En su libro Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo lo planteó sin mayor énfasis. "Uribe –escribió allí- le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil... Siendo Rodrigo Lara, ministro de Justicia, ordenó paralizar treinta aeronaves a los Ochoa, diez a Pablo Escobar, diez a Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro a Carlos Lehder Rivas Y sin embargo dijo que sólo se había inmovilizado una pequeña parte de la gran flota aérea de los narcotraficantes de Medellín". Y pare de contar. Pero el tema resucitó alrededor de la campaña política. Por eso, el 21 de abril del 2002, la Unidad Investigativa de El Tiempo trató de explicar algunas de las medidas tomadas por Uribe durante su gestión al frente de Aerocivil. Primero, sostuvo que "en el lapso comprendido entre marzo 24 de 1980 y agosto 6 de 1982 se otorgaron 562 licencias", pero que "no era el director el encargado de suscribirlas... sino las divisiones de Control Técnico y de Operaciones Aéreas". "De las licencias aprobadas -añadió el periódico-, 221 están activas (con documentos y antecedentes en regla) y 341 inactivas. Se revisaron en los archivos de inteligencia de un organismo de seguridad los antecedentes de los titulares de las licencias inactivas y ninguno tiene requerimiento judicial. La administración de Uribe también otorgó licencia de operación 15 a 95 pistas. Según la Aeronáutica, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Comando de la Brigada Militar del Ejército de la jurisdicción certificaron que sus propietarios no tenían antecedentes. En todo caso, en mayo de 1988 el entonces procurador general, Horacio Serpa, determinó que no existía ningún indicio que comprometiera la conducta de Uribe durante su gestión en la Aerocivil y en la alcaldía de Medellín". En un reportaje concedido a Caracol y a RCN el 17 de febrero del 2002, Uribe señaló que en la Aeronáutica hice "una gran labor que el país en su momento premió". "Siendo yo director -dijo-, ningún trámite de la Aeronáutica se podía realizar sin que el interesado entregara dos requisitos: el certificado de estupefacientes del Ministerio de Justicia y el visto bueno de la Brigada de la Jurisdicción». Y respecto de las licencias explicó que constituían "un problema técnico que manejaban funcionarios de la Aeronáutica. Conmigo trabajaban personas como el hoy general Edgar López. Todos los funcionarios de esa época están vivos». Los defensores de oficio de Uribe han hecho énfasis sobre su gestión en Aerocivil. El Tiempo investigó todo lo relacionado con "las licencias de pilotos, pistas, aerolíneas y aeronaves autorizadas durante la administración Uribe", y publicó sus conclusiones el 21 de abril de este año. "Durante ese lapso -marzo 24 de 1980 a agosto 6 de 1982-, se otorgaron 562 licencias. 'No era el director el encargado de suscribir la autorización de licencias', dijo la Aerocivil, y añadió que esa tarea era de las divisiones de Control Técnico y de Operaciones Aéreas. De las licencias aprobadas, 221 están activas (con documentos y antecedentes en regla) y 341 inactivas. Se revisaron en los archivos de inteligencia de un organismo de seguridad los antecedentes de los titulares de las licencias inactivas y ninguno tiene requerimiento judicial. La administración de Uribe también otorgó licencia de operación a 95 pistas. Según la Aeronáutica, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Comando de la Brigada Militar del Ejército de la jurisdicción certificaron que sus propietarios no tenían antecedentes. La información sobre licencias a aeronaves aún no ha sido entregada por la Aerocivil. En todo caso, en mayo de 1988 el entonces procurador general, Horacio Serpa, determinó que no existía ningún indicio que

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comprometiera la conducta de Uribe durante su gestión en la Aerocivil y en la alcaldía de Medellín". Todo eso está muy bien. Pero lo que está definitivamente mal es que la investigación de la prensa haya dejado por fuera la presencia de Jaime Cardona, el asesinato de Uribe Sénior, las pistas rechazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, los testimonios de quienes vieron cómo las únicas veces que el director de la entidad se acercaba a los aeropuertos tenían que ver con la llegada de las cuadras de caballos para las dehesas de Fabio Ochoa y de sus hijos, y la labor de salvamento en que debió empeñarse el Ministerio de Justicia para evitar que en la Aerocivil el narcotráfico pudiera seguir haciendo de las suyas. Ahora bien, los escándalos de Uribe en la Aerocivil no tuvieron que ver únicamente con el narcotráfico. El 4 de enero de 1983, Nelson Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en Cromos, en la que señaló que en esa entidad se habían extraviado 43 millones de pesos, aproximadamente 550 mil dólares de hoy en día.

