qUÉ MEDIDAS SE TOMARÍAN PARA RESCATAR A eSPAÑA .... - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

Analicé en un artículo anterior (¿A quién interesa y cómo sería el "rescate" de España?) las circunstancias que a mi entender podrían dar lugar a un "rescate" de la economía española, qué naturaleza han tenido otros anteriores y a quién podría interesar que se llevara a cabo en España en un futuro inmediato.

También señalé que si bien la situación de la economía española es delicada, como triple consecuencia de la crisis internacional, del agotamiento de nuestro modelo productivo y de la escasa capacidad de maniobra que tenemos como miembros de una unión monetaria mal diseñada, no es cierto, sin embargo, que no vaya a poder hacer frente a los compromisos de pago generados por el incremento de la deuda. Indiqué que una cosa es tener una deuda elevada (y España ni siquiera la tiene en comparación con la media europea, aunque sí padece un grave problema de déficit exterior) y otra no poder hacerle frente, porque esto no depende solo de su magnitud.

En ese artículo anterior decía que los problemas que nos afectan se derivan más bien de una presión artificial de "los mercados", es decir, de los inversores institucionales que están especulando con nuestros títulos, y de los mayores acreedores de la banca privada española que buscan mejorar sus posiciones para garantizarse el cobro más rápido y seguro posible de la deuda. Comenté también que esta presión es en cierta medida "alentada" en tanto que es la vía por la que se está obligando al gobierno a adoptar medidas liberalizadoras y de recorte de derechos que solo favorecen a los grandes capitales.

Concluía el artículo señalando que la combinación de todas esas circunstancias me llevaba a pensar que el "rescate" de España, de llevarse a cabo, sería claramente el resultado de una inducción y no de una circunstancia de insolvencia objetiva o estructural de la economía española.

Pues bien, en este nuevo artículo voy a tratar de indicar cuáles serían las medidas que a mi juicio se obligaría a tomar al gobierno español si el "rescate" se produjese.

Como es sabido, un "rescate" se lleva a cabo cuando un Estado no puede hacer frente a los compromisos de su deuda. En esa situación, la institución que "rescata" proporciona un préstamo para que los liquide cuanto antes y al mismo tiempo impone la adopción de un abanico de medidas en principio dirigidas a garantizar la devolución del préstamo al nuevo acreedor y a incrementar los ingresos con los que se supone que puede saldar mejor la nueva deuda.

En los rescates que se han venido haciendo desde hace décadas por parte del Fondo Monetario Internacional (que en el caso español seguramente tendría que intervenir apoyando a la Unión Europea, dada la magnitud que tendría nuestro eventual "rescate") esas medidas han conformado los llamados "planes de ajuste estructural" que básicamente respondían al llamado "consenso de Washington" que fue la manera elegante de denominar a la política económica neoliberal que era la bien vista por Estados Unidos. Entre otras, las siguientes:

- Recorte de gasto público y sobre todo de los gastos sociales "superfluos" según los principios neoliberales al uso, en sanidad, educación o prestaciones sociales.

- Liberalización de las actividades económicas mediante reformas de los mercados orientadas a potenciar la iniciativa privada y a limitar los contrapoderes públicos, sindicales o institucionales de todo tipo.

- Privatización de empresas y servicios públicos.

- Máxima apertura al exterior para garantizar la entrada de capitales extranjeros y eliminación de todo tipo de trabas jurídicas o institucionales a la inversión extranjera.

- Medidas para mejorar la "gobernanza" que igualmente llevaban consigo liberalización en sectores culturales, reformas electorales y promoción de nuevos valores y formas de socialización.

- Devaluación de la moneda nacional con el fin de favorecer las exportaciones y así adquirir divisas con las que pagar la deuda.

