En la vereda Juan Frío de Villa del Rosario en Norte de Santander, un sitio conocido como "trapiche viejo" inspira temor y respeto. Los que pasan por ahí instintivamente se echan la bendición y aceleran el paso. Y es que allí, cerca de un trapiche abandonado hoy cubierto por la maleza, los paramilitares construyeron en 2001 un horno crematorio que funcionó hasta 2003 y en el que incineraron los cadáveres de más de 200 víctimas.

No hay rastros de cenizas o carbón, y pocos se atreven a hablar en voz alta sobre lo que allí pasó o a visitar el horno que, según cuentan, Rafael Mejía, 'Hernán', entonces jefe paramilitar de Villa del Rosario, construyó a comienzos de 2001. Una casa abandonada y los restos de un trapiche en el que hay cruces pintadas dan testimonio de que allí la muerte estuvo presente. Como hoy está presente el miedo porque en la zona rondan las llamadas Águilas Negras.

Todo comenzó un miércoles de marzo de 2001. Unos paramilitares llegaron en una camioneta Blazer blanca en la que llevaban a varias personas amarradas.  "Eran como las 11 de la mañana y hacía mucho calor -relata un testigo-. No recuerdo cuántos eran, cuatro o cinco, pero los tuvieron rato junto al trapiche viejo. Suponía que les iba a pasar algo pero cuando uno vive en zona de guerreros 'come callado' o si no termina igual".

Horas después, cerca de las 6:00 p.m., el testigo pudo comprobar que las personas fueron asesinadas: junto al trapiche donde habían construido el horno, yacían los cuerpos y allí permanecieron varios días. "Uno pasaba con la cabeza agachada, olía a diablos, nadie los recogía porque la orden era que el que lo hiciera moría, solo podían acercarse los gallinazos -relata-. Dejaron secar los cadáveres al sol y cuando ya estaban casi solo los huesos, los pusieron en la parrilla del horno... No sabría decir a qué olía".

La camioneta Blazer se volvió familiar en la zona. Llegaba con frecuencia después de hacer recorridos por Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia, Villa del Rosario y Los Patios. "Mataban gente, la enterraban en fosas y a los seis meses la desenterraban y de una iba para la candela -cuenta una mujer-. Otras veces abrían los cadáveres, sacaban lo que tenían adentro y cuando estaban secos los picaban y bien picados iban al horno. Con decirle que a esto por acá le decían el matadero". Nadie abría la boca, nadie decía nada. Imperaba la ley del silencio. Y del terror.

Confesión de parte

La incineración de cadáveres para no dejar rastro que recuerda el Holocausto durante la II Guerra Mundial, fue práctica de guerra en Perú en los ochenta y en las dictaduras de Argentina y Uruguay, y ahora viene a descubrirse que también lo hicieron los paramilitares en Colombia. Sobre ese tenebroso método de desaparición dieron cuenta el año pasado Iván Laverde, 'el Iguano', y Rafael Mejía, 'Hernán', ante fiscales de Justicia y Paz. Ambas versiones fueron confirmadas por Salvatore Mancuso el pasado 30 de abril.

'El Iguano', ex comandante del bloque Fronteras, contó que los mandos medios de las Auc tuvieron que acudir en 2001 a la incineración para "desaparecer los cadáveres de los asesinados", porque Carlos Castaño y Mancuso ordenaron no dejar rastro de los cuerpos. Dijo que la idea fue suya y que construyó uno en Puerto Santander.  'Hernán' hizo lo mismo en Villa del Rosario. "Había varios hombres encargados de prender los hornos, otros metían los cuerpos y estaban siempre vigilando -relató ante Justicia y Paz-. Cada vez que había una cremación inmediatamente se lavaba el horno para que no quedara huella". También reveló que los cuerpos que no eran cremados en el horno o quemados en hogueras improvisadas con llantas, los tiraban a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo. Y dijo que como no bastaba con desaparecer los cadáveres, había que hacerlo con las cenizas y que éstas iban a una quebrada que conectaba con el río Táchira. Según él, mientras estuvo al frente de esa tenebrosa tarea en 2001, las víctimas fueron casi 100.

