Andrés Manuel López Obrador no solo ganó la elección presidencial: Morena, su partido, también barrió el país entero. Se abre, sin duda, una nueva época histórica. 30 millones de mexicanos, el 53 % de los electores, votamos por López Obrador, por la esperanza y por el cambio.

El tabasqueño duplicó la cantidad de votos recibidos por Vicente Fox en el año 2000 y dejó muy atrás tanto a Ricardo Anaya como a José Antonio Meade. López Obrador ganó en 31 de las 32 entidades federativas, desde Tijuana hasta Tapachula, desde Matamoros hasta Acapulco.

Solamente Guanajuato se quedó fuera de la enorme ola de rebelión ciudadana. En Tabasco, López Obrador recibió el 80 % de la votación; en Oaxaca, el 65 %; en Guerrero, el 63 %. También dos terceras partes de los votos desde el extranjero fueron para AMLO.

La coalición Juntos Haremos Historia contará con una clara mayoría, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. También ganó la mayoría de las presidencias municipales y diputaciones locales en disputa, hasta en lugares tradicionalmente bajo un férreo control caciquil, como Hidalgo y el Estado de México.

Todo esto implica una enorme responsabilidad. El contundente mandato popular expresado en las urnas debe generar un Gobierno radicalmente diferente, cercano a la gente, comprometido con la justicia social, la democracia y los derechos humanos. No mentir, no robar y no traicionar: es el compromiso de López Obrador.

Tomemos la palabra al futuro presidente y reconstruyamos juntos la Nación. Con la participación de todos y todas, acabemos con la violencia, la corrupción y la pobreza.

México tiene una de las transiciones más largas en el mundo ya que pasan cinco meses entre el día de las votaciones y la toma de posesión del presidente electo. Históricamente, este periodo siempre ha sido complicado porque ve disminuir el poder del presidente en funciones mientras que el del presidente electo crece, aunque sin las facultades para poder ejercerlo. La cuestión se complejiza cuando hay no solo una alternancia sino un cambio de régimen. En un acto de responsabilidad, Enrique Peña Nieto y López Obrador se reunieron dos días después de las elecciones para mandar el mensaje de una transición ordenada y disminuir las incertidumbres.

El mensaje fue recibido satisfactoriamente pero también se percibió que el sexenio actual terminó y que ha comenzado el de López Obrador, dando la impresión que Peña Nieto es ya un mero administrador pero que las decisiones importantes ocurren lejos de la todavía residencia oficial de Los Pinos. De hecho, el encuentro se desarrolló en el Palacio Nacional, lugar donde se recibe a mandatarios extranjeros pero que no es el lugar de trabajo cotidiano del presidente en la actualidad. El mensaje y el simbolismo fueron claros.

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Iniciativas prioritarias

Ampliamente conocido por desarrollar intensas jornadas de trabajo tanto en campaña como en el gobierno, López Obrador ya ha empezado reuniones con sus colaboradores y funcionarios electos para no perder tiempo en la transición y empezar a cumplir sus promesas de campaña desde ya. Aun sin tomar posesión, podemos decir que el gobierno de López Obrador ya arrancó. Y lo ha hecho fuerte. Lo primero ha sido participar en modificaciones al presupuesto de 2019 que ya refleje las medidas de austeridad prometidas en campaña.

En sus reuniones con diputados y senadores que inician actividades legislativas el 1 de septiembre, tres meses antes de la investidura presidencial, se ha buscado delinear la agenda legislativa con las acciones y leyes que deben ser abordadas y modificarse para que la siguiente administración ya cuente con el sello de López Obrador. Hay que recordar que MORENA, el partido de AMLO, cuenta con la mayoría necesaria en el legislativo para aprobar muchas modificaciones, a excepción de cambios en la Constitución que requieren ser aprobados en los congresos estatales.

