Gracias a la mediación de la Iglesia Católica y a la presión de la huelga de hambre que mantiene el opositor Guillermo Fariñas, la dictadura castrista ha aceptado trasladar a los presos políticos a cárceles situadas en sus lugares de procedencia e ingresar en hospitales a todos los detenidos que se encuentren enfermos. También terminará el acoso a las Damas de Blanco, que intentan manifestarse para que no haya más encarcelados por razones ideológicas. A estos pasos les podrían seguir otros que llevasen a la liberación de los presos de conciencia en Cuba. Si se confirman estas decisiones, podríamos estar ante una buena noticia e incluso una inflexión en el proceso de enrocamiento del régimen. Si el Gobierno de la isla da los pasos anunciados será por su debilidad progresiva, en medio de una situación de deterioro económico y desmoralización social. Por modestas que sean estas medidas si se comparan con la verdadera demanda de libertad y democracia de cubanos de dentro y fuera de su país, hay que recibirlas como una buena noticia. Son también indicativas del papel moderador que puede jugar la Iglesia Católica en una transición futura, en la que el apoyo de España y de los países de la comunidad iberoamericana tiene que estar muy presente.