Al año siguiente la situación se desbordó porque los paramilitares de la región no solo llevaban muertos sino también personas vivas. "Inicialmente, fueron incineradas allí unas 28 personas para borrar evidencia, y unas 30 o 35 más, que yo recuerde, también terminaron allí -contó 'el Iguano'-. La mayoría de los comandantes de muchos barrios de Cúcuta capturaban a una persona y la subían o citaban para darle muerte y la metían ahí". El cálculo de las autoridades es que en el horno de Juan Frío desaparecieron a cerca de 200 cadáveres.

Pero hubo más hornos. A cuatro horas de Villa del Rosario y a hora y media de Cúcuta, en Banco Arena, un corregimiento de Puerto Santander,  'el Iguano' se apoderó de un terreno en el que había una fosa donde los paramilitares enterraban a sus víctimas, y lo convirtió en una finca para camuflar el horror. Mandó desenterrar 20 cadáveres y ordenó quemarlos para borrar toda evidencia en un horno que mandó construir en una finca conocida como Pacolandia. "Yo ordené a Jorge Cadena que sacara esos cuerpos de allá e igualmente que fabricara una especie de horno y los incinerara -contó el ex jefe paramilitar-. Hizo un hueco, lo llenó con llantas y madera, echó los cuerpos en unas bolsas y los incineró".

Dice que no hubo más incinerados y que el resto de las personas asesinadas en la región fueron arrojadas al río. "Fueron unas 18 personas aproximadamente, que yo recuerde", le dijo 'el Iguano' al fiscal. Pero hay versiones en el sentido de que los desaparecidos son muchos más. "En Pacolandia espantan vivos y muertos, y por eso uno se despierta en la noche y siente como lamentos de toda esa gente que desapareció allá", cuenta un campesino de la región.

Flaca memoria

Establecer las identidades de los incinerados no será fácil para las autoridades teniendo en cuenta que 800 familiares de desaparecidos esperan saber qué pasó con los suyos en Norte de Santander. Hasta el momento,  'Hernán' solo ha revelado el nombre de dos víctimas: José Agustín Amaya Muñoz y Luis Eduardo Correa Vega, desaparecidos en 2001 y 2003, respectivamente, en Juan Frío. Y recuerda vagamente que también fueron incinerados los cadáveres de un joven de 14 años, acusado por sus hombres de extorsionar a una profesora de Villa del Rosario, y de un celador de Cúcuta. Por su parte,  'el Iguano' dice que no recuerda nombres. 

Luis González, director de la Unidad de Justicia y Paz, dice que la Fiscalía estudia cómo depurar la lista de desaparecidos en los hornos y que luego buscarán los mecanismos de reparación. "Buscaremos asesoría internacional sobre cómo ayudar a las familias de víctimas y hacer entregas simbólicas de los restos", asegura González.

Mientras tanto, familiares de las víctimas hacen hasta lo imposible para encontrar los restos de sus desaparecidos. María del Carmen Torres, madre de Sergio López (tenía 18 años cuando desapareció en la terminal de transportes de Cúcuta el 10 de marzo de 2002) está convencida de que su hijo fue incinerado en un horno de Villa del Rosario y quiere recuperar las cenizas.  "Sé que no está en fosas y que tampoco lo tiraron al río, quedó en el horno y lo quiero recuperar -dice con dolor-. En la funeraria me dijeron que las cenizas de una persona caben en una caja de zapatos y si es eso lo que puedo recuperar pues al menos que me dejen hacerlo". Enferma de cáncer, pide a los victimarios que tengan piedad. "Me pusieron un psicólogo porque me corté las venas cuando me mataron a Deiby, mi otro hijo de 17 años, en marzo de este año".