Su relato fue escueto: "Esta es la historia de un contrato suscrito a un año, pero que mediante un anexo se prolongó a tres, cuatro, y hasta 26 años, con sueldos que alcanzan la no despreciable suma de $ 12.111.578. Lo anterior corresponde al contrato que firmó Alvaro Uribe Vélez como jefe de Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, cuyo objeto fue el de una "consultoría para el estudio de sistemas y procedimientos administrativos contables y estadísticos", por valor de $ 43.627.743 con un plazo para su culminación de doce meses (52 semanas) y que realizaría la firma Colasesores Ltda. "En las dependencias de la Aeronáutica Civil se le han sustraído doscientos folios al contrato. La firma contratista, en el momento de perfeccionar el negocio, se hallaba embargada por un banco. Si embargo en el lapso de la diligencia, la Aeronáutica expidió un certificado de disponibilidad de $ 20 millones para la contratación del estudio. Al contrato se asoció a un ex alcalde de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, quien demostró posteriormente que su nombre fue utilizado de mala fe. De otra parte, el Fondo Nacional de Proyectos para el Desarrollo recomendó no dar a particulares la realización del inventario físico, que pueden hacer los mismos empleados del departamento. Al excluir el inventario físico, el monto del contrato se reduciría de $43 a $18 millones de pesos. Se acordó esta reducción, pero a pesar de todo se suscribió por la suma inicial. "El contrato fue suscrito a un año, pero un llamado 'profesional B', que no se sabe quien es, aparece con una dedicación, en semanas, de doscientos quince (cuatro años siete semanas) a razón de $ 6.005 cada una, para un sueldo de $1.291.075; un 'profesional A' quien según el contrato, trabajará doscientas veinticuatro semanas (cuatro años 16 semanas), con un sueldo semanal de $ 6.928 para un gran total de $1.551.872; un jefe de zona cuyo nombre se ignora, gozó de doscientas catorce semanas, con un sueldo semanal de $5.543, para .un total de $ 1.186.202. "Al suscribir el contrato entre el DAAC y Colasesores Ltda, por $43.627.743, se autorizó un sueldo durante 26 años". Uribe Vélez firmó un contrato por dicha suma con Colasesores y luego pidió permiso a la Presidencia para poder suscribirlo. El 3 de marzo de 1981, Horacio Moscoso Jefe de la División de Almacén del DACC, empezó a colaborar en la pronta ejecución de ese acuerdo, y en mensaje dirigido a Uribe Vélez dijo que era 'indispensable comunicar a la entidad competente del gobierno la intención de contratar una firma particular' y le recomendó 'no manifestar que ya está seleccionada la firma sino el hecho de que va a celebrarse contrato con una firma particular que tiene el visto bueno y la financiación del Banco Mundial'. "En nota marginal manuscrita Uribe Vélez le pidió a su antiguo asesor jurídico, doctor Hernando Herrera, 'considerar esto para el contrato'. "Cinco meses más tarde, el 11 de agosto del mismo año, se firmó el contrato 3403 por $43.627.743 entre Álvaro Uribe Vélez como representante legal de la Aerocivil, y Gustavo Torres García representante legal de Colasesores Ltda". La investigación de la Procuraduría señaló que Uribe había firmado un documento que requería

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la autorización previa de la Presidencia de la República, y formuló cargos al funcionario. "El 1째 de julio de 1982 -sigue la crónica de Sánchez Abaúnza- el revisor de documentos de la Contraloría envió un memorando en que solicita, 'me informe bajo qué circunstancias o motivos el señor delegado de la firma Colasesores Ltda interviene en forma directa en el movimiento de las tarjetas de Kardex'. La Contraloría advierte que el empleado de Colasesores puede llegar a alterar cifras de las tarjetas. Tengo entendido que estos señores de Colasesores prestan servicios bajo contrato de asesorías y simplemente ellos pueden observar, preguntar, mas no participar en el movimiento interno de almacenes, situación reservada para funcionarios nombrados