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Otra vez Panamá está en el ojo del huracán bajo el peligro de continuar con el estigma de 'paraíso fiscal', mientras las revelaciones apuntan con fuerza a la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) como la operadora de la mayor parte de los registros revelados, tras la filtración de 11,9 millones de documentos.
Como ocurrió en 2016 con el bufete Mossack-Fonseca, vinculado a los Papeles de Panamá, Alcogal pudiera correr igual suerte y verse obligado a desaparecer, con lo que el mercado de las sociedades offshore (fuera de la plaza) pierde a un fuerte competidor y facilitará redistribuir a sus clientes, opinaron analistas locales.
En un intento de sobrevivencia, los abogados atacados por Pandora se defendieron al explicar públicamente la 'legalidad' de la actividad que realizan, bajo procedimientos estrictos de la debida diligencia, y que los ejemplos presentados por los periodistas datan de antes de las regulaciones nacionales para este sector.
Pero esconder fortunas en jurisdicciones fuera del lugar donde se genera la riqueza, persiguen objetivos como enmascarar los dueños o evadir impuestos estatales que repercuten en el bienestar social, según opiniones de quienes consideran a las offshore en el limbo entre lo legal y lo moral.
Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente disimuladas en jurisdicciones opacas, sin que hayan declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal, como ocurre con los ejemplos de la investigación.
Peor aún, bajo esa capa de sombra se parapetan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo, lo que en este caso ocurrió con empresas creadas por Alcogal para el esquema de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, según las revelaciones.
Las figuras políticas señaladas en Pandora parecieran escrupulosamente escogidas, por la ausencia de las mayores fortunas de Estados Unidos y Europa, además, destaca la 'eficiencia' de las fuentes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), protagonistas de la pesquisa, indicaron expertos.
Como ocurrió con los Papeles de Panamá, ICIJ es nuevamente depositario de un considerable volumen de 'documentos filtrados', en los cuales no aparecen Delaware u otras jurisdicciones estadounidenses consideradas paraísos fiscales, a pesar que la sede del Consorcio está en Washington, una 'extraña casualidad', aseguraron observadores.
Los Papeles de Pandora abrió nuevamente las puertas de la industria offshore, un mundo de fideicomisos opacos, empresas de papel, receptores ocultos y poderosos despachos legales al servicio de los ricos, quienes a través de complejas redes de sociedades intentan ocultar la identidad de los beneficiarios de las fortunas.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que las pérdidas tributarias por la evasión fiscal son asombrosas en la región, e insistió en revertir esta situación como condición necesaria para elevar los recursos públicos de las economías, avanzar en la recuperación de los países y en las metas de la agenda 2030.
Por su parte, el economista panameño Juan Jované opinó que la evasión y la elusión tributaria se convirtieron en un importante tema de crítica dentro del modelo económico globalizado, donde 'tenemos un sistema de impuestos global que permite que las personas, legalmente, eviten pagar'.
En un artículo publicado en el diario La Estrella de Panamá, Jované afirmó que pagar impuestos es un deber ciudadano y citó al Papa Francisco, el cual sentenció que quienes 'no pagan impuestos no solo cometen un delito, sino un crimen; si faltan camas y aparatos de respiración es culpa suya'.
acl/orm
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