El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ante el Parlamento británico, Londres, Reino Unido, 13 de diciembre de 2018.
Phil Noble / Reuters
La Crida Nacional per la República (Llamamiento Nacional para la República, en español), el nuevo instrumento político promovido por el expresidente catalán Carles Puigdemont, celebrará su congreso constituyente este 26 de enero en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (Cataluña, España).
Este movimiento, que tiene alrededor de 16.000 fundadores y al que se han adherido más de 50.000 personas, cuenta con el apoyo institucional del sustituto de Puigdemont, Quim Torra, y el favor del activista Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión.
Con la meta de lograr una 'República catalana', la intención de esta Crida es "definir unas nuevas estrategias, disponer de nuevos instrumentos y renovar alianzas" para lograr una "unidad soberanista y republicana" basada en "la radicalidad democrática, la transversalidad ideológica, la transparencia en la toma de decisiones y la buena gestión del bienestar público".
Los promotores de la Crida pretenden aglutinar tantas sensibilidades políticas y sociales como sea posible para participar en las citas electorales venideras y se comprometen a disolverse cuando alcancen su objetivo. De hecho, Carles Puigdemont apeló el pasado 24 de enero a "una gran generosidad por parte de todos" para "superar los marcos estrictos de las formaciones políticas".
Sin embargo, este proyecto parece lejos de ser la casa común del soberanismo y aglutinar a otros partidos que abogan por la autodeterminación y desde el principio cuenta con la oposición de Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) y de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que se han negado a incluirse en esta herramienta.
De hecho, el debate sobre si participar o no solo existe en el seno del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat) —las siglas con las que Puigdemont se presentó a las elecciones dentro de la plataforma Junts per Catalunya—, que es heredero de Convergencia Democrática de Cataluña, la formación con la que Jordi Pujol y Artur Mas gobernaron esa región española durante 23 y seis años, respectivamente.
Puigdemont, líder de la acción política
La Crida reserva su liderazgo de la acción política a Carles Puigdemont, huido de la Justicia española. A falta de que se vote durante el congreso de mañana, todo hace presagiar que la ejecutiva del partido estará liderada por Jordi Sánchez y Elsa Artadi, actual consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat.
Otra incógnita es repercusión de este instrumento en las elecciones europeas que se celebrarán en mayo, ya que varios partidos nacionalistas de España habían llegado a un acuerdo para concurrir juntos a esos comicios. Entre ellos se encuentra el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que parece receloso de compartir lista con la Crida.
Candidato a alcalde de Barcelona desde la cárcel
En este contexto, durante la semana se supo que el exconsejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, planea encabezar la lista de "una candidatura integradora, solvente y trasversal" a la Alcaldía de Barcelona. El protagonista de los hechos hizo pública su decisión a través de una carta abierta que colgó en su perfil de Twitter.
Forn afronta el reto desde la cárcel, pues es uno de presos preventivos por el proceso judicial fruto del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Está acusado de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos y se encuentra en prisión provisional desde el 2 de noviembre de ese año.
El traslado de los políticos presos ha comenzado. El Tribunal Supremo está ultimando los detalles del juicio por el 'procés', en el que se sentarán en el banquillo nueve exmiembros del Govern -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs-, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y líder de JxCat Jordi Sànchez y el presidente de òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Está previsto que en breve se comunique la fecha de inicio de la vista oral, que está previsto que arranque a principios de febrero.
Abrimos un hilo directo para informar de las últimas noticias sobre el juicio a los políticos catalanes.
El autobús que traslada a los políticos presos a Madrid, a su paso por Lleida. / LAURA CORTÉS (ACN)
Para las comunicaciones telefónicas, dispondrá de tarjeta con 10 números autorizados a los que pueden llamar semanalmente, con una duración máxima de la llamada de cinco minutos. Al igual que para el resto de los internos, las comunicaciones con sus abogados no tendrán límite de tiempo ni restricciones horarias, y se realizarán en locutorios especiales, en los que el funcionario solo tiene control visual. Por su parte, las comunicaciones institucionales tendrán lugar a petición de los internos y siempre que no entorpezcan las comunicaciones del resto de reclusos.
13:48
Como el resto de internos, dispondrán de locutorio dos veces a la semana con una duración de 20 minutos, si bien se pueden acumular en una sola de 40 minutos y puede haber hasta cuatro personas en el locutorio. Una vez al mes podrán tener un vis a vis, con una duración de entre una y tres horas, y podrán recibir la visita de sus familiares también una vez al mes con una duración de entre una y tres horas en un local adecuado. Si tienen pareja e hijos menores de 10 años, podrán tener derecho a estancia de convivencia una vez al trimestre, con una duración de tres a seis horas y puede haber hasta seis miembros de una familia.
13:45
En primer lugar, los presos serán llevados al módulo de ingresos, donde serán identificados, se tomarán sus huellas y se someterán al registro de sus bienes personales. Allí serán reconocidos por el equipo médico y se les hará entrega, como al resto de internos, de un lote de productos higiénicos, ropa de cama y cubiertos.
13:42
Instituciones Penitenciarias procurará que los presos independentistas estén en módulos de respeto en las cárceles de Soto del Real y de Alcalá Meco, donde llegarán hoy, igual que lo estuvieron antes de que fueran trasladados a Catalunya. No obstante, la última palabra la tienen los directores de estas dos prisiones.