- No es este el momento de comentar los efectos negativos de estos programas, que hasta el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tenido que reconocer. En casi todos los países en donde se aplicaron produjeron caídas en la actividad económica, menor ingreso, altas cifras de pobreza y exclusión social, empeoramiento de la situación de partida de las economías y, en suma, peores resultados que los alcanzados por países que aplicaron programas de reactivación basados en principios diferentes. Para el propósito de este artículo simplemente me basta con señalar que, desde el punto de vista de la generación del ingreso, lo que se buscaba con estos planes era, expresado de forma muy resumida, sustituir demanda interna (que se consideraba insuficiente y además incapaz de generar ingresos para hacer frente a la deuda puesto que no se traducían en divisas) por demanda externa, fomentando las exportaciones y disminuyendo importaciones gracias a la devaluación. Y, al mismo tiempo, vincular la generación de esta última a la iniciativa privada, en su mayor parte ligada a capitales procedentes del exterior.

En el caso de los "rescates" que se acaban de producir en Europa se han seguido los mismos principios de actuación, si bien ahora se dan dos diferencias fundamentales:

En primer lugar, que la mayoría de esas medidas de ajuste ya se habían venido aplicando antes del rescate. En segundo lugar, que ahora, al tratarse de países que forman parte de una unión monetaria, no puede producirse la devaluación de su moneda.

La primera circunstancia implica que los efectos ya de por sí depresores de la actividad y del empleo de esas medidas liberalizadoras y de recorte de gasto se amplifican para mal porque vienen a endurecer las ya tomadas anteriormente.

El reciente caso de Irlanda es bien expresivo de esto último. Se trata de un país "ejemplar" a la hora de aplicar las medidas de liberalización, privatización y recorte de gastos sociales antes de la crisis, durante su desarrollo y como respuesta a ella (ver mi artículo Irlanda como ejemplo )Y una prueba paradójica de que la pretendida "medicina" que comporta el "rescate" no sirve para curar su problema de solvencia sino para empeorar la situación de su economía es que, después de aplicarse el ajuste, las agencias afirman que bajarán la calificación de Irlanda porque "el anunciado recorte del gasto de 15.000 millones en los cuatro próximos años para reducir el déficit al 3% del PIB supone un considerable lastre añadido sobre las perspectivas de recuperación del país" (En Eleconomista.es: http://bit.ly/i40DN2).

Por otro lado, el hecho de que en los países europeos rescatados o amenazados por el rescate no se pueda devaluar también tiene implicaciones importantes.

La devaluación es una forma muy drástica de devolver competitividad a una economía porque al depreciarse su moneda se facilita la exportación que proporciona ingresos y se encarece la importación, que los disminuye.

Es verdad que la devaluación es la competitividad "de los pobres", es decir, de los países que no pueden mejorar su saldo exterior por otras vías, y que es una forma un tanto falsa de competir, porque no equivale a hacer mejor las cosas sino a ofrecerlas a menor precio. Pero lo cierto es que cuando ese tipo de países se encuentran en una situación apurada, precisamente porque han de competir con países más fuertes y con industrias de mejor calidad o más innovadoras y eso les ha producido un fuerte déficit exterior y presupuestario, no les suele quedar más remedio que recurrir a esta vía. Porque si no lo hacen tienen que asumir recortes salariales mucho más drásticos y perjudiciales para su demanda interna. Y la experiencia histórica demuestra (como en el caso español) que estas devaluaciones competitivas (que también las llevan a cabo los propios países más ricos, como desde hace meses Estados Unidos) o bien son la única fórmula de no caer en una situación de insolvencia o incluso que a partir de ellas se puede volver a respirar y a ganar posiciones en los mercados que faciliten incrementos en el ingreso.

Sin embargo, cuando no es posible recurrir a la devaluación, como ahora en el caso de estos países de la periferia europea, y cuando además no se modifican las condiciones de entorno a las que me referiré en un artículo posterior, no es posible esperar que se mejoren los ingresos por exportaciones.

Eso significa que el "rescate" da lugar a una pérdida neta de actividad e ingreso. De ingreso interno porque el recorte de gasto deprime la demanda, y externo porque sin devaluación es imposible recuperar el ingreso exterior.

Aunque, eso sí, se trata de una pérdida de ingreso que está muy asimétricamente repartida.

