La agresión a un grupo de balseros y cuatro periodistas de Miami por parte de carceleros de un campamento para extranjeros en Bahamas, ha provocado una ola de condenas y pudiera escalar a un boicot contra los productos y el turismo de dichas islas.

De momento, las autoridades bahamenses sostienen que las versiones de prensa del incidente son incorrectas, y prometieron una investigación completa de lo sucedido.

''Este documento es sólo provisional; estoy esperando un informe completo del gobierno'', dijo ayer a el Nuevo Herald la cónsul en Miami, Alma A. Adams.

Según un comunicado distribuido por el consulado, ''el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha comenzado a investigar un incidente que aparentemente tuvo lugar el martes 7 de febrero entre funcionarios del Centro de Detención y miembros de la prensa extranjera''. ''El ministerio está preocupado por las informaciones iniciales'', expuso la nota.

Las autoridades bahamenses aseguraron que ''abordan el buen funcionamiento del centro de detención como un asunto de seguridad nacional''. Es más, añadieron, ``los oficiales responsables por el mantenimiento del orden en el Centro están entrenados para actuar acorde con la ley y garantizar el nivel más alto de seguridad en el recinto''.

El martes, alrededor de las 2 p.m., guardias del Centro de Detención para Inmigrantes Ilegales de Carmichael Road, agredieron a cuatro reporteros de estaciones de televisión hispanas de Miami. En el incidente resultó herido el reportero Mario Vallejo, de Univisión/Noticias 23.

El incidente motivó una reacción inmediata de la comunidad, porque sirvió de colofón a una serie de aparentes agresiones a los balseros cubanos allí detenidos. Vallejo dijo que el lunes por la noche los guardias golpearon a los balseros.

Ayer, la cónsul de Bahamas se entrevistó con un grupo de exiliados cubanos que le manifestaron su preocupación por los hechos, confirmó el líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.

En la reunión, el director del grupo, Normal del Valle, entregó a Adams una carta dirigida al gobernador general en funciones, Paul Adderley, donde el Movimiento Democracia expresaba su punto de vista al respecto.

La carta señalaba que en el campamento se violan los derechos humanos de cubanos y haitianos, acciones que ahora ``al parecer se han extendido a la prensa''.

''Las cámaras de televisión y las cintas fueron confiscadas con el único propósito de impedir que la prensa informe sobre brutales palizas propinadas a los inmigrantes allí detenidos'', indicaba la carta.

En una conversación con El Nuevo Herald, Sánchez dijo que su entidad mantendrá hasta mañana un piquete frente al consulado bahamense en el downtown, y que el sábado desplegará una gigantesca pancarta frente al muelle de cruceros en el puerto de Miami para alertar a los turistas sobre ''las violaciones de derechos humanos'' en el archipiélago.

''Estamos pidiendo a las personas que tengan pensado ir a Bahamas que escojan otro destino e informen a su agencia de viajes y al consulado lo que han decidido. También queremos que los comerciantes que negocian con Bahamas detengan ese comercio, estoy contactando a los Latin Builders y a la compañía Bacardi en ese sentido'', dijo Sánchez.

A su vez, el Consejo por la Libertad de Cuba también contactó a las autoridades bahamenses para hacer patente su preocupación. En una misiva enviada al primer ministro Perry Gladstone Christie, la entidad lamenta los incidentes y le recuerda que Bahamas ha firmado la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de la Infancia, y que muchos niños han sido víctimas de abusos [en el campamento] en los últimos meses.

''Exigimos que se detengan de inmediato los abusos contra los detenidos y que se realice una investigación para garantizar que los culpables sean llevados ante los tribunales''. Mientras tanto, '' recomendamos a la comunidad cubanoamericana y a turistas de otras partes que se abstengan de viajar a Bahamas como una medida de solidaridad con nuestros compatriotas, víctimas de un trato cruel, inhumano y degradante por parte de su gobierno'', decía la carta firmada por el doctor Alberto Hernández, presidente de la institución.