13:37
"El Govern quiere una vez más demostrar su apoyo y solidaridad con las familias de los presos y las víctimas de la represión española", continúa Torra. "Nuestros derechos se han violado de un modo vergonzoso". Ahora Torra cambia al catalán para denunciar una "estrategia premeditada para eliminar la voluntad democrática de los catalanes". Y pide al Gobierno español "valentía y coraje" para hacer los cambios democráticos necesarios para homologarse al resto de democracias europeas. "Democracia, no violencia, justicia y libertad", acaba el 'president' su declaración institucional acompañado del resto de miembros del Ejecutivo catalán.
13:34
Comparece Torra: "Estamos en las horas previas de un juicio que cambiará la historia de nuestro país. Ante un juicio contra el derecho de autodeterminación y la democracia", empieza. El 'president' lee una parte de la declaración en inglés para rechazar la, a su juicio, represión del Estado contra los líderes independentistas catalanes. "El problema para los demócratas catalanes el también el problema de los países democráticos y la Unión Europea"
13:25
En breve, está previsto que comparezca también el 'president' Quim Torra para leer una declaración institucional tras el Consell Executiu extraordinario que se ha celebrado este viernes en el Palau de la Generalitat.
13:20
El anuncio de la fecha del juicio se ha hecho público mientras los presos independentistas están siendo trasladados a Madrid, para acudir a las sesiones del juicio, que está previsto que dure entre dos meses y medio y tres meses.
13:13
El juicio del 'procés' comenzará el próximo 12 de febrero, según han confirmado fuentes jurídicas a este diario, informa Ángeles Vázquez.
13:11
En breve está previsto que arranque la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, en el que con toda probabilidad los periodistas interrogarán a la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, sobre los detalles del traslado de los presos independentistas a Madrid.
El conflicto catalán está entrando en un nuevo capítulo con la posible apertura de una mesa de diálogo como escenario para acercar posturas y con su mayor polémica hasta la fecha: la presencia de una figura que algunos califican de mediador, otros de relator y otros de coordinador.
La mesa abierta de partidos políticos para abordar el diálogo y la situación política en Cataluña se fraguó tras la cumbre de Pedralbes, en Barcelona, del pasado 20 de diciembre, en el encuentro que mantuvieron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el responsable del Ejecutivo catalán, Quim Torra, así como en las dos entrevistas que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mantuvo en enero con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consejera de la Presidencia catalana, Elsa Artadi.
¿Por qué ahora?
Queda una semana para que empiece a discutirse en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Sánchez presentó hace pocos días y que, precisamente, necesita del apoyo de los partidos catalanes para salir adelante.
El presidente español, Sánchez, y el catalán, Torra, en el Palacio de Pedralbes. Barcelona, 20 de diciembre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, aunque todavía se muestra abierta a retirarla dependiendo de los gestos del Gobierno. Y el Partido Demócrata europeo de Cataluña (PDeCat), de Torra, aún muestra dudas sobre la postura que tomará.
Se trata de crear un canal alternativo para el diálogo político entre todos los partidos de ámbito catalán, y posiblemente con la participación de algunos de ámbito nacional, para abordar la situación política en Cataluña, su análisis y la búsqueda de soluciones.
¿Por qué?
Las conversaciones a nivel institucional entre los Gobiernos de España y de la Generalitat a través de la Comisión bilateral que recoge el Estatuto de Cataluña no se encuentran en el mejor momento y se está buscando una alternativa más flexible, que además incluya a otros actores.
¿Quién la ha propuesto?
Al parecer, habrían sido los partidos catalanes independentistas quienes habrían propuesto tanto la mesa de partidos como la presencia de una "figura notarial" en ella.
Así, el diputado de ERC, Joan Tardá, deja claro en un tuit cuáles han sido los requisitos de su formación para retirar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado PGE: instar a la Fiscalía [para que actúe en relación a los políticos independentistas presos]; el establecimiento de una comisión bilateral de partidos; la figura del mediador; y poner sobre la mesa el referéndum de autodeterminación.
¿Quiénes participan en la mesa?
Están convocados todos los partidos presentes en el Parlamento catalán: Ciudadanos (Cs), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Socialista Catalán (PSC), En Comú-Podem, Partido Popular (PP) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
De momento, Cs ya ha anunciado que no participará, al igual que el PP y la CUP.
Queda pendiente por saber si finalmente se abrirá a otros actores de ámbito nacional. Los que tienen más posibilidades de participar son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y Podemos, liderado por Pablo Iglesias.
¿En qué consiste la figura del mediador?
Según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "No es un mediador, no hay un conflicto internacional. Hay una mesa donde se van a sentar los partidos en Cataluña que utilizará a una persona para ayudar a organizar y a negociar. No tiene más trascendencia. Nada más".
Información y privacidad de Twitter AdsLo cierto es que no está muy claro cuál será exactamente su papel, aunque los comentarios hechos por miembros del partido en el Gobierno dan a entender que sería alguien que facilitará el diálogo y el encuentro.¿Quién será?De momento aún no se han barajado nombres concretos, pero desde los partidos independentistas catalanes se aboga porque sea una figura internacional. Por su parte, desde el Gobierno defienden que sea una persona española, preferentemente "del ámbito catalán", en palabras de la vicepresidenta.
¿Qué críticas está cosechando el Gobierno de España?
El Gobierno español ha sorprendido al aceptar la figura de esta especie de coordinador entre los partidos catalanes, aunque está siendo duramente criticado por ello.
El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) están convocando protestas en las calles contra lo que consideran una cesión del presidente del Gobierno a Cataluña.
Información y privacidad de Twitter AdsPablo Casado, líder del PP, incluso ha anunciado que no descarta presentar unamoción de censuracontra Sánchez si no rectifica, pues para el político popular, el presidente ha cometido"alta traición a España". "Han aceptado uno de los chantajes de los independentistas", ha argüido justo antes de anunciar que convocaba una concentración este domingo en Madrid "para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando" a España.
