht y a los que solo tenían acceso los fiscales del Ministerio Público Federal.

Un segundo veredicto a favor del exdirigente obrero, también con votación de dos a uno, fue el retiro de un extracto de la denuncia del exministro Antonio Palocci de que Lula recibió 12 millones de reales (unos 2,4 millones de dólares) en propiedades de Odebrecht para albergar el Instituto Lula.

La inclusión de la declaración del extitular de Finanzas y la retirada del secreto, seis días antes de la primera vuelta de las elecciones de 2018, fue un indicio de la parcialidad del exjuez Sérgio Moro.

'Resulta importante que la Corte Suprema reconozca el origen de algunos derechos que tenemos desde hace tiempo, como la imposibilidad de crear una caja de secretos para restringir la labor de los abogados defensores y la imposibilidad de que el juez actúe en lugar de la fiscalía y vigile el calendario electoral', afirmó el jurista Cristiano Martins, parte de la defensa de Lula.

Según fuentes judiciales, la segunda sala del STF juzgará posteriormente otra petición de los abogados del exlíder metalúrgico, en la que cuestionan la actuación de Moro en el proceso contra Lula.

El juicio puede conducir a la anulación de la condena en el llamado caso del apartamento triplex en Guarujá, en el interior del estado de Sao Paulo, un proceso que llevó a la inelegibilidad del exjefe de Estado.

Lula, quien resultó condenado en este caso, estuvo encarcelado 580 días. Salió de prisión el 8 de noviembre al determinar el STF que los presos sin sanción en primera instancia, y que no constituyan peligro para la sociedad, pueden esperar en libertad.