Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, manifestó que “Gran parte de la cobertura de los medios extranjeros ha tergiversado la realidad que se vive en mi país y los hechos que rodean a los acontecimientos”, en las páginas del The New York Times.

El mandatario publicó un artículo en el periódico norteamericano, el primero de abril, para describir qué ha sucedido en su país en las últimas semanas.

“En Estados Unidos describen a los manifestantes como pacíficos, mientras que se dice que el Gobierno los está reprimiendo. De acuerdo con esta narrativa, el Gobierno estadounidense está apoyando al pueblo venezolano, pero en realidad se está alineando con el uno por ciento del total de la población que quiere arrastrar a nuestra nación a la época en la que el otro 99 por ciento no tenía cabida en la vida política y solo unos cuantos —las empresas estadounidenses incluidas— se beneficiaban del petróleo venezolano”, sostuvo.

“Los que protestan tienen un objetivo claro: la expulsión inconstitucional del Gobierno elegido democráticamente”, subraya el mandatario venezolano.

Destaca, además, que muy pocos agentes de seguridad han estado involucrados en la violencia y subraya que los sospechosos han sido arrestados.

Mientras tanto, puntualiza que los manifestantes son “directamente responsables” de “al menos la mitad” de las 36 víctimas mortales que se han cobrado las protestas. Les acusa de haber atacado hospitales, de quemar una universidad en el estado de Táchira, de lanzar cócteles molotov y piedras a los autobuses y asaltar con piedras y antorchas instituciones públicas como la fiscalía y el Tribunal Supremo.

“Estas acciones violentas han causado daños por valor de millones de dólares. Es por eso que las protestas no han recibido el apoyo de la clase pobre y trabajadora“, precisó.

“Los hechos desmienten las afirmaciones de que Venezuela tiene una democracia deficiente y que las protestas actuales representan el sentimiento dominante. Las protestas antigubernamentales están siendo lideradas por miembros de los segmentos más pudientes de la sociedad que lo único que persiguen es revertir los logros de un proceso democrático que ha beneficiado a la gran mayoría de la población”, asegura.

Entre esos logros del chavismo señala la reducción de la desigualdad, la disminución de la pobreza desde el 49% en 1998 hasta el 25,4% en 2012, la creación de un sistema universal de sanidad y programas de educación gratuitos, el fortalecimiento de la Policía Nacional y la renovación del sistema penitenciario.

El presidente admite que su gobierno se ha visto enfrentado a graves desafíos económicos en los últimos 16 meses, como la inflación y el déficit de bienes básicos. Según él, “los líderes de la protesta, con una agenda violenta y antidemocrática”, explotan las críticas legítimas sobre las condiciones económicas o las altas tasas de criminalidad para crear caos en las calles.

“Hoy en día la administración de Obama invierte como mínimo cinco millones de dólares anuales en apoyar a los movimientos opositores en Venezuela. Un proyecto de ley para otorgar 15 millones de dólares adicionales para estas organizaciones antigubernamentales está ahora en el Congreso, que está considerando, además, si imponer sanciones a Venezuela“, comenta Maduro.

También subraya las analogías con el golpe de 2002 que Washington apoyó y tras el que reconoció al nuevo gobierno a pesar de su “comportamiento antidemocrático”, que se demostró con la disolución de la Corte Suprema y la asamblea legislativa y desechando la Constitución.

Maduro aseguró que “muchos de los que apoyaron el desalojo del Gobierno democráticamente elegido en 2002 son los mismos que están liderando las protestas de hoy”.

“Espero que el pueblo estadounidense, sabiendo la verdad, decida que Venezuela y su gente no merecen tal castigo y exhorten a sus representantes a que no introduzcan sanciones […]. Venezuela necesita paz y diálogo para seguir adelante. Damos la bienvenida a quien de manera sincera quiera ayudarnos a alcanzar esa meta”, concluye así el artículo.

(Con información de Russia Today)

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, manifestó que “Gran parte de la cobertura de los medios extranjeros ha tergiversado la realidad que se vive en mi país y los hechos que rodean a los acontecimientos”, en las páginas del The New York Times.

El mandatario publicó un artículo en el periódico norteamericano, el primero de abril, para describir qué ha sucedido en su país en las últimas semanas.

“En Estados Unidos describen a los manifestantes como pacíficos, mientras que se dice que el Gobierno los está reprimiendo. De acuerdo con esta narrativa, el Gobierno estadounidense está apoyando al pueblo venezolano, pero en realidad se está alineando con el uno por ciento del total de la población que quiere arrastrar a nuestra nación a la época en la que el otro 99 por ciento no tenía cabida en la vida política y solo unos cuantos —las empresas estadounidenses incluidas— se beneficiaban del petróleo venezolano”, sostuvo.

“Los que protestan tienen un objetivo claro: la expulsión inconstitucional del Gobierno elegido democráticamente”, subraya el mandatario venezolano.

