EL MITO DE LA CREACION DE ISRAEL POR LAS NACIONES UNIDAS - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

Muchas de las creencias históricas que se han filtrado hasta nosotros se basan en las distorsiones, verdades a medias o en ninguna verdad en absoluto. Según el analista político Jeremy R. Hammond, el punto de vista predominante sobre la creación de Israel, que se encuentra en el núcleo del denominado conflicto palestino-israelí, no es una excepción. Hammond hace un relato detallado de la manipulación, la injusticia y el fracaso de las Naciones Unidas para cumplir sus propias normas que han causado grandes turbulencias políticas y una catástrofe humanitaria en la región del Oriente Medio durante más de sesenta años.

En 1947 la sesión de la Asamblea General que aprobó la Resolución 181.

Hay una creencia ampliamente aceptada de que la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas "creó" el Estado de Israel, basada en el entendimiento de que esta resolución implicó la partición de Palestina o, de alguna forma, que confirió autoridad legal o la legitimación de la declaración de la existencia del Estado de Israel. Sin embargo, a pesar de su popularidad, esta creencia en realidad no tiene una base de sustentación, como lo demuestran indiscutiblemente la revisión de la historia de la resolución y el examen de los principios jurídicos.

Gran Bretaña ocupó Palestina durante la Primera Guerra Mundial, y en julio de 1922 la Liga de Naciones dio a conocer su mandato para Palestina, reconoció al gobierno británico como potencia ocupante y le confirió la autoridad legal para administrar temporalmente el territorio [1]. El 2 de abril de 1947, tratando de alejarse del conflicto que había surgido en Palestina entre árabes y judíos, como resultado del movimiento sionista que tenía como objetivo establecer en Palestina un "hogar nacional para el pueblo judío" [2], el Reino Unido presentó una carta a la ONU solicitando al Secretario General "la inclusión de la cuestión de Palestina en el orden del día de la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones anual", y pidiendo a la Asamblea "hacer recomendaciones, de conformidad con el artículo 10 de la Carta, con respecto al futuro gobierno de Palestina” [3]. A tal fin, el 15 de mayo, la Asamblea General aprobó la Resolución 106, que estableció el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP) para investigar "la cuestión de Palestina", y para que "prepare un informe a la Asamblea General” con base en sus conclusiones, y para "presentar las propuestas que considere apropiadas para la solución del problema de Palestina"[4].

El 3 de septiembre, UNSCOP emitió su informe a la Asamblea General donde explicitaba su recomendación de la mayoría de que Palestina se dividiera en Estados separados, uno árabe y otro judío. Allí se señalaba que la población de Palestina hacia finales de 1946 se estimaba en casi 1.846.000 personas, de las cuales 1.203.000 eran árabes (el 65 por ciento) y 608.000 judíos (el 33 por ciento). El crecimiento de la población judía se debió principalmente a la inmigración, mientras que el crecimiento de la población árabe había sido "casi en su totalidad" debido al crecimiento natural. Se observaba que "no hay una clara separación territorial de las poblaciones judías y árabes en las grandes áreas contiguas", e incluso en el distrito de Jaffa, que incluía Tel Aviv, los árabes constituían la mayoría [5]. Las estadísticas de los propietarios de la tierra desde 1945 demostraron que los árabes poseían más tierra que los judíos en todos los distritos de Palestina. El distrito con mayor porcentaje de propiedad judía era Jaffa, donde el 39 por ciento de la tierra estaba en manos de los judíos, comparado con el 47 por ciento de propiedad árabe [6]. En el conjunto de Palestina en ese momento y según el informe de la NSCOP, los árabes eran propietarios del 85 por ciento de la tierra [7], mientras que los judíos tenían menos del 7 por ciento [8].

A pesar de estos hechos, la propuesta de la UNSCOP era que el Estado árabe se constituyera solamente en el 45,5 por ciento de la totalidad de Palestina, mientras que a los judíos se les otorgaría el 55,5 por ciento de la superficie total para su Estado [9]. La UNSCOP reconoció en su informe que:

"De acuerdo con el principio de la libre determinación, aunque el derecho internacional reconoció este principio al final de la Primera Guerra Mundial y se ha respetado en lo que respecta a los territorios árabes, en el momento de la creación de los mandatos clase ‘A’ no se aplicó a Palestina, obviamente debido a la intención posibilitar la creación del hogar nacional judío allí. En realidad bien podría decirse que el hogar nacional judío y el sui generis Mandato para Palestina van contra este principio” [10].

