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General: PARTE 2 Política fiscal burguesa y política proletaria
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| De: ATTACmx (Missatge original) |
Enviat: 08/01/2004 05:39 |
FORO DEBATES
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También el propio Estado burgués se ve forzado, de tiempo en tiempo, a hacer
una apelación extraordinaria a la plusvalía para cubrir sus necesidades
crecientes sólo que no lo hace bajo la forma del impuesto sino bajo la del
empréstito estatal. Estos últimos tienen a veces fines económicos, por
ejemplo creación de ferrocarriles o de canales, pero generalmente están
destinados a usos completamente improductivos, a la adquisición de cañones y
de acorazados, a cubrir los gastos de guerra, etc.
Es sorprendente que, en los Estados monárquicos, todo es real, imperial,
etc. excepto las deudas. La túnica del soldado es la túnica del rey pero
éste último protestaría enérgicamente si se llamasen deudas reales a los
préstamos pedidos para pagar la túnica del rey. Esas deudas las abandona
generosamente en manos del Estado o de la nación. En este punto hasta el
propio absolutismo ruso se muestra, en comparación, altamente republicano.
Se pueden parangonar estos empréstitos con las contribuciones voluntarias
que se imponían en los tiempos feudales las clases dominantes, la nobleza y
el clero, cuando la patria estaba en peligro. Sin embargo hay una pequeña
diferencia; los señores feudales no exigían intereses por las sumas que
ellos sacrifican en aras de la patria; para el capitalista, los intereses
son cosa principal. Los privilegios perpetuos otorgados a los ricos señores
territoriales, a los obispos, a los monasterios, a las ciudades, a cambio de
sus subsidios, quizá fuesen un equivalente de las
rentas perpetuas de nuestras actuales deudas públicas.
Después de los gastos militares, los intereses de la deuda pública
constituyen, en los Estados modernos, el capítulo más grande del presupuesto
de
gastos. En Inglaterra sobre un presupuesto de 2 000 millones de marcos, el
ejército y la flota absorben alrededor de 800 millones de marcos y los
intereses de la deuda nacional 500 millones; en Francia el ejército y la
marina alrededor de 700 millones de marcos y los intereses de la deuda 1 000
millones.
En el Imperio alemán, los intereses de la deuda no se elevan en verdad más
que a 74 millones de marcos, mientras que el ejército y la flota cuestan 700
millones de marcos. Pero este imperio es joven
todavía; la guerra de la cual surgió le ha reportado los millones franceses
y desde entonces no ha tenido que sostener grandes guerras. En la misma
época en que el Imperio alemán, que comenzó a funcionar con una
indemnización de guerra de 4 000 millones de marcos, se endeudaba por valor
de, hasta la fecha, 2 261 millones de marcos, Inglaterra ha reducido, su
deuda pública de 15 600 millones de marcos a 12 400 millones de marcos ( o
sea, una disminución de 3 200 millones de marcos) 짯sin necesidad de
aranceles sobre cereales, carne, petróleo, etc.짯 ¡Y si se quiere establecer
una comparación habría que añadir a la deuda del Imperio alemán la de los
Estados confederados! Solamente en Prusia la deuda se eleva a 6 500 millones
de marcos, cuyos intereses significaban, en 1898, 229 millones; las deudas
públicas de Baviera. Sajonia y Württemberg arrojan en total 2 500 millones.
Llegamos pues, sumando las deudas públicas de los diferentes Estados de
Alemania, a una cifra casi equivalente a la de Inglaterra con la diferencia
de que en Inglaterra la deuda disminuye mientras que en Alemania aumenta
rápidamente. Los gastos militares junto con los intereses de la deuda
pública constituyen el capítulo el presupuesto de un Estado moderno que, en
el caso de eliminarse, proveerían de los medios necesarios, bien para
aligerar las cargas de la población, bien para realizar grandes reformas
sociales. El desarme general y la suspensión general del pago de intereses
de los fondos públicos pondría a disposición de cada una de las grandes
potencias más de mil millones de marcos anuales, suma que se podría emplear
para estos fines. ¡Con eso ya podía hacerse algo!
La bancarrota del Estado un fenómeno extraordinario: sin embargo no queremos
afirmar que un régimen como el que nosotros estamos suponiendo aquí,
influenciado por el proletariado pero todavía no en situación de triunfar
sobre el modo de producción capitalista, se decidiría sin necesidad a
suprimir el pago de los intereses. Significaría violar groseramente el
principio de igualdad de derecho para todos, el escoger al azar solamente a
algunos capitalista y confiscarle sus bienes, y sería tanto menos
justificable cuanto que una gran parte de los fondos públicos están
precisamente en las manos de los capitalistas más pequeños. La confiscación
de los pequeños ahorros de las pequeñas gentes es lo que menos cuadra a las
intenciones de un gobierno democrático.