Yolanda Ocampo vive un calvario similar. Su esposo Orlando Sánchez de-sapareció el 22 de mayo de 2002. "Salió de la casa para Puerto Santander a un trabajo con un ganadero y hasta la fecha no he sabido nada -cuenta-. Dicen que lo mataron y lo tiraron al río o que lo quemaron en Banco Arena y no encuentran cuerpo ni nada". Yolanda señala a 'el Iguano' como el responsable. "No he podido ir donde él pero si al menos me dice que no busque más, yo descanso un poco -asegura-. Pero si está en una fosa, necesito los huesos para darle santa sepultura".

Y es que sepultar a los muertos, saber dónde están los restos, ayuda a que los familiares pueden completar el duelo. "El daño para las víctimas es mucho mayor al no tener un cuerpo para llorar -explica la psicóloga Milena Corzo, de la Fundación Progresar-. Saber que el cuerpo estará desaparecido para siempre es un doble duelo".

Los escalofriantes testimonios obtenidos por CAMBIO son una prueba más de las dimensiones del fenómeno paramilitar en Norte de Santander. Un fenómeno de profundas secuelas que aún están por conocerse. Un fenómeno que aún no ha desaparecido porque las historias siguen repitiéndose.

LA HISTORIA SE REPITE

En Tibú, Diego González cuenta que en 2000 los paramilitares le desaparecieron a  su hijo Luis Ángel, un joven que entonces tenía 17 años. "Lo último que supe fue que se lo llevaron a Banco Arena  y quiera Dios que no haya terminado en el río, en el horno de 'el Iguano' o que me lo hayan matado con 'el alacrán' (motosierra)".

Hace un mes, el 23 de abril, las Águilas Negras desaparecieron a otros  de sus hijos, Pablo Emiro, de 24 años, que vivía de la venta informal de gasolina. Pasadas las 2:00 p.m.,  el joven, que días antes se había negado a pagar una extorsión, tomó un taxi colectivo rumbo a Cúcuta y unos hombres le hicieron la señal de pare. Según los pasajeros, obligaron a Pablo a bajarse y le ordenaron al conductor que siguiera sin él. Al parecer, terminó en Puerto Santander, donde está una de las bases de las Águilas Negras, grupo que suplantó a las Auc tras su desmovilización.

Con la desaparición del joven llegan a 40 los casos ocurridos este año en Tibú, la mayoría atribuidos a paramilitares. Impulsado por el padre, el pueblo marchó para exigir a las Águilas Negras  que digan qué hicieron con Pablo Emiro. "No quiero que la historia se repita", dice  el padre.

http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/829/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5235387.html

La Fiscalía de Colombia afirmó hoy que militares que están bajo investigación por ejecuciones extrajudiciales también han incurrido en el delito de tráfico humano, al organizarse para buscar a jóvenes que luego mataron y mostraron como guerrilleros abatidos en combate.

La afirmación fue hecha en el contexto de una audiencia que se cumple desde este jueves casi de forma ininterrumpida en Soacha, población próxima a Bogotá, en la cual se presentan cargos contra militares investigados por un caso que estremece al país desde 2008.

El fiscal Alberto Vargas dijo que varios militares pagaron el equivalente a 88 dólares por un joven al que luego mostraron como guerrillero muerto en combate.

Vargas obtuvo el testimonio de un hombre que fungió de reclutador de jóvenes de origen humilde de Soacha, quien ofrecía falsos trabajos a desempleados para llevarlos a una zona del noreste del país donde los entregaba a militares para que éstos los mataran y los hicieran pasar por guerrilleros.

La declaración del reclutador Alexander Carretero fue citada por Vargas en la audiencia contra seis de casi 50 militares que están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales.

