El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
El periodista de la Agencia Catalana de Noticias Roger Pi analiza el momento que atraviesa el movimiento secesionista.
El intento de homenajear en Cataluña a quienes intentaron llevar a cabo el referéndum del pasado 1 de Octubre de 2017 ha puesto de manifiesto importantes grietas en el seno del movimiento independentista. Si la represión policial con la que se combatió la votación hace un año provocó un cierre de filas en las fuerzas secesionistas, la celebración de su aniversario ha revelado la existencia de una importante fractura interna.
El mandato que los independentistas a pie de calle encomiendan a sus representantes es categórico: hacer efectiva la república catalana o dimitir. Así se lo hizo saber al presidente Quim Torra una multitud de manifestantes congregados a las puertas del Parlamento catalán en la noche de este lunes. Los independentistas recibieron a Torra con abucheos, imprecaciones y firmes exigencias de dimisión.
Jon Nazca / Reuters
Poco después, varios manifestantes trataron de irrumpir por la fuerza la sede del parlamento. La policía logró frustrar el intento con una dura carga que puso de relieve el clima de tensión que marca este momento social y político en Cataluña.
"El independentismo tiene un problema"
Para analizar las implicaciones de esta situación y entender mejor la difícil encrucijada política en la que se dirime el futuro de la región, hemos comentado los últimos acontecimientos con el periodista de la Agencia Catalana de Noticias Roger Pi.
En su opinión, "el independentismo tiene un problema" que consiste en que "después de la represión, y del encarcelamiento o el exilio de sus líderes, no tiene un proyecto político, no tiene quien lidere las peticiones que hace la calle".
Daniel Cole / AP
"Recordemos que en Cataluña el 80% de la gente está a favor del derecho a decidir –continúa el periodista–, de poder votar y dar una solución a este conflicto. Y eso está chocando con una realidad jurídica y política que es que cada vez que alguien intente hacer eso tendrá un problema judicial y podrá ir a la cárcel".
Mandatos desatendidos y doble discurso
Roger Pi se refiere a la fractura interna del secesionismo señalando que "tenemos una calle que está presionando a sus políticos y unos políticos que no pueden dar respuesta a lo que está pidiendo la calle". Eso, en su opinión, "explica lo que vimos ayer: unas escenas en las que toda la manifestación fue pacífica, como todo el movimiento que ha habido hasta ahora, y al final hubo algún conato de violencia por parte de gente que no entiende por qué su gobierno no está haciendo caso al mandato que tiene del Parlamento".
Preguntado por la existencia de un "doble discurso" en los planteamientos políticos de Quim Torra, Pi explica que "se intenta llegar a acuerdos con el gobierno de Pedro Sánchez para que no se caiga, porque lo que puede venir podría ser mucho peor, y también para arreglar las cosas del día a día, como la financiación económica o los servicios básicos".
"Al mismo tiempo, Torra tiene un mandato de ir más allá y hacer realidad lo que le pide el parlamento: llegar a la independencia si se puede", añade.
El presidente catalán, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. / Albert Gea / Reuters
En ese sentido, el periodista advierte que "cada vez que el Gobierno catalán intente dar un paso adelante [hacia la proclamación de la independencia], por un lado dificultará la labor de Sánchez y por otro implicará que pueden ir todos a la cárcel y sufrir una intervención del Gobierno autonómico a través de la aplicación, de nuevo, del artículo 155".
Pi resume la historia reciente del proceso separatista recordando que "el independentismo trazó una ruta pacífica a través del derecho a decidir, e intentó ejecutarla, y la respuesta fue lo que ocurrió el 1 de Octubre del año pasado", para concluir que "ese derecho a decidir no es posible ahora mismo, y no hay una alternativa", por lo que según su criterio, "no hay una salida a la vista".
Un año después de la declaración unilateral de independencia que sacudió el panorama político nacional, los habitantes de Cataluña cuentan como ha cambiado su vida.
El debate político entre independentistas y unionistas sigue abierto en Cataluña. Un año después de la declaración unilateral de independencia que sumió a España en una de las crisis territoriales más importantes de su historia, se aprecian con claridad las marcas que la tensión vivida en este periodo ha producido en el tejido social.
Una serie de conversaciones con diferentes ciudadanos catalanes permite tomar el pulso directo a una confrontación política difícil y ayuda a calibrar la profundidad de las heridas sociales, personales e incluso familiares que este tipo de conflictos pueden llegar a producir. Son testimonios, en primera persona, de lo que supone a pie de calle la discrepancia ideológica, que se refleja institucionalmente en una situación de estancamiento político.
