Cuba, el Socialismo y la libertad (2)

En efecto, los “derechos humanos” no constituyen una materia que pueda       iluminarse mediante el uso de una calculadora; y los propios avances       cubanos en los campos de la educación y la salud pueden relativizarse       severamente si se considera que ambos niveles de actuación han sido       también contínuamente instrumentados como mecanismos de vigilancia y       control estatal, como canales de disciplinamiento y normalización       profundamente autoritarios. Por lo pronto, es necesario reconocer       enfáticamente que mucho de lo que hoy ya está planteado y experimentado,       en otros lugares y en clave de ruptura, en las áreas de la educación y de       las políticas sanitarias, apuntando al protagonismo y a la autonomía de       los “usuarios” de esos servicios e impugnando el monopolio decisional de       sus cuadros jerárquicos, está muy por encima de las pretensiones y de los       logros cubanos en dichas materias. Y ello es así porque la libertad raigal       de los actores de un hecho educativo o de un hecho sanitario no       constituyen motivo de desvelo alguno para la conducción política cubana       sino que dicho lugar ha sido ocupado, sin competencia ni alternativa       posible, por una planificación central que no deja margen reconocible para       las iniciativas y, sobre todo, para el protagonismo de base. En otras       palabras, lo que Fidel Castro y la clase dirigente cubana no pueden llegar       a aquilatar es que los “derechos humanos” sólo se sostienen si se los       concibe no como una acción de gobierno sino precisamente como una vasta       operación resistente, en el máximo grado de energía y radicalidad, contra       los gobiernos.

Luego de haber trazado, entonces, un eventual enfoque       â€œalternativo” sobre la temática de los “derechos humanos”, el discurso de       Fidel Castro ingresa de lleno en el territorio de los cuestionamientos       principales. Por muy extenso que sea el pasaje conviene reproducir       textualmente el mismo:

A los que tontamente hablan y repiten las consignas imperialistas de       que no existe democracia ni respeto a los derechos humanos en Cuba, les       respondo: nadie puede cuestionar que, a pesar de ser muy pequeño, nuestro       país es hoy el más independiente del planeta, el más justo y solidario. Es       también por largo trecho el más democrático. Existe un Partido, pero éste       no postula ni elige. Le está vedado hacerlo: son los ciudadanos, desde la       propia base, quienes proponen candidatos, postulan y eligen. Nuestro país       goza de una envidiable y cada vez más sólida e indestructible unidad. Los       medios masivos son de carácter público y no pertenecen ni pueden       pertenecer a particulares, no realizan publicidad comercial alguna, no       promueven el consumismo; recrean e informan, educan y no enajenan.

Dejemos de lado la inicial invocación patriótica, destinada a       reafirmar la identidad nacional de los concurrentes al acto y pasemos       rápidamente a la defensa, por parte de Fidel Castro, del esquema de       Partido único que, por el simple hecho de no permitir que el tal Partido       postule y elija, constituiría a Cuba -en las percepciones o en los       mensajes de su conducción política- en el régimen más democrático del       mundo. Ante esta afirmación, cabe decir que lo realmente importante aquí       no es que el Partido no postule ni elija a quienes habrán de ser los       ocupantes de los cargos de representación sino a que ello, de todos modos,       se da en un contexto de exclusividad en la acción política y, además, que       tal cosa ha sido así no durante algunos días, semanas o meses sino a lo       largo de más de cuatro décadas en las que la población ha sido       compartimentada y cuadriculada por supervisiones de tipo policíaco. En ese       marco, la virtual fusión entre el Partido único y el Estado -hasta que la       muerte los separe y sin que haya antes o ahora ningún atisbo de       modificación- no puede constituir otra cosa que el contexto incuestionado       e incuestionable de reclutamiento y formación de una clase dominante; sin       importar demasiado que lo sea no por la propiedad de los medios de       producción sino por ese elemento configurador decisivo que consiste en la       posesión, validada jurídicamente en lo interno, de prerrogativas políticas       diferenciales y permanentes. En ese marco, por lo tanto, no hay ni puede       haber posibilidad real alguna de avanzar en la socialización de las       decisiones ni de coexistir con ninguna subjetividad política colectiva que       contradiga los dictados del Partido único. Ergo: ese contexto, ese marco,       no es ni puede ser, bajo ningún aspecto racionalmente concebible, ya no un       campo de realización de la libertad en sus formas más extremas y acabadas       sino ni siquiera de las libertades civiles básicas o, si se prefiere, de       los “derechos humanos”.

