Dice el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, que en Colombia existe una democracia transparente donde "no hay persecución a ningún tipo de ideas, no se cierran emisoras, no se persiguen canales de televisión, no se cierran periódicos ni se intimida a los empresarios".
Sobre que no hay persecución a ningún tipo de ideas a lo mejor Amnistía Internacional -por ejemplo- tiene algo que decir:
Una farsa de proceso de desmovilización paramilitar, sumada a miles de casos de amenazas y homicidio y a una falta crónica de investigaciones y procesamientos, convierte a Colombia en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas.
La organización colombiana Escuela Nacional Sindical documentó 2.245 homicidios, 3.400 amenazas y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas entre enero de 1991 y diciembre de 2006. Se cree que, a pesar de su supuesta desmovilización, los paramilitares respaldados por el ejército, así como las fuerzas de seguridad, están detrás de la mayoría de las agresiones.
La represión sindical en Colombia
En los u?ltimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio ma?s de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparicio?n forzada 138. En ma?s del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposicio?n judicial ...
A pesar de la supuesta desmovilizacio?n de los grupos paramilitares respaldados por el eje?rcito, paramilitares aparentemente desmovilizados continu?an matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad tambie?n han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, asi? como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnisti?a Internacional considera que sigue aplica?ndose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminacio?n fi?sica, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales.
También Human Rights Watch puede leerle la cartilla al ministro trolero, como muestra esta carta que la organización envió al presidente Obama con respecto a la situación de los sindicalistas en Colombia:
Carta de Human Rights Watch al presidente Barack Obama
En los últimos años, se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano.
El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales visitó Colombia en junio. Entre sus primeras conclusiones, señaló que "la cantidad de casos, su alcance geográfico y la diversidad de unidades militares implicadas indican que estos asesinatos fueron perpetrados de manera relativamente sistemática por una cantidad significativa de militares". Afirmó que el sistema de justicia militar colombiano agrava el problema al obstaculizar que los casos de derechos humanos sean remitidos al sistema de justicia ordinaria. Su informe final abordará esta y otras cuestiones, como el posible ofrecimiento de incentivos a los militares que participan en los asesinatos.
Colombia registra el mayor número de asesinatos de sindicalistas de todo el mundo. Según datos obtenidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal organización colombiana dedicada a los derechos de los sindicalistas, más de 2.700 sindicalistas habrían sido asesinados desde 1986. Luego de alcanzar niveles máximos en la década de 1990, el índice de asesinatos se redujo durante varios años, pero ha vuelto a ascender, pasando de 39 asesinatos en 2007 a 49 en 2008, según las cifras de la ENS (las estadísticas del gobierno colombiano son en general más bajas, ya que, entre otras razones, excluyen a los miembros de los sindicatos de maestros). Los asesinatos continuaron durante este año: la ENS había registrado 20 asesinatos de sindicalistas hasta mediados de junio de 2009.
La impunidad por los asesinatos es la norma.
Y podríamos seguir...
Sobre lo de la democracia transparente también hay algo en el mismo informe de HRW:
Vigilancia ilegítima y agresiones contra críticos y la Corte Suprema ... el servicio de inteligencia nacional (el Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como DAS), que depende directamente del Presidente Uribe, durante años ha estado llevando a cabo un gran número de interceptaciones ilegales de teléfonos y mensajes de correo electrónico, y la vigilancia de los opositores al gobierno de Uribe ... las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que las interceptaciones se enfocaron casi en su totalidad en figuras políticas de la oposición, como el ex Presidente César Gaviria y el candidato presidencial Rafael Pardo, magistrados de la Corte Suprema que investigaban la infiltración de las mafias paramilitares en el Congreso colombiano, periodistas independientes, sindicatos y ONG de derechos humanos ...
Estos actos ilícitos forman parte de un patrón mucho más amplio de agresiones verbales y actos de intimidación contra quienes lo critican por parte del Presidente Uribe y de algunos altos funcionarios del gobierno. El Presidente Uribe ha formulado acusaciones infundadas contra sus opositores en varias oportunidades, y a menudo ha vinculado el trabajo legítimo llevado a cabo en el ámbito de los derechos humanos, el periodismo o los sindicatos con las FARC, desacreditando y poniendo en peligro a quienes ataca...