Pero también es cierto que un régimen tal como al que nosotros nos
referimos, renunciaría de una vez para todas a acudir a nuevos empréstitos e
intentaría amortizar la deuda existente con la mayor rapidez posible. Un
nuevo empréstito tendría el significado de una sujeción del gobierno al yugo
del capital. El empréstito es uno de los medios que emplean los Estados
burgueses para poner la plusvalía, que el capital se ha apropiado, a
disposición de sus fines estatales. Mas una democracia proletaria no conoce
otro modo de apropiación de la plusvalía que el impuesto. Pero naturalmente,
por pocos miramientos que la democracia proletaria tenga con el capital,
tampoco podrá gravar la plusvalía completamente a su gusto. No puede
pensarse en elevar los impuestos anteriormente mencionados hasta el punto de
confiscar toda la plusvalía. Recordemos que aquí no tratamos de una
comunidad socialista 짯para ella, nuestras explicaciones carecerían de
sentido ya que una comunidad que es dueña de los medios de producción, no
necesita de impuestos para obtener el sobreproducto, sino que hablamos de
una situación en la cual el proletariado tiene ya el suficiente poder
político como para ejercer sobre el sistema de impuestos una influencia
favorable a sus ideas, pero en la cual domina todavía el modo capitalista de
producción. En tanto que así sea, en tanto que, por una u otra razón, la
sociedad no está en situación de tomar en sus manos todas las funciones del
capital, la plusvalía jugará un papel económico considerable. El capitalista
no puede, como antes de él hacían el señor feudal o el aristócrata romano,
consumir todo el sobreproducto que le suministran sus obreros. Tiene que
“resignarse”, necesita “ahorrar”. No consume más que una parte de la
plusvalía, mientras la otra se acumula, es decir, forma nuevo capital. Es
esta acumulación de capital la que construye, junto con el adelanto de las
ciencias naturales, la gran fuerza del progreso económico de nuestro siglo.
Es gracias a estos dos factores por lo que el progreso en este siglo ha sido
mucho más rápido que en todos los siglos anteriores, por lo que han sido
creadas inmensas fuerzas productivas antes las cuales las antiguas
maravillas del mundo parecen enanas, por lo que, por vez primera en la
historia, ha surgido la posibilidad de establecer una sociedad socialista
sobre la base de una civilización más elevada. Mientras la sociedad no se
aprecie de las fuerzas productivas y mientras no regule ella misma su propio
desarrollo, impedir la acumulación de capital significaría detener el
progreso, obstaculizar las condiciones previas del socialismo.
Pero afortunadamente para el progreso, el capital tiene tal tendencia a
acumularse que puede soportar sin conmoverse las más rudas embestidas. Las
leyes protectoras de los obreros y las organizaciones obreras, hasta el
presente, se han mostrado como un medio de promoción y no como obstáculo del
progreso económico; no han perjudicado en nada la acumulación del capital,
la cual ya ha adquirido tales proporciones que comienza a convertirse en un
dilema para los capitalistas. La masa de plusvalía que afluye anualmente a
sus cajas es tan considerable que a
pesar del lujo más desenfrenado, ellos economizan todavía más dinero del que
pueden colocar a fin de obtener más plusvalía. Una serie de bancarrotas
estatales 짯Argentina, Portugal, Grecia, etc.짯 y de varias empresas colosales
privadas sobre todo el “crack” de Panamá han podido ocurrir estos últimos
años sin producir desordenes demasiado graves en la vida económica, sin
limitar la capacidad del capital para invertir cientos de millones en
empréstitos completamente improductivos y de promover con más potencia que
nunca el desarrollo de nuevas industrias y nuevos medios de comunicación.
Estos hechos muestran que se puede atacar la plusvalía mucho más de lo que
se hace hoy sin temor a comprometer con ello el desarrollo económico.
Sería completamente ocioso querer calcular, ni
siquiera en forma aproximada, hasta donde podría
llegarse en este ataque a la plusvalía.
