En el marco de los 40 años del golpe de Estado cívico-militar, Londres 38, ex centro de detención, tortura y exterminio, busca relevar la importancia del derecho al libre acceso a la información y a los archivos, para la plena vigencia de los derechos humanos y de los derechos civiles en general.

El secreto es antidemocrático y entorpece los procesos de Verdad y Justicia, perpetuando la impunidad de los culpables. Por ello, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de entregar toda la información disponible, y no puede ampararse en la sola afirmación de la inexistencia de los documentos solicitados, o en restricciones de acceso, como son la privacidad de las personas o la seguridad nacional, causales habituales de reserva para negar el acceso.

A fin de hacer efectivo el derecho al libre acceso a la información en poder de los órganos de la administración del Estado, para alcanzar la Verdad y la Justicia, hasta ahora negadas, desde Londres 38, espacio de memorias, exigimos la desclasificación y apertura de los siguientes archivos:

Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech), que reúnen declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto, a pesar de ser información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y castigar a los culpables.

Archivos de la ex Colonia Dignidad incautados en 2005, que podrían ser claves para develar casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura. Se trata de miles de documentos y fichas producidas por esta organización criminal y que, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, han sido calificadas como “secreto de Estado”, por el juez Jorge Zepeda.

Archivos aun en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia. Considerando el tiempo transcurrido y que estos organismos construyeron archivos y produjeron gran cantidad de información, demandamos al Estado su desclasificación y, en caso de haber sido destruidos, dar a conocer los elementos que lo acreditan.

Una democracia se mide por la posibilidad que las personas tienen de participar efectivamente en la toma de decisiones; pero, su participación depende, en buena medida, de la información con la que cuentan. Es por ello que el libre acceso a la información es un principio democrático fundamental, inherente al Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión.

La cultura del secreto en los poderes de Estado es una herencia de la Dictadura, que debe erradicarse.

Firma la petición diciendo NO MÁS ARCHIVOS SECRETOS . Haremos llegar nuestras firmas a los órganos de la administración del Estado y, con ellas, exigiremos la desclasificación y apertura de archivos.