Profunda purga en el ejército colombiano

GONZALO GUILEN / El Nuevo Herald

BOGOTA

BOGOTA --

El presidente colombiano Alvaro Uribe retiró el miércoles de servicio a 27 militares, entre ellos tres generales de Ejército, como consecuencia de más de 700 casos de fusilamientos de inocentes en todo el país que se presentaron como bajas en falsos combates contra grupos armados ilegales. 

Durante una conferencia de prensa por la mañana en la casa de gobierno, Uribe anunció el retiro de los militares por “confabularse con delincuentes'', con lo que abandona la postura mantenida hasta ahora de que los muertos sí habían caído en combate.

Los casos de inocentes que desaparecían y a los pocos días caían muertos en supuestos combates y eran sepultados por el Ejército en fosas comunes comenzaron a ser reportarse en el 2002 por organizaciones defensoras de derechos humanos y a comienzos de este año arreciaron las denuncias.

Según la Fiscalía General, entre los fusilados recientes hay 48 niños, 82 mujeres, artistas callejeros, pordioseros, drogadictos, vendedores informales y tres jóvenes con retraso mental severo.

A comienzos del 2008 se denunció la desaparición de 11 jóvenes en el suburbio bogotano de Soacha y a la postre se supo que fueron llevados a Ocaña, unos 900 kilómetros al norte, donde fueron fusilados y sepultados como caídos en combate.

Hoy se sabe que los desaparecidos de Soacha pueden ser más de 100 y una fuente de la Fiscalía General declaró el miércoles a El Nuevo Herald que se tramitan 780 expedientes por ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública.

Algunos de esos expedientes fueron abiertos por más de un fusilamiento en un mismo hecho, se explicó.

Entre los más de 20,000 desaparecidos que hay en Colombia, las autoridades suponen que puede haber más casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del gobierno.

Aunque la gota que colmó el vaso de las ejecuciones extrajudiciales fueron los recientes muertos de Soacha, durante los últimos seis años se han reportado numerosos casos en los departamentos de Meta, en el oriente; Antioquia, en el noroccidente; Córdoba, en el norte; Norte de Santander, en el nororiente, y la región del eje cafetero en el centro andino.

Según la Fiscalía, los fusilamientos extrajudiciales a manos de las fuerzas armadas comenzaron en el 2002 con siete casos.

En 2003 la cifra aumentó a 21; en el 2004 a 47, en el 2005 a 73, en el 2006 a 122 y en el 2007 a 245. "Los casos para 2008 podrían pasar de 300'', dijo una fuente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General.

Así, las ejecuciones extrajudiciales pasarían de 800 desde el 2002.

El ex asesor presidencial de seguridad Armando Borrero dijo que se trata de "un hecho gravísimo para el gobierno y para las fuerzas armadas, porque muestra que no fue un caso aquí o allá, sino algo planificado a lo largo del tiempo''.

Según la Fiscalía, anteriormente el año con más homicidios de este tipo fue 1993 con cuatro casos.

Por su parte, la Procuraduría reveló que investiga a 2,300 agentes estatales como presuntos responsables de fusilamientos y desapariciones.

El procurador Edgardo Maya sostuvo que entre el 2007 y el 2008 se han exhumado de fosas comunes los restos de 111 personas solamente en Ocaña.

Uribe dijo que "estos hallazgos muestran que en algunas instancias ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse, lo que ha permitido que algunas personas puedan estar implicadas en crímenes como resultado de la confabulación entre delincuentes y miembros del Ejército.

"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distorsión de la eficacia asesinando a inocentes'', declaró el miércoles el Presidente.

La lista de los militares retirados del servicio fue leída por Freddy Padilla, comandante de las fuerzas armadas, quien participó en la conferencia de prensa junto con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y los comandantes de todas las armas, incluida la Policía Nacional.

Los generales retirados son Roberto Pico Hernández, comandante de VII División del Ejército; José Joaquín Cortes Franco, comandante de la II División, y Paulino Coronado, comandante de la Brigada 30 del Ejército.

"Me queda el sentimiento de soldado, tengo mi conciencia tranquila de lo que hecho por el pueblo colombiano durante estos años'', declaró Pico Hernández visiblemente perturbado.

Por su parte, el general Paulino Coronado, declaró el miércoles al ver terminada su carrera militar: "Bajo ninguna circunstancia por mi mente atravesó ni atravesará la idea de asesinar o de mandar a asesinar a alguien para presentar un falso positivo''.

En la purga del miércoles también fue retirado el coronel Santiago Herrera Fajardo, jefe del Estado Mayor de la V División y ex comandante de la Brigada Móvil 15. Esta última, con jurisdicción sobre la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, donde fueron exhumados los restos de algunos de los fusilados.

"No sé qué cargos hay contra mí. Mi general [Mario] Montoya [comandante del Ejército] me llamó a su despacho y me dijo que había pruebas testimoniales en mi contra'', declaró Herrera a los periodistas.

La lista de retirados leída por Padilla está compuesta por tres generales, 11 coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y siete suboficiales.

Durante un candente debate en el Congreso el miércoles por la tarde la bancada de oposición pidió la renuncia del ministro de Defensa, al que acusan de conocer sobre los fusilamientos desde hace tiempo y no hacer nada.

Entretanto, en la plaza principal de Soacha se congregaron las familias y amigos de los jóvenes asesinados, donde gritaron consignas según las cuales la destitución de los militares no es suficiente castigo.

"Me parece muy bien por la destitución, pero no suficiente. Yo pido que haya otro tipo de castigos, la cárcel. No sólo fue mi hijo, fueron muchos muchachos más'', dijo a los periodistas Blanca Nubia Monroy, madre de un joven asesinado de 19 años.

"Julián estaba empezando a vivir'', dijo.