Destaca, además, que muy pocos agentes de seguridad han estado involucrados en la violencia y subraya que los sospechosos han sido arrestados.

Mientras tanto, puntualiza que los manifestantes son “directamente responsables” de “al menos la mitad” de las 36 víctimas mortales que se han cobrado las protestas. Les acusa de haber atacado hospitales, de quemar una universidad en el estado de Táchira, de lanzar cócteles molotov y piedras a los autobuses y asaltar con piedras y antorchas instituciones públicas como la fiscalía y el Tribunal Supremo.

“Estas acciones violentas han causado daños por valor de millones de dólares. Es por eso que las protestas no han recibido el apoyo de la clase pobre y trabajadora“, precisó.

“Los hechos desmienten las afirmaciones de que Venezuela tiene una democracia deficiente y que las protestas actuales representan el sentimiento dominante. Las protestas antigubernamentales están siendo lideradas por miembros de los segmentos más pudientes de la sociedad que lo único que persiguen es revertir los logros de un proceso democrático que ha beneficiado a la gran mayoría de la población”, asegura.

Entre esos logros del chavismo señala la reducción de la desigualdad, la disminución de la pobreza desde el 49% en 1998 hasta el 25,4% en 2012, la creación de un sistema universal de sanidad y programas de educación gratuitos, el fortalecimiento de la Policía Nacional y la renovación del sistema penitenciario.

El presidente admite que su gobierno se ha visto enfrentado a graves desafíos económicos en los últimos 16 meses, como la inflación y el déficit de bienes básicos. Según él, “los líderes de la protesta, con una agenda violenta y antidemocrática”, explotan las críticas legítimas sobre las condiciones económicas o las altas tasas de criminalidad para crear caos en las calles.

“Hoy en día la administración de Obama invierte como mínimo cinco millones de dólares anuales en apoyar a los movimientos opositores en Venezuela. Un proyecto de ley para otorgar 15 millones de dólares adicionales para estas organizaciones antigubernamentales está ahora en el Congreso, que está considerando, además, si imponer sanciones a Venezuela“, comenta Maduro.

También subraya las analogías con el golpe de 2002 que Washington apoyó y tras el que reconoció al nuevo gobierno a pesar de su “comportamiento antidemocrático”, que se demostró con la disolución de la Corte Suprema y la asamblea legislativa y desechando la Constitución.

Maduro aseguró que “muchos de los que apoyaron el desalojo del Gobierno democráticamente elegido en 2002 son los mismos que están liderando las protestas de hoy”.

“Espero que el pueblo estadounidense, sabiendo la verdad, decida que Venezuela y su gente no merecen tal castigo y exhorten a sus representantes a que no introduzcan sanciones […]. Venezuela necesita paz y diálogo para seguir adelante. Damos la bienvenida a quien de manera sincera quiera ayudarnos a alcanzar esa meta”, concluye así el artículo.

(Con información de Russia Today)

En Brasil las fuerzas armadas investigarán el uso de instalaciones militares para torturas y ejecuciones durante el régimen militar, informó la Comisión de la Verdad al cumplirse 50 años del golpe militar (1964-85).

“Se crearán comisiones para investigar el uso de instalaciones militares para la práctica de graves violaciones de los derechos humanos, dijo el ministro de defensa Celso Amorim”, según el reporte de la Comisión.

En febrero último la Comisión entregó un informe preliminar que da cuenta del “uso sistemático de siete instalaciones de las fuerzas armadas para la tortura y muerte de opositores durante la dictadura”, en los estados de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Minas Gerais (sureste) y Pernambuco (nordeste).

El coordinador de la Comisión de la Verdad, Pedro Dallari, dijo que uno de los principales centros es “la casa de la muerte de Petrópolis (estado de Río), quizás el principal centro clandestino de tortura y exterminio”.

La dictadura brasileña es la menos investigada del Cono Sur, y la única que no ha juzgado a los represores, porque una ley de amnistía de 1979 lo impide.

La creación de la Comisión de la Verdad en 2012 por la presidenta Dilma Rousseff, una exguerrillera que fue torturada y encarcelada por el régimen militar, es el mayor paso oficial que Brasil ha dado para esclarecer las violaciones de los derechos humanos.

(Con información de AFP)

João Goulart. Foto de Archivo.

En el 50 aniversario del derrocamiento -apoyado por Estados Unidos- de Joao Goulart en Brasil, su hijo, Joao Vicente, solicitó al Senado brasileño que exija oficialmente la desclasificación de documentos estadounidenses todavía secretos sobre las operaciones encubiertas que contribuyeron con ese dramático golpe de Estado.

Dadas las tensiones en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, generadas por una forma más moderna de penetración estadounidense en los asuntos internos brasileños, parece improbable que el gobierno de Barack Obama divulgue esa documentación en lo inmediato.

