Citigroup ha perdido 20.000 millones de dólares sólo en el área de las hipotecas tóxicas. Parte del plan de saneamiento incluye la reducción de 19% de los costos operativos en 2009.

Por Oscar Raúl Cardoso - Clarín

Apenas la semana pasada los anuncios formales de despidos en Estados Unidos alcanzaron la suma de 14.000, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Trabajo. Fue bautizada por la prensa como "una mala semana" y con razón. Qué dirán de la presente, entonces, que se inauguró con la revelación de que el poderoso Citigroup despedirá más de 50.000 de sus trabajadores a lo largo y a lo ancho del planeta.

Es impactante no sólo por la cifra, sino porque sigue a otros 23.000 puestos de trabajo ya vaciados por el mismo grupo que, a fines del año pasado casi alcanzó la marca de 400.000 personas en su nómina de sueldos. Citigroup ha perdido 20.000 millones de dólares sólo en el área de las hipotecas tóxicas. Parte del plan de saneamiento incluye la reducción de 19% de los costos operativos en 2009.

Esta es una de las razones por las cuales una lectura optimista de la reciente cumbre del Grupo de los 20 (G-20) -que algunos ensayan asegurando que se escuchó un lenguaje diferente de la letanía ortodoxa de los últimos 25 años- parece también ingenua. Sólo palabras no alcanzan en la emergencia y lo cierto es que el G-20 pospuso para abril cualquier decisión concreta. Es inevitable preguntarse por el tiempo real que le dejará George W. Bush a Barack Obama para encarar un curso distinto con éxito.

En términos de la crisis y su avance rápido, abril se parece incómodamente a lo que John Maynard Keynes llamó, en su crítica de la economía ortodoxa, "el largo plazo" que es cuando "todos estaremos muertos". Es el caso posible de la industria automotriz de Estados Unidos. El miércoles podría votarse en el Senado el pedido de las tres grandes firmas del sector -Chrysler, General Motors y Ford- para ser incluidas en el paquete de rescate estatal, algo que no estaba contemplado.

Esas corporaciones han llevado su caso directamente al público, recordándole que uno de cada diez estadounidenses tiene un puesto de trabajo vinculado con la industria automotor nacional.

La crisis obliga a mutaciones al menos aparentes. El Departamento del Tesoro y los legisladores republicanos que empujaron para obtener aquel rescate para el sector financiero se oponen ahora a la ayuda para las tres grandes automotrices diciendo que lo que les pasa es el resultado de años de mala administración. Casi parece esta una posición propia de la izquierda.

Los demócratas en cambio quieren rescatarlas porque dicen que el costo de esos años de pésima conducción no debiera ser pagado por los trabajadores (¿De derecha por razones de izquierda?). Todo está confuso.

Los crecientes niveles de ira pública son explicables. En las últimas semanas AIG, la aseguradora multinacional que fue rescatada por el estado con 40.000 millones de dólares, insiste en pagar a sus ejecutivos "compensaciones diferidas" por un total de 503 millones de dólares. El Departamento del Tesoro tiene la autoridad, bajo los términos del rescate, para impedir tanta generosidad pero parece haber comprado el argumento de AIG según el cual si no se pagan esos bonos los mejores abandonarán la firma.

Los que hacen los cálculos del impacto de la desaparición de Chrysler, General Motors y Ford auguran la pérdida de tres millones de puestos de trabajo, lo que haría de ayer con el Citigroup apenas el recuerdo de un mal día.