Fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura. José María Sala i Griso, senador socialista, fue condenado por un delito de falsedad en documento mercantil y por un delito asociación ilícita. La condena por falsedad en documento mercantil fue anulada por el Tribunal Constitucional. El diputado socialista Carlos Navarro y los responsables de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, fueron condenados por el Tribunal Supremo. El 1 de diciembre de 2000 el Gobierno de José María Aznar les concedió el indulto parcial, de tal forma que se redujeron a la mitad sus condenas. Este indulto se extendía a un total de 1.443 condenados y era el de mayor peso político concedido por un Gobierno desde la Transición. Otros acusados condenados fueron Aída Álvarez (ex coordinadora de finanzas del PSOE), su marido Miguel Molledo y los empresarios Juan Antonio Molina y Eugenio Marín, quienes tuvieron que indemnizar a los accionistas de la hoy llamada Iveco-Pegaso y de Cepsa, por resultar en su día perjudicados.