"Esta situación cansa"
El joven independentista Pau Fernández reconoce haber pasado un año de tensión familiar. De padre extremeño y madre catalana, especifica que no se trataba de una tensión por motivos estrictamente políticos, sino de una preocupación por lo que "van a decir los medios de comunicación y lo que pensarán nuestras familias".
Manifestación a favor de la independencia, Barcelona, 15 de abril de 2018. / Albert Gea / Reuters
Sentado frente a él, Xavier Granollers, también independentista, lamenta uno de los "estereotipos" creados precisamente por los medios: la sensación de "un clima irrespirable entre los dos bandos, en el que casi parecía que la gente por la calle se iba agrediendo". Tanto Pau como Xavier coinciden en que "esta situación cansa".
Xavier añade además que le dolió especialmente el "ensañamiento" que observó en la intervención policial el día 1 de octubre, cuando se intentó llevar a cabo el referéndum soberanista. "Yo eso nunca lo había visto en un país democrático", afirmó.
Pérdidas personales
Enrique Abad es partidario de la unidad de España y denuncia con amargura "la persecución, la exclusión, los escraches" que ha sufrido y recuerda que en una ocasión llegó a encontrarse con una pintada en la que aparecía su nombre en el interior del dibujo de una diana.
Manifestación a favor de la unidad durante el Día de las España, Barcelona, 12 de octubre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Por su parte, María Merce Pallach lamenta una "espina" que aún tiene clavada, y se le quiebra la voz cuando explica que su sobrino ya no le habla, debido a las discrepancias ideológicas que les separan. En ese momento, Enrique también cuenta la ruptura con su hija de 44 años, con la que ya no tiene contacto debido al mismo motivo.
"No interesa la paz"
Joan Estrada, desde su postura escéptica con el proceso independentista, también afirma haber perdido amistades a causa de la fractura ideológica. "Amigos desde hace cuarenta años –puntualiza–, y en una ocasión, mi cuñado llegó a decirme 'pues vete de Cataluña', durante la comida del día de San Esteban".
Jose Antonio Aguilar también lamenta que algunos amigos "ya no contestan o ya no escriben" desde que conocen su escepticismo con respecto al ideal soberanista. Además, explica que "a los que somos independentistas nos han engañado, diciendo que nos iban a llevar a una independencia temprana". Joan interviene con una reflexión: "yo creo que a todos les interesa un poco esta confrontación; no interesa la paz".
Solicita la pena más alta para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsejeros y 17 para la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell.
Miembros del Gobierno catalán destituido tras la declaración unilateral de independencia en 2017.
Susana Vera / Reuters
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La Fiscalía del Tribunal Supremo ha formalizado finalmente su acusación contra los líderes separatistas catalanes por los delitos de sedición y rebelión, en la que solicita penas de cárcel de hasta 25 años de cárcel.
El Ministerio Público pide así 25 años de prisión –y otros 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público– para el exvicepresidente Oriol Junqueras, al que considera el líder de la rebelión; y 16 años para cada uno de los cinco exconsejeros que permanecen en prisión preventiva: Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull.
Para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de las organizaciones 'Assemblea Nacional de Catalunya' y 'òmnium Cultural' respectivamente, se solicita una pena de 17 años, la misma que para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
Este pronunciamiento llega poco después de la decisión de la Abogacía del Estado, que acusa a los líderes soberanistas de sedición y malversación, descartando finalmente el delito de rebelión al considerar que no hubo alzamiento violento.
La rebelión más la malversación sumarían una pena de entre 15 y 30 años de cárcel. La sedición agravada con malversación implicaría un mínimo de 14 y un máximo de 27, si bien la pena se reduciría considerablemente si los acusados devuelven el dinero supuestamente malversado.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acusado al exmayor de los Mossos d'Esquadra [policía autonómica de Cataluña], Josep Lluis Trapero, de un delito de rebelión y pide para él una pena de 11 años de cárcel. Esa misma acusación se extiende al exdirector de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig.
Jordi Sànchez y Jordi Turull, en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), acusan al Tribunal Constitucional de obstaculizar su acceso a la justicia internacional.
Un hombre sostiene un cartel en el que puede leerse "Stop Sánchez. Elecciones ¡ya!" durante una manifestación en Madrid (España), el 1 de diciembre de 2018.
Sergio Perez / Reuters
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Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional de Catalunya y diputado de Junts per Catalunya (JxCat), y Jordi Turull, exconsejero y diputado de JxCat, que se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Barcelona), han iniciado este sábado una huelga de hambre indefinida con el fin de presionar al Tribunal Constitucional para que conteste a sus recursos, ya que de otra forma no pueden acceder a la justicia internacional.
