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"Este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano", dijo el BCB en un comunicado presentado en conferencia de prensa por su presidente, Edwin Rojas, designado por el nuevo gobierno de Luis Arce.
La decisión prolongaba el conflicto político provocado por la contratación del crédito de emergencia del FMI en marzo de 2020, que el Gobierno de Áñez recibió pese a que no fue autorizado por el parlamento, controlado entonces como ahora por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El crédito de 240,1 Derechos Especiales de Giro para gastos de emergencia por la pandemia de COVID-19 tenía al ser contratado un valor de 327,2 millones de dólares, pero el BCB terminó devolviendo al FMI un total de 351,1 millones de dólares, por ajustes cambiarios y costos financieros.
Daño económico
El comunicado del BCB señaló que el crédito devuelto al FMI sin ser utilizado provocó un daño económico de unos 24 millones de dólares, por el cual esa entidad "realizará las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan en contra de todos los que resultasen con indicios de responsabilidad".
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