En otras palabras, el informe reconoce explícitamente que la negación de la independencia palestina con el fin de lograr el objetivo de establecer un Estado judío constituía una negación del derecho de la mayoría árabe a la libre determinación. Y sin embargo, a pesar de este reconocimiento, la UNSCOP aceptó esa negación de los derechos árabes dentro del marco legítimo que debía otorgar una solución razonable al conflicto.

Tras la publicación del informe de la UNSCOP, el Reino Unido emitió un comunicado manifestando su acuerdo con las recomendaciones del informe, pero añadió que "si la Asamblea recomendara una política que no fuera aceptable tanto para judíos como para árabes, el Gobierno del Reino Unido no se sentiría capaz de ponerlo en práctica” [11]. La posición de los árabes había sido clara desde el principio, pero el Alto Comisionado Árabe emitió un comunicado el 29 de septiembre reiterando que "los árabes de Palestina estaban decididos a oponerse por todos los medios a su alcance a cualquier régimen que implique segregación o partición que otorgue a una minoría una posición de preferencia". En su lugar:

"Abogó por la libertad y la independencia de un Estado árabe en toda Palestina y que respetará los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de todas las personas ante la ley y protegerá los derechos e intereses legítimos de todas las minorías, garantizando al mismo tiempo la libertad de culto y el acceso a los Santos Lugares” [12].

A continuación el Reino Unido emitió una declaración en la que reitera "que el Gobierno de Su Majestad no podría desempeñar un papel importante en la aplicación de un régimen que no fuera aceptable para ambas partes, árabes y judíos", pero añadiendo "que, sin embargo, no desea obstaculizar la aplicación de una recomendación aprobada por la Asamblea General" [13].

El Comité Especial nombrado para la cuestión de Palestina fue establecido por la Asamblea General poco después de la publicación del informe UNSCOP con el fin de seguir estudiando el problema y hacer recomendaciones. Paralelamente se creó un segundo comité que tenía la misión de examinar las cuestiones jurídicas relativas a la situación en Palestina, y publicó el informe de sus conclusiones el 11 de noviembre. Observó que el informe de la UNSCOP había aceptado una premisa básica "que las reclamaciones de Palestina por parte de los árabes y los judíos son válidas ambas", que "no estaba apoyado por ninguna razón convincente y demostrable que diga lo contrario de todas las pruebas presentadas”. Con el fin del mandato y la retirada de los británicos, "no hay ningún obstáculo para convertir Palestina en un Estado independiente", que "sería la culminación lógica de los objetivos del mandato" y el Pacto de la Liga de las Naciones. Se consideró que "la Asamblea General no es competente para recomendar, y menos aún para obligar a cumplir, cualquier otra solución que el reconocimiento de la independencia de Palestina, y que la solución del futuro gobierno de Palestina es un asunto exclusivo del pueblo de Palestina”. Llegó a la conclusión de que "no es necesario ni apropiado continuar con las discusiones del problema de Palestina, y este tema debe borrarse de la agenda de la Asamblea General", pero que si hubiera una disputa sobre este punto, “sería esencial consultar la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre esta cuestión", como ya había sido solicitada por varios Estados árabes. Se concluyó además que el plan de partición era "contrario a los principios de la Carta, y las Naciones Unidas no tienen poder para hacer efectivo ese plan”. Las Naciones Unidas no pueden:

"Privar a la mayoría del pueblo palestino de su territorio y transferirlo para uso exclusivo de una minoría del país… La Organización de las Naciones Unidas no tiene poder para crear un nuevo Estado. Esta decisión sólo puede adoptarse por la libre voluntad del pueblo de los territorios en cuestión. Este requisito no se cumple en este caso, ya que no es una propuesta de la mayoría e implica el establecimiento de un Estado judío con total desprecio de los deseos e intereses de los árabes de Palestina” [14].

Sin embargo la Asamblea General aprobó la Resolución 181 del 29 de noviembre con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones [15]. El texto pertinente de la resolución dice:

"La Asamblea General....