Por un lado, eleva el de los que verdaderamente son "rescatados": los bancos y, en general, los grandes deudores. Y, por otro, disminuye el de los demás sectores sociales que tras el "rescate" han de pagar el nuevo préstamo y con él la nueva deuda, mayor y generalmente más cara.

Además, las grandes empresas y entidades financieras que disfrutan de mercados internos cautivos (cuya demanda apenas cae aunque se reduzca el ingreso) o que han instalado una buena parte de su actividad fuera del país precisamente para esquivar la baja competitividad de la economía, se ven menos o casi nada afectadas por el deterioro de la demanda interna como consecuencia de las políticas previas y posteriores del ajuste. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas y las de base exportadora soportan la gran carga del ajuste, y como estas son las que soportan la mayor parte del empleo, es por lo que los ajustes vinculados al "rescate" suelen tener unos efectos tan negativos también sobre él.

En el caso español, es fácil comprobar que este ajuste se viene ya desarrollando "por anticipado", justamente como resultado de la extorsión que "los mercados", las grandes patronales y las autoridades europeas vienen realizando sobre el gobierno. Los mercados se han ido adelantando para imponer sus condiciones a medida que van "rescatando" al Estado financiando su deuda.
Pero eso no quiere decir que si finalmente se dieran las circunstancias que en mi anterior artículo señalé que podrían inducir o provocar el "rescate" ya no fuese necesario llevar a cabo nuevas medidas de ajuste de este tipo o que fuesen suficientes las llevadas a cabo.

Todo lo contrario.

Se puede aventurar que las condiciones que se impondrían para efectuarlo serían mucho más severas y cualitativamente diferentes teniendo en cuenta las especiales circunstancias que con toda probabilidad se darían en ese momento. Primero, la situación aún más crítica e indefensa a la que se habría llegado; segundo, que la tensión que podría hacer posible el rescate habría supuesto un deterioro excepcional de nuestra posición financiera en los mercados (por muy provocado o artificial que pudiera ser); y tercero, que el "rescate" sería muy costoso porque generaría una deuda añadida más cara que la actual y porque seguramente estaría asociada al "descubrimiento" de un agujero multimillonario en el sistema financiero, más o menos equivalente a la deuda con los acreedores más potentes de la banca española. Y además de ello, porque es lógico que si se llegase a esa situación se entraría en una fase de gran debilidad política e institucional que provocaría una especie de río revuelto que los grandes poderes económicos aprovecharían con toda seguridad para poner en marcha el proyecto, hasta ahora semioculto, fundamentalmente encaminado a "reconstituir el tejido institucional", en palabras de un reciente estudio de la Fundación FAES ("Un Estado Autonómico racional y viable", p.112, en fundacionfaes.es).

De llevarse a cabo el "rescate" inducido de España lo que sucedería sería más o menos lo siguiente. Después de un tiempo de convulsión financiera y política se acordaría un préstamo de gran magnitud y con un tipo elevado, como ha ocurrido en Irlanda que lo ha recibido al 5,8%.

En el contexto de perturbación que esa situación lógicamente produciría se podría justificar la puesta en marcha un amplio y durísimo plan de medidas que tendría posiblemente los siguientes contenidos:

a)Profundización en la reforma laboral que definitivamente eliminase las "trabas" a la "libre" negociación entre las partes, modificando el sistema de negociación colectiva, disminuyendo el poder y la presencia de las organizaciones sindicales en las relaciones laborales y simplificando la contratación.

b) Reforma del sistema de pensiones en la línea que vienen demandando las entidades financieras y los economistas neoliberales a su servicio para avanzar mucho más directamente hacia su privatización y para permitir que el fondo de la Seguridad Social, como ha ocurrido también en Irlanda, pueda dedicarse a financiar la deuda.

c) Reforma fiscal que elevase los impuestos indirectos como el IVA y disminuyera la imposición sobre el beneficio de sociedades.
d)Privatización de las empresas públicas aún existentes y de servicios públicos y establecimiento de condiciones "de igualdad" entre la iniciativa privada y la pública en sectores como la educación, la sanidad o los servicios a las personas.

e) Recortes drásticos en el gasto público aún mayores de los que se han producido ya y que, bajo el discurso de la austeridad y el ahorro de lo innecesario llevarían consigo principalmente :

- Reducción en los gatos de personal, tanto mediante la disminución de efectivos como de los sueldos en todas las administraciones.

