Al sumarse a la Cumbre de las Américas en México, el presidente Bush debió reflexionar sobre las razones por las cuales el prestigio de los Estados Unidos ha disminuido en forma tan drástica durante su presidencia. Una encuesta reciente realizada por Zogby International reveló que el 87 por ciento de los que orientan la opinión pública en América Latina desaprueban la política de Bush en la región. Otro sondeo de Latinobarómetro concluyó que cerca de un tercio de los latinoamericanos tienen una imagen negativa de EEUU, el doble de la cifra en el 2000.

Este desencanto creciente ha sido fomentado, principalmente, por la oposición al uso de la fuerza contra Irak. Casi todos los países de la región se abstuvieron de apoyar la coalición liderada por EEUU. En marzo pasado, México y Chile, países con voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, se opusieron a la resolución que habría autorizado la invasión. Ambos países fueron excluidos de contratos del Pentágono en Irak.

Otra fuente de descontento entre las autoridades latinoamericanas es la oposición de EEUU a la Corte Penal Internacional, que cuenta con un apoyo casi generalizado en América Latina. El gobierno de Bush ha estado presionando enérgicamente a estos gobiernos para que firmen acuerdos que les impidan entregar a sospechosos estadounidenses a la Corte. Por otra parte, ha cortado la ayuda militar y ha amenazado con retirar la asistencia humanitaria a los países que se nieguen a firmarlos.

Esto es irónico si se tiene en cuenta que EEUU identifica como una de sus principales prioridades la promoción de la democracia y del Estado de Derecho.

Quizás el ejemplo más notorio de la estrategia incoherente del gobierno estadounidense respecto a sus obligaciones internacionales es el caso de Cuba. Durante décadas, ha condenado las prácticas en materia de derechos humanos del gobierno cubano, que se encuentran, de hecho, entre las peores de la región. Sin embargo, al mismo tiempo y en la misma isla, el gobierno de Estados Unidos tiene ahora detenidos a cientos de prisioneros de la ''guerra contra el terror'', a los que les ha negado las garantías procesales fundamentales del derecho internacional. El doble rasero aplicado en Cuba ayuda a explicar por qué los latinoamericanos defienden mecanismos multilaterales como la Corte Penal Internacional o la Carta Democrática. Los consideran vitales para fortalecer las normas sobre derechos humanos en sus propios países. Pero los ven, al mismo tiempo, como una alternativa a la aplicación selectiva y oportunista de estas normas por gobiernos que tienen el poder para imponer su voluntad sobre los demás.

Cuando el embajador de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Sinzer, expresó recientemente que Estados Unidos trata a su país como el ''patio trasero'', el gobierno de Bush criticó tan enérgicamente la declaración que el presidente Fox se sintió obligado a destituir al embajador. Sin embargo, en América Latina se cree que este comentario es igualmente aplicable a toda la región.

La reciente propuesta del presidente Bush de reformar parcialmente la política migratoria de Estados Unidos podría beneficiar a muchos latinoamericanos que buscan trabajo en este país, pero ayudará escasamente a superar la profunda desconfianza que el agresivo unilateralismo de Bush ha generado en la región.

Director de Human Rights Watch. El artículo fue escrito en colaboración con Daniel Wilkinson.

© El Tiempo (Bogotá)