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Por: Germán Saltrón N.
Frente a una oposición apátrida que ha solicitado a Estados Unidos una intervención militar contra la República Bolivariana de Venezuela debemos establecer el delito de traición a la patria en nuestra Constitución. Contemplando todos los supuestos, grupos de personas que se confabulen para destruir la forma política que se ha establecido la República. Cuando soliciten expresamente la intervención de algún país extranjero, en los asuntos internos de nuestra política interior o exterior. Cuando venezolanos revelen secretos políticos o militares concernientes a la seguridad nacional. Cuando reciban recursos de un país extranjero para que sean empleados en perjuicio del país y de sus instituciones republicanas, de sus ciudadanos o sirvan para desestabilizar el orden social.
Con respecto a las penas que estos cargos conllevan, algunos de los artículos del actual Código Penal establecen estas penas, el 128: “Cualquiera que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores, conspire contra la seguridad del territorio de la patria, conspire contra sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años”.
Artículo 129: “El que dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, sin complicidad con otra Nación, atente por si solo contra la independencia o la integridad del territorio de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre, en cualquier forma, la intervención de un gobierno extranjero para derrocar el gobierno Venezolano”. Sugiero la necesidad de aumentar las penas.
Todos estos supuestos jurídicos han ocurrido durante los 18 años del Gobierno Bolivariano presidido por el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Pero la Fiscalía General de la República ni los Tribunales de la República han procedido a castigarlos ejemplarmente. Es importantísimo que nuestra Asamblea Constituyente subsane todos estos errores ocurridos y evitar que los apátridas nos conduzcan a una guerra civil para justificar la invasión militar gringa y apoderarse de las mayores reservas petroleras del mundo.
Como antecedentes legislativos latinoamericano, tenemos a la República de Colombia que establece en su Constitución, en el artículo 97: LEALDAD A LA PATRIA. “El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actué contra los intereses del país en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor. Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia no podrán ser obligados a tomar las armas contra su país de origen, tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en el país extranjero contra el país de su nueva nacionalidad”.
La República Bolivariana de Venezuela debe hacer lo mismo de manera urgente. Todos los venezolanos a votar el 30 de julio, para elegir a los constituyentes de la Asamblea y asegurar la paz del país.
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