En un comunicado conjunto leído este sábado por su abogado, Jordi Pina, los dos independentistas presos denuncian "el bloqueo 'de facto'" que les impone el Tribunal Constitucional español para acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al admitir a trámite el 100 % de sus recursos de amparo "para, posteriormente, no resolver ninguno".
"No pedimos al Constitucional ningún trato de favor. Pero tampoco aceptamos pasivamente ninguna discriminación ni dilación injustificada", reza el comunicado en el que Sànchez y Turull manifiestan que la huelga de hambre es "una de las pocas protestas legítimas" que les permite el hecho de estar encarcelados.
Los dos presos, cuyo juicio está previsto para enero, han comunicado la mañana de este sábado el inicio de una huelga "sin duración determinada" a la dirección de la cárcel, según fuentes penitenciarias. Ahora los médicos deberán revisar su estado de salud cada dos días, mientras que los presos deberán seguir el régimen normal del centro penitenciario, incluida la obligación de asistir al comedor.
Pedro Sánchez: "Van a tener un juicio justo"
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comentó al respecto desde Buenos Aires que "es evidente que no es una buena noticia" y que las razones que alegan los presos "no son ciertas".
Al mismo tiempo, ha asegurado que "van a tener un juicio justo", ya que España es un "Estado social y democrático de Derecho", en el que "la justicia es independiente".
Diputados de JxCat, ERC y CUP inician un ayuno de 24 horas en apoyo a los presos. (LV)
Diputados de JxCat, ERC y la CUP en el Parlament participan este jueves en el convento de los Caputxins de Sarrià de Barcelona en un ayuno de 24 horas en apoyo a la huelga de hambre de los presos soberanistas, han explicado en un comunicado este miércoles.
Los diputados se encierran en el convento desde las 9 horas del jueves a las 9 del viernes, por lo que coinciden con el 40 aniversario de la Constitución.
Pretenden “hacer de altavoz a la denuncia de los presos en huelga de hambre”
Por parte de ERC participan en la acción los diputados republicanos Sergi Sabrià, Gerard Gómez, Josep Maria Jové, Irene Fornós, Lluís Salvadó, Gemma Espigares y Ruben Wagensberg.
Esta será la primera acción de diputados en apoyo a la huelga de hambre iniciada por el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.
BARCELONA (Sputnik) — El expresidente catalán Carles Puigdemont y otros miembros de su Ejecutivo, así como del Gobierno catalán actual, presentaron en el teatro KVS de Bruselas el Consejo por la República catalana.
En el acto, según informa Nació Digital, participaron en torno a unas 400 personas y estuvieron presentes en él una delegación de la Generalitat (Gobierno catalán) encabezada por su presidente, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonès.
El responsable del Consejo por la República, el exconsejero de Sanidad Toni Comín, aseguró que el organismo no se limitará al "simbolismo" sino que tendrá "un órgano ejecutivo para hacer valer el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo" y promoverá la acción legislativa, la "ciudadanía republicana" y también "estructuras republicanas".
También desarrollará estrategias para el reconocimiento de la República catalana, acción diplomática y movilización ciudadana.
En este capítulo, Comín destacó que el Consejo por la República pedirá la suspensión de España como miembro de la Unión Europea (UE) ya que, según él, no cumple "con los requisitos" de membresía.
El organismo apostará además por liderar una "alianza" de todos los pueblos y movimientos que "luchan por la autodeterminación."
"El Consejo es la primera piedra de un nuevo Estado independiente de Europa", reza el texto del vídeo de la presentación, en la que se explica que "desde el primero de octubre (fecha del referéndum unilateral de autodeterminación en 2017), Cataluña ha iniciado el camino hacia la República" y que ahora "el Consejo ha de servir para culminarlo."
El Consejo por la República, cuya creación forma parte del acuerdo de coalición de gobierno en Cataluña entre Junts per Catalunya (JxCat) —la plataforma electoral que encabeza Puigdemont y de la que también es miembro Torra— y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuenta actualmente con 40.000 inscritos en su página web.
Por este motivo, el tercer partido independentista con representación en el Parlamento catalán, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), anunció a través de un comunicado que no participaría en la presentación del Consejo por la República en Bruselas, afirmando que "la organización no quiere contribuir a avalar iniciativas que parten desde una lógica simbólica, que no tienen como objetivo central la ruptura democrática con el Estado español y que no disponen de mecanismos de control democrático y popular."
"En este sentido, la CUP considera que, a partir de la información explicada, esta nueva institución alimenta el discurso simbólico en el exterior y no afronta el elemento central del conflicto que vive el país que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación del territorio", continúa el comunicado al añadir que "por ahora el Consejo por la República no se constituye como una entidad que permita avanzar nacional ni socialmente."