Estos casos, llamados por la prensa colombiana falsos positivos, han sido denunciados desde hace años en el país, pero empezaron a llamar la atención desde septiembre del año pasado, cuando se descubrió que cerca de 20 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 en Soacha estaban sepultados cerca de la frontera con Venezuela.

El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros abatidos en combate, pero el proceso judicial comenzó luego de que los familiares de los jóvenes aseguraran que éstos no pertenecían a grupo armado y que desaparecieron después de que una persona les ofreciera trabajo en otro lugar del país.

La impunidad se ha empezado a romper, ahora resta esperar que el juicio que aguarda a Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex director del DAS [1], se rodee de las garantías propias de un debido proceso, y el respeto a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

El Fiscal General De La Nación Dr. Mario Iguarán Arana acaba de reconocer la responsabilidad penal de Noguera en los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos, y políticos que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana; así como que el DAS durante su administración, fue puesto al servicio del paramilitarismo en Colombia, tal como había sido expresamente solicitado por los representantes de la Parte Civil, abogados de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.

Lamentablemente, el representante de la Procuraduría General de la Nación pidió la preclusión de la investigación en relación con los homicidios, esto es, no examinó la abundante prueba de cargo existente en contra de Noguera, en relación con su responsabilidad por los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos y políticos, que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana.

Por tanto, Noguera Cotes, deberá responder por los cargos de Concierto para delinquir Agravado en cuanto fomentó, promovió, financió y desarrolló actividades conjuntas con el paramilitarismo; de Homicidio Agravado en las personas del defensor de derechos humanos Alfredo Correa D’Andreis, los sindicalistas Zully Esther Condina y Adán Pacheco, así como del político y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, en cuanto estas personas fueron asesinadas en razón a su labor de denuncia sobre la asociación del paramilitarismo con diversos sectores del Estado colombiano. Así mismo se lo acusó de los punibles de Utilización de asunto sometido a reserva, al suministrar información de inteligencia al paramilitarismo, de Destrucción, Supresión u Ocultamiento de Documento Público, al borrar antecedentes y otras informaciones en relación con paramilitares “y” narcotraficantes; de Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en la medida que hizo múltiples despidos de funcionarios del DAS que desarrollaban actividades de persecución al paramilitarismo; así como Concusión y Cohecho Propio, en la medida que recibió y cobró porcentajes en relación con sumas de dinero que eran remitidas al paramilitarismo, ilícitas comisiones que se cobraban de la contratación del DAS.

Jorge Noguera Cotes fue director del DAS entre septiembre de 2002 y octubre de 2005, luego fue nombrado cónsul en Milán, tras lo cual tuvo que regresar al país para ser procesado por graves crímenes. Así, fue detenido inicialmente el 22 de febrero de 2007, pero recuperó su libertad mediante un Habeas Corpus otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura el 23 de marzo de 2007. Por segunda vez Noguera fue capturado el 6 de julio de 2007 y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 por los delitos de Concierto Para Delinquir Agravado [2], así como Utilización de Asunto Sometido a Secreto o Reserva y Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto Homogéneo, al tiempo que se continuó con la investigación por los Homicidios. Pero en la etapa de juicio, la Sala Penal de la Corte Suprema el 12 de junio de 2008 consideró que la actuación procesal era nula en la medida que el Fiscal General De La Nación Mario Iguarán no la adelantó directamente y por tanto ordenó nuevamente su libertad inmediata. Posteriormente, el Fiscal General acatando la decisión de la Corte Suprema, reanuda el proceso contra Noguera Cotes, lo llama a indagatoria, practica decenas de pruebas que siguen demostrando su responsabilidad penal, por lo que le impone medida de aseguramiento, siendo nuevamente detenido el 12 de diciembre de 2008, momento desde el cual está privado de la libertad en la Penitenciaría Central de Colombia “La Picota” en Bogotá. Y finalmente, ante la evidencia irrefutable de su intervención en los homicidios reseñados, profiere resolución de acusación en su contra en decisión fechada el 6 de mayo de 2009, al encontrarlo coautor de las conductas endilgadas.

