Esas muertes prematuras, por tratarse de muchachas jóvenes en su inmensa mayoría, abrieron nuevamente el debate sobre la violencia basada en género y pusieron en alerta a la sociedad en su conjunto, desde donde se levantaron diferentes voces para condenar.

Un dato llamativo caracterizó a los crímenes: todas fueron ultimadas por su pareja o expareja y en algunos de los casos en presencia de niños pequeños, lo cual agrega mayor tragedia a los hechos, al morir en esas circunstancias en 2016 siete menores como consecuencia de la violencia entre parejas.

Para la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariela Mazzotti, hace muchos años decimos que los niños no son víctimas indirectas y realmente 'son víctimas directas' porque sufren las furias que padecen sus madres.

El número de decesos puede parecer pequeño si se tiene en cuenta que, según datos del Ministerio del Interior, el pasado año perdieron la vida 29 mujeres por violencia doméstica (una cada 13 días) y otras 14 sufrieron intento de homicidio, mientras cada 17 minutos hubo una denuncia.

La incidencia es tan alta que este fenómeno superó al hurto en denuncias, al recibirse en ese período 24 mil 454 acusaciones, mil 190 menos que en etapa similar anterior y la primera baja en una década, indicó la fuente.

Pese a estos hechos, no pueden obviarse los esfuerzos del gobierno por erradicar la violencia basada en género donde ocupa un lugar muy especial la aprobación en 2015 del Plan de Acción 2016-2019: 'Por una vida libre de violencia de género, con mirada generacional'.

LOS HECHOS Y DENUNCIAS 

El detonante de los asesinatos saltó a la palestra pública en febrero de este año al conocerse que una mujer uruguaya de 42 años murió a manos de su pareja de 45, quien la golpeó salvajemente con una maceta en la cabeza.

En este caso, el hombre no tenía antecedentes penales y tampoco existían denuncias de violencia doméstica entre ellos, según la policía.

El autor del crimen escapó de la vivienda donde convivían, tomó un taxi y luego se presentó en una seccional de la policía para entregarse.

En enero último cuatro mujeres también perdieron la vida a consecuencia de la violencia basada en género y una quinta quedó en estado delicado, lo cual provocó marchas y protestas de organizaciones feministas contra la violencia.

Una de las asesinadas fue a manos de su expareja, un policía en servicio, quien utilizó su arma reglamentaria para dispararle en la cabeza delante de sus hijos pequeños, quienes por determinación de la Justicia quedaron en custodia de sus abuelos paternos, decisión que originó numerosos cuestionamientos.

El Ministerio del Interior calificó de infame este caso y consideró que con la implementación del protocolo aprobado por esa cartera en 2015 se 'pudo y debió evitar esta muerte', que caló bien hondo en la secretaría de Estado.

Lo sucedido, subrayó en un comunicado, puso de manifiesto que no basta la confección de protocolos si no se garantiza la eficaz aplicación de los mismos.

El Protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o género en el ámbito del Ministerio del Interior, fue aprobado por decreto y el mismo establece el abordaje integral para la prevención, atención, sanción y reparación en los casos que involucren a funcionarios de esa dependencia.

En su comunicado, la cartera de Estado hizo 'llegar a la ciudadanía en general y a las personas en situación de violencia doméstica y/o de género en particular', su más absoluta solidaridad y la renovación del compromiso asumido junto con la profundización de las acciones para la protección de las víctimas.

Paralelo a ello, organizaciones de derechos humanos, sociales y feministas convocaron a las calles, por varios días, a cientos de personas en reclamo de justicia por las víctimas.

La Coordinadora de Feminismos.uy convocó a una marcha en Plaza Libertad y en un comunicado indicó que 'una vez más: la noticia, la rabia, el dolor. Una vez más: salir a la calle, gritar que estamos juntas, que si tocan a una responderemos todas'.

En una declaración pública, entre tanto, las Naciones Unidas en Uruguay reiteraron su compromiso en la lucha contra la violencia, en particular, la cometida contra las mujeres.