Aunque "la CUP siempre se mostró a favor de estudiar la posibilidad de crear una institucionalidad paralela al amparo de la represión de los aparatos del Estado español, que facilitase la internacionalización del conflicto y que trabajase para trazar estrategias para ejercer el derecho a la autodeterminación, ésta ha de seguir criterios de discreción, rigor, responsabilidad, mirada larga y no han de ser espacios que respondan a estrategias de comunicación pensadas para convencer y contentar a la opinión pública catalana."
Mientras tanto, crece la presión en el espacio público de las fuerzas independentistas.
Cuando apenas faltan diez días para que el Gobierno de España celebre en Barcelona su próximo Consejo de Ministros, sus relaciones con el Ejecutivo catalán se encuentran en un punto de tensión considerable.
Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. Esta postura, a su vez, ha generado una previsible oleada de críticas entre las que se escucha, cada vez con más insistencia, la sugerencia de volver a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
En este escenario, al presidente catalán –que afirma que "ya no hay marcha atrás" posible en las aspiraciones independentistas– le pareció buena idea apelar a la memoria del violento proceso separatista de Eslovenia en 1991, incluyendo así una corrosiva retórica belicista en un conflicto que no para de acumular tensiones en los últimos días.
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró también que, una vez allí, Sánchez se reuniría "con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes".
Calvo anunció la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes; al fin y al cabo, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Sin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
Tensión en las calles
Mientras tanto, el independentismo a pie de calle se muestra especialmente agitado y combativo, y tanto sus acciones como la gestión de las fuerzas de seguridad que se lleva a cabo desde la Generalitat para contenerlas están siendo objeto de polémica.
Este fin de semana, varios activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
En los días previos, varios disturbios registrados en Gerona y Tarrassa entre independentistas y partidarios de la Constitución se saldaron con una polémica intervención de los Mossos d'Escuadra [Policía autonómica catalana].
El Gobierno y los Mossos
Una de las quejas principales que se dirige estos días desde el Ejecutivo español contra la Generalitat es la supuesta inacción de los Mossos contra los CDR que bloquearon la autopista. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, criticó que los agentes de la Policía autonómica estuvieran "parados" y afirmó que parecían estar alineándose con "objetivos partidistas".
Por otra parte, el hecho de que Quim Torra y el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se reunieran posteriormente para analizar las cargas de los Mossos contra los independentistas y amenazaran a la cúpula de la fuerza policial con destituciones también ha sido objeto de controversia.
Los principales partidos de la oposición se han mostrado gravemente indignados al respecto. La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos en la asamblea catalana, Inés Arrimadas, dijo que la gestión la Generalitat al frente de las fuerzas de seguridad autonómicas había sido "inadmisible", y cargó contra el Gobierno de Sánchez, al considerar que "deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra".
El Ejecutivo español ha enviado este martes tres cartas a las autoridades catalanas referidas al control de las fuerzas de seguridad. La vicepresidenta, Carmen Calvo, escribió a su homólogo Pere Aragonés para reprocharle que "aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública", y advertirle que es obligación del Gobierno central "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido".
Disturbios en Gerona (España) entre manifestantes de extrema derecha y antifascistas. 6 de diciembre de 2018. / Josep Lago / AFP
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también envió una misiva a la Generalitat sobre el asunto. Sin embargo, la más contundente ha sido la remitida desde el Ministerio del Interior, por el titular Fernando Grande-Marlaska, en la que detalla un artículo de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permite al Ejecutivo enviar la Policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad.
La 'vía eslovena'
Al actual clima de tensión también han contribuido unas declaraciones realizadas el sábado por el presidente Torra, que tuvieron un efecto incendiario en un panorama ya de por sí inflamable.
Se hallaba en el acto de presentación del 'Consell per la República' (El Consejo por la República) celebrado en Bruselas, y dijo que los eslovenos "decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo". "Hagamos como ellos", propuso entonces Torra.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. Barcelona (España) 2 de Octubre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esta referencia al enfrentamiento armado con el que Eslovenia se independizó de Yugoslavia, y que se saldó con 74 muertos y varios cientos de heridos, ha contribuido considerablemente a elevar la tensión del conflicto entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central, y a agitar la polémica en torno a su validez como figura política en un contexto democrático.
La portavoz Isabel Celaá ha calificado las palabras de Torra como "lamentables e insensatas", y práctimente la totalidad del espectro político español ha condenado su mención a la vía eslovena.
Huelga de hambre
Al mismo tiempo, en el ámbito jurídico, corre la cuenta atrás hacia la celebración del juicio a los líderes independentistas que llegaron a proclamar la independencia de Cataluña en el Parlamento autonómico el 27 de octubre de 2017, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y varios exconsejeros del Ejecutivo regional, que aguardan el juicio en régimen de prisión preventiva.