Pero por muy considerables que sean las sumas que, por esta vía, pudiese
alimentar las finanzas estatales, no obstante hay que contar con la
posibilidad de que fuesen insuficientes para cubrir todos los
gastos de un Estado civilizador que quisiese satisfacer todas las exigencias
que le impone el deber de elevar a la población entera al nivel de la
civilización moderna. En este caso será necesario utilizar un segundo método
complementario para adquirir plusvalía: el Estado 짯o respectivamente la
comunidad, para la cual vale mutatis lo antedicho짯 deberá producir plusvalía
él mismo.
De todas maneras le empuja a ello el desarrollo económico y político. Hay
una serie de monopolios naturales, actualmente en régimen de propiedad
privada 짯minas, grandes vías de comunicación, iluminación etc.짯, cuya
explotación perjudica, dada la ausencia de libre competencia, no solamente a
los obreros sino también a los consumidores en general. La concentración del
capital produce además otros monopolios privados artificiales por medio de
cárteles, etc. que tienen efectos similares. No sólo el proletariado, sino
la masa entera de la población se subleva contra estos monopolios. Las
disecciones legales reguladoras son un sucedáneo muy pobre; no hay más que
un medio de poner fin a la explotación de la colectividad, que consiste en
la adquisición por la comunidad de los monopolios para continuar ella misma
la explotación. Pero mientras los grandes capitalistas tengan el Estado en
el puño, como sucede hoy, esto no será ni fácil ni siempre deseable. Por una
parte el proletariado no puede desear que el Estado, que les es hostil,
extienda su poder; por otra parte los capitalistas tienen la suficiente
potencia para impedir unas nacionalizaciones que les son ingratas, como
asimismo la tienen para permitirlas únicamente en condiciones en las que
ellos serían los únicos beneficiados. En el caso de las nacionalizaciones de
los ferrocarriles en Prusia y en Austria, no fueron precisamente los
accionista quienes salieron perdiendo.
Todas estas dificultades desaparecen en un Estado en el cual el proletariado
sea capaz de otorgar a la autoridad pública la suficiente falta de
miramientos para con el capital, ya que la masa del pueblo no tiene motivos
para recelar de la ampliación de las esferas de poder del Estado cuando éste
está enteramente en sus manos. Entonces la nacionalización de los monopolios
puede efectuarse rápidamente, con tanta mayor rapidez 짯permaneciendo
invariables las demás circunstancias짯 cuando mayores sean las necesidades
del Estado y cuando más estrechos sean los límites dentro de los cuales
puede gravarse la plusvalía. Y la nacionalización se realizará en todos los
casos en condiciones tales que, sin ser una confiscación, asegure en todo
caso abundantes ingresos al Estado, quien los podrá emplear para mejorar la
situación de los obreros para favorecer los intereses de los consumidores y
para la promoción, en gran escala, de la obra civilizadora.
La explotación de estos monopolios de Estado no es todavía la explotación
socialista sino que funciona en las condiciones dadas de la producción de
mercancías y no produce todavía directamente para uso de la sociedad. Pero
en principio difiere ya esencialmente de la explotación del monopolio por el
Estado burgués. Aquélla, al formar parte de la política fiscal proletaria,
es un medio de obtención de plusvalía por parte del Estado,; ésta, que forma
parte de la política fiscal burguesa es el medio más eficaz de establecer
impuestos indirectos, de encarecer en favor del Estado los artículos de
primera necesidad.
El criterio para la apropiación de una rama de la producción, en beneficio
del monopolio estatal proletario, es el del nivel alcanzado en el modo de
producción; las explotaciones burocráticamente organizadas, que de
explotaciones personales se han convertido en explotaciones anónimas
sociedades por acciones o de sindicatos y que están ya efectivamente fuera
de la libre competencia, pueden pasar con mayor facilidad a manos del
Estado.
El criterio para la aprobación de una rama de la producción, en beneficio
del monopolio de Estado burgués, es, por el contrario, la importancia de sus
productos como artículos de consumo general, indispensables o superfluos,
para la masa de los consumidores (tabaco, aguardiente, sal). El grado de
desarrollo de la producción no es tomado en consideración; se encuentran
monopolios en ramas atrasadas de la producción donde predomina la pequeña
explotación (tabaco); en este caso la concurrencia es eliminada
artificialmente, y para alcanzar los ingresos deseados se explota a los
consumidores y también los obreros mucho más de lo que lo serían en régimen
de libre concurrencia.
Así como no se puede confundir el monopolio de Estado con el socialismo,
tampoco puede confundirse el monopolio de Estado proletario con el monopolio
de Estado burgués.