Además, Casado afirma que la apertura de la mesa de partidos junto con la figura del relator es la "felonía más grave desde el 23F", fecha en la que se produjo un golpe de Estado en el país íbero.
Información y privacidad de Twitter AdsCiudadanos prefiere presionar para que Sánchez convoque elecciones y se ha apresurado a convocar una manifestación este domingo en Madrid, adelantándose por horas a Casado. "Hay que crear un frente cívico contra Sánchez", sostiene Albert Rivera."Hay que frenar a Sánchez", ha insistido el político, que argumenta que no está "dispuesto a vender" el país y opina que todo lo que hace el presidente es por "seguir un cuarto de hora más en La Moncloa".
¿También en el partido del Gobierno?
También en la formación del presidente se han escuchado críticas. El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del partido socialista, declaró en Onda Cero: "No lo entiendo. Le pido al Gobierno de España que se mantenga en su sitio en la defensa de la Constitución. Si se trata de tener a alguien de testigo porque no se fían unos de otros, que hablen en el Parlamento, que estamos todos de testigos".
Información y privacidad de Twitter AdsOtro varón socialista, Javier Lambán, presidente de Aragón, ha opinado a través de Twitter que "aprobar un presupuesto no justifica cesionesque pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia".
¿Por qué unas críticas tan contundentes?
El conflicto catalán es la cuestión más espinosa que el presidente español tiene entre manos. Por un lado, los partidos catalanes independentistas tienen las llaves para aprobar unas cuentas públicas que pueden ser claves para que pueda agotar la legislatura, pues se encuentra en una posición de debilidad al contar con tan solo 84 diputados de los 350 que componen el Hemiciclo.
Por el otro, cualquier cesión es fuertemente amplificada por los partidos de la oposición de la derecha del arco parlamentario, pues han tomado la bandera de la integridad del Estado como un arma arrojadiza, sobre todo después de la irrupción del partido ultraderechista Vox, a quien esta cuestión le está siendo rentable electoralmente, como se pudo constatar en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, donde consiguió 12 representantes.
De esta manera Sánchez se encuentra ante una paradoja. La inmovilidad no soluciona el conflicto, sino que lo agrava, como demostró la actitud del anterior presidente, Mariano Rajoy. Y si se mueve, tanto para propiciar un acercamiento, como para endurecer la relación con las fuerzas catalanas, corre graves riesgos políticos.
¿Y por qué está en el foco la figura del mediador?
La figura del mediador está en el centro de la polémica por varios motivos. Por un lado, para los partidos independentistas, una figura de este tipo de procedencia internacional haría más visible en el extranjero su conflicto y les otorgaría cierta entidad como interlocutor al mismo nivel que el Gobierno español.
Para los partidos contrarios a esta iniciativa, sobre todo los del ámbito conservador, es precisamente esa legitimidad internacional la que ven innecesaria y piden que el diálogo se circunscriba al ámbito de las instituciones. Opinan que su sola presencia ya pone en entredicho el principio de unidad de la nación española, pues mediaría entre dos partes que, a su juicio, no tienen el mismo nivel de interlocución.
¿Qué críticas está cosechando el Gobierno de España?
El Gobierno español ha sorprendido al aceptar la figura de esta especie de coordinador entre los partidos catalanes, aunque está siendo duramente criticado por ello.
El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) están convocando protestas en las calles contra lo que consideran una cesión del presidente del Gobierno a Cataluña.
Información y privacidad de Twitter AdsPablo Casado, líder del PP, incluso ha anunciado que no descarta presentar unamoción de censuracontra Sánchez si no rectifica, pues para el político popular, el presidente ha cometido"alta traición a España". "Han aceptado uno de los chantajes de los independentistas", ha argüido justo antes de anunciar que convocaba una concentración este domingo en Madrid "para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando" a España.
Además, Casado afirma que la apertura de la mesa de partidos junto con la figura del relator es la "felonía más grave desde el 23F", fecha en la que se produjo un golpe de Estado en el país íbero.
Información y privacidad de Twitter AdsCiudadanos prefiere presionar para que Sánchez convoque elecciones y se ha apresurado a convocar una manifestación este domingo en Madrid, adelantándose por horas a Casado. "Hay que crear un frente cívico contra Sánchez", sostiene Albert Rivera."Hay que frenar a Sánchez", ha insistido el político, que argumenta que no está "dispuesto a vender" el país y opina que todo lo que hace el presidente es por "seguir un cuarto de hora más en La Moncloa".
¿También en el partido del Gobierno?
También en la formación del presidente se han escuchado críticas. El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del partido socialista, declaró en Onda Cero: "No lo entiendo. Le pido al Gobierno de España que se mantenga en su sitio en la defensa de la Constitución. Si se trata de tener a alguien de testigo porque no se fían unos de otros, que hablen en el Parlamento, que estamos todos de testigos".
Información y privacidad de Twitter AdsOtro varón socialista, Javier Lambán, presidente de Aragón, ha opinado a través de Twitter que "aprobar un presupuesto no justifica cesionesque pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia".
¿Por qué unas críticas tan contundentes?
El conflicto catalán es la cuestión más espinosa que el presidente español tiene entre manos. Por un lado, los partidos catalanes independentistas tienen las llaves para aprobar unas cuentas públicas que pueden ser claves para que pueda agotar la legislatura, pues se encuentra en una posición de debilidad al contar con tan solo 84 diputados de los 350 que componen el Hemiciclo.