Recomienda al Reino Unido, como Potencia Mandataria de Palestina, y a todos los demás miembros de las Naciones Unidas, la adopción y aplicación, en relación con el futuro gobierno de Palestina, del Plan de Partición con Unión Económica que figuran a continuación;

Pide que:

(A) El Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias conforme a lo dispuesto en el plan para su aplicación;

(B) El Consejo de Seguridad considera la posibilidad, si las circunstancias durante el período de transición requieren una consideración tal, si la situación en Palestina constituye una amenaza para la paz. Si se considera que tal amenaza existe, y con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad debe completar la autorización de la Asamblea General mediante la adopción de la medida, conforme a los artículos 39 y 41 de la Carta, para facultar a la Comisión de las Naciones Unidas, conforme a lo dispuesto en la presente resolución, para ejercer en Palestina las funciones que le son asignadas por la presente resolución;

(C) El Consejo de Seguridad considera una amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, de conformidad con el artículo 39 de la Carta, cualquier intento de alterar por la fuerza lo acordado en la presente resolución;

(D) El Consejo de Administración Fiduciaria se informará de las responsabilidades que le incumben en este plan;

Hace un llamamiento a los habitantes de Palestina a que tomen las medidas necesarias por su parte para poner este plan en vigor;

Hace un llamamiento a todos los gobiernos y todos los pueblos de que se abstengan de tomar medidas que puedan obstaculizar o retrasar la realización de estas recomendaciones... [16].

Una simple lectura del texto es suficiente para demostrar que la resolución para la partición de Palestina no tiene ninguna base legal para hacerlo. Simplemente se recomienda que el plan de partición se implemente y pidió al Consejo de Seguridad tratar el asunto en ese foro. Se exhortó a los habitantes de Palestina a aceptar el plan, pero, sin duda, sin ninguna obligación de hacerlo.

Un plan que nunca se implementó

El asunto fue tratado tanto por el Consejo de Seguridad, donde el 9 de diciembre el representante de Siria ante la ONU Faris El-Khouri observó que "la Asamblea General no es un gobierno mundial que pueda dictar órdenes, decidir la partición de Estados o imponer constituciones, ni normas, ni reglamentos y tratados sobre personas sin su consentimiento”. Cuando el representante soviético Andrei Gromyko dijo que la opinión de su gobierno era contraria y que "La resolución de la Asamblea General debe ser implementada" por el Consejo de Seguridad, El-Khouri respondió señalando además que:

"Algunos párrafos de la resolución de la Asamblea General, que conciernen al Consejo de Seguridad, se refieren al Consejo mismo, a saber, los párrafos (a), (b) y (c), describiendo las funciones del Consejo de Seguridad con respecto a la cuestión palestina. Todos los miembros del Consejo de Seguridad están familiarizados con las funciones del Consejo, que están bien definidas y establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. No creo que la resolución de la Asamblea General pueda añadir o eliminar alguna de estas funciones. Las recomendaciones de la Asamblea General son bien conocidas por ser recomendaciones, y los Estados miembros no están obligados a aceptarlas por la fuerza. Los Estados miembros pueden aceptarlas o no, y lo mismo se aplica al Consejo de Seguridad” [17].

El 6 de febrero de 1948, el Alto Comité Árabe comunicó nuevamente al Secretario General de las Naciones Unidas su posición diciendo que el plan de partición era "contrario a la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas". Las Naciones Unidas "no tienen jurisdicción para ordenar o recomendar la partición de Palestina. No hay nada en la Carta que justifique dicha autoridad, por lo tanto la recomendación de la partición es ultra vires y por lo tanto nula y sin efecto”. Además, el Alto Comité Árabe señaló que:

"Las delegaciones árabes presentaron propuestas en la Comisión Especial con el fin de remitir toda la cuestión jurídica planteada para que la Corte Internacional de Justicia emita su fallo. Dichas propuestas nunca fueron sometidas a votación por el presidente de la Asamblea. Las Naciones Unidas son un organismo internacional encargado de hacer cumplir la paz y la justicia en los asuntos internacionales. ¿Cómo se podría tener confianza en dicho órgano si injustificadamente y sin razón se niega a remitir una controversia a la Corte Internacional de Justicia?