Cuatro de los acusados en el juicio, Jordi Sánchez, Jordi Turull,Joaquim Forn y Josep Rull,han iniciado una huelga de hambre con la intención de incrementar la presión en su reivindicación de libertad. Como gesto simbólico, el presidente Torra se ha solidarizado con ellos llevando a cabo un ayuno de 48 horas que terminará este martes.
Mientras tanto, crece la presión en el espacio público de las fuerzas independentistas.
Cuando apenas faltan diez días para que el Gobierno de España celebre en Barcelona su próximo Consejo de Ministros, sus relaciones con el Ejecutivo catalán se encuentran en un punto de tensión considerable.
Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. Esta postura, a su vez, ha generado una previsible oleada de críticas entre las que se escucha, cada vez con más insistencia, la sugerencia de volver a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
En este escenario, al presidente catalán –que afirma que "ya no hay marcha atrás" posible en las aspiraciones independentistas– le pareció buena idea apelar a la memoria del violento proceso separatista de Eslovenia en 1991, incluyendo así una corrosiva retórica belicista en un conflicto que no para de acumular tensiones en los últimos días.
Una visita controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró también que, una vez allí, Sánchez se reuniría "con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes".
Calvo anunció la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes; al fin y al cabo, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Sin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
Mientras tanto, el independentismo a pie de calle se muestra especialmente agitado y combativo, y tanto sus acciones como la gestión de las fuerzas de seguridad que se lleva a cabo desde la Generalitat para contenerlas están siendo objeto de polémica.
Este fin de semana, varios activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
En los días previos, varios disturbios registrados en Gerona y Tarrassa entre independentistas y partidarios de la Constitución se saldaron con una polémica intervención de los Mossos d'Escuadra [Policía autonómica catalana].
Una de las quejas principales que se dirige estos días desde el Ejecutivo español contra la Generalitat es la supuesta inacción de los Mossos contra los CDR que bloquearon la autopista. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, criticó que los agentes de la Policía autonómica estuvieran "parados" y afirmó que parecían estar alineándose con "objetivos partidistas".
Por otra parte, el hecho de que Quim Torra y el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se reunieran posteriormente para analizar las cargas de los Mossos contra los independentistas y amenazaran a la cúpula de la fuerza policial con destituciones también ha sido objeto de controversia.
Los principales partidos de la oposición se han mostrado gravemente indignados al respecto. La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos en la asamblea catalana, Inés Arrimadas, dijo que la gestión la Generalitat al frente de las fuerzas de seguridad autonómicas había sido "inadmisible", y cargó contra el Gobierno de Sánchez, al considerar que "deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra".
Por su parte, el Partido Popular –que insiste desde hace tiempo en volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña– presentó este lunes una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a hacerse con el control de la Policía catalana, mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Dura advertencia del Gobierno central
El Ejecutivo español ha enviado este martes tres cartas a las autoridades catalanas referidas al control de las fuerzas de seguridad. La vicepresidenta, Carmen Calvo, escribió a su homólogo Pere Aragonés para reprocharle que "aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública", y advertirle que es obligación del Gobierno central "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido".
Disturbios en Gerona (España) entre manifestantes de extrema derecha y antifascistas. 6 de diciembre de 2018. / Josep Lago / AFP
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también envió una misiva a la Generalitat sobre el asunto. Sin embargo, la más contundente ha sido la remitida desde el Ministerio del Interior, por el titular Fernando Grande-Marlaska, en la que detalla un artículo de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permite al Ejecutivo enviar la Policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad.
La 'vía eslovena'
Al actual clima de tensión también han contribuido unas declaraciones realizadas el sábado por el presidente Torra, que tuvieron un efecto incendiario en un panorama ya de por sí inflamable.
Se hallaba en el acto de presentación del 'Consell per la República' (El Consejo por la República) celebrado en Bruselas, y dijo que los eslovenos "decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo". "Hagamos como ellos", propuso entonces Torra.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. Barcelona (España) 2 de Octubre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esta referencia al enfrentamiento armado con el que Eslovenia se independizó de Yugoslavia, y que se saldó con 74 muertos y varios cientos de heridos, ha contribuido considerablemente a elevar la tensión del conflicto entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central, y a agitar la polémica en torno a su validez como figura política en un contexto democrático.
La portavoz Isabel Celaá ha calificado las palabras de Torra como "lamentables e insensatas", y práctimente la totalidad del espectro político español ha condenado su mención a la vía eslovena.