- Disminución de gasto social, en educación, sanidad y servicios sociales públicos.

- Disminución de gasto público corriente y en inversiones (I+D, infraestructuras...).

f)Reconsideración del marco institucional en la línea que están apuntando el informe citado de FAES o el que los 50 grandes empresarios presentaron al Rey:

- Fusionando o haciendo desaparecer ayuntamientos menores y diputaciones.

- Modificando el sistema de financiación de las comunidades autónomas, redefiniendo el marco y la política de desarrollo competencial y quizá llegando aún más lejos. El informe de FAES (p.167) afirma, por ejemplo: "Alemania redimensionó hace años el tamaño de sus länder, forzando su agrupación. Sea éste el camino, o el del estímulo de la cooperación interregional, es necesario explorar esta vía de mejora de la eficiencia".

- Fusionando o haciendo desaparecer universidades, fundaciones y otras entidades públicas y administrativas cuya escala actual se considerará ineficiente, tal y como explícita o implícitamente se indica en esos informes.

En gran parte, todo esto se ha puesto ya en marcha pero, si se llevara a cabo el "rescate", habría una diferencia sustancial. No solo se trataría, como hasta ahora, de abundar en el establecimiento de condiciones cada vez más favorables a la banca y a la gran empresa a costa de retrasar por muchos años la recuperación económica y el avance hacia un modelo económico más eficiente, justo y sostenible. El "rescate" iría necesariamente acompañado de un auténtico "golpe de timón" institucional que pondría en jaque a nuestra ya de por sí imperfecta democracia.

http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=2801

Estamos viendo una avalancha mediática por parte del establishment financiero que tiene como objetivo convencer a la ciudadanía española de que existe un consenso entre los expertos de que hay que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación en España, utilizando argumentos que se presentan como científicos, cuando en realidad son profundamente ideológicos, lo cual es fácil de demostrar.

Si el debate que se está realizando sobre las pensiones fuera un debate científico, la dinámica del mismo sería distinta. En un debate científico, si un autor presenta datos que nieguen la validez de los que han sido utilizados por otros autores en defensa de sus tesis, estos autores, en su continua defensa de sus argumentos, no pueden ignorar estos nuevos datos aportados por sus críticos. Tienen que cambiarlos o responder a sus críticas indicado su desacuerdo. De no hacerlo así, correrá el riesgo de perder su credibilidad. Es así como la ciencia se construye. Aparecen tesis y contratesis que deben contrastarse para ver su validez científica. Pues bien. Esto no está ocurriendo en el debate sobre las pensiones.

Los autores que sostienen la necesidad de retrasar obligatoriamente la edad de jubilación continúan utilizando datos para apoyar sus tesis de inviabilidad del sistema de pensiones públicas españolas, a pesar de que otros autores han demostrado la falsedad de tales datos. La primera voz que utilizó datos erróneos para justificar el retraso obligatorio de la edad de jubilación fue la Comisión Europea en su informe sobre las pensiones en España. En tal informe se escribía que “las pensiones pasarán de representar un 8.4% del PIB en el año 2007 a un 15.2% del PIB en el año 2060, lo cual convierte el sistema público de pensiones en insostenible”. Esta postura, utilizando la misma narrativa y los mismos datos, ha sido reproducida por el Banco de España, por los informes del BBVA y del Banco de Santander, por la Fundación de las Cajas de Ahorro, por el manifiesto de los 100 economistas patrocinado por Fedea (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada por los mayores bancos y grandes empresas de España) y últimamente por la OCDE. Todas estas instituciones no son instituciones científicas sino instituciones financieras o próximas a la banca y al mundo de las grandes empresas. Tienen un enorme poder en configurar la sabiduría convencional económica del país, la cual promueven a través de fundaciones, revistas académicas, prensa diaria, y otros medios. Establecen así la ortodoxia económica, con su propia Inquisición, que margina o ignora a las voces críticas que no comulgan con su ideario neoliberal. (Por cierto, acaba de estrenarse un excelente documental en EEUU, “Inside Job”, sobre como se generó la crisis financiera en EEUU, mostrando el papel clave que la banca jugó en establecer la ortodoxia neoliberal que llevó al desastre. El documental también muestra como los departamentos de economía y escuelas de negocio de las universidades estadounidenses más conocidas crearon tal ortodoxia, analizando las conexiones de estos centros universitarios con el mundo financiero. Un tanto igual podría escribirse sobre las conexiones entre el mundo universitario y las instituciones financieras y empresariales en la creación del argumento de la insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en la Unión Europea, incluyendo España).

