La validez formal del derecho básico de libertad no puede quedar en la declaración solemne, pero intrascendente, sino que debe promover la inclusión de los excluidos, mediante su ascenso intelectual y económico, lo que supone renunciar a entender falsamente la igualdad como una realidad y asumirla como un objetivo prioritario del estado.

El sistema social engendrador de las desigualdades debe ser transformado, pues no se trata de administrar la desigualdad, sino de eliminarla.