Más pobreza, menos beneficios

Un simple análisis de los principales elementos del texto legal permite arribar a las siguientes conclusiones: a) La nueva ley no tiene en cuenta las condiciones del salario en Cuba, a partir de su poder adquisitivo real. No puede hacerlo mientras no se reforme radicalmente el sistema económico del país; b) Está concebida sólo para alargar la vida laboral de los trabajadores, a la vez que incrementa los requisitos de años trabajados para acceder a la prestación básica; y c) Ofrece "beneficios" no comprendidos en la ley hasta el momento, tales como poder devengar salario íntegro en nuevo empleo, con posterioridad a la fecha de jubilación (de sector diferente al que motivó la pensión original), que de hecho sólo buscar extender aún más la vida laboral.

Los niveles de salario real en la población activa no son suficientes para un nivel digno de vida, a partir de la satisfacción de las necesidades humanas. Un reciente estudio del Centro de Información y Documentación de Estudios Cubanos de Madrid demuestra que los niveles de pobreza de la población cubana no sólo van en incremento, sino que los de marginalidad social se sitúan en parámetros cada vez más preocupantes. Uno de los problemas abordados es precisamente el de la vejez.

Según la nueva ley, para que un ciudadano de cualquier sexo llegue a devengar una pensión equivalente al 90% de su salario, debe trabajar ininterrumpidamente 45 años. Es decir, un hombre que comienza a trabajar a los 20 años de edad, para obtener tal beneficio, deberá hacerlo ininterrumpidamente hasta los 65. Una mujer tendría que comenzar a los 15. Y ello es imposible, pues la edad laboral se inicia legalmente a los 17.

En España, por ejemplo, donde las edades de jubilación aplicadas son las que ahora adopta La Habana, la esperanza de vida aventaja los parámetros de la Isla en muy pocos puntos o décimas porcentuales. Sin embargo, una simple comparativa entre requisitos de años trabajados y capacidad adquisitiva real de la pensión, demuestra que, en el caso cubano, la extensión de los años trabajados no redunda en mejoría alguna para el jubilado.

Es difícil comprender por qué la edad de jubilación de las mujeres difiere un lustro de la de los hombres, en medio de la propaganda sobre la igualdad de género y de la crisis demográfica. La esperanza de vida es favorable a las mujeres. Podría haberse buscado una media en los años de jubilación, igual para ambos sexos, que garantizara la disponibilidad de mano de obra, a la vez que un disfrute más o menos paritario del descanso en los últimos años de vida.

¿Los primeros serán los últimos?

Con los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la mano, en 1959 la situación de los trabajadores cubanos —y por ende de los jubilados— era favorable a los cubanos en relación con la de los españoles. Ahora un jubilado español percibe al año, como pensión mínima, algo más de 70 veces la jubilación media de un pensionista cubano.

Si a algún apologista se le ocurriera hacer referencia a los servicios de salud "gratuitos" del pensionista cubano, habrá que recordarle que nuestros jubilados asisten hoy a un sistema nacional de salud deteriorado, con pésima calidad de los servicios y con una escasez casi total de medicamentos, que, por cierto, exceptuando a los que son administrados en instituciones hospitalarias, son de pago. Agréguese que los jubilados españoles disfrutan de medicamentos gratuitos en las farmacias, amén de otros beneficios, como precios preferenciales —casi simbólicos— en áreas de importancia, entre ellas el transporte público.

Por último, el tema migratorio. Aunque Cuba es potencialmente un país del que emigrarían hasta los gatos, el flujo migratorio real no era preocupante, desde el punto de vista demográfico, hasta que se llegó al punto de un decrecimiento poblacional absoluto; es decir, a la pérdida de población.

La suma de todos los cubanos residentes en el extranjero o fallecidos en otras tierras, a lo largo de estos 50 años, es sustancialmente inferior a la de vidas perdidas con la absurda práctica del control de la natalidad mediante interrupción descontrolada del embarazo —4 millones hasta hace algo menos de una década, según estimados—. Y, por supuesto, la baja tasa de fecundidad es atribuible a la desesperanza de los jóvenes en relación con su futuro (vivienda, salario real, libertad para decidir la educación de los hijos, etcétera). No es de encargo oír a algunos funcionarios alabar la situación actual demográfica del país como "propia de países desarrollados".

En Cuba o España, el decrecimiento poblacional es una enfermedad demográfica que, aunque tenga componentes biológicos, es básicamente social. Sólo que las motivaciones sociales de la riqueza material no son las mismas que las de la miseria.

Por otra parte, el sector más productivo de la Isla es la población perdida —residente en el exterior—, pues, comparativamente, son los cubanos que más beneficios líquidos aportan a la nación. Por ende, sus aportaciones se sitúan entre los cuatro primeros rublos de ingresos netos de la renta nacional.

No habrá solución —ni para la economía ni para la población— hasta tanto no se reforme totalmente el sistema económico del país.

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