Por el otro, cualquier cesión es fuertemente amplificada por los partidos de la oposición de la derecha del arco parlamentario, pues han tomado la bandera de la integridad del Estado como un arma arrojadiza, sobre todo después de la irrupción del partido ultraderechista Vox, a quien esta cuestión le está siendo rentable electoralmente, como se pudo constatar en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, donde consiguió 12 representantes.
De esta manera Sánchez se encuentra ante una paradoja. La inmovilidad no soluciona el conflicto, sino que lo agrava, como demostró la actitud del anterior presidente, Mariano Rajoy. Y si se mueve, tanto para propiciar un acercamiento, como para endurecer la relación con las fuerzas catalanas, corre graves riesgos políticos.
¿Y por qué está en el foco la figura del mediador?
La figura del mediador está en el centro de la polémica por varios motivos. Por un lado, para los partidos independentistas, una figura de este tipo de procedencia internacional haría más visible en el extranjero su conflicto y les otorgaría cierta entidad como interlocutor al mismo nivel que el Gobierno español.
Para los partidos contrarios a esta iniciativa, sobre todo los del ámbito conservador, es precisamente esa legitimidad internacional la que ven innecesaria y piden que el diálogo se circunscriba al ámbito de las instituciones. Opinan que su sola presencia ya pone en entredicho el principio de unidad de la nación española, pues mediaría entre dos partes que, a su juicio, no tienen el mismo nivel de interlocución.
Embajador en EE.UU. defiende la democracia española frente "al odio y las mentiras" de los "separatistas catalanes"
Publicado: 7 feb 2019 05:00 GMT
Santiago Cabanas argumenta que Cataluña disfruta del mayor nivel de autogobierno "en su economía, fuerza policial, empleo y educación"
El presidente español, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra, en Barcelona, 20 de diciembre de 2018.
Albert Gea / Reuters
El embajador de España ante EE.UU., Santiago Cabanas, ha escrito un artículo para el medio estadounidense The Hill en el que defiende que "España es una democracia, un país progresista, abierto al mundo, respetuoso con los derechos humanos" en contraposición a los "separatistas catalanes", que "están dispuestos a expandir activamente el odio y las mentiras" a la audiencia norteamericana.
Cabanas ha escrito este texto como respuesta al artículo escrito por Andrew Davis, exjefe de la delegación catalana en los EE.UU., en el mismo medio hace unas semanas. Según Cabanas, "Davis intentó, sin éxito, utilizar el dinero de los contribuyentes españoles para convencer al público estadounidense de que Cataluña es una región oprimidaen el corazón de Europa".
Así, el embajador argumenta que Cataluña disfruta del mayor nivel de autogobierno "en su economía, fuerza policial, empleo y educación", y que es posible gracias al marco común de la Constitución española de 1978 que le otorgó "un gran poder político". Además, reafirma la calidad de la democracia española con la referencia al último Índice de Democracia publicado por The Economist, en el que España se sitúa entre los 20 primeros países.
as considera que el artículo de Davis está plagado de "falsedades, verdades a medias y hechos distorsionados", como parte de una campaña que busca "desacreditar el carácter democrático de España". Como ejemplo, aduce el caso de los políticos presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que según él, "están ahí, no por sus opiniones, eso no es motivo de encarcelamiento en España, sino más bien porque violaron la ley, –continúa el diplomático– intentaron organizar un referéndum ilegal contra las leyes españolas y catalanas, y contra órdenes judiciales".
También sostiene que el Gobierno español no interferirá en el proceso judicial porque "no puede" y porque "está comprometido a enfrentar los desafíos con optimismo, diálogo y respeto por el pluralismo y el Estado de Derecho".
El artículo ha sido compartido en Twitter por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que lo acompañaba del siguiente comentario: "España es una democracia plena que respeta los Derechos Humanos. Cataluña nunca ha tenido tanta autonomía como ahora".
Cabo de los Mossos d’Esquadra: "El independentismo en Cataluña ya no es política sino religión"
Publicado: 4 mar 2019 11:45 GMT | Última actualización: 4 mar 2019 12:53 GMT
"En Cataluña no hay una convivencia normal, la han roto los políticos catalanes apoyados por los políticos españoles", lamenta Inma Alcolea, cabo de los Mossos d’Esquadra, que denuncia estar acosada por el independentismo durante los últimos dos años. ¿Cómo es la vida de una constitucionalista en una policía politizada? ¿Por qué, según ella, quien tiene total responsabilidad por la situación en Cataluña es el Gobierno central? Véalo en Entrevista, de RT.
La entrevista a Inma Alcolea comienza con una afirmación contundente: la vida de los Mossos d’Escuadra de ideología constitucionalista "siempre ha sido mala". "No era fácil vivir con personas de ideología totalmente contraria", detalla a continuación. Según recuerda con amargura, un subinspector independentista llegó a llamarla, delante de otras doce personas, "colona desagradecida e inadaptada". En un entorno en el que, según nuestra entrevistada, "hablar castellano es como un crimen", el desarrollo de sus funciones como agente policial "no ha sido fácil".
En un análisis de la historia reciente, Alcolea señala que la situación en Cataluña empieza a cambiar realmente en el año 2006, cuando el entonces presidente del Gobierno de España, Jose Luis Rodríguez Zapatero, otorga a Cataluña "una serie de competencias para realizar un Estatuto de Autonomía con unas libertades que estaban en contradicción con la Constitución". Más tarde, como señala esta cabo de los Mossos, el referéndum soberanista de noviembre de 2014 supondrá también "un punto de inflexión".