Huelga de hambre
Al mismo tiempo, en el ámbito jurídico, corre la cuenta atrás hacia la celebración del juicio a los líderes independentistas que llegaron a proclamar la independencia de Cataluña en el Parlamento autonómico el 27 de octubre de 2017, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y varios exconsejeros del Ejecutivo regional, que aguardan el juicio en régimen de prisión preventiva.
Cuatro de los acusados en el juicio, Jordi Sánchez, Jordi Turull,Joaquim Forn y Josep Rull,han iniciado una huelga de hambre con la intención de incrementar la presión en su reivindicación de libertad. Como gesto simbólico, el presidente Torra se ha solidarizado con ellos llevando a cabo un ayuno de 48 horas que terminará este martes.
Cuando el pasado sábado 8 de diciembre el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, esgrimió la 'vía eslovena' acercó de nuevo la posibilidad de un choque entre España y Catalunya. Pero esta vez hablamos de un choque armado. "Hagamos lo mismo", apostilló Quim Torra tras afirmar que "[los eslovenos] decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo". ¿Amenaza o farol?
La 'vía eslovena', por puntualizar, implica el uso de la violencia. En 1990, Eslovenia consiguió la independencia de la entonces Yugoslavia tras dos negociaciones, un referéndum con más de un 90% de participación y un 88,2% a favor de la independencia y un conflicto armado que duró diez días —la 'Guerra de los diez días'—. Después de 74 muertos, el día 7 de julio de 1991, obtuvieron la independencia, declarada el 25 de junio.
La manifiesta debilidad del Gobierno
Los abusos cometidos hasta la fecha por el Estado español (amenazas de intervención militar, despliegue y brutalidad policial o evidente abuso jurídico) han generado la simpatía internacional del movimiento independentista, la cual se ha modulado con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Si bien es cierto que el presidente socialista no admitió la existencia de presos políticos ni aceptó negociar la celebración de un referéndum, no lo es menos que reconoció que Catalunya debía solucionarse de forma pacífica y política (como Quebec) y que, llegado el momento, los presos políticos podrían ser indultados.
Sea como sea, la amenaza, o el farol, llega en un complicado escenario para el Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez tras el fracaso electoral andaluz y la irrupción en la política española del partido ultraderechista VOX. De hecho, el diario conservador El Mundoadvertía en su portada del 11 de diciembre sobre serias discrepancias internas en el partido socialista. Estas críticas se centran en relacionar el batacazo electoral socialista en Andalucía, la primera vez que previsiblemente no gobernará el PSOE en la autonomía más poblada de España en los últimos cuarenta años, con la supuesta debilidad de Pedro Sánchez en Catalunya.
Enfrentamientos entre la Policía autonómica catalana y los Comités para la Defensa de la República en Barcelona, 10 de noviembre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Más allá de la veracidad o el acierto que se le pueda otorgar al anterior análisis, pues los casos de corrupción socialista en Andalucía han sido más que notables en los últimos años y existen importantes vectores (desempleo, falta de expectativas, problema migratorio, etc.) que han influido en la desencanto ciudadano, lo cierto es que la posición del Gobierno se ha debilitado tanto que lo que antes era casi una obviedad, el adelanto de las elecciones generales al próximo año 2019, se ha convertido en una quimera. Solo un buen resultado en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019 propiciarían el adelanto electoral.
La deriva violenta en Catalunya
Pocos pueden negar que el proceso de independencia en Catalunya ha sufrido un viraje claro en los últimos meses. Lo que había sido un proceso considerado internacionalmente ejemplar por ser liderado por el pacifismo empezó a vivir los primeros actos violentos, aunque menores, a finales de septiembre y principios de octubre de este 2018, con la conmemoración del aniversario del Referéndum. Estos primeros actos violentos, nada que ver con los espontáneos y aislados episodios inherentes a cualquier concentración multitudinaria, cambiaron la dinámica del proceso pacífico y anunciaron una variación de estrategia.
Esta alteración del rumbo pacífico inicial, tanto si ha sido organizado jerárquicamente o como si se debe a la falta de control de los movimientos ciudadanos, ha permitido legitimar, por primera vez desde que dio comienzo el proceso, la retórica belicista más ultra y centralista de la España más cavernaria. De hecho, ha supuesto todo un respiro para un Régimen que había fracasado una y otra vez frente al pacifismo catalán.