Está probado que en el DAS, desde su nivel central, con la llegada de Jorge Aurelio Noguera Cotes, se conformó una estructura criminal asentada sobre el aparato legal y que a través de la utilización de los privilegios que entregaba lo público, prestaba la contribución necesaria para el desarrollo paramilitar, tanto en lo desplegado a título de “guerra contrainsurgente” que en realidad ha sido persecución de la población civil, como en relación con la toma definitiva del poder, en virtud de los derroteros que se han evidenciado con el denominado “Pacto de Ralito” [3].

Está probado que Jorge Noguera ubicó en cargos claves al interior de la estructura del DAS a personas funcionales para sus crímenes, miembros del Aparato Organizado de Poder, en buena parte controlado por él como Director del DAS. Así, incluía quienes, entre otros, ayudaron al financiamiento paramilitar, pues según lo probado, Noguera había comprometido con el bloque norte paramilitar, una comisión entre el 5% y el 10% de toda la contratación del DAS.

A la fecha, los más representativos miembros de este aparato criminal, se encuentran detenidos, acusados del punible de concierto para delinquir agravado; mientras que otros, como el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, han sido extraditados. Al tiempo, la Fiscalía ha determinado compulsar las copias respectivas para que sean investigados penalmente algunos de los que permanecen en la impunidad.

Está probado que Jorge Noguera hace parte de ese grupo de políticos y personajes de la vida pública que han tenido vínculos con paramilitares, y se suma a una larga lista de congresistas y ex congresistas oriundos del Departamento del Magdalena, que se convierte así, en uno de los departamentos más afectados por las relaciones entre políticos y el paramilitarismo [4]. Así, se ha corroborado la responsabilidad penal de Noguera Cotes a través de innumerables testigos además de Rafael García, que prueban sus conductas criminales, pruebas testimoniales que se suman a múltiples documentos, informes y dictámenes que en más de 50 mil folios permiten concluir con certeza la responsabilidad de Noguera en los crímenes por los cuales se investiga.

Está probado que durante los últimos 10 años más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos, que existe una gran violencia antisindical que se suma a la de defensores de derechos humanos. Varios funcionarios del DAS reconocen que sindicalistas y defensores de derechos humanos, fueron objeto de “labores de inteligencia” para incluir esa información en sus bases de datos y de allí, fueron puestos en listas que Noguera entregó a los paramilitares y luego efectivamente fueron objeto de amenazas, desplazamientos, asesinatos y desapariciones forzadas. Así, el DAS entregó a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, los listados donde figuraban, entre otros, los nombres del profesor, miembro del sindicato de profesores, ASPU, y líder social Alfredo Correa D’Andreis; la periodista y dirigente sindical del sector salud Zully Codina y el político liberal y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, quienes a la postre resultaron asesinados por el bloque norte, como lo reconoció el paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, personas que fueron objeto de seguimientos de años, así como de informes de inteligencia sobre su vida personal y su actividad socio-laboral. En estos informes que fueron hallados en el DAS, aparecen también mencionados los sindicatos de ANTHOC, la CUT Bolívar, la USO y otras organizaciones locales, actividad que es la fase inicial de la guerra sucia. En suma, los activistas Alfredo Correa D’Andreis, Zully Codina, Adán Pacheco y el político Fernando Pisciotti, fueron víctimas de políticas contrainsurgentes fundadas en las nociones de “enemigo interno” y “guerra política” sobre organizaciones sociales y sindicales, que se ejecutaron a través del aparato organizado de poder sobre el que tenía control directo Jorge Noguera Cotes y en relación con un plan de exterminio contra sindicalistas, y líderes de oposición ejecutado por los grupos paramilitares, con los miembros de su estructura dentro del DAS.