Son doce las iniciativas prioritarias que López Obrador busca que se aprueben al principio de la siguiente legislatura. Entre las primeras iniciativas de ley está terminar con fueros y privilegios de los funcionarios, y como el buen juez por su casa empieza, esto incluye que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y actos de corrupción (Art. 108). La corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible serán considerados delitos graves. También se ha propuesto establecer mecanismos de consulta para la revocación de mandato.

Si la corrupción fue el sello de esta administración, el de la austeridad promete ser el del siguiente. López Obrador considera impulsar una ley reglamentaria para que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República (Art. 127), cuyo salario será la mitad de lo que actualmente percibe Peña Nieto. También se busca llevar a cabo cambios en leyes, reglamentos y decretos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Cabe señalar que estos ajustes son principalmente para los mandos superiores, una burocracia dorada que proliferó en los tres últimos sexenios con títulos de labores muy pomposos pero que duplicaban funciones dentro del gobierno. Los trabajadores de base no se tocarán en lo absoluto según estas iniciativas, al contrario se revisará si es necesario hacer ajustes al salario mínimo, primero en la zona fronteriza con Estados Unidos y luego en el resto del país.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación (Ministra del Interior) ya ha sugerido dos temas muy importantes y que reflejan, para los que tenían duda, que el de López Obrador será un gobierno que enarbole causas progresistas. Ha sugerido que se extienda a todo el país una Ley de Voluntad Anticipada (no confundir con eutanasia) para que enfermos terminales puedan decidir morir con dignidad. Actualmente dicha ley ya está en vigor en 11 de 32 entidades federativas pero se busca hacerla nacional. También habló sobre un proceso de discusión de despenalización de la marihuana como un primer paso para discutir y reflexionar sobre una ley de amnistía. Este tema es tan importante y diferente a las políticas anteriores que en otro texto lo analizaremos con mayor profundidad.

Política exterior

Pero los mensajes no se quedan al interior del país, ya se siente también el cambio de rumbo en la política exterior. Para empezar, tendrá una visita de cortesía del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien acudirá con Steven Mnuchin (Tesoro), Kirstjen Nielsen (Seguridad Nacional), así como Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump. La visita se dará en la casa de campaña de AMLO, lejos del protocolo y la fastuosidad que envuelve a los encuentros de este tipo. Todo el equipo de Trump, visitará primero a Peña Nieto pero ha aceptado desplazarse hasta el lugar de trabajo de López Obrador en una muestra de cortesía y respeto, alejada de las condiciones de sumisión que muchas veces aceptó y hasta promovió Peña Nieto. Los temas a tratar seguramente serán el problema migratorio y la renegociación del TLCAN.

En cuanto a la política con Latinoamérica, cuyos lazos abandonaron los gobiernos pasados, ya se habla de profundizar las relaciones comerciales y relanzar los mecanismos de cooperación para el desarrollo ya existentes como la Alianza del Pacífico. En cuanto a situaciones delicadas en nuestro continente, caso concreto la relación con Venezuela, se habla de respetar los principios de no intervención y respeto a la autodeterminación de las naciones. Esto caracterizó a la política exterior mexicana por décadas pero en las últimas administraciones se mostraron ciertas actitudes injerencistas que buscaban hacerle eco a las políticas estadounidenses. Hay un golpe de timón en este punto con el nuevo gobierno.

Apenas han pasado diez días de la elección de López Obrador y ya se perciben muchos cambios en el estilo personal de gobernar. Ningún presidente de ninguna parte del mundo puede cambiar la realidad de país en una semana. Pero si se pueden mandar las señales y promover las iniciativas legales que muestren, tanto al interior como al exterior, que el cambio de régimen está en marcha y que las transformaciones serán de fondo y no solo cambios cosméticos como en el pasado.

A cinco meses de tomar posesión como presidente, ya López Obrador controla la agenda nacional y articula a su alrededor como cabeza del ejecutivo. Lo que había sucedido paulatinamente en cambios de sexenio anteriores, hoy se ha acelerado profundamente: el presidente saliente ya no tiene el poder del país, es tan solo el encargado de la administración. De manera informal quizá, pero es definitivo que el sexenio de López Obrador ya empezó.