La nacionalización o comunalización de los monopolios, la sustitución de los
impuestos progresivos sobre la renta, sobre la riqueza y sobre los derechos
de sucesión; la supresión de los empréstitos públicos; he aquí los puntos
esenciales de la política fiscal proletaria. Es evidente, y no necesita de
más demostraciones, que estas reformas, aligerarían sensiblemente las
cargas, no solamente del proletariado, sino también de la masa total de la
población trabajadora. Puede incluso decirse que son mucho más importantes
para el pequeño artesano, para el comerciante detallista y para el pequeño
campesino que para el proletario asalariado que, al menos en algunas de sus
capas, está ascendiendo mientras que las otras clases que acabamos de
nombrar caminan hacia la ruina. Para las capas proletarias en descenso, la
política fiscal burguesa no hace más que retardar este ascenso, mientras que
precipita la ruina de las clases sociales en vías de desaparición. Los
impuestos gravan aún más pesadamente al pequeño burgués y al pequeño
campesino que al obrero asalariado; aquéllos están pues más interesados que
éste en el establecimiento de la política fiscal proletaria.
Pero la disminución de las cargas de las clases trabajadoras no sería el
único resultado de este sistema de impuestos; en todas partes donde la
producción capitalista está muy desarrollada y donde por consiguiente, la
masa de la plusvalía es muy elevada, el Estado estaría perfectamente
capacitado para proseguir una política enérgica, tendiente a asegurar a la
población el bienestar y las conquistas de la civilización; cosa que la
política fiscal burguesa no puede hacer. La imposición fiscal de la pobreza
del pueblo tiene unos límites muy estrechos, a menos que se quiera arruinar
a la masa de la población y por consiguiente a toda la sociedad. Mas, por
otra parte, con la política fiscal burguesa, la plusvalía estará siempre
insuficientemente gravada.
Unicamente la política fiscal proletaria puede atacar la plusvalía sin
ningún miramiento, únicamente ella puede obtener por la vía del impuesto
todas las sumas que la clases capitalista invierte hoy en los empréstitos
interiores y exteriores, y aún puede exigir bastante más sin perjudicar el
desarrollo de la industria ni desmentir la capacidad de consumo de la
burguesía; la creación de plusvalía mediante la nacionalización de los
grandes monopolios pone al servicio de la comunidad las más importantes
fuerzas productivas de la nación y permite a la autoridad pública
utilizar para las tareas de la civilización numerosas fuerzas de trabajo que
hoy permanecen desocupadas. Los recursos materiales del Estado y de la
comunidad se verán con ello enormemente incrementadas. La concentración
creciente del capital proporcionará un campo cada vez más extenso a la
explotación estatal y, al multiplicar sus explotaciones, el Estado
encontrará indefinidamente nuevas fuentes de ingresos sin ninguna carga para
el pueblo.
Pero es discutible que el proletariado llegue ninguna vez a establecer
efectivamente su propia política fiscal. Eso supone una situación que
nosotros
hemos adoptado como base de nuestra exposición pero que quizá no se produzca
jamás; una gran potencia política del proletariado coexistiendo con una
permanencia ininterrumpida del modo de producción capitalista. Dos cosas que
se excluyen casi completamente la una de la otra, sólo podrían coexistir por
poco tiempo.
A pesar de ello nos ha parecido necesario investigar cuál sería el sistema
de política fiscal que el proletariado tendría que poner hoy en práctica, si
llegase a alcanzar el poder político. La importancia de un objetivo social
no disminuye por el hecho de que no se alcance, si ha servido simplemente
para indicar la tendencia del movimiento social.
La importancia de este movimiento y la precisión con que el objetivo
señalado indique el sentido de su marcha es lo que califica la importancia
de dicho objetivo. Un movimiento no puede comprenderse claramente más que
cuando se han precisado sus fines.
Ciertamente, si el proletariado ha conquistado el poder político, la
situación social será muy pronto tal que hará superfluo cualquier sistema
fiscal encuadrado en el marco que acabamos de trazar; sin embargo, en todo
caso, es hoy un objetivo de la democracia proletaria y la influencia
política del proletariado se conocerá entre otras cosas en la medida en la
cual consiga realizar su sistema fiscal. Mientras más potente sea la
socialdemocracia más disminuirán los impuestos indirectos, mayor importancia
tendrán los impuestos sobre la renta, sobre la riqueza y sobre la herencia,
más se reducirán las deudas públicas y sus intereses, y más rápidamente y
con menos gastos se convertirán en monopolios del Estado y de las
comunidades los grandes monopolios de los capitalistas.
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