El régimen de Castro continúa la distribución de teléfonos a los miembros más conservadores del Partido Comunista y el aparato represivo, incluyendo a la amplia red de informantes que mantiene a lo largo de la isla, pero a los ya jubilados les niega esta oportunidad. Según la Sra. Lidya Carballo, esposa de Arístides Orama, éste envió su petición a las entidades competentes, pero le fueron transmitidas las condiciones de que tenía que estar activo y debía constar que mantenía una conducta militarista.

  Este ex militar de renombre acudió a los organismos políticos y de gobierno, pero recibió la misma respuesta. Asimismo planteó en la Asamblea Municipal del Poder Popular su necesidad de un teléfono, pues su esposa posee una prótesis cardiaca que los obliga a depender de servicios de urgencia, en caso de accidentes cardiovasculares. Estos argumentos no variaron la decisión gubernamental de denegar su caso.

  Se entrevistó a varios perjudicados, comprobando que la gran mayoría dejará de seguir a Castro a menos que retire esa política contra los jubilados de guerra. Finalmente, analistas internos afirman que esta conducta podría volverse contra el régimen, y define la decadencia de la llamada Generación del Centenario, verdaderos fundadores y simpatizantes de la dictadura comunista.