La proximidad del anuncio de Trump ha motivado desde hace semanas un revuelo de mensajes reclamándole que mantenga los lazos con la isla, desde generales retirados y senadores demócratas y republicanos en EE UU hasta esta semana desde Cuba un grupo de 55 emprendedoras que ha enviado una carta a Ivanka Trump, hija del presidente, pidiéndole su apoyo como “exitosa empresaria” para que no se produzca “un retroceso en las relaciones que traería consigo la caída de muchos de nuestros negocios”. ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han pedido que prosiga la distensión porque una vuelta a las hostilidades “iría en detrimento de los avances en el escrutinio independiente de la situación de los derechos humanos en Cuba”, según la primera, y porque el modelo de las sanciones, según la otra, “dañaba a los cubanos corrientes sin generar ningún avance en derechos humanos”.

Los opositores dentro de Cuba, por su parte, respaldan el giro de Washington. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que fue partidario del deshielo impulsado por Obama, ha escrito en una misiva a Trump que pasados dos años sus esperanzas de cambio no se han cumplido –“Se ha triplicado el número de prisioneros políticos y nuestros presos son sometidos a golpizas y torturas en un grado superior”– y ha concluido que “es el momento de revertir al máximo unas políticas que solo benefician al régimen castrista”. El disidente Guillermo Fariñas espera que las medidas vayan dirigidas “directamente a la yugular del régimen, al poder económico de los militares”.

Se especula que se restringirán los negocios con compañías controladas por Gaesa, el conglomerado de las Fuerzas Armadas, que maneja un 60% de la economía de la isla. Un veto a las relaciones con la corporación militar sería una barrera considerable al comercio con Cuba. Por ella pasan en la isla casi todos los hilos del capital. El lobby anti-embargo Engage Cuba ha calculado que esta decisión le costaría a la economía de EE UU 6.600 millones de dólares. Airbnb informó la semana pasada de que sus actividades en Cuba han dejado desde 2015 unos 40 millones de dólares a particulares. Google, que ya ofrece servicios de Internet en la isla, ha manifestado su deseo de que se mantenga “una política que permita a las compañías de telecomunicaciones trabajar en Cuba”.

“Está claro que Trump ha buscado la lealtad de dos legisladores. Cuba se ha vuelto otra vez una ficha de la política doméstica”, dice Bustamante, que contrapone el discurso de Trump sobre los derechos humanos en Cuba con su decisión de eliminar la partida de 20 millones de dólares que dedicó en 2016 la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) para, entre otros propósitos, apoyar la democratización de la isla. La supuesta alianza con la dupla cubanoamericana podría rendirle recursos de fontanería política interna a Trump, pero la retórica de la Guerra Fría ha dejado de ser un activo electoral. En 2016 un 70% de los cubanoamericanos de Miami apoyaban la normalización y su apoyo al embargo había bajado a un 37% desde un 84% en 1990. A nivel nacional, según un sondeo de The New York Times de 2016, un 62% de los americanos estaba de acuerdo con el enfoque de Obama.Dos republicanos cubanoamericanos han presionado a Trump para que sea estricto con el régimen, el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart. Rubio forma parte de la comisión del Senado que investiga las relaciones del presidente con Rusia y Díaz-Balart ha votado en el Congreso a favor del desmantelamiento de la política asistencial sanitaria de Obama –siendo representante del cuarto distrito con más beneficiarios–. Rubio ha tuiteado este viernes: "Las pácticas económicas que benefician a los militares cubanos a expensas del pueblo cubano se acabarán pronto".

Trump hablará en Miami en el corazón del anticastrismo, el barrio de la Pequeña Habana. El lugar elegido ha sido el Teatro Manuel Artime, nombrado en honor del líder cubanoamericano del desembarco de Bahía de Cochinos.