"¡Lucio, fuera!" y "¡Democracia sí, dictadura no!", gritaban los manifestantes, en abierto desafío al "estado de emergencia" decretado anteanoche por el militar retirado que gobierna Ecuador desde hace dos años. De esta manera y en forma pacífica, obligaron al gobierno a levantar a última hora de ayer una medida que suspende derechos constitucionales, como la libre asociación y la libertad de opinión. 

En un hecho que fue calificado como "autogolpe", y mientras más de 12.000 personas protestaban anteanoche en Quito y exigían la renuncia del mandatario, Gutiérrez anunció por radio que destituía por decreto a la Corte Suprema conformada en diciembre último por la mayoría gubernamental en el Congreso, con el objeto de designar una nueva corte independiente y despolitizada, tal como lo prometió en su campaña electoral. 

En diciembre, los legisladores oficialistas habían acusado a los jueces de tener nexos con la oposición, y los reemplazaron por otros cercanos al poder. Ecuador se sumió entonces en una profunda crisis política: miles de personas salieron a las calles exigiendo la salida de los magistrados y del mandatario. Las protestas se intensificaron a fines de marzo, cuando el presidente de la CSJ, Guillermo Castro-Dager, anuló todos los juicios por malversación contra su "íntimo amigo y coideario" Abdalá Bucaram, quien de inmediato volvió al país desde el exilio en Panamá, pese al rechazo del 81% de los ecuatorianos. 

La situación, sin embargo, no se resolvió con la sorpresiva decisión que Gutiérrez anunció anteayer. La oposición criticó la medida y acusó al presidente de "dictador", debido a que legalmente el Poder Ejecutivo no puede calificar o anular las resoluciones adoptadas por otras funciones del Estado. Por su parte, los partidos que hasta ahora apoyaban al mandatario en el Parlamento hablaron de un "suicidio político". 

Incluso los dos partidos populistas aliados del gobierno, el del magnate bananero Alvaro Noboa y el del ex presidente Abdalá Bucaram, anunciaron su oposición a la medida. Gutiérrez "ha conducido al Ecuador a la inestabilidad. Un servicio patriótico al país es que presente su renuncia", dijo por su parte el alcalde de Quito, el opositor Paco Moncayo. 

Mientras, por lo menos 3000 personas se concentraban en la avenida Los Shirys, en el norte de la capital, donde protestaron golpeando cacerolas, tocando las bocinas de los automóviles y lanzando al aire rollos de papel higiénico. Horas más tarde, Gutiérrez anunció que levantaba el estado de emergencia "porque se consiguió el objetivo fundamental, que es la cesación de la Corte de Justicia". El mandatario dijo que tomó esa decisión porque el presidente del Congreso, Omar Quintana, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE, afín al gobierno), se lo pidió en nombre de todos los legisladores. 

El presidente agregó que acordó con Quintana que el Congreso se reuniera hoy para ratificar la disolución de la Corte e iniciar el tratamiento al proyecto de reforma a la ley orgánica de la función judicial, para establecer un nuevo mecanismo de elección de los magistrados. Esta iniciativa propone la realización de una consulta popular para que sea el pueblo el que escoja a los nuevos magistrados de la CSJ. 

"Exhorto al Congreso -dijo Gutiérrez- a que en el menor tiempo posible discuta el proyecto para que Ecuador disponga de la mejor Corte de Justicia de toda la historia."