Consejos Comunales, Autonomía y Movimientos Sociales
Rafael Uzcátegui
www.nodo50.org/ellibertario

Para cualquier anarquista escuchar sobre autoorganización social es música para sus oídos. Cualquier dinámica que mínimamente disuelva el poder de las instituciones para dejarlo en manos de los ciudadanos de a pie, le llamará poderosamente la atención. Es habitual toparse con libertarios en experiencias organizativas de base, inyectando ganas, sudor y horizontalidad. El movimiento ácrata no deja de experimentar espacios y prácticas donde se sustituya, mucho o de a poco, al Estado y el Capital. Pero como antiautoritarios –teniendo bajo el brazo las experiencias históricas- detestamos que se haga demagogia con las palabras y conformarnos con gato donde se prometió liebre. Ante la promoción atropellada de la conformación de Consejos Comunales (CC) en el país, y la promulgación de su ley en un abrir y cerrar de ojos, en un contexto polarizado y con la mira puesta en la cita electoral de diciembre próximo, no podemos sino tener suspicacias, plantear preguntas y otear posibilidades. Lo que sigue es una lectura de dicho instrumento legal desde una postura que prioriza la autonomía de los movimientos sociales.

Algunos antecedentes
La figura de los CC puede cartografiarse en los artículos 70 y 182 de la Constitución, en dónde se establece la participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía. Tres años más tarde de su promulgación, se nombran los CC como parte del Sistema Nacional de Planificación Participativa. En el año 2005 la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su artículo 112 que dicha figura sería el “centro principal para la participación y protagonismo del pueblo” ante el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP). Si queremos irnos más atrás la gestión municipal de Aristóbulo Isturiz, durante los días de la IV República, promovió experiencias de gobierno parroquial en Caracas. Pero es desde enero de este año que los CC comienzan a popularizarse tras los anuncios presidenciales sobre la urgencia de su conformación. No porque fueran una reivindicación levantada y defendida desde las bases, con experiencias exitosas en alguna parte del país, sino porque como proyectos similares, se decretaba la participación desde arriba.
La retórica acerca de los CC es, en el papel, tan sugerente como en su tiempo lo fue la promoción de los Círculos Bolivarianos (CB), Fundos Zamoranos y los propios CLPP. Cada uno de estos proyectos han sido insustentables en el tiempo; los dos primeros por su control gubernamental –los CB fueron obligados a transformarse en Unidades de Batalla Electoral (UBE)-, el último por la negativa de alcaldes y concejales –tanto chavistas como opositores- de tener que compartir su parcela de poder. El fracaso de estas instancias de “empoderamiento” popular no ha merecido la reflexión que determine sus flancos débiles o problemas de ejecución. La respuesta, en cambio, ha sido adelantar un programa más ambicioso cuyas luces deslumbren la memoria. Sin ningún programa piloto, realizado en condiciones y territorios controlables, con todo el despliegue publicitario posible, se anuncia la meta de crear 50.000 CC en el país.

Terreno viciado
Los CC se promueven en un contexto polarizado y partidizado, en donde a contracorriente de la consigna “Venezuela ahora es de todos” difundida desde Miraflores, se han realizado de manera sistemática, a diferentes niveles y en variadas instancias, procesos de exclusión a quienes no simpaticen abiertamente con el ejecutivo. Las llamadas listas, de las cuales la de Tascón es sólo la más conocida, ha decidido beneficiarios de pasaportes, cédulas de identidad, trabajos y destinatarios de programas sociales. Tales prácticas han sesgado, viciado y degradado cualquier terreno para la participación ciudadana, y especialmente, ha castrado desde su nacimiento la capacidad autónoma de sus expresiones. Si los modos de Luis Tascón determinan quien eligió qué en las urnas, para actuar en consecuencia, la coerción se completa en la Ley de los CC, las cuales establece en los artículos 13 y 14 que para optar a sus cargos de responsabilidad hay que estar inscrito en el Registro Electoral Permanente. Los defensores de la “mejor Constitución del mundo” deberán explicar como se compatibiliza esto con la propia Carta Magna: esta no establece la obligatoriedad del voto.
Resulta paradójico que un proyecto que anuncia como objetivo “permitir al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas” (art. 2), deban ser legitimados con personalidad jurídica tras ser registrados ante una Comisión Presidencial del Poder Popular (art. 20) cuyas instancias nacionales, regionales y locales (arts. 30, 31 y 32) son conformadas por la aprobación directa del primer mandatario. Legalmente, los CC refuerzan entonces una suerte de “descentralización presidencialista”, con independencia de patas cortas. Las inconsecuencias no terminan aquí. La conformación de los CC están bajo responsabilidad de la cartera de Participación Popular y Desarrollo Social, cuyo ministro es Jorge Luis García Carneiro, general retirado del Ejército venezolano. Bienvenidos a la Dimensión Desconocida.

Participación con precio
Venezuela, nación de larga tradición estatista, vive en la actualidad uno de sus cíclicos períodos de bonanza petrolera. El subsidio estatal ha construido, antes y ahora, redes clientelares que proveen un piso político a la gestión de turno. Los activistas de la autogestión nadamos contra la corriente de petrodólares, terminando testarudamente sol@s en un entorno de iniciativas sociales –algunas muy loables- mantenidas por la chequera estatal. Estimulados por la promesa del financiamiento, la racionalidad subsidiada genera su propia lógica, conductas, asuntos de los cuales preocuparse –el papeleo burocrático y los lobbys-, identidad y sentidos de pertenencia. Si hay una manera de impedir la autogestión de cualquier iniciativa social, y su autonomía consecuente, es financiarla en su totalidad, especialmente desde antes de su gestación. Y esta afirmación ni es excéntrica ni producto de los calores de mayo. El ministerio de García Carneiro tiene aprobado un presupuesto de 2 billones de bolívares para el proyecto, tras lo cual han anunciado que otorgarán hasta 30 millones por proyecto a cada CC. No importa la naturaleza o la envergadura de las necesidades de cada comunidad o los estudios de factibilidad financiera, la zanahoria al final de la cuerda es de 30 palos. Pido luego existo.
La ley establece 6 maneras de transferencia directa de recursos (art. 25), creando además un Fondo Nacional de los Consejos Comunales para financiamiento (arts. 28 y 29). Su junta directiva es nombrada, bastaba más, por el Presidente de la República.