"Una persecución inaudita"
En la vida personal de Inma Alcolea también tiene lugar un desafortunado episodio que marca un punto de inflexión. Un día, su madre entra en su perfil de Facebook y, con el usuario de su hija, escribe un comentario insultante contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "Lo escribió en mayúscula y en mi Facebook", recuerda Alcolea, que reconoce que "eso es lo que ha sido mi infierno". "A raíz de ahí tiene lugar una persecución inaudita por parte del cuerpo de los Mossos d’Esquadra", añade.
Agentes de los Mossos d'Esquadra en el exterior del Parlamento catalán. 10 de octubre de 2017. / Rafael Marchante / Reuters
Esta agente policial opina que "el problema del cuerpo de Mossos d’Escuadra es que actúa sin tener en cuenta la ley y en base a su ideología política". Con esta firmeza critica Alcolea al cuerpo policial al que pertenece, que tal como explica "está liderado por políticos independentistas". "Los Mossos constitucionalistas nos estamos viendo señalados y acosados", asegura.
Desde un punto de vista político nacional, Alcolea denuncia que Cataluña ha sido "moneda de cambio para el Partido Popular y para el Partido Socialista", que necesitaban "tener los votos" de los nacionalistas "para gobernar España". En una fase más avanzada de la conversación, la entrevistada asegura que la convivencia en la sociedad catalana "está rota" y culpa de ello a "los políticos catalanes", aunque también señala la responsabilidad de "los políticos españoles" en esta ruptura.
Les recomendamos que vean completa esta entrevista en el video, en la que nuestra invitada profundiza en éstos mismos aspectos y en otros temas de interés relacionados con su experiencia personal y profesional como parte de los Mossos d’Escuadra.
MADRID (Sputnik) — El exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, reveló que elaboró un plan para detener al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y al resto de los integrantes de su Gobierno, en los días previos a que el Parlamento de Cataluña adoptara la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.
"El 27-O me puse a disposición del fiscal y del presidente del Tribunal Superior de Justicia por si debíamos detener al presidente y a los consejeros", declaró Trapero ante el Tribunal Supremo, donde este 14 de marzo compareció como testigo en el juicio del "procés", en el que son juzgados doce líderes independentistas.
Según reveló el exjefe de la Policía catalana, el cuerpo tenía "un plan desde el día 25" para proceder a las detenciones de los dirigentes políticos en caso de que las autoridades judiciales lo encontraran necesario.
En su comparecencia, Trapero, que es investigado en la Audiencia Nacional por la actuación de los Mossos en el proceso soberanista, intentó descargar al cuerpo policial de cualquier responsabilidad en el mismo, trasladándola por completo al Gobierno independentista.
De hecho, el exjefe del cuerpo catalán aseguró que entre los Mossos existía "malestar" ante el Gobierno catalán por su decisión de "impulsar" un "acto ilegal" como el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
Además, Trapero intentó desmontar el relato de las acusaciones, que atribuyen a los Mossos un papel de pasividad que dificultó las órdenes judiciales existentes para detener la consulta, declarada ilegal por la justicia española.
Según su versión de los hechos, el operativo de los Mossos el 1 de octubre tenía la finalidad de "cumplir con los mandamientos judiciales", aunque admitió que existían limitaciones operativas que impidieron detener la consulta.
De hecho, Trapero reveló que la cúpula del cuerpo policial mantuvo dos reuniones con dirigentes del Gobierno catalán en los días 26 y 28 de septiembre, a las puertas del referéndum, para trasladar su disposición a cumplir las órdenes judiciales.
A la segunda de esas reuniones acudió el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, además del responsable de Interior, Joaquin Forn.
"En esa reunión reiteramos que el cuerpo debe cumplir las órdenes de la Fiscalía y les instamos al cumplimiento de la legalidad", explicó Trapero, que en todo momento se refirió a la consulta como "referéndum ilegal".
Trapero manifestó también el malestar del cuerpo policial por declaraciones de distintos integrantes Gobierno catalán, que difundieron el mensaje de que los Mossos permitirían la consulta.
Además, el exjefe de Mossos trasladó a Puigdemont en esa reunión su preocupación por el mantenimiento del orden público ante la perspectiva de que el encuentro entre 2 millones de votantes y más de 10.000 policías generase "alteraciones graves" para la seguridad ciudadana.
Ante la exposición de estas preocupaciones, Carles Puigdemont –siempre según la versión de Trapero– instó al cuerpo policial a "hacer el trabajo que tuvieran que hacer", lo que implicaría que no hubo órdenes políticas para facilitar un referéndum, cuya convocatoria se mantuvo pese a la oposición de los Mossos.
Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra doce líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Entre los acusados destacan figuras como Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por delitos de rebelión y malversación.
Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.
El Congreso español suspende a los 4 diputados independentistas catalanes presos
Publicado: 24 may 2019 11:50 GMT | Última actualización: 24 may 2019 12:34 GMT
Según el reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los políticos electos que estén siendo procesados y que se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos, después de recibir un informe de los letrados del Congreso.
El acuerdo ha llegado 24 horas después de que la presidenta del órgano, la socialista Meritxell Batet, solicitase a los letrados de la Cámara un informe, que le ha sido entregado la mañana de este mismo viernes y en que se abogaba por una suspensión inmediata.
Según el reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los políticos electos que estén siendo procesados y que se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos de derechos, sueldo y funciones, después de recibir un informe de los letrados de las Cortes.
Dos días antes de las elecciones y en la antesala de la investidura
Esta medida llega dos días antes de que se celebren en España las elecciones europeas, autonómicas y municipales. También se produce en los días previos a que comiencen las negociaciones de los partidos políticos y la ronda de consultas del rey Felipe VI con los portavoces de los grupos parlamentarios previa a la investidura del presidente del Gobierno.