Menos puede ser todavía un campo de realización de la       libertad si, además, “los medios masivos de comunicación son de carácter       público”, puesto que en ese marco de articulaciones ello sólo quiere decir       que los mismos se inscriben, precisamente, en el territorio de fusiones       entre el Estado y el Partido y, por lo tanto, se conforman no como un       espacio social abierto sino como propiedad privada de la clase en el       poder. Situación con agravantes, también, toda vez que se considere que el       complejo Estado-Partido es la única instancia legitimada, en esa       específica configuración de poder, para hacer usos y abusos, para extender       prohibiciones y permisos, en todo cuanto tenga que ver incluso con las       libertades más elementales. Expresarse -a través de un fanzine, una radio       o una pared; por medio de una novela, una canción, una mesa redonda o una       simple catarsis callejera-, asociarse -con quien sea y por la razón que       mejor le venga en gana a cada cual- desplazarse -de una provincia a otra,       de un país a otro o a Jauja y Cucaña si alguien se encaprichara en       realizar tal viaje- o hacer con el cuerpo propio las contorsiones, muecas       y gestos que cada persona tenga a bien imaginar en la circunstancia que       mejor le plazca son tan sólo algunas de las propiedades y capacidades       sociales y hasta biológicas básicas que, en Cuba, han sido subsumidas en       ese omnipotente agujero negro de atribuciones y privilegios en el que sólo       los altos funcionarios del Estado y los principales dirigentes del Partido       Comunista -y ni siquiera todos ellos, llegado el caso- están relativamente       a salvo de los análisis, los exámenes, las inspecciones, las radiografías       y las censuras del poder.
Una vez ubicado el punto decisivo de la       cuestión en torno a los “derechos humanos” vale la pena dejar el discurso       del 1º de mayo de lado, extender un poco más nuestras consideraciones y       realizar ahora una observación de cercanías sobre algunos de los       mecanismos que habitualmente entran en juego en estos casos y abren       espacios de malabarismos retóricos en los que Fidel Castro ha demostrado       ser un maestro impar. De tal modo, podremos constatar que la propia       Constitución cubana ofrece generosamente un conjunto de libertades que       nada tienen que envidiar a las que son habituales en las constituciones       liberales o en las múltiples declaraciones históricas conocidas sobre los       â€œderechos humanos”. Así, por ejemplo, la libertad de palabra y de prensa       resulta garantizada por el artículo 53, donde se afirma que “las       condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que       la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión       masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún       caso de propiedad privada”; algo que -según se sostiene allí mismo-       â€œasegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés       de la sociedad”. Sin embargo, todo el capítulo constitucional en el que       quedan establecidas las libertades elementales se  desmorona       estrepitosamente al llegar a su artículo 62, el cual nos brinda la       información contextualizadora y determinante de que “ninguna de las       libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo       establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y       fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de       construir el socialismo y el comunismo”. Esto, por supuesto, debe ser       leído conjuntamente con el artículo 5, que reza así: “El Partido Comunista       de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación       cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que       organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la       construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.       Ahora, finalmente, nos percatamos que las libertades graciosamente       concedidas sólo pueden ser usadas en esa estrecha franja de sociabilidades       y quehaceres sobre los cuales el Partido Comunista no haya impartido       todavía las directivas correspondientes ni se sienta particularmente       molesto por el contenido de aquellas opiniones o iniciativas que no han       tenido lugar en su propio seno.

