La propuesta del director de Il Foglio es nítida: las Naciones Unidas aprobaron el pasado 18 de diciembre una moratoria sobre la pena de muerte, para que ningún país aplique la condena capital; Ferrara quiere que esa moratoria se extienda al aborto, que el llama “pena de aborto”. Para Ferrara, “el sexo femenino es la primera víctima, también en sentido estadístico, del aborto masivo: solo en Asia faltan 200 millones de niñas que han sido excluidas de la vida porque son consideradas inútiles; está en marcha –continúa el periodista- una progresiva eliminación de millones de personas por potenciales o probables minusvalías”.

 

Ferrara se ha dedicado a recorrer Italia para defender su iniciativa. En un país como Italia, probablemente el más abierto de Europa para el debate público, esta campaña ha hecho mucho ruido y ha concitado hondas controversias. Dice el periodista que su propuesta no quiere culpabilizar a nadie, sino despertar las conciencias sobre una práctica aún considerada “legítima”. Aquí puede usted ver el video de la propuesta de Ferrara en el Teatro dal Verme de Milán. (http://it.youtube.com/watch?v=XwmooBqIabU&feature=related). La legislación italiana permite actualmente el aborto dentro de las tres primeras semanas de gestación.

 

Mientras esto pasa en Italia, en Gran Bretaña los médicos de cabecera del sistema público se han negado a prescribir abortos en sus centros, y en Alemania las autoridades han promovido una campaña natalista cuyo mensaje es inequívoco: nadie sobra. Este panorama europeo contrasta fuertemente con la situación en España, donde el Gobierno de izquierda y una porción significativa de los medios de comunicación siguen pensando que el aborto es un rasgo de progreso.

 

En España, en efecto, el Gobierno socialista ha aprovechado el escándalo suscitado por la fragante violación legal de las clínicas abortistas para lanzar una campaña de distorsión de la realidad donde el aborto aparece como un “derecho de las mujeres”, y las clínicas, como garantes humanitarios de ese derecho. La realidad es que en España, como en otros muchos lugares, el aborto no es un derecho, sino una práctica penalizada excepto en tres supuestos muy concretos; los mismos supuestos deliberadamente vulnerados por esas clínicas, negocios privados que han convertido el aborto en objeto de explotación comercial.

 

El debate de fondo está en la opinión que, con ojos de hoy, debe merecer la práctica abortista. Hace solo treinta años se defendió que la mujer debía tener derecho a decidir sobre lo que está gestando en su vientre, bajo la convicción implícita de que eso que se está gestando no podía ser considerado un ser humano independiente, sino una prolongación orgánica de la gestante. Hoy, por el contrario, sabemos con absoluta certidumbre que el embrión posee un código genético propio y diferenciado desde la misma transformación del cigoto, de modo que no es una prolongación anatómica de la madre, sino una persona individuada. Esta constatación ha llevado en todas partes a revisar la cuestión del aborto, pues ya no es posible atribuir derecho de vida y muerte a la madre sobre su hijo. En todas partes, menos en España, donde una izquierda extraordinariamente cerril está ignorando deliberadamente los progresos del conocimiento científico.