"La violencia, de mayor o menor intensidad, lo único que provocará será la legitimación de todo lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno español y lo que en el futuro haga".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Por ello, y por el ya comentado estado anémico del Gobierno socialista, España ha deslizado la posibilidad de endurecer su postura con un nuevo despliegue policial en Catalunya y, aunque el Ejecutivo lo ha negadooficialmente, se ha insinuado la aplicación del artículo 155 que suspendería la autonomía de Catalunya (Cs, PP y VOX lo solicitan abiertamente). Pero es que, en unas manifestaciones de difícil catalogación, el secretario general del partido socialista en Castilla La Mancha ha llegado a aseverar que había que estudiar la posibilidad de ilegalizar a los partidos independentista. Algo que ya no supondría, como las dos primeras medidas, volver a la casilla en la que estábamos hace poco más de un año en los momentos previos de la celebración del referéndum del 1-O (despliegue policial y amenazas de intervención), sino retornar directamente a la dictadura.
La 'vía eslovena' o el uso de la violencia sería el mayor triunfo de España
Sea como fuere, desde mi punto de vista, el mayor logro del proceso independentista, al menos hasta hace escasas fechas, ha sido su pacifismo y esa es su mayor arma para conseguir lo que cualquier demócrata consideraría justo: un referéndum. La violencia, de mayor o menor intensidad, lo único que provocará será la legitimación de todo lo que hasta ahora ha hecho el Gobierno español y lo que en el futuro haga.
Por tanto, no deberían los dirigentes catalanes dejarse seducir por situaciones históricamente tan excepcionales como Eslovenia, entre otras cosas porque el siglo XX no es el siglo XXI y los códigos que rigen ambas épocas son completamente diferente. No olvidemos que en los treinta años anteriores a 1990/1991 los episodios violentos en Europa fueron múltiples y considerables.
"Europa no comprendería un movimiento violento en sus entrañas ni Occidente está remotamente interesada en la segregación/debilitación de España".Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Era el Viejo Continente en la segunda mitad del siglo XX un espacio en el que la violencia resultaba hasta cierto punto aceptable y común, sobre todo porque su comparación con la primera mitad no la hacía execrable por completo. De hecho, las transiciones en Rumanía (coetánea a la independencia eslovena) o en España dejaron milesde muertos y heridos (solo España más de 2.500 y Rumanía todavía más) y los grupos armados surgieron prácticamente en toda Europa como instrumento político (Irlanda entre 1971 y 1976 e Italia entre 1978 y 1982 fueron los episodios más sangrientos de un período conocido en Europa y América Latina, los años sesenta y setenta, como los 'años de plomo'). Por si fuera poco, Europa y Occidente estaban ansiosas por anexionarse económicamente territorios del espacio postsoviético, por lo que apoyaron decididamente el movimiento esloveno.
Ninguna de estas circunstancias se da en la actualidad: ni Europa comprendería un movimiento violento en sus entrañas ni Occidente está ni remotamente interesada en la segregación/debilitación de España. Al menos, no de momento.
Tampoco deberían los políticos catalanes dejarse arrastrar por movimientos como el que acontece recientemente en Francia, pues los 'chalecos amarillos' poco o nada tienen que ver con Catalunya. Entre otras cuestiones porque se trata de un movimiento 'interior' con el que se identifica una gran cantidad de la ciudadanía francesa, mientras que un brote violento en Catalunya se puede considerar un movimiento 'periférico' que generaría en el resto de España y en parte de Catalunya una enorme repulsa. De un conflicto vertical, casi de clases, a un conflicto horizontal, casi de naciones.
Además, el ejemplo vasco y cómo la violencia fracasó en su intento de conseguir un referéndum con el Estado español debería ser muy tenido en cuenta por los catalanes. Si hoy Euskadi se encuentra más lejos que Catalunya de poder decidir su futuro ello se debe, fundamentalmente, a que en el primer caso intervino la violencia y en el segundo, no.
Es cierto, por otra parte, que los socialistas no tienen la menor intención de convocar un referéndum ni tan siquiera pretenden apostar por un modelo de república federal que permitiera un mejor encaje de Catalunya, por lo que los catalanes, llegado el caso, estarían más que justificados, ante las democracias y ante los demócratas, a plantear medidas de presión que les permitan solucionar el conflicto de forma pacífica. ¿Quién no tendría por legítimo el uso de herramientas como huelgas, huelgas de hambre, manifestaciones, paralizaciones de sectores estratégico e incluso la paralización indefinida de la economía catalana en aras de conseguir una solución democrática?
Sin embargo, casi nadie comprendería la lucha armada, los adoquines o los 'chalecos amarillos' en Catalunya, menos aún cuando los catalanes hace tiempo que han demostrado que las guerras se pueden ganar con lazos... y con paciencia.
BARCELONA (Sputnik) — Las autoridades y varios medios de comunicación locales expresaron su preocupación por los llamados Grupos Autónomos de Acción Rápida (GAAR), una nueva formación independentista catalana que se encuentra detrás de algunas de las convocatorias de protesta contra el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona.