México ratificó la imposición de aranceles a productos agroindustriales provenientes de Estados Unidos, luego de que la adminsitración del presidente Donald Trump demandó a México, Canadá, Unión Europea, China y Turquía ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esto, luego de que el Gobierno de EE.UU. consideró que los impuestos establecidos por México y otros países no tenían ninguna justificación.

"El Gobierno de México reitera su compromiso de continuar con la defensa de los intereses de la industria nacional respecto de las medidas unilaterales que son contrarias a los derechos y obligaciones pactados en el marco del derecho comercial internacional", dijo la Secretaría de Economía de México en un comunicado.

"La medida aplicada por México fue en respuesta a los aranceles impuestos, de manera injustificada y bajo el argumento de seguridad nacional, por el Gobierno de EE.UU. a las importaciones mexicanas de acero y aluminio", respondió el Gobierno de México.

"Las compras que realiza EE.UU. de acero y aluminio procedentes de México no representan una amenaza a la seguridad nacional de ese país. Por el contrario, la sólida relación comercial entre México y EE. UU. ha generado un mercado regional integrado donde los productos de acero y aluminio contribuyen a la competitividad de la región en diversos sectores estratégicos, como el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico", señaló la Secretaría de Economía.

Guerra comercial: México quiere "pegar donde más duele" a EE.UU.

Horas antes, en un comunicado publicado este lunes por la oficina del representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, el gobierno de Trump señaló: "Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para proteger nuestros intereses, e instamos a nuestros socios comerciales a trabajar constructivamente con nosotros en los problemas creados por el exceso de capacidad masiva y persistente en los sectores de acero y aluminio

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que reducirá su sueldo a menos de la mitad y desató una polémica en su país, dados los altos ingresos que perciben funcionarios como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

López Obrador dijo que recortará su sueldo como mandatario de México al 40 % de lo que actualmente gana Enrique Peña Nieto, quien percibe 270.000 pesos mensuales (14.300 dólares) en total.

De este modo, López Obrador señaló que a partir de diciembre del año en curso, cuando tome posesión de la primera magistura del Estado, ganará 108.248 pesos (5.750 dólares) como remuneración mensual.

Aclaró que tenía la intención de bajar todavía un poco más su salario, pero como ese será el tope más alto para los servidores públicos en México, habrá funcionarios que –aunque tienen "dimensión social"– están ahora trabajando en universidades y empresas ganando esa cantidad, y no les sería entonces conveniente trabajar en el gobierno.

También dijo haber considerado las funciones de los ministros del Poder Judicial, así como de los diputados y senadores del Poder Legislativo, antes de tomar la decisión.

"Entonces, si yo bajaba más mi sueldo, se iban a resentir más, o sea, que soy moderado, no soy radical", comentó López Obrador al anunciar las 50 medidas que pretende implementar su futuro gobierno para combatir la corrupción.

La opinión del presidente de la Corte

El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, junto al ministro Arturo Zaldívar. (México, 2016). / Flickr.com / Presidencia de la República Mexicana

Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, consideró que los altos sueldos de los magistrados "no son un beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias, indispensables e ineludibles, para un servicio público de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa".

De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, cada ministro de la SCJN gana alrededor de 651.741 pesos mensuales (34.580 dólares), lo cual los convierte en los funcionarios mexicanos con mejores sueldos.

Así lo dijo el ministro presidente de la SCJN durante el Día del Abogado, celebrado el pasado 12 de julio.

En febrero de 2017, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron disminuir sus salarios como medida de austeridad, al considerar que se encontraban "constitucionalmente imposibilitados para reducir las referidas remuneraciones", según un documento

Esto, según una cláusula de irreductibilidad que forma parte del artículo 94 de la Constitución mexicana, el cual señala que la remuneración de los magistrados de la Corte y otros jueces del Poder Judicial "no podrá ser disminuida durante su encargo".

Se enciende la polémica