por el Departamento, concluye el memorando. "La primera cláusula del contrato estipuló un anticipo de veinte millones de pesos a los quince días de firmarse el documento. "Ni Alvaro Uribe Vélez ni ninguno de los funcionarios del DAAC verificó el estado financiero de Colasesores, firma que durante el perfeccionamiento del contrato se encontraba embargada por el Banco Real de Colombia. Este embargo consta en tres partes: juzgado 14 Civil del Circuito, Banco Real de Colombia y Cámara de Comercio de Bogotá". En carta dirigida a Cromos, Uribe explicó que "la entidad oficial contratante durante mi gestión, supervisó y administró el contrato por intermedio del doctor César Villegas, jefe de Planeación". Y es aquí cuando, relacionado con Uribe, aparece por primera vez este nombre. Cromos señala en su siguiente edición que "pese a los múltiples problemas que tienen los aeropuertos en materia de infraestructura y seguridad aérea para la Aerocivil es más importante el turismo que la inversión", y explica que en 1982, durante la gestión de Uribe, para la compra de equipo destinó veintitrés millones de pesos mientras que para viáticos ordenó veintidós millones quinientos mil. Un año antes (en la misma administración) la situación me todavía peor: para compra de equipo doce millones de pesos y para viáticos dieciséis millones y medio". ¿Cómo se gastaron esos viáticos? Villegas contribuyó con largueza en ese propósito. Uribe Vélez, lo comisionó para viajar a Montreal entre el 13 de septiembre y el 4 de octubre de 1980; el 20 de febrero de 1981 lo envió a Washington, donde permaneció hasta el 28 del mismo mes; entre el 6 y el 11 de julio del mismo año, estuvo en Lima; el 7 de septiembre me de nuevo a Washington, donde permaneció hasta el 12; y el 1째 de noviembre viajó otra vez a Montreal, en esta ocasión con escala en Cancún a su regreso. De los viajes que se hicieron en 1982 no se tiene mayor noticia. Los archivos fueron borrados, y las memorias de la gestión administrativa de Uribe se convirtieron en un documento secreto, que no se consigue en biblioteca alguna. Uribe Vélez designó a Villegas como "profesional especializado de la Oficina de Planeación", el 29 de agosto de 1980. Seis meses más tarde, el 3 de marzo de 1981, lo encargó de la Jefatura de esa misma oficina, y el 10 de abril lo nombró en propiedad. Al referirse a los pormenores del "contrato fantasma", Uribe Vélez le explicó a Cromos que él había nombrado una comisión para averiguar por el paradero de dichos fondos, de la que formaron parte "Horacio Moscoso y César Villegas, 21 director de Planeación, un hombre honrado que debutaba la administración pública y que traje de Norteamérica para que me colaborara". Pero Villegas, su íntimo colaborador y su socio, no era tan honrado como él quería hacer creer. El país conoció con todo detalle sus comprometedoras relaciones con la mafia, en las que se originó su apodo de "El Bandi". Hijo de un sargento veterano de la guerra de Corea César Villegas nació el 28 de febrero de 1954, el mismo día que el Santa Fe, un equipo de fútbol al que se dedicó con entusiasmo. Fue estudiante pobre del Instituto Técnico Distrital, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y especialista en transporte aéreo graduado en el Canadá. Cuando regresó al país, en 1980, Ernesto Samper, jefe de un pequeño movimiento político conocido como "Poder Popular", se lo recomendó a Uribe Vélez, recién nombrado en Aerocivil. En ese momento, Uribe era, según la revista Semana, "la mano derecha" del futuro mandatario. -Es un hombre inteligente -le dijo Samper-. Si usted quiere, puede hacer de él el mejor de sus

