Oscar Sánchez Madan

Bitácora Cubana, 29 de diciembre de 2006 – Matanzas

Durante la mañana del viernes 22 de diciembre, fuerzas combinadas de la policía nacional y de las paramilitares brigadas de acción rápida, desalojaron por la fuerza de sus viviendas, en la ciudad de Cárdenas, a dos humildes familias calificadas por la dictadura comunista como ‘”residentes ilegales”.

Las familias vivían en la finca San Francisco, Pueblo Nuevo Norte, antiguo reparto La Verbena.

El desalojo fue dirigido por la señora Maria Caridad Imeli, jefa del departamento de ilegalidades del gobierno local y bajo la supervisión de varios inspectores del órgano municipal de la vivienda.

Policías y brigadistas penetraron, cerca de las 8 de la mañana, en ambos inmuebles y obligaron a salir a sus moradores, extrajeron sus pertenencias y con barretas y otros instrumentos metálicos derribaron ambas viviendas construidas de madera y planchas metálicas.

“Yo traté de proteger mi casa y le hice frente a los seis policías con un machete, pero ellos me lo quitaron. Eso es un abuso”, manifestó a este reportero una señora de alrededor 40 años, quien añadió que lo que más le preocupa, en lo adelante, son su hija, que estudia en un instituto pedagógico; y su hijo que se encuentra en el servicio Militar Obligatorio.

En un camión, los más de dos decenas de brigadistas, condujeron las propiedades de los afectados a un lugar desconocido, al tiempo que decenas de pobladores les gritaban “batistianos, descarados, después dicen que en Cuba no hay desalojo”, entre otras cosas.

Uno de los inspectores presentes expresó que desconocía la solución que se le daría al problema que ahora enfrentan ambas familias.

Eduardo Pacheco Ortiz, delegado en el territorio del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, al conocer el hecho, señaló que en esa misma ciudad, las autoridades amenazan con desalojar a otras familias, entre ellas la de la activista de su organización Mercedes de la Caridad de la Guardia Hernández, de 40 años, quien vive con su esposo y dos nietos de 4 años en el reparto Fundición.

“Si el gobierno construyera más viviendas y permitiera la libre compra y venta de las mismas, entre particulares, no sucedieran estas cosas”, agregó Pacheco.