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El protagonista del alboroto se llama Sérgio Moro y ocupa desde el 1 de enerode este año la flamante cartera de Justicia y Seguridad Pública en el Gobierno brasileño. A Moro, que fue juez del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, con sede en Porto Alegre, el presidente Jair Bolsonaro le premió con ese Ministerio por meter entre rejas a su máximo rival electoral, Lula da Silva, en un proceso plagado de irregularidades consentidas.
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La figura de Moro, de mirada penetrante y fuerte personalidad, recuerda a aquellos otros magistrados o fiscales internacionales que se hicieron muy famosos, quizás demasiado, después de investigar y juzgar casos judiciales muy mediáticos, y que decidieron colgar la toga y dar el salto al proceloso mundo de la política. Ahí están dos nombres: el exjuez instructor español Baltasar Garzón (terrorismo de Estado) y el exfiscal italiano Antonio di Pietro (corrupción). Los dos acabaron entre mal y muy mal. Di Pietro, fuente inspiradora de Moro, fracasó en su nueva etapa e incluso se descubrió que miembros del partido que había creado recibieron sobornos. Garzón fue expulsado de la carrera judicial en 2012 tras haber sido inhabilitado por prevaricación, es decir, por dictar una sentencia a sabiendas de que era injusta. A los tres les une su enorme ambición.
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El ministro Toro se levantó hace unos días con la noticia bomba de que un medio de comunicación online, The Intercept Brasil, difundía las conversaciones privadas que él había mantenido con Deltan Dallagnol, el fiscal del caso Lava Jato (Autolavado en portugués). Este caso destapó una red de corrupción sistémica entre empresarios y políticos brasileños que sentenció a 159 personas. Tuvo profundas repercusiones en la región: además de Lula, otros cinco expresidentes latinoamericanos fueron condenados por corrupción: Ollanta Humala (Perú), Ricardo Martinelli (Panamá), Mauricio Funes (El Salvador), Otto Pérez Molina (Guatemala) y Rafael Callejas (Honduras). En Perú desató vientos devastadores pues condujo al suicidio de Alan García y a la huida del país de Alejandro Toledo, dos exjefes del Estado también salpicados por esta lacra social.
La información desvelada pone en muy serios aprietos a Moro. Los extractos de los mensajes cruzados a través de la plataforma de mensajería Telegram cuestionan su imparcialidad y profesionalidad durante el proceso judicial. Los chats hasta ahora inéditos revelan una colaboración prohibida entre él y el fiscal.
Moro sugirió al fiscal Dallagnol que cambiara el orden de la instrucción y agilizara nuevas operaciones, le dio consejos estratégicos y pistas informales de la investigación, anticipó al menos una decisión, criticó al Ministerio Público e incluso abroncó a Dallagnol como si él fuera su superior jerárquico. La Constitución brasileña establece el sistema acusatorio en el proceso penal, en el que no pueden mezclarse las figuras de fiscal y juez. En este modelo, al magistrado le corresponde analizar de manera imparcial las alegaciones tanto de la acusación como de la defensa, sin mostrar interés en cuál será el resultado del proceso. Pero las conversaciones entre Moro y Dallagnol ratifican que el actual ministro se inmiscuyó por sistema en el trabajo del Ministerio Público, lo que es absolutamente ilegal, y que además fue bien recibido, pues terminó actuando informalmente como si fuera un ayudante oculto de la acusación. Fue juez y parte.
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