De las más de 800 millones de personas a nivel mundial que padecen hambre, 52 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al finalizar el siglo XX la desnutrición crónica afectaba a uno de cada cinco niños en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. 

Jean Ziegler, relator del Derecho a la Alimentación, sostiene que este retroceso representa una burla de las promesas hechas por los gobiernos en las Cumbres Mundiales sobre Alimentación.

América Latina es sumamente rica en alimentos, con grandes extensiones de tierras fértiles y una sociedad históricamente agrícola y rural. Así, la producción de los países que conforman nuestra Región puede llegar a alimentar más de tres veces su población.

Sin embargo, en los países existen comunidades de pequeños campesinos a quienes les falta títulos de tierra, acceso a créditos, servicios agrícolas, mercados locales e investigación agrícola; además, familias enteras que no tienen tierra, agua y semillas que les permita producir, ni empleo que les permita comprar alimentos adecuados, o trabajadores rurales que trabajan a un sueldo injusto que no les permite satisfacer completamente sus necesidades.

Según afirmó, si bien es cierto, que programas de transferencia de ingresos o alimentos son necesarios en la lucha contra el hambre, estas políticas públicas de los Estados no son suficientes para cumplir con el derecho a la alimentación.

El derecho humano a una alimentación adecuada implica no solamente acceder a alimentos, sino también acceder a recursos productivos para que las personas puedan alimentarse por si mismas y puedan participar en la vida económica de los países.

Entonces, agregó, la lucha por este derecho debe abordar los problemas de discriminación y marginalización que permita el acceso a los recursos productivos a las personas más pobres.

Fuentes: Altercom, Argenpress, Prensa Libre