Considérense, adicionalmente, disposiciones como las       contenidas en el artículo 39 donde se dice que el Estado “fundamenta su       política educacional y cultural en los avances de la ciencia y la técnica,       el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana       y la universal” o que “es libre la creación artística siempre que su       contenido no sea contrario a la Revolución” y tendremos ante nosotros una       trama jurídica de efectos perversos, que rubrica y consagra una cierta       forma de ejercicio del poder en la que todo aquello que acontece por fuera       del Partido único y gobernante es inmediatamente sospechoso, escasamente       merecedor de confianza y susceptible de condena y punición. El pueblo y su       revolución han sido, conceptualmente y en los hechos, incorporados,       cooptados y asfixiados en el Estado, el Estado se ha fusionado con el       Partido y el Partido está sujeto a un liderazgo unipersonal vitalicio,       inmarcesible, capaz de identificarse con la sabiduría misma y que       interpreta a voluntad y sin objeciones todo cuanto pueda decirse de       â€œrevolucionario”, legítimo y provechoso sobre la política y la economía,       el trabajo y el ocio, la familia y la educación, la ciencia y el arte, el       deporte y la sexualidad: he aquí, frente a nuestra incapacidad de       entendimiento, una auténtica teocracia laica que persiste en arrogarse la       construcción del “socialismo” y monopolizar sus definiciones y       sentidos.

Esta trama articulada y cerrada de concepciones fuertemente       estatistas y autoritarias han sido, históricamente, el sustento       teórico-ideológico de la represión a todos aquellos que intenten oponerse       de palabra o de hecho a las directivas gubernamentales. Los anarquistas       cubanos, como corriente claramente definida de pensamiento y acción, bien       lo saben -al igual que tantos otros-, no han sido ajenos a esos extremos       y, prácticamente desde los comienzos mismos del proceso de cambios, han       sido perseguidos, encarcelados e incluso “ajusticiados” por haber       planteado orientaciones poco gratas a una conducción política que       rápidamente se desembarazó de algunos de los más caros sueños       revolucionarios de la inicial gesta anti-batistiana. De ello hay       abundantes y confiables testimonios; algunos de los cuales pueden       considerarse todavía relativamente próximos, aun cuando luego se extravíen       en la larga noche de los tiempos. Así, por ejemplo, pese a las enormes       dificultades de comunicación y a una recurrente nebulosa informativa se       hizo posible saber que a principios de los años 80, en medio de algunos       conatos de organización de sindicatos independientes, fue reprimido el       llamado Grupo Zapata, bajo la pueril acusación de “sabotaje       industrial”.  El saldo de las acciones punitivas del Estado no pudo       ser más lamentable y, de acuerdo a ciertas fuentes, hubo que computar la       muerte por torturas, en el centro de detención de Villa Marista, de       Caridad Parón o el asesinato de Ramón Toledo Lugo y Armando Hernández o la       condena a 30 años de prisión de los hermanos Carlos, David y Jorge Cardo,       de Jesús Varda, de Israel López Toledo y de Timoteo Toledo Lugo. Un       trabajoso flujo de noticias apenas si podía dar cuenta, en 1989, que       todavía sobrevivía, probablemente en el Combinado del Este, próximo a La       Habana, el militante libertario Ángel Donato Martínez.
A pesar de       estas cosas, una y otra vez reafirmadas y confirmadas, la marmórea e       imperturbable elocuencia de Fidel Castro seguirá repitiendo, como lo       hiciera en el acto del último 1º de mayo que “Cuba ocupa ya lugares       cimeros en el mundo muy difíciles de superar en un creciente número de       esferas fundamentales para garantizar la vida y los más esenciales       derechos políticos, civiles, sociales y humanos, a fin de asegurar el       bienestar y el porvenir de nuestro pueblo”. No obstante, más allá de las       permanentes prédicas, las incesantes locuacidades y las invencibles       vocaciones propagandísticas, el hecho incontrastable es que la única       respuesta que podemos dar a la primera pregunta que delimita nuestro       asunto es que la clase dirigente cubana -como cualquier clase dirigente,       por otra parte, aunque con derroteros históricos y particularidades       intransferibles de una a otra- no respeta los “derechos humanos” de su       gente ni muestra mayor disposición a confiar en su libre albedrío, en su       voluntad individual y/o colectiva, en su autonomía y en su capacidad de       decidir en cada momento y como parte de un proyecto histórico instituyente       sobre sus vidas, sus preferencias y sus muertes.