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hombres. Era difícil prever hasta dónde llegaría la meteórica carrera de Villegas. Al terminar su gestión en Aerocivil enfrentó tres procesos abiertos por la Procuraduría alrededor de la expedición irregular de licencias de vuelo para empresas de narcotraficantes. Aunque los eludió sin problema, no logró que Virgilio Barco lo nombrara director de la entidad. Luego fundó la sociedad "VTS Proyectos e Inversiones". "V" era él. "T", era Turbay, Juan Manuel, ministro de Desarrollo de Samper y uno de sus hombres de confianza. "S" era Strouss, Jacquin, la esposa de Samper, quien sólo permaneció 22 espacio de 50 días en la sociedad. Pero Villegas siguió adelante. Ya entonces se le consideraba el mecenas indiscutible de Alvaro Uribe Vélez y de Joselito Guerra de la Espriella. Era tan rico, que se dio el lujo de contratar el avión privado que trajo del Canadá al especialista que atendió a Samper con ocasión del atentado de que fue víctima en 1989. En la campaña de 1990 fue el gerente financiero de Samper y de su equipo. Pero cuatro años después el mismo Samper le pidió retirarse, para abrir campo al hombre que se convertiría en uno de sus peores dolores de cabeza: Santiago Medina. Logró no ser mencionado para nada en el proceso 8.000, hasta que Guillermo Pallomari, el contador del cartel de Cali, dijo en Estados Unidos que los Rodríguez le habían girado varios cheques con destino a la campaña liberal. La investigación permitió encontrar ocho de esos instrumentos, girados entre 1992 y 1994, por valor de 200 millones de pesos, provenientes de la cuenta personal de Miguel Rodríguez. La Fiscalía le dictó medida de aseguramiento, y un juez lo condenó a cinco años de cárcel por el delito de "enriquecimiento ilícito". El 4 de marzo, una semana después de haber cumplido 48 años, fue asesinado. El 5 por la mañana tenía una cita clandestina con un funcionario de la Embajada norteamericana en Bogotá "para hablar, entre otros temas, sobre Uribe". Aunque el crimen se atribuyó oficialmente a problemas relacionados con su actividad deportiva y el presidente de la Dimayor anunció que esa organización había quedado "sobrecogida" y que el hecho "enlutaba al país", algunos expresaron dudas sobre el particular. Se supo entonces que los vínculos de Villegas con los Rodríguez Orejuela seguían vivos, pero se comentó también que testigos excepcionales 23 del conflictivo pasado de Uribe Vélez comenzaban a desaparecer de manera sistemática. En efecto, la relación de Villegas y de su jefe en Aerocivil no se rompió cuando ambos se retiraron del cargo. Ya habían organizado una compañía para importar y vender cabañas de madera importadas del Canadá. En la constitución de la sociedad no figuró Uribe, quien ya había tenido tiempo de enterarse de los alcances delictivos de su nuevo amigo. Así pues, la empresa se llamó inicialmente "Taller de Embalse", y tuvo como socio al arquitecto Héctor Jaime Cuesta Escobar. Uribe quedó en la sombra. Poco después pasó a llamarse "VC Maderas", y se dedicó a comprar casas prefabricadas a una empresa canadiense, la Maison de Autrefois du Québec, y a venderlas en un mercado dominado en ese momento por los dineros de la mafia. Villegas le ofreció precios especiales a varios políticos, entre ellos al expresidente Alfonso López Michelsen, quien la compró por medio de su esposa, y al futuro presidente Ernesto Samper, quien según una destemplada aclaración que el constructor envió a un comentario de prensa en El Espectador, "casi no la paga". En esa misma comunicación Villegas dice que nunca fue socio de Uribe, que su socio fue el arquitecto Héctor Jaime Cuesta, y que en Antioquia sólo vendieron dos cabanas. Para terminar, reconoce que está siendo juzgado, "pero no por sus nexos comerciales sino políticos". Villegas estuvo estrechamente relacionado con el mundo político del país y sacó de él un notable partido. Cuando Rudolf Hommes era presidente de Fogafin, entidad encargada de privatizar el Banco Tequendama, actuó como apoderado del Banco de la Construcción de Venezuela, que terminó por 24 comprarlo. Ese negocio le reportó ganancias por millón y medio de dólares. Pero, en contra de lo que se ha creído hasta el momento, la participación más activa que tuvo en la campaña política del 94 no fue alrededor de la candidatura de Samper para la Presidencia de la República, (...)

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