Los medios se hicieron eco de una nota de los GAAR difundida a través de redes sociales —en particular un canal de Telegram que cuenta con 6.000 seguidores, según informa este viernes el diario La Vanguardia en su edición digital—, llamando a emprender acciones de "boicot" y "sabotaje" contra vías de comunicación, servicios públicos de transporte y vías ferroviarias y zonas industriales, pero también contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sistemas informáticos e infraestructuras clave.
Este tipo de acciones, precisan, no se detendrían hasta la proclamación efectiva de la República catalana.
Los GAAR aseguran ser grupos autónomos sin ninguna vinculación con los Comités de Defensa de la República catalana (CDR), organizaciones independentistas de tipo asambleario que también convocaron acciones de protesta para el próximo 21-D, así como con partidos políticos y otras organizaciones soberanistas.
"Nuestra organización", subraya el comunicado, "está pensada para no recibir órdenes, ni directrices de nadie, de manera que si un grupo cae, los otros seguirán efectuando sus acciones de forma independiente."
Según publicó anteriormente El Español, estos grupos cuentan con un manual de acción propio, llamado "El cançoner" (El cancionero), en el que proporcionan instrucciones para llevar a cabo sus acciones, que han de ser "complementarias" a las del "restos de colectivos que luchan y defienden la República".
Los GAAR también hacen un llamado a que cada grupo sea "autónomo" y "autoorganizado", llegando a poder estar formado hasta por una sola persona.
Sin embargo, algunos independentistas expresaron a través de las redes sociales sus sospechas hacia los GAAR y especulan con la posibilidad de que se trate de una maniobra para avalar las acusaciones de "terrorismo" contra el movimiento soberanista catalán, incluso incitar provocaciones contra la Policía y justificar así una acción penal contra los activistas, o una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que permite al Ejecutivo central, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento), intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad.
El artículo 155 fue aplicado por primera vez el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia basándose en los resultados de la consulta soberanista, y fue levantado con la formación del actual Gobierno catalán, presidido por Quim Torra.
Fuentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) aseguraron a La Vanguardia desconocer el origen de los GAAR y subrayaron que no van a tomar posición ante una organización que "ni siquiera sabemos si es real"; también la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) se desmarcó "absolutamente" de esta organización, de la que, afirma, desconocía incluso su existencia.
Tanto las plataformas como los partidos soberanistas piden a sus seguidores que se informen exclusivamente a través de los canales oficiales y desconfíen de iniciativas de las que se desconoce su procedencia, y apuntan como dato que el grupo de Telegram se creó en una fecha muy reciente, el pasado 4 de diciembre.
Por su parte, fuentes policiales manifestaron al rotativo catalán que, "aunque se analizan todas las amenazas por inverosímiles que parezcan, no elevarían el grado de preocupación por el surgimiento de este grupo a juzgar por lo que ellos mismos han difundido".
Esas mismas fuentes recalcaron que la iconografía elegida por los GAAR "recuerda a otras cosas", en alusión a organizaciones terroristas, pero agregaron que "a simple vista no parece algo serio", aunque se extremarán las preocupaciones de cara a las protestas del próximo 21 de diciembre.
Grupos independentistas, en particular los CDR, anunciaron su intención de protestar en Barcelona el próximo 21 de diciembre con motivo de la convocatoria del Gobierno de España de un consejo de ministros en la ciudad, ya que la fecha del consejo coincide con el primer aniversario de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, celebradas bajo la aplicación del artículo 155, por lo que el Ejecutivo autonómico considera que la decisión del Gobierno español "tiene un punto de provocación."
Mientras tanto, crece la presión en el espacio público de las fuerzas independentistas.
Cuando apenas faltan diez días para que el Gobierno de España celebre en Barcelona su próximo Consejo de Ministros, sus relaciones con el Ejecutivo catalán se encuentran en un punto de tensión considerable.
Las fuerzas independentistas aumentan su presión en el espacio público mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestiona abiertamente la actuación de las fuerzas policiales autonómicas que tratan de contenerla. Esta postura, a su vez, ha generado una previsible oleada de críticas entre las que se escucha, cada vez con más insistencia, la sugerencia de volver a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
En este escenario, al presidente catalán –que afirma que "ya no hay marcha atrás" posible en las aspiraciones independentistas– le pareció buena idea apelar a la memoria del violento proceso separatista de Eslovenia en 1991, incluyendo así una corrosiva retórica belicista en un conflicto que no para de acumular tensiones en los últimos días.
Una visita controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que aseguró también que, una vez allí, Sánchez se reuniría "con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes".
Calvo anunció la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes; al fin y al cabo, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Sin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
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