decenas de actuales y ex cónsules y ministros consejeros acreditados en el país. Con ello busca determinar ahora si los funcionarios extranjeros cometieron "delitos de acción pública" en torno a la importación de autos con franquicia diplomática que investiga. El escándalo estalló el lunes cuando la Cancillería presentó una denuncia penal a raíz de una auditoría que detectó irregularidades en el "circuito de ingreso, circulación y nacionalización" de automotores ingresados al país con el beneficio de la exención impositiva de la que gozan las misiones y las representaciones extranjeras, sus funcionarios y empleados entre 2004 y 2007. Concretamente, las irregularidades se refieren al momento en que se realizaron las nacionalizaciones de dichos vehículos, que deberían haberse realizado sólo bajo el "cese de funciones" del diplomático beneficiario y bajo ciertas normativas que parecen no haberse cumplido en numerosos casos. De hecho, el canciller Jorge Taiana decidió también apartar del cargo al funcionario que estaba al frente del Area de Franquicias, Jorge Matas. Lo fuerte del escándalo es que las identidades de los diplomáticos investigados saltaron a la prensa. Clarín accedió al pedido de Oyarbide, que llegó a la Cancillería ayer pasado al mediodía. Entre los casos más resonantes, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, pidió información sobre la acreditación de los siguientes embajadores: Aramis Fuente Hernández (Cuba), Luis Maira Aguirre (Chile), Larbi Reffouh (Marruecos) Yuri Korchagin (Rusia), Francisco Bustillo Bonasso (Uruguay) Ishtiaq Andraht (Pakistán). Además de numerosos diplomáticos de países como Brasil, Congo, España, Estados Unidos, Venezuela y Comisión Europea. Oyarbide, decidió interrumpir sus vacaciones y tomar la causa, que inicialmente cayó sobre la jueza subrogante, María Servini de Cubría, que ayer le pasó el caso. A su vez, la investigación que seguirá ahora el magistrado es similar a la que investiga el juez en lo penal y económico Marcelo Aguinsky, quien por pedido de la Aduana, abrió una causa por contrabando agravado en torno a las presuntas irregularidades en la importación y nacionalizacion de los vehículos diplomáticos. Oyarbide, que dio lugar a un pedido del fiscal federal Luis Comparatore, rechazó sin embargo "por el momento" una solicitud del fiscal para que se ordene el secuestro de 98 automóviles importados investigados. En cambio el magistrado sí solicitó al Registro Nacional Automotor un informe sobre las identidades de los propietarios de esos 98 vehículos investigados ahora, más la de los apoderados en la Argentina que pudieron haber tramitado la nacionalización de los autos entre 2004 y 2007. De hecho, en su escrito, el juez señala que las franquicias otorgadas a 24 todoterreno Hummer y 17 autos deportivos habrían violado las normas por estar excluidos de los autos que cumplen funciones oficiales o de representación. Así, enumera una larga serie de marcas y diplomáticos (Lamborghini, Porsche, BMW, Toyota y Mercedes Benz, entre otros) a los que quiere investigar. Vale aclarar que para Oyarbide por ahora están sólo imputados autoridades de la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, que estuvieron en funciones en entre esos tres años. Fuentes judiciales también informaron que el magistrado decidió tomar declaración como testigo al director de Sumarios de la Cancillería, Alejandro Mischutin Nogués. Fuentes de la Cancillería se limitaron a informar que estaban "trabajando con la mayor celeridad" para "completar la información que requiere la Justicia.".