La ausencia de estos cuatro diputados podría hacer variar la aritmética parlamentariay facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez, que fue el ganador de los comicios celebrados el 28 de abril, pero que necesita el apoyo de otras fuerzas políticas para volver a dirigir el Ejecutivo.
MADRID (Sputnik) — El presidente catalán, Quim Torra, afirmó en el aniversario de la convocatoria ilegal del referéndum soberanista del pasado 1 de octubre de 2017, que su compromiso es avanzar a una República catalana.
"El Gobierno se compromete a avanzar sin excusas para que la república catalana sea una realidad", afirmó el mandatario en el acto institucional celebrado por el segundo aniversario del referéndum bajo el título 'Compromís del Primer d'Octubre' (Compromiso del Primero de Octubre).
En el acto, en el que además de Torra estaba el vicepresidente Pere Aragonès y otros miembros del Ejecutivo, afirmaron que vendrán "momentos difíciles y de desafíos" pero el camino a la república "es inevitable".
Además, insistieron en que mantendrán "el compromiso con el derecho de autodeterminación".
"El Gobierno se compromete con la radicalidad democrática, con el derecho a la autodeterminación, el diálogo, la cohesión social y el respeto escrupuloso a los derechos humanos, los derechos civiles y las libertades colectivas", afirmó el mandatario.
En el aniversario de este referéndum también estuvieron muy presentes los líderes independentistas que se encuentra en prisión.
"Persistiremos hasta conseguir la libertad de los presos políticos y el retorno de las personas exiliadas", argumentó.
Entre las personas que se encuentra en prisión preventiva desde hace casi dos años destacan figuras como Oriol Junqueras, que en 2017 era vicepresidente del Gobierno catalán; o Carme Forcadell, que por aquel entonces era la presidenta del Parlamento de Cataluña.
El resto de los enjuiciados son ocho antiguos miembros del Gobierno catalán y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de plataformas civiles —ANC y Ómnium, respectivamente— encargadas de liderar la movilización del independentismo en las calles.
En el discurso, los mandatarios independentistas recordaron aquel 1 de octubre de 2017, cuando la consulta soberanista, anulada por el Tribunal Constitucional, se convirtió en un jaque a la justicia española, que terminó con cargas policiales.
"Aquel día la sociedad catalana se apoderó y plantó cara a la barbarie. Dos millones trescientos mil ciudadanos fueron a votar y defendieron las urnas. La sociedad catalana las defendió asumiendo todas las consecuencias, siendo golpeados y agredidos por las fuerzas enviadas por el Gobierno español", rezaba el texto leído en el acto.
La cuestión de Cataluña será el epicentro de la campaña electoral para las elecciones del próximo 10 de noviembre, dado que además del aniversario de la consulta, la sentencia de los líderes independentistas que se encuentran en prisión provisional se conocerá a mediados de octubre.
El Tribunal Supremo condena a 9 líderes del 'procés' en Cataluña a penas de entre 9 y 13 años por sedición
Publicado: 14 oct 2019 07:32 GMT | Última actualización: 14 oct 2019 12:43 GMT
La mayor sentencia ha recaído sobre el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación.
El Tribunal Supremo de España ha condenado este lunes a nueve líderes independentistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel por su participación en el 'procés'. Otros tres acusados, que no entraran en prisión al ser condenados solo por el delito de desobediencia, están obligados a abonar una multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros.La mayor sentencia ha recaído sobre el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afronta una condena de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de sedición en concurso medial y malversación de fondos públicos. Asimismo, los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido condenados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos delitos.Por otro lado, la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años de cárcel, mientras que los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull afrontan 10 años y 6 meses de prisión. Sobre el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de òmnium Cultural, y Jordi Cuixart, recae una pena de 9 años de cárcel.
La pena impuesta a Santi Villa, Mertixell Borràs y Carlés Mundó consiste en 10 meses de multa y 18 meses de inhabilitación por el delito de desobediencia.
El tribunal, en su auto, concluye que los condenados idearon una "estrategia concertada" con "reparto de papeles" para alcanzar la independencia. Además, considera probada la existencia de violencia durante el proceso, aunque no la suficiente como para acreditar un delito de rebelión, lo que hubiese aumentado las penas considerablemente. En este sentido, el fallo subraya que los hechos de violencia puntual que se produjeron tuvieron "absoluta insuficiencia" para imponer "la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán".
Importantes ausencias
Siete personas acusadas en este proceso no han sido juzgadas, por encontrarse fuera de España huidos de la Justicia. Entre ellas está Carles Puigdemont, que ocupaba el cargo de presidente de la Generalitat en el momento en que se produjeron los hechos juzgados.
También huyeron otros cuatro exconsejeros del Ejecutivo catalán de aquel periodo (Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig) y las dos diputadas independentistas Anna Gabriel y Marta Rovira, de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y Esquérra Republicana de Catalunya (ERC) respectivamente.
Manifestaciones de protesta
Las esperadas manifestaciones de protesta han comenzado a tener lugar esta mañana y se cree que continuarán a lo largo del día.
La sección de Cataluña del sindicato CC.OO. ha realizado una "convocatoria de rechazo a la sentencia" a las 13.30 horas en Barcelona. También en la capital de Cataluña, los estudiantes universitarios han salido de sus respectivas facultados con la intención de reunirse a las 12 en el centro de la ciudad. Además, manifestantes han cortado varias vías del centro de la urbe generando problemas de tráfico, mientras que algunos grupos se han concentrado ante las Consejerías que estaban bajo el mando de los condenados.