Contradicciones legales
No son pocas las indefiniciones o ambigüedades de la Ley de los CC producto de su intempestiva redacción y aprobación. Algunas de sus lagunas remiten a un Reglamento que, tras 11.000 CC creados según declaraciones del ministro, ni se ha discutido, ni se ha aprobado y mucho menos difundido. Sus vaguedades en torno a su acoplamiento con el sistema de planificación general del país han alimentado la discusión de los últimos días, especialmente en lo referente a su desdibujada relación con los CLPP, y las teorías de quienes sostienen que son la punta de lanza de la campaña presidencial por la re-elección. Otro motivo de polémica es la afirmación de que el área geográfica y la base poblacional de las comunidades es decidida discrecionalmente por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas “de acuerdo a las particularidades de cada comunidad” (art. 4), o que una de las funciones de la Comisión Promotora (art. 17) sea la realización de un censo comunitario (In Tascón we trust). Pero si algún párrafo es merecedor del Nóbel a la redacción jurídica es la disposición única al Capítulo IX “Queda derogado el artículo 8 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y todas las disposiciones que contradigan lo previsto en esta ley”.

Estatismo o autonomía
La Ley de los CC han reactivado en Caracas las convocatorias de Asambleas de Ciudadanos para estudiar los alcances de la reglamentación. En algunas de ellas se repite la propuesta de asumir tres líneas posibles de actuación: 1) Participar activamente en los CC para evitar su manipulación y partidización, 2) Proponer reformas a la Asamblea Nacional que compatibilicen la ley con la constitución, 3) Recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de aspectos potencialmente inconstitucionales de la misma.
Los CC son una oportunidad para la organización desde la base tanto como lo puede ser la conformación de una Asociación Civil, una cooperativa, una ONG, una comuna, un grupo de afinidad o cualquier agrupamiento ciudadano conocido o por inventar. Las posibilidades y limitaciones de cada una de estas figuras, e incluso su utilidad o no, dependen de la fortaleza y madurez del tejido social en el que se inscriben y en el que se deben desarrollar y articular con otr@s expresiones. Es este entramado el que utilizará el instrumento para sus fines y no al revés; ningún articulado, por bienintencionado que sea, funda por si sólo movimientos y/o relaciones sociales. Y si nos atenemos a la realidad de los sectores ambientalistas, feministas, estudiantiles, obreros e indígenas, cuya fragmentación y cooptación es evidente, nos encontramos en un momento de escasa autonomía de la beligerancia social, supeditada a las agendas electorales… como la de este año. La instrumentalización de la base chavista durante el 2006 se resume en una frase de William Izarra: “Toda actividad política debe estar enmarcada en la reelección del presidente Chávez con el objetivo de los 10 millones de votos” (La Voz del Poder Popular, febrero 2006, pag. 11). Desde las candidaturas de oposición el chantaje es simétrico.
Son los movimientos ciudadanos y populares –por medio de su tejido diverso, multiforme y extendido- los que realizan los profundos cambios y no los gobiernos. Cualquiera que sea la modalidad que prefieran, su protagonismo depende del mantener su propia agenda de reivindicaciones y su independencia enfrentada a los partidos políticos y de las instituciones de poder, especialmente las estatales. La lógica del poder -por más “socialista” que se pretenda- es su propia perpetuidad, por lo que permanentemente debe promocionar mecanismos para asimilar la capacidad no institucional de la gente. Con o sin CC, el dilema continuará siendo estatismo o autonomía.

Los Consejos de Uribe
Alvaro Uribe es un entusiasta promotor de los Consejos Comunales (CC). Su realización comenzó en sus tiempos de gobernador del departamento de Antioquia, extendiéndose a nivel nacional cuando llegó a la presidencia de Colombia. Su administración los describe de la siguiente manera: “En los Consejos hay un permanente y sincero diálogo entre funcionarios y comunidad para conocer necesidades comunitarias, limitaciones presupuestales y para buscar alternativas de solución a los diferentes problemas. Los consejos no son para hacer promesas, son para tratar de plantear soluciones entre todos. Para definir acciones y remover obstáculos con creatividad. Son para liderar, acompañar, apoyar y cooperar en la gestión regional”. Para enero del 2006, según cifras oficiales, había realizado 124 Consejos Comunales en donde se concertaron 2346 tareas para las comunidades.
Los críticos de su gestión afirman que los CC son parte de la campaña por su re-elección: “Los CC son una especie de “reality” cuidadosamente estudiados para ser transmitidos por televisión (…) El Presidente, en Boyacá, se pone una ruana boyacense; en Córdoba un sombrero vueltiao; en Antioquia la ya tradicional ruana paisa y en Cali una pintosa camisa de cuadros y el maquillaje facial en su punto.”
Los CC es una oportunidad para la participación, sí. Que transfieran algunas responsabilidades estatales a los ciudadanos, también. Pero que sea “la última Coca-cola del desierto revolucionario”, como brama la publicidad chavista, eso está por verse. Porque una de dos: o son una herramienta para relegitimar las instituciones o Alvaro Uribe ya tiene un lugar en el panteón del “socialismo del siglo XXI”.