El organismo internacional manifestó su 'conmoción y total rechazo' ante los asesinatos, y trasmitió sus condolencias a las familias de las mujeres fallecidas.

Recordó que en febrero de 2015 la ONU alertó sobre las muertes de mujeres por causa de violencia basada en género y, sobre todo, lo que restaba por hacer para eliminar este flagelo.

Al respecto, apuntó, que dos años más tarde 'la situación continúa siendo muy preocupante' y significó que estas muertes implican un grave impacto para sus familiares y para la sociedad en su conjunto.

Uruguay no puede permitirse que la violencia se naturalice como práctica común, afirmó, y lamentó profundamente que estos hechos sigan ocurriendo, 'a pesar de los avances logrados en las políticas públicas contra la violencia basada en género'.

Mencionó, entre ellos, la creación de más unidades especializadas en el territorio nacional para dar respuesta a la problemática y el aumento del uso de las tobilleras electrónicas como mecanismo de prevención.

Uruguay ocupa el quinto lugar de América Latina y el Caribe (entre 23 países) en cuanto a la cifra de mujeres asesinadas por su pareja o expareja, según datos de la CEPAL, elaborados con base en estadísticas oficiales de los países.

Señaló la ONU que cada nuevo femicidio 'evidencia la necesidad de una reflexión de la sociedad en su conjunto sobre el uso de la violencia cada vez más corriente', y sobre cómo lograr un cambio cultural 'para que el desprecio, odio, o sentido de posesión deje de convertir a las mujeres en víctimas'.

El organismo multilateral expresó que continuarán colaborando con el Estado y la sociedad civil para sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia de un cambio a todo nivel, y afirmó, que para ello es 'fundamental avanzar hacia una legislación nacional que contemple los estándares internacionales en la materia'.

Consideró como paso importante en esa dirección la pronta aprobación del proyecto de 'Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género', el cual se encuentra actualmente bajo consideración parlamentaria.

Sobre este último aspecto, las Bancadas de Diputados y Senadores del Frente Amplio se comprometieron no sólo a profundizar las medidas normativas necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres, sino 'a llegar a las causas profundas que ocasionan esta tragedia cotidiana en nuestra sociedad'. Los legisladores del partido de gobierno condenaron en una declaración los asesinatos de mujeres y afirmaron que delatan lo mucho que aún falta por hacer para conquistar una sociedad más igualitaria en materia de derechos para todos.

La central sindical PIT-CNT, por su parte, convocó a su sede a organizaciones feministas, gremios y sectores políticos para coordinar una concentración y marcha por la principal avenida del país, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, el venidero 8 de marzo.

Milagro Pau, presidenta de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del gremio obrero, calificó de positivo el encuentro y señaló que el compromiso no es solo trabajar para esa fecha, sino también crear un 'organismo multisectorial que tenga la defensa de género, equidad y diversidad como algo permanente'.

PLAN DE ACCIã'N 2016-2019: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

No es menos cierto que desde el Estado uruguayo se han impulsado en los últimos años un grupo de acciones de carácter educativo, preventivo y punitivo, en la cual destaca la aprobación en 2015 del Plan de Acción 2016-2019: 'Por una vida libre de violencia de género, con mirada generacional'.

Este programa multisectorial tiene la finalidad de contribuir a la consolidación de una política pública nacional a fin de prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas.

Desde su entrada en ejecución se fortalecieron las 19 comisiones departamentales que luchan contra la violencia basada en género y se profundizó en el debate parlamentario en torno al proyecto de Ley Integral.

También se fortaleció el Sistema Interinstitucional de Respuesta Integral que trabaja en aspectos de esa problemática como la prevención, servicios de asistencia, acceso a la justicia, protección de víctimas y resocialización de varones, entre otras.

Mientras, los departamentos de Canelones, Montevideo, Cuidad de Plata-San José y Maldonado en los primeros nueve meses del 2016 conectaron 280 dispositivos electrónicos (tobilleras), que este año se extenderá a otros territorios del país.