Reacciones
El presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante los medios, ha dicho que "nadie está por encima de la ley" y que "en una democracia nadie es juzgado por sus ideas", "sino por delitos". Además, Sánchez se ha felicitado de que el proceso judicial se haya desarrollado con "plenas garantías y absoluta transparencia". "Como corresponde a un Estado democrático y de Derecho, como el español, el acatamiento significa su íntegro cumplimiento", ha especificado el presidente, lo que podría ser un guiño para desmentir los rumores sobre su intención de indultar a los condenados.
Por su parte, el presidente de Cataluña, Quim Torra, ha afirmado que el fallo del Tribunal Supremo "es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana" y que "Cataluña vive un día gris" porque "se ha condenado a 12 personas honorables, demócratas y pacíficas", a "cien años en conjunto". Torra ha exigido las liberación de los "presos políticos" y la amnistía par los políticos autoexiliados y "todas las personas represaliadas".
"La sociedad catalana sabrá responder a esta ignominia de la manera que siempre se ha expresado: con determinación, serenidad, firmeza y civismo. Con el sentido democrático y pacífico que nos caracteriza", ha aseverado el presidente catalán durante su discurso.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha sido uno de los primeros políticos en comentar la sentencia del Tribunal Supremo. "100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a su lado y al de sus familias. Toca reaccionar, como nunca. Por el futuro de nuestros hijos e hijas. Por la democracia. Por Europa. Por Cataluña", ha comentado en su cuenta de Twitter.
"Volveremos más fuertes, más convencidos y firmes que nunca. Gracias a todos y persistir porque nosotros persistiremos siempre, siempre!", ha afirmado por su parte Junqueras desde la prisión en la que se encuentra.
También la entonces presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, ha comentado la sentencia desde prisión. "La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo allí donde haga falta. Hoy la democracia vive un día oscuro, pero ni en momentos así el derrotismo debe vencer. ¡Vamos a salir!", ha denunciado.
Historia del 'procés'
El proceso independentista Catalán y el posterior juicio a sus líderes han intensificado considerablemente el debate público en España sobre la integridad territorial de la nación y han azuzado la confrontación política entre los diversos partidos. De hecho, la postura de cada formación respecto a la crisis catalana ha constituido en cada caso un elemento primordial en sus respectivas propuestas electorales de cara a los diversos comicios que se han celebrado desde que estalló la crisis.
A pesar de que el Tribunal Constitucional de España suspendió el referéndum de 2017 varias semanas antes de su celebración, las autoridades catalanas, con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la cabeza, decidieron celebrar una multitudinaria consulta en la que participaron, según los propios organizadores, algo más de dos millones de personas. De ellos, más del 90% habría votado que sí, siempre según el escrutinio del propio Ejecutivo catalán que lo impulsó, ya que el plebiscito no contó con supervisión externa ni con validación internacional de ningún tipo.
En cualquier caso, los dirigentes del Gobierno catalán y del Parlamento autonómico dieron validez a los resultados, interpretándolos como un mandato de la ciudadanía, y procedieron a proclamar la independencia de la república catalana en el Parlamento de la región. Entre sus argumentos siempre figuró también el hecho de que en su programa electoral, votado mayoritariamente en Cataluña, ya figuraba un proyecto soberanista cuyo fin era la proclamación de un Estado independiente, por lo que su tarea como Ejecutivo incluía esta hoja de ruta.
La respuesta del Gobierno Central, con Mariano Rajoy (Partido Popular) al frente fue expeditiva, y no exenta de polémica: aplicó el artículo 155 de la Constitución Española (poniendo en marcha un mecanismo por el que el Estado suspendía la autonomía de Cataluña y se hacía cargo provisionalmente de la gestión de la región); destituyó al Gobierno de Puigdemont en bloque, y convocó elecciones que se celebrarían dos meses después.
En paralelo, la Justicia encausó a los responsables del proceso independentista, y llevó a cabo una severa instrucción judicial a cargo del Juez Pablo Llarena, centrada, principalmente, en dilucidar si los acusados habían instrumentalizado la violencia (y el dinero público) para la obtención de sus objetivos soberanistas. Una vez terminada la fase de instrucción, el Tribunal Supremo se hizo cargo de la causa, en este juicio que ya es parte importante de la historia política de España.
Finalmente se confirmaron las filtraciones: sedición y no rebelión. El Tribunal Supremo descartó, a pesar de años sosteniendo esta tesis la Fiscalía, la rebelión, aunque la sedición deja condenas no poco gravosas. El abanico variará entre los 12 y 13 años para aquellos a los que se les impuso también malversación —13 años para Oriol Junqueras; y 12 para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y los 9 y 11 años para aquellos a los que no se les aplicó este agravamiento —11 años y 6 meses para Carme Forcadell; 10 años y 6 meses para Josep Rull y Joaquim Forn; y 9 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart—. Casi 'absueltos' han resultado Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, condenados a 1 año y 8 meses de inhabilitación por desobediencia.
Además, el Tribunal Supremo no accede a la petición de la Fiscalía para obligar a que los condenados no pudieran acceder al tercer grado —dormir en prisión— hasta alcanzar la mitad de la condena, lo que situaría a los condenados en posición de acceder a la 'semilibertad'. En dos meses la mayoría podrían dormir en sus casas.
Una condena contraria a los valores democráticos
La condena es contraria a los valores democráticos. Es antidemocrática porque condena por sedición a quienes desobedecieron pacíficamente, lo que sitúa a España, de nuevo, como un régimen autoritario moderno. No conviene olvidar que la desobediencia pacífica es una herramienta democrática y un país en el que no se pueden usar las herramientas democráticas difícilmente podría ser catalogado como una democracia.
