Es necesario darse a la tarea de aclarar a algunos juristas, estudiosos del derecho, practicantes de la hermenéutica jurídica de la oposición venezolana, quienes han tenido la oportunidad de acceder a estudios de cuarto nivel, pero siguen sin entender lo establecido en el 340 y 342 de nuestra Constitución Bolivariana. Ellos dicen ser defensores de la democracia plena, pero la agravian cada vez que hay un proceso eleccionario. Esta vez no entienden que precisamente la tramitación de una enmienda constitucional profundiza el ejercicio pleno de nuestros derechos en este país democrático.

El artículo 340 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé que la enmienda constitucional tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos sin alterar su estructura fundamental y a su vez el artículo 341 establece la forma de llevarla a cabo, lo cual puede ser por iniciativa de popular del 15% de los electores inscritos en el Consejo Nacional Electoral a través de la recolección de firmas, con la anuencia del 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o por iniciativa del Presidente de la República en Consejo de Ministros.

Por su parte la Reforma establecida en el artículo 342 de la República Bolivariana de Venezuela es una Institución del Derecho distinta a la Enmienda, por lo tanto no es acertada la prédica de que es inconstitucional la enmienda a la Carta Magna, de que no es posible tramitarla, argumentando que dentro del proyecto de reforma constitucional, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2007 y rechazado por el pueblo venezolano por 1.41 puntos de votos, que fue la ventaja del NO sobre el SÍ, estaba inmerso un artículo concerniente a la reelección continua del Presidente de la República, esta argumentación es falsa de toda falsedad, pues está establecido en la propia Carta Magna ambas figuras jurídicas con disposiciones y valores distintos: La Enmienda adiciona o modifica artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental, en cambio la Reforma revisa parcialmente la Carta Magna y sustituye normas que no alteren la estructura y principios fundamentales.

En este orden de ideas es necesario aclararle a los leguleyos que dicen que la enmienda transforma el principio fundamental de la alternabilidad previsto en el 6 constitucional, es una descomunal desviación jurídica, ya que los términos en los cuales se concibe la enmienda está en la modificación del artículo 230 el cual prevé: “El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.” Lo que constituye, que de ser aprobada quede en los siguientes términos: El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida. Lo que quiere decir que la alternabilidad siempre va a existir y no son prerrogativas contrapuestas el hecho de que Hugo Chávez sea candidato presidencial, eso no viola el principio de alternabilidad del poder; en efecto la palabra alternabilidad viene de la palabra alternativa, lo que significa que hay más de una opción a la hora de la toma de cualquier decisión, por cuanto puede existir cualquier cantidad de candidatos presidenciales y no se contrapone a que lo sea cualquier otro miembro de nuestra inteligente oposición venezolana sí es que lo logran fabricar sin ningún tipo de taras, más bien repito, profundiza el ejercicio de la democracia ya que es el pueblo, quien una vez más tiene la potestad de decidir con el voto entre varias opciones. Entonces tenemos que la alternabilidad en el poder, está solidarizada intrínsecamente al sufragio universal, directo y secreto, a las elecciones periódicas, que es el elemento ideológico y fórmula fundamental de la democracia liberal representativa, por lo tanto defendida por todos los que predican que el estado es pluralista y sin ninguna clase social representada.

Los que están en contra de la enmienda, defienden el mantenimiento de una sociedad jerárquica, una sociedad donde predomina la injusticia social, la desigualdad y la exclusión. Esto es así en la medida en que consideremos el caso concreto venezolano y de otros países de América Latina, aun orientados por las teorías políticas liberales y no por la posibilidad de un sistema político-jurídico alternativo, de justicia social, de inclusión y de iguales oportunidades tal como es el caso de nuestra Revolución Bolivariana rumbo a la construcción del Socialismo del siglo XXI .

“Fiat iustitia, et pereat mundus”.............Por: Patricia London