Está probado que el DAS realizó informes falsos de inteligencia y manipuló reinsertados que en verdad eran paramilitares o testigos falsos y con ellos judicializaron al Profesor Correa D’Andreis, miembro del sindicato de profesores, ASPU, y que ante el fracaso de este montaje obtuvo su libertad, por tanto con esos mismos informes de inteligencia Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio procedieron a asesinar a esta persona, situación que fue similar con otros líderes sindicales como el caso de Adán Pacheco.

Existiendo un expediente con más de 50 mil folios con muchas, graves y contundentes pruebas de cargo, que no se limitan al testimonio de Rafael García Torres, es necesario que la Corte Suprema de Justicia esté rodeada de las garantías que necesita para que pueda aplicar justicia, toda vez que Noguera Cotes puso el DAS al servicio del paramilitarismo, financiándolo, suministrándole información, borrando antecedentes, órdenes de captura y solicitudes de extradición a sus miembros, así como coadyuvando a la realización de homicidios contra quienes eran concebidos como opositores, acciones toda estas que se cometieron por Noguera, en virtud de su pertenencia al paramilitarismo y aprovechando su calidad de Director del DAS.

El asesinato de sindicalistas en Colombia, según la OIT, tiene la tasa más alta del mundo, por tanto el llamado a Jorge Noguera para que responda en juicio por los graves y dolorosos crímenes que cometió, como uno de los máximos responsables de estos crímenes, es sólo un primer paso para romper la impunidad.

Es fundamental que se siga avanzando en la determinación de responsabilidad penal de los demás miembros del aparato organizado de poder DAS–paramilitarismo. Asimismo, es importante que las víctimas puedan participar activamente en el juicio y que ello no perjudique su posibilidad de intervenir como testigos en el mismo. Por último, es relevante que la posición de la Fiscalía en el juicio, siga siendo congruente con la asumida en la resolución de acusación, porque ella es lógica, legítima y justa, en relación con lo probado en el proceso.

Aún nos aguarda una decisión histórica definitiva que permita mostrar si existe o no en Colombia, la posibilidad de avanzar en superar la impunidad, y de juzgar a nivel nacional a los máximos responsables de los graves crímenes cometidos contra sindicalistas en Colombia y de esta forma dignificar las víctimas y a la sociedad Colombiana.

llamado de solidaridad

Notas

[1] El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) depende directamente de la presidencia de la República. Es la principal agencia de inteligencia de Colombia y también tiene funciones de policía judicial. Dentro de sus actividades se encuentra la de “protección” de altos servidores públicos y de otras personas bajo amenaza, como por ejemplo sindicalistas, lideres de comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, periodistas, personas de la oposición política, entre otros.

[2] El delito de concierto para delinquir agravado ha sido el delito que cobija al paramilitarismo desde la reforma del código penal del año 2000 que eliminó los tipos penales que hacían referencia expresa al término “paramilitarismo”.

[3] El ‘Pacto de Ralito’ fue la primera prueba documental conocida de las alianzas formales entre la clase política colombiana con el paramilitarismo. Este en particular recogió los compromisos asumidos en una reunión del 23 de julio de 2001, que fue convocada por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino, y donde 29 políticos de la costa Atlántica afirmaban su intención de ‘refundar nuestra patria’ y hacer ‘un nuevo contrato social’.

[4] Así, según el seguimiento que viene realizando el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 14 congresistas y ex congresistas han sido implicados, lo cual ha significado la totalidad de los representantes elegidos para el periodo de 2006 a 2010. De estos 14 congresistas y ex congresistas, 9 se encuentran detenidos actualmente, 4 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada, y 2 han sido condenados por sus relaciones con estructuras paramilitares. Se resaltan los casos del ex alcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga Riascos, quien fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante, y el ex gobernador de Magdalena Trino Luna Correa, quien fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por sus relaciones con los jefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Hernan Giraldo Serna.

 
http://www.colectivodeabogados.org/spip.php?article1597