Pero si alguna vez hubo una oportunidad de usar registros históricos estadounidenses desclasificados como una herramienta diplomática única, ese momento es ahora.

De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha practicado el arte de la diplomacia desclasificada en varias naciones, evaluando y divulgando miles de registros almacenados en las “instalaciones seguras y de información compartimentada” de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Departamento de Defensa y el de Estado (cancillería), entre otras agencias de seguridad, como gestos diplomáticos, así como para promover la defensa de los derechos humanos, la verdad y la justicia.

Como otras herramientas de política exterior -ayuda económica, comercio y apoyo diplomático-, estos registros históricos pueden realizar una contribución potente a la promoción de los intereses de Estados Unidos en materia de estabilidad y de una comunidad mundial pacífica y más justa.

En Ecuador, por ejemplo, pese a las tensiones con el gobierno de Rafael Correa, la administración de George W. Bush (2001-2009) realizó un gesto importante de desclasificación especial de registros del Departamento de Estado para ayudar a la Comisión de la Verdad ecuatoriana.

En Chile, tras el arresto del general Augusto Pinochet en Londres, el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) ordenó la revisión y divulgación de 23.000 documentos secretos.

En una ceremonia pública celebrada en la Biblioteca Nacional de Santiago, el embajador de Estados Unidos, John O  Leary, vació decenas de carpetas llenas de registros desclasificados de la CIA, del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y del de Defensa.

En su favor á hay que decir que, desde mediados de los años 70, el gobierno de Estados Unidos viene desclasificando documentos secretos sobre el rol que jugó en el golpe de Estado brasileño, a través de procedimientos rutinarios de desclasificación y de la Ley de Libertad de Información.

Incluso las grabaciones de la Casa Blanca en las que los presidentes John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) y Lyndon Johnson (1963-1969) discutían las complejidades de la conspiración golpista, el cambio de régimen y la
intervención militar en Brasil con sus asesores, están ahora disponibles para el escrutinio público.

Gracias a estos registros conocemos muchos de los detalles secretos de la “Operación Hermano Sam”, el plan del Pentágono para suministrar armas, gasolina y hasta tropas de combate si fuera necesario para garantizar el éxito del golpe militar.

“No quisiéramos que las Fuerzas Armadas brasileñas avancen hasta que tengamos todo en marcha”, declara un memorando altamente confidencial de la Casa Blanca fechado el 30 de marzo de 1964.

No obstante, las acciones encubiertas de los agentes de la CIA en Brasil en esa época continúan clasificadas.

Para una nación orgullosa e independiente como Brasil, la audacia y la arrogancia imperial reflejadas en estos registros son, como mínimo, ofensivas. Pero si hay un resultado positivo de la significativa participación de Estados Unidos en el golpe y de su apoyo a los regímenes militares que le siguieron en los 21 años posteriores es el detallado registro histórico que dejó.

Los archivos secretos del gobierno de Estados Unidos contienen miles de cables, informes, evaluaciones de inteligencia y memorandos de conversaciones que pueden arrojar luz, y lo harán, sobre la era de la represión en Brasil.

Un cable desclasificado del Departamento de Estado, que data de 1973 y que mi oficina brindó en los últimos tiempos a la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, por ejemplo, en realidad revela la existencia de un centro de inteligencia militar en el distrito paulista de Osasco, donde se cometieron violaciones sistemáticas y grotescas a los derechos humanos.

Uno de los torturadores de ese centro se jactó ante funcionarios de Estados Unidos de usar la tristemente célebre técnica de tortura conocida como “percha de loro” (y que consiste en colgar a la persona sobre una barra, con los pies atados a las manos) para quebrantar la voluntad de los prisioneros.

También ofreció un “relato de primera mano” sobre una técnica de ejecución que describió como “suturar al sospechoso”, o sea, “acribillarlo de la cabeza a los pies con armas automáticas”. Era un “procedimiento estándar”, informó la embajada de Estados Unidos, para matar a presuntos “terroristas” en Sao Paulo.

Las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de Brasil parecen haber hecho desaparecer sus propios archivos secretos, igual que como hicieron desaparecer a sus víctimas.

Por ese motivo, los documentos desclasificados por Estados Unidos demostrarán ser invalorables para el trabajo que actualmente realiza la Comisión de la Verdad en Brasil, así como para ciudadanos brasileños y estadounidenses que tienen derecho a conocer su historia, además de derecho a la justicia.

El derecho a saber es fundamental para la salud democrática de nuestras sociedades. Además, Brasil es un ejemplo de dónde puede promoverse la salud de una relación bilateral positiva con Estados Unidos a través de la práctica sin igual de la diplomacia desclasificada.

Peter Kornbluh dirige el Proyecto de Documentación de Brasil en el National Security Archive, un centro de investigación de interés público en Washington D.C. que se especializa en registros desclasificados de política exterior. Este artículo apareció por primera vez en portugués en el periódico Folha de Sao Paulo