Publicado en El Sol de México, el 30 de septiembre de 2006

Hemos dado puntual seguimiento al proceso iniciado a los cinco cubanos: Gerardo Hernández Nordelo, René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez y Fernando González Llort, desde que fueron detenidos hace ya ocho años por el FBI, aduciendo ilegalidad en su presencia y en su actuación dentro de Estados Unidos.
Efectivamente, fueron a infiltrarse a Florida, donde la inteligencia del Estado cubano detectó la gestación de inefables crímenes que, sólo por citar algunos, lo mismo hicieron estallar el avión cubano con los niños y jóvenes del equipo nacional de esgrima, que los hoteles en alta temporada, repletos de turistas en Varadero, sin detenerse en los innúmeros atentados pergeñados contra el jefe del Estado.
La indiferencia ante las reiteradas denuncias que sobre estos hechos hizo el Gobierno cubano por las vías diplomática e institucional, ante su homólogo estadunidense, orilló a aquél, a tomar medidas para protegerse. Esto, que debe admitirse al margen, de filias y fobias, en cualquier régimen de derecho del mundo, se conoce mutatis mutandis como una actuación en legitima defensa.
Plagado de inconsistencias, el proceso en su contra, de siete largos meses, culmina en junio del 2001 aunque finalmente son sentenciados en diciembre del mismo año condenándolos a penas infames, a grado tal, que lograron arribar de plano, al maravilloso mundo de la fantasía. Gerardo Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas.
La parcialidad del jurado instaurado en Miami; las múltiples violaciones a las formas esenciales de todo procedimiento, particularmente en materia penal; las segregaciones y vejaciones; la prohibición a reunirse con familiares y defensores, son solamente algunas de las inconsistencias, por ser eufemísticos, que adornaron el precitado proceso.
Antonio Guerrero y Ramón Labañino recibieron cadenas perpetuas también. Fernando González y René González fueron condenados a 19 y 15 años, respectivamente. Las máximas sentencias en todos los casos.
El 9 de agosto de 2006 un panel de la Corte de Apelaciones del Decimoprimero Circuito de Atlanta, hizo pública su decisión sobre el caso, determinando revocar sus condenas e instruir un nuevo juicio. Cabe destacar que esta resolución unánime de los magistrados Birch, Kravitch y Oakes, integrantes del precitado tribunal, constituye un caso histórico que enriquece desde ya, a la jurisprudencia, a la doctrina y al foro jurídico estadunidenses por lo que hace a la demarcación jurídico-conceptual de “localidad” y de `juicio justo”.
Las 93 fojas de que consta este inédito escrito, al decir de los especialistas que advierten cómo por primera ocasión en la historia de los Estados Unidos una corte federal de apelaciones contradice de tal forma a un juez federal respecto de la sede de un juicio, se sintetizan en la frase “We agree, and reverse their convictions and demand for a retrial”. Así sentenciaron los señores magistrados su acuerdo con lo que habían señalado los acusados con relación a la imposibilidad de tener un juicio justo en Miami dada la animadversión que allí prevalece contra el régimen del presidente Castro, revocando las sentencias condenatorias y ordenando la celebración de un nuevo juicio.
Los señores magistrados del panel, cuya experiencia profesional suma más de 80 años, añadieron en su epónima decisión, la convicción de que “conformar un jurado imparcial en esta comunidad de Miami era una probabilidad poco razonable debido al prejuicio existente en la misma”. Y dando sustento explicativo a su resolución, agregaban: “En este caso un nuevo juicio se impuso por la “tormenta perfecta” creada cuando la ola de intensos sentimientos de la comunidad y la amplia publicidad antes y durante el juicio se combinaron con las referencias inapropiadas de la fiscalía”.
El 29 de septiembre de 2005, en una acción completamente inusual según expertos legales norteamericanos, cuyo objetivo fue evidentemente dilatar el proceso y mantener la reclusión de los cinco encarcelados, la fiscalía, a nombre del Gobierno de Estados Unidos interpuso una apelación en la cual pidió a la Corte de Atlanta que reconsiderara en pleno la decisión del panel.
El 9 de agosto de 2006, exactamente un año después, el pleno de esa misma Corte de Atlanta, por mayoría, rechazó la decisión ratificando las condenas, negando la realización de un nuevo juicio y ordenando enviar nuevamente el caso al panel para la consideración de otros restantes aspectos.
Con este fallo, el Tribunal colegiado del onceavo circuito ratifica la decisión de la Corte de Miami denegando las mociones presentadas por la defensa para cambiar la sede y realizar un nuevo juicio.
Como se ve, el proceso legal contra los cinco continúa alargándose en perjuicio de ellos, de sus esposas, y de sus hijos que crecen en medio de tortuosos trámites sólo para acariciar la ilusión de ver a papá, a quien en su patria le nombran, como a los otros cuatro, héroe de la Patria.
El pasado 12 septiembre se cumplieron ocho años del arresto de cinco hombres que nunca debieron estar en prisión y que, a pesar de su inocencia, aún se encuentran encarcelados en Estados Unidos, confinados en cárceles de máxima seguridad limitados y en algunos casos privados del contacto con sus familias.
Es por ello que el Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho, reitera, como lo hizo en el 2003, un llamado a quienes por convicción, que no por obligación, deben procurar y administrar justicia en Norteamérica para que recuerden que el noble ejercicio de la juris dictio, se cifra más que en las luces de la razón, en la rectitud de la conciencia, ahí, en donde se engendra o donde se pierde la Paz para siempre.
Un llamado para que se haga justicia, en los términos propuestos nada menos que por el principal redactor de la declaración de independencia de Estados Unidos de Norteamérica en 1776, a la postre, su primer presidente del siglo XIX Thomas Jefferson, términos que sintetizan el inveterado principio universal en materia penal de in dubio pro reo: “La espada de la ley no debe caer nunca sino sobre aquellos cuya culpabilidad es tan evidente que pueda ser proclamada tanto por sus amigos como por sus enemigos”.
Nuestro llamado es también a la confianza, por que aun cuando los que por vender el alma para nutrir el cuerpo se esfuercen por moverla lento, no se olvide que tarde o temprano, la justicia alcanza siempre a los verdaderos culpables. Así lo propone también Ingenieros en sus fuerzas morales: “desgraciados aquellos que no conciben a Sócrates que muere enseñando, ni a Galileo que repite en el tormento su “eppur si muove”, como una apelación a la inexorable justicia de la posteridad”.
Es un llamado a la confianza porque aún descuellan en el mundo, los espíritus nobles e hidalgos, como el trío de magistrados del panel de Atlanta, que honran y dignifican a la toga, portándola con garbo, y sin doblar la cerviz.
Nos pronunciamos porque, para elucidar la verdad jurídica del asunto, se retomen los resolutivos unánimemente emitidos por tan preclaros togados, el 9 de agosto del 2005.
Tarde o temprano se mostrará que, en efecto, como lo ha dicho Ricardo Alarcón, líder de los diputados cubanos, refiriéndose a los cinco: nada justifica su encierro.