"Los árabes de Palestina nunca reconocerán la validez de las recomendaciones fruto de extorsiones para aprobar la partición ni a la autoridad de las Naciones Unidas para llevarlas a cabo", declaró el Alto Comité Árabe, y considerarán "que cualquier intento por parte de los judíos o cualquier potencia o grupo de establecer un Estado judío en territorio árabe sería considerado como un acto de agresión al que se opondrá resistencia en defensa propia por la fuerza" [18].

El 16 de febrero, la Comisión de las Naciones Unidas para Palestina, encargada por la Asamblea General de preparar la transferencia de autoridad de la Potencia mandataria a los gobiernos sucesores en el marco del plan de partición, publicó su primer informe al Consejo de Seguridad. Llegó a la conclusión con respecto al rechazo árabe de que "se ve enfrentado a un intento de desertar de sus fines, y para anular la resolución de la Asamblea General", y pidiendo al Consejo de Seguridad que proporcionara una fuerza armada", que sólo permitiría a la Comisión cumplir sus responsabilidades sobre la terminación del Mandato”. En efecto, la Comisión Palestina había determinado que el plan de partición debe ser aplicado en contra de la voluntad de la mayoría de la población de Palestina por la fuerza [19].

Warren R. Austin (L), Representante Permanente de EE.UU. ante las Naciones Unidas, desde enero de 1946 hasta enero 1947.

En respuesta a esta propuesta, Colombia redactó un borrador notificando al Consejo de Seguridad que en la Carta de las Naciones Unidas no se autoriza al Consejo de seguridad a crear fuerzas especiales para el propósito de la Comisión para Palestina [20]. El delegado de los Estados Unidos, Warren Austin, declaró en el mismo sentido dentro del marco del 253 encuentro del Consejo de Seguridad, el 24 de febrero:

El Consejo de Seguridad está autorizado para tomar medidas de fuerza con respecto a Palestina para eliminar una amenaza a la paz internacional. La Carta de las Naciones Unidas no faculta al Consejo de Seguridad para hacer cumplir un acuerdo político si se atiene a la recomendación de la Asamblea General o del mismo Consejo de Seguridad. Lo que esto significa es lo siguiente: El Consejo de Seguridad, en virtud de la Carta, puede tomar medidas para prevenir la agresión contra Palestina desde el exterior. El Consejo de Seguridad, por estos mismos poderes, puede tomar medidas para prevenir una amenaza a la paz y la seguridad internacionales desde el interior de Palestina. Pero esta acción debe dirigirse exclusivamente al mantenimiento de la paz internacional. Las acciones del Consejo de Seguridad, en otras palabras, tienen como objetivo mantener la paz y no forzar una partición [21].

Los Estados Unidos, sin embargo, presentaron su propio proyecto de texto todavía más ambiguo aceptando las sugerencias de la Comisión para Palestina "enmarcado bajo la autoridad del Consejo de Seguridad según la Carta" [22]. Faris El-Khouri se opuso al proyecto de EE.UU. sobre la base de que "antes de aceptar estas tres peticiones, es nuestro deber comprobar si están o no en el marco del Consejo de Seguridad y bajo los límites de la Carta. Si se comprueba que no responden a sus principios, debemos abstenernos de aceptarlas”. Recordó que en la misma declaración de Austin se menciona la falta de autoridad del Consejo de Seguridad, diciendo: "Se deriva de este hecho incuestionable que cualquier recomendación sobre una solución política sólo puede aplicarse si las partes interesadas aceptan de buen grado y se complementan”. Además, "el plan de partición en sí constituye una amenaza para la paz si es rechazado abiertamente por todos aquellos a cuyas expensas iba a ser ejecutado” [23]. Austin, a su vez explicó la intención del proyecto de los EE.UU. indicando su aceptación de la Resolución 181:

Sujetos a la limitación de que la fuerza armada no puede utilizarse para la ejecución del plan, ya que la Carta limita expresamente el uso de la fuerza de las Naciones Unidas a las amenazas y quebrantamientos de la paz y las agresiones que afecten a la paz internacional. Por lo tanto, debemos interpretar la resolución de la Asamblea General en el sentido de que las medidas de las Naciones Unidas para aplicar la presente resolución son medidas pacíficas.

Por otra parte, continuó explicando Austin el proyecto de EE.UU.:

SIGUE ...