Etc., etc., etc...
También dice el ministro que en Colombia no se cierran emisoras, no se persiguen canales de televisión, no se cierran periódicos pero resulta que Google tampoco está de acuerdo con él:
Cerradas 200 emisoras comunitarias ilegales en toda Colombia
La ministra de Comunicaciones Marta Pinto de De Hart, anunció el cierre de más de 200 emisoras comunitarias que venían funcionando ilegalmente en varias regiones del país, tras realizarse unas visitas inspectivas.
Tabién según HRW el gobierno de Álvaro Uribe no duda en emprender persecuciones contra periodistas críticos:
El CPJ y Human Rights Watch expresan objeciones a las acusaciones del Presidente Uribe contra el periodista Hollman Morris ... La reciente descarga de acusaciones que S.E. [Álvaro Uribe] y altos funcionarios de su administración han lanzado contra Morris socava su compromiso con la libertad de expresión. Comentarios oficiales vinculando a periodistas con cualquier actor del conflicto armado interno colombiano han resultado en amenazas serias y han llevado a reporteros a abandonar el país o a autocensurarse. Lo instamos a que, como Presidente de la República, retracte sus comentarios recientes, respete el disenso y se abstenga de acusar a miembros de la prensa de tener vínculos con actores armados sin tener evidencia alguna.
Hasta RSF se atreve a denunciar los continuos asesinatos y amenazas de periodistas en Colombia:
En el marco de la investigación sobre el asesinato de Gustavo Rojas Gabalo, apodado “El Gaba”, cronista de Radio Panzemu en Montería (Noroeste), detuvieron a cuatro hombres, y entre ellos a dos antiguos miembros de las AUC [paramilitares] ... Al periodista, que no dudaba en atacar la corrupción local, le abatieron dos individuos que iban en una moto el 4 de febrero de 2006 ... El mes de agosto fue letal para la prensa colombiana con el asesinato, el día 9 en Yumbo (Oeste), de Milton Fabián Sánchez, de la radio comunitaria Yumbo Estéreo. El crimen no se ha aclarado, pero también este periodista se dedicaba a temas sensibles, como la violación de los derechos humanos y la seguridad. Atilano Segundo Pérez, director de programas de la emisora local Radio Toledar, pagó quizá con su vida, el 22 de agosto en Los Alpes de Cartagena (Norte), el hecho de haberse referido en antena a las actividades criminales de un grupo paramilitar, supuestamente desmovilizado.
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Olga Cecilia Vega, corresponsal del diario norteamericano The New Herald, entrevistó a un jefe militar de las FARC en octubre de 2005. Desde entonces no cesó de recibir amenazas y advertencias, y de ser objeto de sospechosos seguimientos. El 1 de febrero tuvo que huir precipitadamente de Florencia (Sur), tras el ultimátum de dos desconocidos, que le acusaron de ser una “guerrillera”. En 2002, la periodista, que entonces trabajaba en RCN Radio, escapó a dos atentados perpetrados por las AUC.
Otros nueve periodistas se vieron obligados a marcharse, en condiciones similares.
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En el Norte, un comando de las “Aguilas negras” llevó a cabo, entre octubre y diciembre, una campaña de terror contra los medios locales, y en particular contra la emisora Radio Galón, con sede en Santa Marta.
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El 19 de noviembre, Freddy Muñoz, corresponsal colombiano del canal latinoamericano Telesur, creado por impulso de Hugo Chávez y con sede en Caracas, fue detenido e inculpado, un mes más tarde, de “rebelión y terrorismo”. El periodista, acusado sin pruebas se ser el artificiero de un atentado cometido por las FARC en 2002, quedó en libertad bajo control judicial el 9 de enero de 2007.
En lo que seguramente estamos de acuerdo es que en Colombia no se intimida a los empresarios que patrocinan las campañas del gobierno. De hecho podría decirse como ya hemos visto que se les premia ASESINANDO a MILES de incómodos sindicalistas y trabajadores que tratan de defender sus derechos.
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