La Paz, 25 may (PL) La protección que Estados Unidos dispensa a conocidos criminales fue señalada por el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el fiscal Milton Mendoza, quien citó el caso del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles.

El mandatario hizo la declaración ante recientes comentarios del presidente norteamericano, George W. Bush, sobre un supuesto deterioro de la democracia en Bolivia.

Señaló que si Bush quiere fortalecer la demoracia, debe expulsar a los delincuentes cobijados en Estados Unidos, sin siquiera esperar un procedimiento de extradición.

Aludió así al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, enjuiciado aquí por genocidio y autoexiliado en el país del norte, y agregó que no es admisible que un gobierno democrático y un presidente que dice defender los derechos humanos, puedan "encubrir delincuentes".

Agregó que Bolivia prepara una campaña para que el mundo y las organizaciones de derechos humanos del exterior ayuden a que Estados Unidos expulse a Sánchez de Lozada y a quienes violaron los derechos humanos y dañaron la economía del Estado.

Tanto Sánchez de Lozada como sus ex ministros y co-acusados Carlos Sánchez y Eduardo Berindoague, viven cobijados en Estados Unidos, cuyo gobierno se niega a notificarlos sobre los cargos en su contra.

Una misión gubernamental y judicial visitó recientemente Washington para pedir el cumplimiento del trámite, solicitado en septiembre de 2005, y recibió como respuesta única que el procedimiento se encuentra congelado y en estudio.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, lamentó la falta de voluntad política norteamericana para colaborar con el juicio contra Sánchez de Lozada.

Por su parte, el Ministerio Público confirmó la realización de la campaña por la entrega del reo, la cual apelará a la presión de activistas estadounidenses de derechos humanos y argumenta que la propia legislación norteamericana prohibe otorgar asilo a los genocidas.

El fiscal Milton Mendoza consideró un antecedente negativo, la protección que el régimen de Washington brinda al terrorista Posada Carriles, pese a que este debe responder en Venezuela por haber atentado con explosivos contra un avión cubano de pasajeros, dando muerte a todos los ocupantes.

El magistrado apuntó que hay sin embargo jurisprudencia en sentido contrario y que favorecen la entrega de Sánchez de Lozada, pertinente sobre todo por la propia legalidad norteamericana, según la cual ese país no debe ser refugio de genocidas.

Sánchez de Lozada es acusado de genocidio, con la modalidad de masacre sangrienta, por la muerte de 67 ciudadanos, víctimas de la represión que ordenó para sofocar una rebelión social que, pese a ello, lo obligó a renunciar a la Presidencia en octubre de 2003.

El proceso fue aprobado en octubre de 2004 por el parlamento, en forma casi unánime y pese a que ese foro tenía entonces amplia mayoría del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y los partidos que participaron en ese régimen.

Un enjuiciamiento fue solicitado además por la Corte Suprema, tribunal ajeno a influencias gubernamentales, tras verificar que el ex gobernante tiene plenas garantías para un juicio justo.

El senador del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) declaró recientemente que si Estados Unidos niega la extradición de Sánchez de Lozada, este tendrá al territorio norteamericano como prisión, pues no podrá salir, ante el riesgo de ser apresado por una orden internacional de captura.