"La sentencia ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Una condena perversa
La resolución es también perversa porque condena por sedición cuando el juicio estaba claramente dirigido —con lo terrible de este calificativo— desde un principio hacia la rebelión —pensemos en la inusual y gravosa prisión preventiva de los acusados, más de dos años—, aunque las penas siguen siendo muy altas al agravarlas con la malversación, subsumida en la rebelión. ¿Por qué este giro? Porque se trata de una condena 'salomónica' que ofrece enormes beneficios.
Beneficios de la condena 'salomónica'
En primer lugar, ofrece una falsa sensación de ecuanimidad. Una especie de decisión salomónica, pues se queda a 'medio camino' entre lo que solicitaban los más reaccionarios —rebelión— y lo que hubiera sido aceptable para un demócrata —desobediencia—. Nótese que la ecuanimidad entre un reaccionario —la mayoría de la España profunda— y un democrática —los ciudadanos que comparten el criterio de la Justicia alemana— es ya una resolución manifiestamente injusta por razones obvias:
El punto medio entre ambos siempre se encontrará fuera de los estándares democráticos;
Sitúa en el mismo nivel a los reaccionarios ultraderechistas y a los demócratas.
"Una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Sin embargo, resulta suficiente para que los que se sitúan entre ambos, esto es la mayoría de españoles —los más de 15 millones de votantes de PSOE, PP y Cs—, queden más o menos conformes. Incluso entre millones de estos últimos, producto de la campaña orquestada, anidará un sentimiento que variará, según la sensibilidad política, entre la tibieza o la generosidad.
En segundo lugar, una condena por sedición permite que España pueda transmitir una imagen de democracia que con condenas por rebelión habría sido completamente imposible. Nadie con sentido común hubiera sido capaz de asumir una condena por rebelión. De hecho, el PSOE ha lanzado un vídeo con varias personalidades —la vicepresidenta Carmen Calvo y varios ministros como Pedro Duque, Nadia Calviño o Josep Borrell— en varios idiomas —ruso, inglés, alemán o francés—. Los gobernantes y las élites españolas son perfectamente conocedoras de la imagen real de España en gran parte del mundo y tenían previsto este vídeo para intentar minimizar el impacto de la sentencia en el resto del mundo, allá donde sus medios de comunicación no tienen capacidad de influir.
Una condena contradictoria
La condena no solo es disparatada, antijurídica y desproporcionada, sino que también es contradictoria. Contradicción que los grandes medios de comunicación españoles obvian reiteradamente. Cuando en julio de 2018 la Justicia alemana se negó a entregar a Carles Puigdemont por rebelión, los medios de comunicación españoles organizaron una gran campaña mediática para encubrir lo evidente y lo ridículo de la situación: no había rebelión ni sedición. Ni siquiera desobediencia. Malversación, y mucho.
Aquello se cerró a la española: se retiró la orden internacional de detención para evitar tener que juzgar al resto de presos por el barreno de la Justicia alemana y asunto cerrado. Lo cual es una resolución manifiestamente injusta para los detenidos y una clara vulneración de sus derechos, que tampoco llamó en exceso la atención por cuanto el proceso en ningún momento se ha rebelado como un proceso jurídico justo, sino como un proceso judicial de Estado.
Un proceso judicial de Estado que desnuda a la Justicia española
Este proceso judicial de Estado evidencia la ausencia de independencia e imparcialidad de la Justicia española, elementos, no olvidemos, indispensables en cualquier sistema judicial de un país democrático. España no lo es.
El proceso comenzó, si recuerdan, en la Audiencia Nacional, esa excentricidad que representa la continuación del Tribunal de Orden Público del franquismo y que ni España pudo correctamente justificar cuando en los años ochenta debió homologar la Justicia española y equipararla a los estándares europeos. Sin embargo, en Europa saben hace décadas que España no es una democracia plena, aunque la cuestión no es ni ha sido nunca esa, no en este mundo neoliberal en el que lo que importan son los negocios, sino la apariencia. Y como finalmente España consiguió dotar de una cierta apariencia democrática al Frankenstein jurídico-franquista, Europa se tragó el sapo.
Cómo y por qué pasó el juicio al 'proces' de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo es otra de esas cuestiones que difícilmente podrán ser explicadas sin comprender que España es un régimen autoritario moderno. La cuestión de falta de competencia, no es ni mucho menos menor, sino que constituye otra grave vulneración de derecho. Y el listado ya hemos comprobado que es interminable.
A este registro habría que añadir al juez Manuel Marchena —presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y magistrado principal del proceso—, el cual debería haber sido expedientado, sustituido del proceso y expulsado de la carrera judicial por no permitir el principio de contradicción de los testimonios de policías y guardias civiles con los vídeos realizados durante el referéndum organizado el 1-O.
Esta situación ha sido tan obvia que la Federación de Derechos Humanos (FIDH) y la Red Eueromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights) han emitido un informe en el que denuncian la ausencia del necesario principio de contradicción. El informe, además, destaca que la actitud de la ciudadanía fue pacífica, en todo caso se podría constatar tensión, pero en ningún caso violencia generalizada. Por si no fuera suficiente, se denuncia que la "organización de tipo militar" impuesta por el juez Marchena atentó contra el derecho de defensa.
Para muchos españoles, contaminados por los medios de comunicación, no lo será, pero la sentencia revela con claridad la realidad actual: España es un régimen autoritario moderno cuyo mayor esfuerzo radica en aparentar ser una democracia. Si fuera Escocia o Canadá, habría pactado un referéndum; y si fuera Alemania no concebiría ningún delito más allá de la malversación.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
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