Joaquín José Martínez es declarado “no culpable”

Hace cuatro años un tribunal de Florida condenó a muerte a este español, acusado de cometer un doble crimen. Su absolución plantea, según AI el interrogante de cuántos de los ejecutados en Estados Unidos “serían inocentes”.

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¿Qué es esto?

Joaquín José Martínez / Fundación Ramón Rubial

Canal Solidario (08/06/2001)
La justicia del estado de Florida rectificó ayer un error cometido hace cuatro años, cuando condenó a Joaquín José "Joe" Martínez a morir en la silla eléctrica por los asesinatos de Douglas Lawson, un compañero de trabajo con el que apenas se relacionaba y la novia de éste, Sherrie McCoy-Ward. En el segundo juicio, celebrado en Tampa, el jurado emitió un veredicto de no culpabilidad, dado que no existía ninguna prueba física que vinculara a Martínez con los hechos. Gracias a esta circunstancia, el jurado popular decidió que era imposible culpar a Martínez "más allá de cualquier duda razonable", como establece el código penal estadounidense. CAMPAÑA CONTRA LA PENA DE MUERTE La absolución de Joaquín José Martínez ha reabierto el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Amnistía Internacional, que incluyó el caso de Joaquín José dentro de su campaña “Moratoria 2000, un milenio sin pena de muerte” realizada en colaboración con la organización italiana Comunidad de San Egidio, no se pronunció en su momento sobre “la culpabilidad o inocencia de Joaquín José Martínez, ni sobre si el juicio celebrado fue justo o injusto”. La organización manifestó que siempre se opondría a la pena de muerte. “En el caso de este español, AI denuncia la violación del Tratado de Viena de Relaciones Consulares de 1963 y las restricciones a su derecho a una asistencia legal efectiva”. Para el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, plantea un interrogante inquietante, si uno se para a pensar cuántas de las 706 personas ejecutadas en este país desde la reimplantación de la pena de muerte en 1976 “serían inocentes”.

ARBITRARIEDAD Según Beltrán, este caso demuestra que la aplicación de la pena de muerte es “arbitraria” y depende de la posibilidad que tenga el condenado o su familia de contratar un buen abogado para llevar su defensa. Para el director de la sección española de AI no es de extrañar que, debido a esta circunstancia, la mayoría de los sentenciados a muerte “sean personas de pocos recursos” y de minorías étnicas, como la hispana o la afroamericana”. Una muestra de esto se encuentra en la reducción en los últimos años del presupuesto federal para la asistencia legal a los indigentes, “dejando a condenados a muerte en una situación casi de total indefensión”, explica Beltrán. Uno de los aspectos más positivos que Beltrán destacó del caso de Joaquín José ha sido el apoyo incondicional que le prestado su familia, lo que ha hecho posible que “su caso no permaneciera en el olvido”. De hecho, los 90 millones de pesetas que recibirá su abogado, Peter Raben, en concepto de honorarios provienen de la solidaridad de muchos españoles, sensibilizados contra la pena de muerte. Además, Beltrán señala también las 300.000 firmas reunidas por la Fundación Ramón Rubial y que fueron enviadas al fiscal y al gobernador del estado de Florida, cuando el caso aún era de su incumbencia y “la acción conjunta de las instituciones y la opinión pública española” que han presionado hasta lograr este resultado. “Se muestra así, que cualquier gestión encaminada a evitar la aplicación de la pena capital en casos concretos supone un impulso vital para conseguir la abolición de esta castigo cruel, inhumano y degradante en todo el mundo”, manifiesta AI en un comunicado. Sin embargo, a pesar de la alegría por la absolución de Joaquín José Martinez –la segunda desde la restauración de la pena de muerte- Beltrán recuerda que todavía otros dos ciudadanos españoles permanecen en el corredor de la muerte. Uno de ellos es Julio Mora, quien a sus 75 años sobrevive en una silla de ruedas y sobre quien se tiene serias dudas de su “condición psicológica”. El otro es Paco Ibar, pendiente de adquirir la ciudadanía española y que fue condenado en Florida por un caso que guarda cierta similitud con el de Martínez, como que la máxima prueba es de carácter “circunstancial”, puesto que también se trata de un vídeo. Ante el éxito de las acciones emprendidas en el caso de Joaquín José, Amnistía Internacional hace un llamamiento a la sociedad española para que “siga apostando por el derecho a la vida” y la invita a expresar esta postura durante la visita oficial de George Bush a España, prevista para el próximo 12 de junio.

POSIBLES INOCENTES Esteban Beltrán, señala además que el caso de Joaquín José Martínez es el número 86 de condenado a muerte cuya inocencia ha sido demostrada desde 1976 y lamenta que, en este sentido, la suerte que han corrido el resto de los 706 presos que fueron ejecutados sobre los cuales “quién sabe si no eran inocentes”, y los 3.700 condenados a muerte que todavía quedan pendientes de ejecución en Estados Unidos. De hecho, según indica el estudio más exhaustivo sobre el tema, elaborado por la Universidad de Florida, cinco de cada cien presos sentenciados no eran culpables. Sin embargo, en Estados Unidos el caso de Martínez ha sido uno más en un país donde el 60 por ciento de los estadounidenses se manifiestan a favor de la pena de muerte. El motivo quizás sea, como afirma el sociólogo de la Universidad de Miami, Kenneth Smith que “constituye un castigo simbólico ya que los gobernantes tienen que demostrar que están haciendo algo para combatir el crimen. Pero es inmoral”. Sin embargo, hay datos que ponen en tela de juicio su supuesta efectividad. Las propias estadísticas del FBI desmienten su eficacia como elemento disuasorio para los delincuentes ya que, “mientras en 10 de los 12 estados donde no hay pena de muerte la delincuencia ha descendido, en los estados que sí la tienen ha aumentado”. Con el mantenimiento de la pena capital, Estados Unidos se pone del lado de países que aplican masivamente la pena de muerte -China, Irán, Arabia Saudí o Afganistán- y permanece como la única democracia que ejecuta presos. Según los datos que maneja AI, son 105 los países que han abolido la pena capital en su legislación o en la práctica, frente a 87 que la siguen aplicando. MÁS INFORMACIÓN: Sección Española de Amnistía Internacional Moratoria Pena de Muerte Comunidad de San Egidio © Canal Solidario

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