Esta observación no quiere decir que todos los que utilicen aquel argumento y aquellos datos de insostenibilidad sean neoliberales o estén defendiendo los intereses del mundo financiero. En realidad, como firmas del manifiesto de los 100, hay economistas que no encajan dentro del ideario neoliberal. Y el propio Ministro de Trabajo, el Sr. Valeriano Gómez, en respuesta a una pregunta de una periodista de El País (12.12.10), la cual le preguntó si el aumento de la productividad no invalidaba el argumento de insostenibilidad, el Ministro respondió que incluso si la productividad aumentara un 2 o un 2.5% por año, el sistema de pensiones públicas sería insostenible en el 2050, pues tales pensiones absorberían el 15% del PIB, una cifra, según él, inviable. Y pocos días después, un economista de credenciales progresistas, el Catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, acentuaba el mismo argumento, con parecidas cifras. El hecho de que incluso tales autores reproduzcan estos datos y argumentos muestra el grado de dominio de tal pensamiento en la cultura económica del país.

El que existan también personas progresistas no neoliberales que sostengan aquellas tesis de inviabilidad, se presenta como el “consenso” entre expertos. Pero se ignora deliberada y maliciosamente, que hay muchas voces críticas de la supuesta inviabilidad de la Seguridad Social. Autores como Dean Baker, co-director del Center for Economic and Policy Research de Washington, y el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, en EEUU, y el Catedrático de Economía Juan Torres y yo (entre otros) en España hemos criticado tales argumentos, documentando el error de los supuestos que cuestionan la insolvencia de la Seguridad Social. En el caso español, he mostrado como las pensiones pueden representar un 15% del PIB en 2060 y no ser ningún problema. Y he explicado porque esto no es un problema. Lo hago ahora de nuevo.

Si la productividad laboral creciera un 1.5% por año (una cifra razonable), esto querría decir que en el año 2060 el PIB sería 2.20 veces mayor que ahora, cifra que se calcula elevando el 1.5% a la 53 potencia (2060-2007= 53 años). Esto quiere decir que si el PIB fuera 100 en el año 2007, en el año 2060 serían 220 unidades. Naturalmente que el PIB en 2060 será mucho mayor que 2.20 veces que ahora, debido predominantemente a la inflación. Pero es importante comparar manzanas con manzanas y no con peras. Es decir, que cuando digo 2.20 veces mayor, estoy utilizando monedas con la misma capacidad de compra. O sea que el PIB de 2060 que utilizo es el que España tendría descontando la inflación.

Pues bien, en el año 2007 nos gastábamos 8 unidades en pensionistas y 92 en no pensionistas. Y en el año 2060 nos gastaríamos el 15% de 220, es decir, 33, en pensionistas y para los no pensionistas 220-33=187. Resultado del incremento de la productividad, habrá más recursos para los pensionistas y para los no pensionistas. En realidad, hace cincuenta años nos gastábamos en España menos de la mitad que ahora en pensiones públicas, y aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones se ha más que doblado, ello no ha implicado que haya menos recursos para los no pensionistas. Si ustedes leen las hemerotecas de hace cincuenta años, verán que se utilizaban los mismos argumentos que se utilizan ahora por los catastrofistas.