Pero, entonces, si de acuerdo a ciertas pautas convenidas       tácitamente y más o menos comunes no podemos encontrar allí el respeto y       la consideración que habitualmente exige la izquierda para los “derechos       humanos”, ¿cuál es la razón por la que aquello que es inaceptable o       insuficiente en cualquier otra parte del mundo puede ser aceptable y       suficiente en Cuba? ¿cuál es la concepción subyacente y no siempre       explícita que permite sostener indignaciones hemipléjicas e incoherencias       varias? En principio, parece claro que la peripecia cubana sigue       exponiendo a su modo -y no sin algún tipo de razón- el enfrentamiento       mítico entre David y Goliath; entre la entereza y el coraje de los débiles       y la arrogancia y la prepotencia de los absolutamente fuertes. Más aún:       una vez estallara en mil pedazos el bloque soviético y se extraviara la       proyección histórica de un campo “socialista” política y económicamente       integrado, la imagen que Cuba comenzó a irradiar, como complemento del       embargo norteamericano, fue similar a la de la heroica y solitaria       resistencia de Numancia frente al imperio romano. Esa innegable situación       de desvalimiento unida a la decisión de continuar su  propio        camino  de  construcción  del  “socialismo”        dotaron  a  la  experiencia cubana -ya en los años 90 del       siglo XX- de atractivos redoblados, de admiraciones y solidaridades       abroqueladas y poco dispuestas a una aproximación crítica con respecto a       algunos derroteros que, si bien no eran enteramente nuevos, encontraban       ahora una justificación adicional. Entonces, dadas ciertas manifestaciones       -tanto de corrientes políticas opositoras o resistentes y más o menos       organizadas como de cubanos comunes y silvestres sin otras necesidades que       los simples gestos de “indisciplina”-, la represión subsiguiente,       inmediata o más largamente pensada, siguió ubicándose en un cuadro       compuesto por tres tipos de explicaciones alternativas o complementarias.       En primer lugar, la represión se justificaría porque -aún asignándoles       escasa gravitación y tratándolos como un mero producto ficcional de la       propaganda enemiga- los objetivos de la misma no son más que “enfermos       sociales” sin capacidad para integrarse armónicamente con las formas       establecidas de ejercicio del poder o minorías necesitadas de un intenso       proceso de “re-educación”. Se sostiene, también, que la represión estaría       justificada por cuanto se aplica sólo contra elementos decididamente       â€œcontrarrevolucionarios”, “gusanos”, “servidores del imperialismo” y otros       fascinerosos de idéntica calaña. Por último, la represión se justificaría       también -y he aquí la formulación políticamente más sofisticada- como una       práctica provisoria y preventiva del Estado sobre la cual no es sostenible       ningún pronunciamiento externo y de pretensión superior que violente el       principio absolutamente innegociable de la “autodeterminación de los       pueblos”: así, la represión se conocerá y será nominada como represión en       cualquier lugar del planeta, mientras que en Cuba tendrá el privilegio de       transformarse en el legítimo ejercicio de la soberanía.

Sin embargo, cada uno de estos supuestos difícilmente se       sostendría por sí mismo de no ser por la recurrente invocación a las       agresiones norteamericanas; ubicuas, omnipresentes, causa primera y       realidad última, según las explicaciones oficiales, de todas las       desgracias. Sin embargo, sostener aquí -como lo haremos- que dicha       explicación es, en su cansadora monotonía, absolutamente insuficiente, no       quiere decir que los Estados Unidos no hayan ofrecido en el correr del       tiempo sobradas razones para el mantenimiento de tal discurso. Los Estados       Unidos vuelven, perseverantemente, a enrostrarle a América y al mundo su       inacabable batería de crueldades y de guarangadas, tal como lo hicieran       recientemente al acusar a Cuba de la fabricación de armas biológicas, a       modo de antesala de eventuales represalias directamente militares en el       marco de su campaña universal de lucha contra el “terrorismo”. La propia       persistencia del embargo económico norteamericano -abonado y engordado en       los últimos tiempos por las leyes Helms-Burton y Torriccelli- no puede       explicarse más que como el efecto combinado de una saña de proyecciones       absolutistas en lo que hace al “nuevo orden mundial” y de la necesidad de       congraciarse con el “radicalismo” político de los exiliados cubanos; los       que, hace ya bastante tiempo, reportan importantes réditos electorales y a       los que George Bush junior debe agradecer nada menos que su acceso a la       presidencia de los Estados Unidos que, como es notorio, se resolvió       precisamente en la Florida.