El silencio frente a las críticas

Frente a estos datos, los que sostienen la tesis de inviabilidad del sistema de pensiones público (en el caso de que sus argumentos fueran científicos) debieran responder y decir porque estos datos no invalidan sus tesis. Lo que no pueden hacer (repito, si es que se consideran científicos) es ignorarlos y continuar repitiendo como papagayos las mismas tesis y utilizando los mismos datos, tal como están haciendo. Y ahí está la prueba de que no son científicos, sino ideólogos, lo cual aparece incluso más claramente cuando ignoran y nunca citan los trabajos y los datos de los autores que muestran sus falacias o errores.

Los datos que he mostrado se han publicado en muchos forums, tanto en revistas científicas, como en diarios y prensa escrita. Pues bien, no han sido en su mayor parte contestados.

En un debate científico serio uno esperaría que los autores que utilizan aquellos datos catastróficos cuestionaran varios supuestos de mis tesis. Uno, por ejemplo, podría ser el de estar en desacuerdo en que la economía española pudiera crecer un 1.5% por año. Me parecería un debate productivo y relevante. ¿Cuánto puede aumentar la productividad en España, y cómo aumentarla? ¿Y cómo ello afectaría los recursos futuros para sostener la Seguridad Social? Otro debate podría ser como el impacto de la entrada de la mujer en el mercado laboral podría afectar las cifras que se utilizan para analizar el incremento de la riqueza y, por lo tanto, los recursos de 2060. Y muchos otros temas.

Sin embargo, ha habido un silencio ensordecedor sobre estos temas (excepto un grito histriónico de un portavoz del manifiesto de los 100 economistas negando que la productividad crecerá en España, lo cual, de ser cierto –que no lo es- sería un problema gravísimo, mucho mayor que el de la sostenibilidad de las pensiones). Y ahí es donde se muestra el carácter ideológico de tales argumentos. Presentar a organizaciones de conocida orientación neoliberal, como la OCDE, la Comisión Europea, o Fedea (todas ellas instituciones que tienen escasa credibilidad científica) como instituciones que gozan de credibilidad científica es equivalente a señalar que el Vaticano y sus argumentos en contra de la utilización de preservativos (como medida protectora contra el SIDA) tiene credibilidad científica. En todos estos casos la motivación de sus argumentos es la fe (católica) en el caso de la Iglesia, y neoliberal en el caso de aquellas instituciones.

¿Quiénes son los supuestos expertos?

Otro ejemplo de la campaña propagandística neoliberal es la presentación de economistas próximos a la Banca (tales como los analistas de Fedea) por parte de los medios de mayor difusión del país como “expertos en pensiones”, tal como hace El País en un análisis sobre las pensiones. Uno de tales expertos es José A. Herce, que ha ido profetizando el colapso de las pensiones, retrasando la fecha del colapso cada diez años. En 1995 predijo que la Seguridad Social tendría un déficit del 0.62% del PIB en el año 2000 y del 0,77% en el 2005. Un año más tarde, 1996, predijo que el déficit sería de 1.35% del PIB en el 2000, y del 1.80% en el 2005. En realidad, la Seguridad Social nunca tuvo déficit y continúa hoy teniendo superávit. Ello no frenó al Sr. Herce que, en su testimonio en el 2009 en la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, aseguró a la Comisión que la Seguridad Social entraría en déficit en el año 2020. Aconsejo al lector que vea lo poco creíbles que han sido las predicciones de tal llamado “experto” y otros, detallado en el libro de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, titulado ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que nos hacemos y las respuestas que siempre nos ocultan, distribuido por Attac.

Es sorprendente la relajación del rigor y excesiva tolerancia de algunos medios en la reproducción del dogma neoliberal. ¿Se figura usted que un médico errara sistemáticamente sus diagnósticos dañando al paciente como consecuencia de ello, y que continuara siendo presentado como un gran clínico? Pues esto es lo que está ocurriendo.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University www.vnavarro